Nicolás Uribe Rueda

En democracia, es inherente el derecho de la prensa a vigilar los tres poderes públicos y a quienes son sus operadores cotidianos.

 Nadie puede alegar, siendo servidor o funcionario público, el privilegio de abstraer su tarea del control ciudadano y del escrutinio público. Aún la justicia penal, que obra inicialmente sobre los principios de reserva, una vez llegado el juicio tiene como valor la publicidad del comportamiento de los actores procesales, el descubrimiento de las pruebas y finalmente la providencia de jueces siempre está abierta a la crítica.

Los medios de comunicación son fundamentales para contener el poder, así como para brindar la información que necesita la ciudadanía para construir sus percepciones sobre el Gobierno, los legisladores y la administración de justicia. Basta recordar la cantidad de procesos judiciales que habrían quedado en la penumbra si no fuera por el trabajo de los medios de comunicación.

Sin embargo, estamos asistiendo a una relación disfuncional entre la justicia y los medios de comunicación, particularmente cuando se trata de asuntos de contenido penal de alta relevancia pública. El matoneo a algunos operadores judiciales por cuenta de su orientación política o la filtración de documentación reservada, presentada con frecuencia de manera fragmentada, sin contradicción y con determinada intencionalidad política, no busca servir a la transparencia del proceso judicial sino, por el contrario, abre un juicio paralelo que somete a los acusados a una forma de juicio popular. Pero no sólo ello. También afecta la independencia de la rama y la de los propios jueces, que luego de un proceso mediático no saben a qué verdad atenerse, si a la procesal que sólo ellos conocen o a la que dicta la opinión pública en su veredicto.

La racionalidad del periodista y del juez es diferente y cada cual obra sobre principios diferentes. Ambos, como lo decía algún autor, buscan la verdad a su manera. Pero trasladar una controversia judicial de un escenario a otro sin criterio editorial puede generar resultados contraproducentes, como por ejemplo el desprestigio de una justicia que no obra conforme a la opinión o, lo que es más grave, la negación de la justicia por cuenta de las presiones de los medios.

Para evitar las desviaciones que se presentan entre la justicia y el derecho a informar hay quienes sugieren establecer sanciones a los que publican filtraciones ilegales. Pero es claro que hasta quienes proponen estas tesis comprenden que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Revisando regímenes jurídicos encuentra uno toda clase de salidas. Sin embargo, la más efectiva es sin duda el autocontrol de los medios (que no es lo mismo que la autocensura) y la responsabilidad de los operadores judiciales.

Lo que sí resulta claro es que nada bueno surge al convertir a la justicia en un “reality”, en donde testigos, jueces, abogados y pruebas desfilan sin control y sin contexto por los medios de comunicación. Por eso, tal vez hay que salirse de la chiva y empezar a debatir con mayor profundidad las consecuencias de los ventiladores y los juicios populares paralelos.

Nicolás Uribe Rueda

Abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en Política Internacional en American University de Washington D.C., y Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Consejero Presidencial 2002-2004 y Representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Consultor en Asuntos Públicos y de Gobierno a través de su firma Valure, fundada en 2011. Panelista de Blu Radio y columnista de El Espectador

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