espectador

Programa juan

10 Mar 2017 – 9:00 PM

Quería hoy aprovechar estas líneas para describir la extrema dificultad que ha surgido en Colombia para la realización de proyectos de infraestructura, energía, minería y petróleo. Pero la verdad, la lectura de un reciente comunicado de la Corte Constitucional sobre un fallo aún inexistente me obligó a aplazar el tema y a dedicar esta columna a describir el esperpento de decisión política arropada en edición de lujo. A través de la sentencia SU-133/17, con el pretexto de proteger el derecho de mineros artesanales desamparados, la Corte se carga medio Estado de derecho.

Así es la cosa. Gracias a un sesgo antiminero que se ha impuesto como mayoría desde hace algún tiempo en el alto tribunal, ya es evidente que la Corte está empeñada en hacer imposible a la fuerza la minería que la Constitución permite y que la ley debe proteger. En esta oportunidad, el fallo ampara el derecho al trabajo, al mínimo vital y la libertad de oficio de un grupo de personas que se dedican a actividades de explotación ilícita de yacimiento minero (artículo 338, Código Penal) invadiendo tierras o edificaciones con el propósito de obtener provecho ilícito (artículo 263, Código Penal). De no creer.

Esta decisión, que sin duda alguna será objeto de estudio para analizar los efectos indeseados del activismo judicial, tiene un salvamento de voto que, apelando a los modales propios de la diplomacia judicial, deja en evidencia las inconsistencias y motivaciones políticas del fallo: la decisión, dicen quienes se apartan de la mayoría, se sustenta en normas derogadas, los hechos descritos tienen falencias probatorias, y ninguno de los que alega la violación de sus derechos se desempeñaba como minero artesanal al momento de la aparente vulneración de sus derechos fundamentales. Se denuncia, incluso, que la Corte se convierte en autoridad minera excediendo de plano sus competencias constitucionales, pues termina otorgando un título minero a un grupo de particulares a quienes da el “derecho a ejecutar labores de exploración y explotación minera en la parte alta del cerro El Burro para garantizar su subsistencia…”.

En el país en donde las normas no se cumplen, acaba de nacer la Corte que protege el derecho a la libertad de oficio en actividades ilegales. Menos mal las sentencias no hacen parte de la lectura habitual de los dueños de mataderos informales, contrabandistas, prestadores ilegales de servicios y otros grupos de personas que, con necesidades también, alegan su derecho a seguir dedicándose a oficios por fuera de la ley.

Los efectos del fallo son devastadores y la seguridad jurídica es la primera víctima, pero no la única. El medioambiente sufrirá las consecuencias de los entables ilegales que utilizan el mercurio, la criminalidad que controla la explotación del oro ilegal en Colombia está de plácemes, todos pagaremos la demanda que seguramente el Estado perderá contra el particular titular del título minero y hasta son víctimas del fallo los mineros ilegales, cuyo derecho ilegal se tuteló, porque los motiva a meterse nuevamente en socavones que han cobrado casi 20 vidas en los últimos dos años.

Me da pena con la Corte, pero así no es la cosa.

 

@NicolasUribe

Nicolás Uribe Rueda

Abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en Política Internacional en American University de Washington D.C., y Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Consejero Presidencial 2002-2004 y Representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Consultor en Asuntos Públicos y de Gobierno a través de su firma Valure, fundada en 2011. Panelista de Blu Radio y columnista de El Espectador

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