NICOLÁS URIBE RUEDA 23 OCT 2015 – 3:26 PM

Nicolás Uribe Rueda

Hace poco más de un año, interesado en entender la dimensión del fraude electoral, decidí hacer un breve estudio sobre la configuración del censo electoral en municipios que tuvieran entre 5.000 y 6.000 habitantes.

Solicité formalmente a la Registraduría el censo electoral de cada municipio y al DANE la proyección de población, incluyendo totales y grupos poblacionales. Busqué información sobre migraciones internas y revisé las series migratorias desde el 85, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y la participación de menores de edad como porcentaje del total. Revisé planes de desarrollo y verifiqué información sobre la configuración poblacional, tomando nota de subsidios, población escolarizada e indicadores de necesidades básicas insatisfechas.

El resultado fue peor que el esperado y la conclusión era apenas obvia. Al menos en pequeños municipios y, claro está, con contadas excepciones, el fraude electoral es el dueño de las decisiones. Explico simplificando: del total de los ciudadanos en estos municipios, aproximadamente el 60% está habilitado para sufragar; el resto es menor de 18 años. De este 60%, sólo vota tradicionalmente entre el 45 y el 55%, dependiendo de la región y el tipo de elección. Así las cosas, en un municipio de 5.000 personas pueden votar 3.000 y aproximadamente 1.500 ejercen su derecho al voto. Sin embargo, encontramos lugares en donde el censo electoral es un notorio fraude. En municipios como Guatapé, Piojó, San Cayetano y Ulloa el censo electoral es superior al total de los pobladores en 106%, 105%, 112% y 100% respectivamente, haciendo así probable que los trashumantes derroten a los verdaderos habitantes del municipio y decidan por ellos la suerte de sus gobernantes. Por cientos hay también municipios en donde el censo electoral se encuentra entre el 70 y 95% de la población, algo absolutamente ilegal e insólito.

Por ello, al ver que entre el 25 de octubre de 2014 y el 25 de agosto de este año se presentaron más de cuatro millones de nuevas inscripciones para las elecciones de mañana, entendí la dimensión del fraude, la manera en que se configura la compra de elecciones y la forma en que se hipoteca el presupuesto público. Esta cifra representa más del 10% del censo electoral nacional y casi el 27% de los votantes efectivos, pues se supone que quien modifica su lugar de votación tiene la voluntad real de ejercer su derecho al voto.

Por eso hace bien el CNE al anular una gran cantidad de registros fraudulentos y no resulta extraño que, al reclamo sincero de ciudadanos cuya inscripción de cédula fue inicial y equivocadamente decretada y luego corregida (259.000 inscripciones), se sumen las voces aprovechadas de avezados politiqueros a los que se les dañó el día electoral. La anulación de 1,3 millones de inscripciones fraudulentas es el más importante aporte a la transparencia de la democracia en años y, sin duda, el más relevante golpe que se ha dado en décadas al fraude electoral y a quienes lo promueven.

Ojalá recapaciten Congreso y Registraduría y trabajen para expedir una norma que precise las condiciones del cambio del domicilio electoral y restrinja esta práctica a lo estrictamente necesario.

@NicolasUribe

 

Nicolás Uribe Rueda

Abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en Política Internacional en American University de Washington D.C., y Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Consejero Presidencial 2002-2004 y Representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Consultor en Asuntos Públicos y de Gobierno a través de su firma Valure, fundada en 2011. Panelista de Blu Radio y columnista de El Espectador

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