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Este artículo fue elaborado para hacer parte de las Memorias del XII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional que se realizó en la ciudad de Pasto en Septiembre de 2017. En este encuentro Nicolás Uribe participó como Moderador de Panel sobre Participación Ciudadana

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Por:

Nicolas Uribe.

 

 

La constitución del año 91 estableció un nuevo paradigma institucional en muchos frentes al consagrar que Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de república unitaria, participativa y pluralista (art 1). Fue contundente en afirmar que la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación hace parte de los fines esenciales del Estado y no deja duda sobre la importancia del individuo, al mencionar que la soberanía reside en el pueblo y que son los ciudadanos quienes la ejercen de manera directa o indirecta a través de los mecanismos que define la constitución (art 3.)

Esta nueva concepción constitucional se materializa en su artículo 40 al establecer el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (voto, partidos políticos, acciones públicas, iniciativa normativa, entre otros), y en el Título IV dentro del cual se desarrolla el marco general de la participación democrática. Particularmente, el artículo 103 consagró los mecanismos de participación al servicio del ciudadano y la materialización de sus derechos: El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.

La voluntad del constituyente quiso que Colombia hiciera el tránsito de una democracia puramente representativa a una participativa, en el marco de la cual los individuos fueran actores constantes y visibles en la definición de las tareas públicas, su ejecución y vigilancia, de modo tal que se superara la idea de que la participación iniciaba y terminaba con el voto, con el derecho a elegir y a ser elegido[1].

Desde entonces, la Corte Constitucional ha venido desarrollando jurisprudencia y doctrina alrededor del principio de la participación en la constitución, y en numerosas sentencias se ha referido a los mecanismos de participación en abstracto y en concreto, casi siempre poniendo énfasis en la relevancia de estos instrumentos y su valor para la configuración de una nación democrática en donde los ciudadanos son activos determinadores de su destino común[2]. En este sentido ha sostenido que la democracia participativa no sólo es bondadosa para el ciudadano, sino que también tiene un efecto favorable para el sistema político, el cual puede alcanzar niveles mayores de eficiencia, pues “un Estado en el que los ciudadanos cuentan con el derecho de tomar parte de forma directa en las decisiones a adoptar, de controlar los poderes públicos, de calificar los resultados obtenidos para exigir responsabilidad política, es un Estado en el que probablemente se logrará satisfacer en más alto grado las necesidades de sus asociados[3]

Como es natural, la Corte ha sido fiel escudera de la participación y ha favorecido su profundización buscando extender sus alcances a temas y asuntos que incluso los constituyentes nunca tuvieron presentes. La Corte a lo largo de estos años advierte que “el principio democrático debe ampliarse progresivamente a nuevos ámbitos y hacerse cada vez más vigente, lo cual exige la construcción de una nueva cultura que debe paulatinamente implementarse en la sociedad política. Se trata pues de una maximización progresiva de los mecanismos que permiten el acceso al poder político, y el ejercicio y control del mismo, así como la injerencia en la toma de decisiones. Desde este punto de vista, la tendencia expansiva de la democracia participativa proscribe los obstáculos y trabas que impiden la efectiva realización de la democracia, y el excesivo formalismo de las normas que regulan el ejercicio de los derechos políticos”.[4]

26 Ene 2018 – 10:00 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda

 Foto Guillermo Torres revista Semana

Estamos entrando por fin en el momento de definiciones programáticas de cada uno de los candidatos presidenciales. De aquí en adelante empieza a acabarse el espacio para las ambigüedades, los lugares comunes y el silencio. La hoja de vida será evaluada, se revisará su conocimiento del país y la profundidad de sus declaraciones. Espantando como maleza la suciedad de la campaña que se viene, cada uno buscará conocer a fondo a su candidato y descartar también a los demás al escudriñar su vida y obras. Así, cada uno de nosotros definirá su voto.

Pero ¿quiénes somos nosotros? Muchas de estas respuestas están en la última encuesta de cultura política del DANE, publicada a finales de 2017, en donde más de 25.000 personas fueron preguntadas sobre su manera de entender y evaluar la democracia colombiana.

20 Oct 2017 – 9:00 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda

 

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Colombia atraviesa por una clara y concreta crisis de representación. No sólo las encuestas, que ponen en el sótano de la favorabilidad a las corporaciones públicas, así lo advierten, sino que también hay indicios graves de que los ciudadanos están buscando alternativas para acceder al poder o tramitar sus preocupaciones por vías alternas, y como consecuencia de la falta de credibilidad, competencia y eficacia de los poderes constituidos y de los hombres y mujeres públicos que los integran y lideran.

Por esta razón los partidos no tienen candidatos y los candidatos no tienen partidos. Cada vez con más frecuencia se apela a plebiscitos, consultas, referendos y constituyentes para precisamente brincarse a los poderes constituidos, de los cuales se presume no estarán a la altura de las demandas ciudadanas. También, las cortes asaltan de manera ilegítima la facultad de legislar e interpretar las normas y los ciudadanos recurren a procesos colectivos de bloqueo que buscan confrontar a concejos municipales, asambleas, policías antinarcóticos o cualquier autoridad que pretenda hacer cumplir la ley o se oponga a sus instintos naturales. Como están las cosas, una protesta tuitera puede revocar una licencia ambiental, una consulta, prohibir actividades lícitas, un cabildo puede quitarle las armas a la fuerza pública y un grupo de campesinos evita con éxito la erradicación forzosa de la coca. Todo en contra de la ley, de la verdad científica y de la conveniencia pública.

Durante el Panel sobre Minería y Post conflicto hablé de la guerra solapada que algunos malquerientes le han declarado a la minería.

Esta intervención está basada en una columna que escribí hace unos meses en El Espectador: Los invito a leerla haciendo click AQUÍ

https://www.elespectador.com/opinion/opinion/guerra-solapada-columna-638424

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Medellín, 6 de octubre de 2017

Los días 5 y 6 de octubre en Plaza Mayor (Medellín) tuvo lugar la décimo tercera edición del Congreso Minero, evento académico organizado por la Vicepresidencia de Hidrocarburos, Minería y Energía de la ANDI en el marco de la XIII Feria Minera y Expometálica.

14 Jul 2017 – 9:00 PM

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Por: Nicolás Uribe Rueda

Las elecciones del año entrante se realizarán en medio de un debate degradado por cuenta de recriminaciones mutuas, denuncias de corrupción y un ambiente generalizado de polarización. No será fácil encontrar espacio para las ideas y a los ciudadanos nos será difícil saber la verdad sobre los hechos en medio de tantas mentiras, manipulaciones y verdades a medias que ya empiezan a contaminar discursos y redes sociales.

 

15 JUL 2016 – 9:14 PM

Nicolás Uribe Rueda

El debate político colombiano anda superándose en levedad a cada instante. Y así sucede porque nos hemos empeñado en sustituir la deliberación con el etiquetamiento de las ideas y la simplificación de la posición de las personas.

Así sucede en la mayoría de temas de relevancia nacional, empezando por supuesto con el tema de la paz, pero continuando con todos aquellos asuntos en donde se presenta una elemental discusión política. A la larga, las ideas están quedando atrás y cada controversia termina ignorando el fondo del problema y centrándose exclusivamente en la identidad y origen de las personas que participan del debate.

La verdad es que nos estamos llenando de fundamentalismos que están convirtiendo la política en una actividad sinónimo de la intransigencia, en donde el diálogo es escaso y las posibilidades de alcanzar acuerdos, tan necesarios para emprender reformas estructurales, parecen no tener espacio. Nos resulta difícil hablar y casi que imposible entendernos cuando tantas voces andan empeñadas en vengar viejos rencores.

6 MAYO 2016 – 9:41 PM

Nicolás Uribe Rueda

En su última publicación, la encuesta de Gallup ubica al sistema judicial colombiano con el 81% de desfavorabilidad, solo por debajo de las Farc y Venezuela.

Al Congreso (76%) y a los partidos políticos (80%) que son tradicionalmente instituciones con poca credibilidad, incluso les va mejor en aceptación ciudadana. La justicia en general duplicó su mala imagen en los últimos siete años y redujo en más de tres partes su favorabilidad. La Corte Suprema de Justicia tiene una desfavorabilidad del 63%, y la Corte Constitucional tiene una imagen negativa del 59%. La Fiscalía General de la Nación es, a pesar de sí misma, la mejor librada y tiene una desfavorabilidad del 57%. Hay que agradecer a Gallup que no incluya al INPEC en sus mediciones. ¿Es esto acaso percepción equivocada de la realidad, o existen causas objetivas para que la mayoría de colombianos descrean de la justicia?

26 FEB 2016 – 9:00 PM

Nicolás Uribe Rueda

Por momentos, cuando nos ponemos a observar con perspectiva histórica las variables de nuestra realidad y los retos a los que actualmente nos enfrentamos, no parece equivocado afirmar que aún nos encontramos ocupados resolviendo los problemas que afrontaron quienes nos antecedieron en las etapas más tempranas de nuestra civilización.

Nuestro sistema político y social parece detenido en la prehistoria. En Colombia nos la pasamos delineando a cada rato las reglas para que no nos maten y la forma para castigar o perdonar a los que nos están matando. En lo que va de este año los juzgados civiles y de familia no han abierto al público. Hemos fracasado en el objetivo de tapar los huecos de las vías y también en el de dar estabilidad a un sistema político sobre el cual, luego de 11 cambios constitucionales, todavía debatimos si merece cambios en materia de equilibrios, como si apenas antes de ayer se hubieren publicado el Espíritu de las Leyes (Montesquieu, 1748) o elFederalista No. 51 (Madison, 1788).

12 FEB 2016 – 3:21 PM

Nicolás Uribe Rueda

El llamado año de la paz no ha sido fácil ni ha arrancado bien para el Gobierno.

Empezó con la polémica venta de Isagén, en donde los ciudadanos terminaron quedando con la impresión de que el Estado colombiano hizo un mal negocio, vendiendo a precio bajo un activo estratégico a un único oferente. A los pocos días, fue publicado el informe de la comisión de expertos sobre la reforma tributaria. En el marco de sus vaguedades e incoherencias, el mensaje que quedó, sin embargo, como si proviniera del Ejecutivo, fue bastante claro: habrá alza generalizada de impuestos, empezando por el IVA. El Gobierno patinó en sus declaraciones y aunque de alguna manera descalificó el informe y se desmarcó de sus sugerencias, al final no tuvo más remedio que confirmar que llevará al Congreso una nueva reforma tributaria que será presentada en el segundo semestre de este año. Esta determinación se hizo sobre la base de los cálculos que tienen para dedicar el primer semestre a la firma de la paz y su ratificación y el segundo a la implementación de los acuerdos, en donde, por supuesto, hay un alto contenido tributario.