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ahorcado

 

Si quieren, podemos seguir haciendo como si no entendemos.

Podemos decir que se trata de nuevas tesis jurídicas, que extienden las garantías constitucionales del debido proceso y que gracias a ellas todos somos un poco más libres. Podemos ignorar que la coca existe y que su poder no se limita a los excesos y aberraciones obsesivas de los traficantes. Podemos ignorar nuestra historia y olvidar las enseñanzas de aquellas épocas en que los narcos pusieron presidente, capturaron la clase política, quemaron el Palacio, asesinaron a los jueces, construyeron legislación a su medida y pusieron a su servicio a no pocas instituciones del Estado. Podemos sostener sin sonrojarnos que los fueros constitucionales instituidos para proteger a los aforados y sus jueces de los abusos de los poderosos pueden extenderse ficticiamente para varias personas de manera simultánea, como lo sostiene ahora la Corte Suprema de Justicia. Podemos, también sin duda, torcerle el pescuezo a la institución legendaria de la fuerza mayor, como acaba de hacerlo el Consejo de Estado, para justificar que una captura con fines de extradición es imprevisible, irresistible y completamente ajena a la propia culpa del capturado, como si ello pudiese ocurrir en cualquier momento a quien trabaja honradamente. Podemos inventar cualquier excusa para justificar o tolerar estoicamente que el narcotráfico impune nuevamente se instale en el Congreso a hacer las leyes.

Podemos creer en la sinceridad del rechazo de quienes protestan por los crímenes de líderes sociales mientras deciden estratégicamente ignorar que el narcotráfico es su principal verdugo.

Podemos seguir obtusamente equiparando la paz a la permisividad con el delincuente y en nombre suyo tolerando toda clase de amenazas y desafíos que en cualquier otra latitud y circunstancia resultarían inaceptables. Podemos seguir cabalgando tontamente en la idea de la infalibilidad de un acuerdo de paz que cada día pone en mayor evidencia sus falencias. Podemos insistir, como hacen algunos, en que cumplir con el propio acuerdo para poner en cintura a quienes lo violan alevosamente va en contra de la paz. Podemos, pues, tragarnos muchos cuentos y hacer como si no pasara nada.

Podemos, ciertamente, encontrar una explicación benevolente para tanto desvarío, podemos ignorar o masajear las consecuencias de lo que sucede para presentarlas como inofensivas. Podemos ignorar los hechos, quedarnos inermes, sin reacción, entretenidos observando las celebraciones de algunas facciones políticas ante pírricas victorias, cuando en realidad son derrotas para todos.

Podemos, en fin, llamar gato al tigre, lo cual no impedirá que nos coma cuando esté a tan solo un brinco de distancia. La verdad es que darles tantas ventajas al delito, a la mentira y al abuso nunca será rentable para las instituciones, los derechos ciudadanos y nuestra democracia, cuya principal amenaza, vale recordar, no es externa, sino que se incuba, desarrolla y crece bajo su tutela. Decía Lenin que “los capitalistas nos venderán la soga con la que los ahorcaremos”. Tomen nota.

@NicolasUribe

Por: Nicolás Uribe Rueda

glifosato

La principal fuente de financiación del terrorismo en Colombia ha sido y sigue siendo la coca. La dictadura venezolana se sostiene gracias a las bayonetas, la corrupción, el saqueo y la coca. El Eln asesina policías y soldados, vuela oleoductos gracias a los recursos provenientes del narcotráfico y tiene confinadas poblaciones enteras para proteger sus cultivos de coca. No hay ninguna actividad en Colombia que haga tanto daño al medio ambiente como la siembra y la producción de coca.

Las bandas criminales, entre las que están los Caparrapos, los Pelusos y todos los demás clanes y carteles, imponen la ley del terror, corrompen todo lo que tocan y desafían las instituciones gracias a la plata de la coca. Los GAO residuales (exdesmovilizados de las Farc que abandonaron el proceso) regresaron al negocio de la coca. A Santrich lo agarraron, así la JEP quiera negarlo, con las manos untadas de coca. El proceso de paz con las Farc no tiene amenaza más grande que la que se deriva de los miles de hectáreas de coca. La minería ilegal, en un mapa, se sobrepone casi de manera idéntica en los territorios donde abunda la coca.

A los líderes sociales los matan principalmente por conflictos derivados del control territorial para la siembra de coca y con ocasión de la oposición de traficantes a la estrategia de sustitución de los cultivos de coca. El incremento de víctimas por cuenta de minas antipersonales es consecuencia de los campos sembrados de coca. Confinamiento, desplazamiento, homicidio, disputas entre actores armados y múltiples impactos humanitarios son generados por actores armados que se dedican al tráfico de coca.

El contrabando, principal amenaza a la empresa legal, cumplidora y formal, es primo hermano y convive en relación incestuosa con la coca. La economía campesina en zonas marginales es inviable mientras la alternativa más rentable siga siendo la coca. Informes recientes de prestigiosos centros de estudio dan cuenta de que Colombia tiene una economía subterránea cercana al 35 % del PIB, cuyo componente principal es, por supuesto, el negocio de la coca.

Sí… sí… la coca, la coca, la coca… La coca está en la médula de nuestros problemas, en la base de nuestro deterioro social y encarna el combustible de una conflictividad que tiene recursos inagotables para plantear al Estado un reto institucional de grandes proporciones. ¿De veras pensaban que 200.000 hectáreas de coca, cada una de ellas seis veces más productiva que las cerca de 40.000 que había hace apenas unos años, eran inofensivas? ¿De veras ignoraron las consecuencias de no hacer nada para detener el crecimiento de una actividad que daña la economía, amenaza la vida, corrompe, se carga la justicia, requiere recursos públicos, afecta el medio ambiente y atrinchera a sus benefactores en posiciones desde donde apuntan sus armas contra todos los demás?

¿Por qué a pesar de tanta evidencia, tanto diagnóstico, tanto efecto indeseable, tanto muerto y tanta sangre derramada vemos tanto interés en desmontar uno por uno cada instrumento que combate la coca? Acabaron con la fumigación, se oponen a la erradicación forzosa, hicieron el narcotráfico conexo al delito político, vuelven ahora inoperante la extradición y de paso legitiman judicialmente el narcotráfico al darle trato de contravención de mínima cuantía.

¿Por qué los señores de la coca tienen tanto espacio político, tanta tolerancia social, tanto socio poderoso, tanta benevolencia de los tribunales y tanto defensor encubierto?

@NicolasUribe

 

Por: Nicolás Uribe Rueda

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Todavía están frescas en mi mente las imágenes de la tanqueta blanca embistiendo a los manifestantes en Caracas el martes pasado. Con este, son muchos ya los episodios que demuestran la crueldad del régimen y la disposición que tiene para transgredir sin pudor las barreras impuestas por la civilización al poder represor del Estado. Maduro, no cabe duda, está como borracho aferrado a la farola del poder convencido que no tiene más opciones que quedarse, porque todos los demás escenarios son peores para él y sus secuaces.

Y claro, el dictador no se cae; es menester tumbarlo. Y para hacerlo, en este caso, hay que desmontar la tramoya que ensamblaron los chavistas desde que llegaron al gobierno, cuando ya eran conscientes que no entregarían democráticamente la Presidencia y que desde la trinchera del poder buscarían quedarse a toda costa siguiendo el libreto de los barbudos de la isla, entronizando en Venezuela la misma receta de opresión.

Por eso nada es fácil, y la salida de Maduro no es cuestión de días, como tanto intérprete sugiere frustrado, acusando de incapaces a quienes lideran la valiente resistencia. No sólo se trata del control de las armas, sino también del adoctrinamiento cubano, la dependencia vital de millones de personas que detestan el chavismo, pero que dependen de él para comer, la corrupción del régimen y sus mercenarios, el saqueo de los recursos públicos y tantos otros elementos que confluyen en hacer compleja la tarea de la oposición venezolana, que por más errores que haya cometido y que cometa en el futuro, no cabe duda que nos da un ejemplo diario de coraje, persistencia y amor patrio.

Por: Nicolás Uribe Rueda

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lo dijo esta semana con indignación y franqueza: “O remamos pa’l mismo lado o nos jodemos…”. Y tiene razón cuando así protesta por la liberación, otra más, de un delincuente que sale a la calle para continuar con sus andanzas criminales luego de haber sido detenido y puesto a órdenes judiciales por presuntamente haber desaparecido a tres jóvenes de la comuna 13 de Medellín.

Por: Nicolás Uribe Rueda

Interesante debate político ha tenido el país en las últimas semanas por cuenta de la controversia sobre la posibilidad que asiste al Gobierno de objetar parcial o totalmente la ley estatutaria de la JEP.

Por una parte, están los autores materiales del acuerdo de La Habana, que sostienen que todo cuanto hicieron es perfecto y persisten aún, en contra de toda evidencia, en promover la idea de que Duque y su gobierno están empeñados en hacer trizas los acuerdos que redactaron. Para ellos, nada es perfectible, las opiniones contrarias al acuerdo son perfidia y asuntos como la expansión cocalera y de bandas criminales son menores o simplemente harina de otro costal. Por ello, ven en potenciales modificaciones a la ley estatutaria de la JEP una afrenta a su legado, una aberración jurídica y el regreso a lo que genéricamente denominan guerra.

Por otra parte, están quienes quieren acabar con todo lo que parió el acuerdo de La Habana porque lo consideran la claudicación material del Estado frente al terrorismo. Con o sin argumentos, están dispuestos a renunciar y borrar ese patrimonio común y revertir las consecuencias que para bien o para mal ha tenido y sigue teniendo el acuerdo con las Farc. El único camino posible para ellos es el borrón y la única solución es devolver (quién sabe de qué manera) al país al estado de preacuerdo.

10 Feb 2019 – 12:00 AM
Por: Nicolás Uribe Rueda
La política de seguridad presentada esta semana por el Gobierno Nacional es verdaderamente un documento estratégico. No se trata de un retórico tratado de seguridad, ni de un extenso diagnóstico que busca describir en detalle una vez más una realidad que se pretende intervenir. No es un documento que se entretiene en digresiones académicas y teóricas sobre las causas de la violencia, ni una puesta en escena de debates de naturaleza política que ponen a pelear a tirios y troyanos. Es un documento breve, que va al grano del problema, que identifica con la complejidad de lo simple una serie de amenazas y propone acciones concretas para revertir y prevenir realidades que se deben enfrentar.

No sé si le pasa lo mismo a los respetados lectores, pero a mí me entusiasma siempre empezar un año nuevo. No solo porque es el único momento real de reflexión respecto de la marcha general de las cosas en mi vida, sino porque también es la oportunidad para un nuevo comienzo relativo. Un año nuevo es la ocasión para recobrar las fuerzas que se agotaron con el paso de los meses y resulta liberador respecto de algunas de las cargas con las que camino, así esté consciente de que en breve deba volver a levantarlas. El fin de un año y el comienzo de uno nuevo es, cómo no, un momento de esperanza. Y para Colombia, me gustaría que en 2019 pasara lo siguiente:

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Iván Duque llegó al Congreso hace 4 años y rápidamente se convirtió en un senador estrella. Deslumbró por su juicio, disciplina y don de gentes. En la opinión pública logró abrirse espacio como vocero de temas económicos y entre los medios de comunicación se volvió fuente calificada para comentar y discutir asuntos de relevancia nacional. Sus colegas lo eligieron en dos oportunidades como el mejor Senador y su partido rápidamente lo catapultó a lugares de privilegio, brindándole la oportunidad para que se luciera en debates, con proyectos de ley e intervenciones. Su papel en la oposición al plebiscito de 2016 lo volvió una figura nacional.

 

Respetuoso en el diálogo político con adversarios ideológicos, así como poco camorrero, decidió no comprar las peleas aquilatadas durante años por su grupo parlamentario, asunto que lo ubicó en el centro del Centro Democrático.

 

Repitió en su precampaña presidencial la metodología de talleres democráticos que llevó a Uribe a la Casa de Nariño en 2002 y superó luego a cinco copartidarios con quienes se midió en casi 40 debates regionales que terminaron con la definición de un candidato único seleccionado a través de un proceso de revisión de encuestas. En marzo, compitió por la candidatura definitiva ante Marta Lucía Ramírez y obtuvo más de 4 millones de votos, convirtiéndose así, en el candidato por fin oficial de una coalición de centro derecha que tenía serias posibilidades de llegar a la presidencia de Colombia.

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Polémica en Colombia ante revelador video en el que aparece el excandidato presidencial y actual senador Gustavo Petro recibiendo una alta suma de dinero en efectivo.

Las imágenes fueron dadas a conocer por la senadora del partido Centro Democrático Paloma Valencia en el debate sobre la corrupción de Odebrecht en Colombia y ya están en poder de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia.

Gustavo Petro respondió a través de twitter, reconoció que recibió el dinero, aseguró que provenía de un préstamo, que no tenía procedencia ilícita y que quien lo grabó buscaba chantajearlo con el video en el futuro.

En el programa La Noche, el senador de la coalición decentes Gustavo Bolívar, el exviceministro y exprecandidato presidencial, Rafael Nieto y el analista político y consultor de asuntos públicos y de gobierno, Nicolás Uribe, debaten sobre lo que representa este video, sus implicaciones jurídicas y las explicaciones que entregó el actual senador Gustavo Petro sobre las razones, la procedencia del dinero y las circunstancias en las que fue grabado recibiendo fajos de billetes en efectivo.

Redacción La Noche