Etiqueta: Valure

7 Sep 2018 – 3:20 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda


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Por fin parece estar abriéndose camino un nuevo consenso ante el problema del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia y se vislumbra la posibilidad de regular una actividad que debe tener restricciones con ocasión de su naturaleza y la manera en que llega el producto a las manos de los consumidores. El debate se empieza a sacudir finalmente de todas las mentiras que lo vienen acompañando desde hace lustros, cuando se sostuvo de manera sistemática, por ejemplo, que cualquier opción para controlar la actividad buscaba la penalización por la puerta de atrás y equivaldría a la judicialización y encarcelamiento de adictos y consumidores.

Es también notorio en el ambiente el cambio de actitud ciudadana ante el denominado “derecho al consumo”, y se percibe el cansancio y la reacción de la sociedad frente a quienes pretendieron confundir el libre desarrollo de la personalidad con la promoción de una actividad nociva para la salud, que en no pocas ocasiones fue presentada como liberadora, inocua y bonachona. El abuso en el debate en sus épocas de mayor calentura logró incluso presentar a los no consumidores como retrógrados, morrongos, pacatos y hasta pusilánimes; seres totalitarios imbuidos de creencias religiosas perniciosas cuya misión era imponer una idea de sociedad a la medida de sus preferencias y en contravía de la libertad de todos los demás.

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Es difícil encontrar un etiquetamiento tan burdo, tonto e inútil como el que surgió por cuenta del plebiscito de 2016, en donde se impusieron las categorías de amigos de la paz y de la guerra. Aún estamos viviendo los efectos de tan nefasta división y lo cierto es que se perdió la oportunidad de construir de manera mayoritaria un consenso que nos permitiera a todos sentirnos cómodos con las dosis de justicia, verdad y reparación que todo proceso de paz implica.

 

Iván Duque y Gustavo Petro disputarán la presidencia de Colombia el próximo 17 de junio. Durante estas tres semanas ambos buscarán el apoyo de los ciudadanos que votaron por los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta electoral.

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Haga Click aquí o en el en el Video para ver el programa:

Cómo serán las estrategias?, ¿quién se quedará con la mayor cantidad de votos del centro?, y ¿cuales serán las alianzas que definirán el nuevo presidente de Colombia?

En el programa La Noche desde tres angulos de opinión distintos, la politóloga Susana Muhamad,  el excongresista y consultor Nicolás Uribe y el columnista de opinión Juan Pablo Estrada, analizan la disputa por la presidencia que en los próximos 19 días protagonizarán en Colombia los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro.

18 May 2018 – 10:45 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda

 

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Cada cuatro años nos jugamos el futuro en las urnas, y cada cuatro años hay razones de fondo para afirmar que esa, antes que cualquier otra, será la elección más importante de la historia de Colombia.

 

Sin embargo, en esta ocasión hay algo nuevo en el menú de posibilidades electorales. Se trata de una opción política que, inicialmente de manera soterrada, pero después perfectamente abierta y franca, promete un cambio de modelo económico que propone la relativización de la propiedad privada conforme a su criterio de interés público; presenta fórmulas alternativas para sustituir actividades económicas consideradas indeseables y promueve como solución a cada problema económico una institución pública que logre aquello que el sector privado ha sido incapaz de resolver.

 

Se trata del programa de un “ingeniero social” que descree del mercado y sus asignaciones y se sabe dueño de la fórmula mágica para determinar, mejor que cada uno de nosotros, lo que a cada uno de nosotros nos conviene. Por eso, quiere expropiar tierras para darles el uso que él considera conveniente; por eso propone sustituir las cadenas hoteleras por turismo residencial y por eso, entre tantas otras cosas, perseguirá con toda clase de artimañas administrativas y tributarias aquellas actividades económicas constitucionalmente protegidas, que resultan, según él, nocivas para el bien común: la palma, el petróleo, el carbón, los fondos privados de pensión, la banca privada, la caña y la generación de energía, entre otras tantas.

No sobra recordar que la pérdida de la libertad económica representa casi siempre la puerta de entrada al autoritarismo. El intervencionismo estatal —afirma Mario Vargas Llosa en su último libro— tiene una dinámica propia que, puesta en marcha, no puede detenerse ni retroceder, y obliga al planificador a incrementar su intrusión en los libres cambios hasta acabar con ellos. Intromisión que luego se encarga de decidir sobre lo más íntimo de las personas.

 

Hay que decirlo sin eufemismos, pero también sin exageraciones que impidan la serena reflexión. El candidato Petro propone a Colombia un modelo económico que estigmatiza la generación de riqueza, que desestimula el esfuerzo privado y maltrata al empresario. Promueve, eso sí, la creación de un individuo que dependerá exclusivamente de la generosidad de un Estado inmenso y de sus dádivas. Estatizar las propiedades productivas y planificar la economía no es democrático ni hace libre a nadie; como tampoco es posible que el Estado reparta la riqueza que no han creado los particulares. Hace siglos se hizo obvio que el altruismo no genera progreso: nadie come carne gracias a la generosidad del carnicero, decía Adam Smith.

21 Abr 2018 – 12:30 AM

Por: Nicolás Uribe Rueda

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El Acuerdo Paz es un compendio extenso y farragoso de cláusulas y manifestaciones de voluntad cuya interpretación ha significado interminables deliberaciones respecto de su alcance y conveniencia para el país. Durante años, nos hemos concentrado en debatir, argumentar e incluso insultar sobre unos pocos temas del acuerdo, precisamente aquellos que identificamos como la fuente principal de división entre los colombianos.

 

Es lamentable, sin embargo, que pase desapercibido el debate sobre la situación de la guerrillerada, la base de la guerra y la fuente de la paz. Sobre ello poco se habla, poco se dice y nada se discute. La paz, realmente, no pasa por las curules del Congreso de los jefes de las Farc, sino por la capacidad institucional del Estado para ofrecer oportunidades reales y garantizar la presencia oficial en antiguas zonas de conflicto, para que la reintegración económica sea eficaz y no simplemente una etapa de migración entre personas que transitan de un grupo terrorista a una banda criminal con diferente denominación y origen.

 

Por eso, vale la pena mirar con atención el último informe del secretario general de las Naciones Unidas dirigido al Consejo de Seguridad en donde da cuenta del avance de la Misión de Verificación en los últimos tres meses. En el informe se describe una desalentadora realidad sobre los excombatientes, que parecen estar casi abandonados a su suerte, o a lo que es lo mismo, a la simple entrega de un estipendio mensual que llega al 87 % de los exmiembros de las Farc y se paga a cerca de 10.335 personas. De resto, casi todo son problemas. Los espacios territoriales son un foco de desidia y, a meses de extinguirse, algunos aún no cuentan con luz y agua o saneamiento básico. De acuerdo con el informe, la entrega de alimentos tiene constantes interrupciones, hay déficit de medicamentos y durante dos de los tres meses que abarca el informe no hubo galenos para atender a las personas.

7 Abr 2018 – 4:15 AM

Por: Nicolás Uribe Rueda

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Puede que esté actuando en contra del viejo adagio popular según el cual por más que uno madrugue no amanece más temprano. Pero es que, en medio de tantas necesidades, es imposible a veces no pensar con el deseo y pretender que esta campaña sirva para que Colombia elija al mejor presidente, aquel que no sólo recupere la credibilidad en las instituciones, sino que sea capaz también de superar las dificultades que suponen un período largo de tiempo en el cual no hubo diálogo político.

 

Como es natural, es difícil imaginar a estas alturas el desenlace de la elección presidencial, pero resulta fácil, eso sí, entusiasmarse con la idea de que el próximo jefe de Estado tenga la capacidad de concertar con las diferentes fuerzas políticas y pueda sacar así adelante las reformas que necesita Colombia. Y es que no la tendrá fácil, porque con el perfil del Congreso elegido en marzo, que a mi manera de ver tiene una ligera inclinación hacia la centroderecha, pero al mismo tiempo cuenta con la representación más numerosa de la izquierda en muchos años, es claro que no habrá pupitrazos ni mayorías abrumadoras para aprobar reformas tributarias y/o constitucionales.

23 Mar 2018 – 3:15 PM

Nicolas Uribe Rueda Bogota enero 20 2018 foto Guillermo Torres revista Semana

 

Por: Nicolás Uribe Rueda

El comportamiento de los electores en las urnas no deja de sorprender, y por ello cada vez resulta más complejo predecir algún tipo de desenlace en materia electoral. Ganó el brexit en el Reino Unido y Trump se impuso holgadamente. Aquí, el No sorprendió en las urnas, pese a que todas las encuestas anticipaban una paliza, y hace 15 días dos candidatos en las consultas interpartidistas obtuvieron tan altas votaciones que, en las encuestas subsiguientes, aparentemente descremaron la contienda electoral que hasta hace pocos meses tenía más de 30 candidatos.

 

Esta campaña tiene elementos inéditos y comportamientos sorpresivos. Para empezar, vale la pena señalar que el tema de la paz ha pasado a segundo plano y, por cuenta de la pobreza en la implementación en los acuerdos y la irremediable impertinencia de las Farc, ya son pocos los que se atreven a sostener que a lo negociado no hay que hacerle cambios sustanciales. Las Fuerzas Militares reconocen la dimensión de las disidencias, la coca crece sin control, los niños no fueron devueltos, asesinan a líderes sociales y la mayoría de los desmovilizados ni se sabe dónde están.

 

El factor venezolano, encarnado en la contienda por Gustavo Petro, hizo que la gente empezara a anticipar su decisión y renunciara probablemente al candidato de su primera preferencia para sumarse a quien no le disgusta del todo, pero parece más fuerte, para derrotar la amenaza populista y totalitaria del chavismo. Y, así las cosas, a pesar de que la desigualdad y la indignación en nuestro país es grande, el malestar de la gente con la política es creciente y el desprestigio institucional está en sus peores niveles, el millón de migrantes venezolanos y las imágenes sistemáticas de la tragedia creada por el Socialismo del Siglo XXI parecen estar vacunándonos, al menos por ahora, de apelar a una salida semejante a la que se aplica en Venezuela.

Vivimos hablando de las TIC, de su necesaria apropiación en la vida cotidiana, de la forma en que podemos ahorrar tiempo y dinero, de la importancia de que el Estado sea ágil en brindar información, en unificar sistemas, y hasta soñamos con la idea de poner a la tecnología como herramienta líder en la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, cuando el Estado se decide en serio a usar las TIC para ahorrar plata y hacernos la vida más fácil, salimos a oponernos soterradamente con toda clase de improcedentes argumentos; parecemos tirados como vaca muerta en la autopista de las transformaciones tecnológicas, sin entender que ya no todo se hace con papel y lápiz.

Para darles una idea, ese censo casa a casa, que ahora tantos parecen extrañar y que buscan convertir en patrimonio de seriedad de la información estadística, requiere la contratación de más de 30.000 censistas, la capacitación de 75.000 personas, la impresión de 1’200.000 mapas, la compra de miles de aparatos de captura de datos, la distribución del equipo para los empadronadores y la contratación de una logística desproporcionada que garantice la recolección de la dotación, la transmisión de la información y la verificación de la captura de datos de cerca de 14 millones de hogares que deben visitarse uno a uno. Facilito e infalible, ¿no?

Este artículo fue elaborado para hacer parte de las Memorias del XII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional que se realizó en la ciudad de Pasto en Septiembre de 2017. En este encuentro Nicolás Uribe participó como Moderador de Panel sobre Participación Ciudadana

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Por:

Nicolas Uribe.

 

 

La constitución del año 91 estableció un nuevo paradigma institucional en muchos frentes al consagrar que Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de república unitaria, participativa y pluralista (art 1). Fue contundente en afirmar que la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación hace parte de los fines esenciales del Estado y no deja duda sobre la importancia del individuo, al mencionar que la soberanía reside en el pueblo y que son los ciudadanos quienes la ejercen de manera directa o indirecta a través de los mecanismos que define la constitución (art 3.)

Esta nueva concepción constitucional se materializa en su artículo 40 al establecer el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (voto, partidos políticos, acciones públicas, iniciativa normativa, entre otros), y en el Título IV dentro del cual se desarrolla el marco general de la participación democrática. Particularmente, el artículo 103 consagró los mecanismos de participación al servicio del ciudadano y la materialización de sus derechos: El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.

La voluntad del constituyente quiso que Colombia hiciera el tránsito de una democracia puramente representativa a una participativa, en el marco de la cual los individuos fueran actores constantes y visibles en la definición de las tareas públicas, su ejecución y vigilancia, de modo tal que se superara la idea de que la participación iniciaba y terminaba con el voto, con el derecho a elegir y a ser elegido[1].

Desde entonces, la Corte Constitucional ha venido desarrollando jurisprudencia y doctrina alrededor del principio de la participación en la constitución, y en numerosas sentencias se ha referido a los mecanismos de participación en abstracto y en concreto, casi siempre poniendo énfasis en la relevancia de estos instrumentos y su valor para la configuración de una nación democrática en donde los ciudadanos son activos determinadores de su destino común[2]. En este sentido ha sostenido que la democracia participativa no sólo es bondadosa para el ciudadano, sino que también tiene un efecto favorable para el sistema político, el cual puede alcanzar niveles mayores de eficiencia, pues “un Estado en el que los ciudadanos cuentan con el derecho de tomar parte de forma directa en las decisiones a adoptar, de controlar los poderes públicos, de calificar los resultados obtenidos para exigir responsabilidad política, es un Estado en el que probablemente se logrará satisfacer en más alto grado las necesidades de sus asociados[3]

Como es natural, la Corte ha sido fiel escudera de la participación y ha favorecido su profundización buscando extender sus alcances a temas y asuntos que incluso los constituyentes nunca tuvieron presentes. La Corte a lo largo de estos años advierte que “el principio democrático debe ampliarse progresivamente a nuevos ámbitos y hacerse cada vez más vigente, lo cual exige la construcción de una nueva cultura que debe paulatinamente implementarse en la sociedad política. Se trata pues de una maximización progresiva de los mecanismos que permiten el acceso al poder político, y el ejercicio y control del mismo, así como la injerencia en la toma de decisiones. Desde este punto de vista, la tendencia expansiva de la democracia participativa proscribe los obstáculos y trabas que impiden la efectiva realización de la democracia, y el excesivo formalismo de las normas que regulan el ejercicio de los derechos políticos”.[4]