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Este artículo fue elaborado para hacer parte de las Memorias del XII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional que se realizó en la ciudad de Pasto en Septiembre de 2017. En este encuentro Nicolás Uribe participó como Moderador de Panel sobre Participación Ciudadana

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Por:

Nicolas Uribe.

 

 

La constitución del año 91 estableció un nuevo paradigma institucional en muchos frentes al consagrar que Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de república unitaria, participativa y pluralista (art 1). Fue contundente en afirmar que la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación hace parte de los fines esenciales del Estado y no deja duda sobre la importancia del individuo, al mencionar que la soberanía reside en el pueblo y que son los ciudadanos quienes la ejercen de manera directa o indirecta a través de los mecanismos que define la constitución (art 3.)

Esta nueva concepción constitucional se materializa en su artículo 40 al establecer el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (voto, partidos políticos, acciones públicas, iniciativa normativa, entre otros), y en el Título IV dentro del cual se desarrolla el marco general de la participación democrática. Particularmente, el artículo 103 consagró los mecanismos de participación al servicio del ciudadano y la materialización de sus derechos: El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.

La voluntad del constituyente quiso que Colombia hiciera el tránsito de una democracia puramente representativa a una participativa, en el marco de la cual los individuos fueran actores constantes y visibles en la definición de las tareas públicas, su ejecución y vigilancia, de modo tal que se superara la idea de que la participación iniciaba y terminaba con el voto, con el derecho a elegir y a ser elegido[1].

Desde entonces, la Corte Constitucional ha venido desarrollando jurisprudencia y doctrina alrededor del principio de la participación en la constitución, y en numerosas sentencias se ha referido a los mecanismos de participación en abstracto y en concreto, casi siempre poniendo énfasis en la relevancia de estos instrumentos y su valor para la configuración de una nación democrática en donde los ciudadanos son activos determinadores de su destino común[2]. En este sentido ha sostenido que la democracia participativa no sólo es bondadosa para el ciudadano, sino que también tiene un efecto favorable para el sistema político, el cual puede alcanzar niveles mayores de eficiencia, pues “un Estado en el que los ciudadanos cuentan con el derecho de tomar parte de forma directa en las decisiones a adoptar, de controlar los poderes públicos, de calificar los resultados obtenidos para exigir responsabilidad política, es un Estado en el que probablemente se logrará satisfacer en más alto grado las necesidades de sus asociados[3]

Como es natural, la Corte ha sido fiel escudera de la participación y ha favorecido su profundización buscando extender sus alcances a temas y asuntos que incluso los constituyentes nunca tuvieron presentes. La Corte a lo largo de estos años advierte que “el principio democrático debe ampliarse progresivamente a nuevos ámbitos y hacerse cada vez más vigente, lo cual exige la construcción de una nueva cultura que debe paulatinamente implementarse en la sociedad política. Se trata pues de una maximización progresiva de los mecanismos que permiten el acceso al poder político, y el ejercicio y control del mismo, así como la injerencia en la toma de decisiones. Desde este punto de vista, la tendencia expansiva de la democracia participativa proscribe los obstáculos y trabas que impiden la efectiva realización de la democracia, y el excesivo formalismo de las normas que regulan el ejercicio de los derechos políticos”.[4]

26 Ene 2018 – 10:00 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda

 Foto Guillermo Torres revista Semana

Estamos entrando por fin en el momento de definiciones programáticas de cada uno de los candidatos presidenciales. De aquí en adelante empieza a acabarse el espacio para las ambigüedades, los lugares comunes y el silencio. La hoja de vida será evaluada, se revisará su conocimiento del país y la profundidad de sus declaraciones. Espantando como maleza la suciedad de la campaña que se viene, cada uno buscará conocer a fondo a su candidato y descartar también a los demás al escudriñar su vida y obras. Así, cada uno de nosotros definirá su voto.

Pero ¿quiénes somos nosotros? Muchas de estas respuestas están en la última encuesta de cultura política del DANE, publicada a finales de 2017, en donde más de 25.000 personas fueron preguntadas sobre su manera de entender y evaluar la democracia colombiana.

Por: Nicolás Uribe Rueda

2018

Antes de que acabara el año, anoté con ilusión mis aspiraciones personales para el 2018 y confieso que me esforzaré para cumplirlas. Asimismo, hice mis propósitos, y espero alcanzarlos, como también pretendo desatrasarme de algunos que llevo en las alforjas de años anteriores.

Me dediqué luego a labores de pitonisa, saqué en limpio algunas de mis predicciones para 2018 y finalmente decidí atreverme y compartirlas con ustedes. Advierto, eso sí, que son pocas las posibilidades de acertar, pues como ya sabemos, Colombia se supera a cada instante, y aquello que nos parecía imposible se vuelve en breve nuestro pan de cada día. Ahí les dejo, pues, algunos de estos temas que valdría la pena tener en el radar:

20 Oct 2017 – 9:00 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda

 

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Colombia atraviesa por una clara y concreta crisis de representación. No sólo las encuestas, que ponen en el sótano de la favorabilidad a las corporaciones públicas, así lo advierten, sino que también hay indicios graves de que los ciudadanos están buscando alternativas para acceder al poder o tramitar sus preocupaciones por vías alternas, y como consecuencia de la falta de credibilidad, competencia y eficacia de los poderes constituidos y de los hombres y mujeres públicos que los integran y lideran.

Por esta razón los partidos no tienen candidatos y los candidatos no tienen partidos. Cada vez con más frecuencia se apela a plebiscitos, consultas, referendos y constituyentes para precisamente brincarse a los poderes constituidos, de los cuales se presume no estarán a la altura de las demandas ciudadanas. También, las cortes asaltan de manera ilegítima la facultad de legislar e interpretar las normas y los ciudadanos recurren a procesos colectivos de bloqueo que buscan confrontar a concejos municipales, asambleas, policías antinarcóticos o cualquier autoridad que pretenda hacer cumplir la ley o se oponga a sus instintos naturales. Como están las cosas, una protesta tuitera puede revocar una licencia ambiental, una consulta, prohibir actividades lícitas, un cabildo puede quitarle las armas a la fuerza pública y un grupo de campesinos evita con éxito la erradicación forzosa de la coca. Todo en contra de la ley, de la verdad científica y de la conveniencia pública.

Durante el Panel sobre Minería y Post conflicto hablé de la guerra solapada que algunos malquerientes le han declarado a la minería.

Esta intervención está basada en una columna que escribí hace unos meses en El Espectador: Los invito a leerla haciendo click AQUÍ

https://www.elespectador.com/opinion/opinion/guerra-solapada-columna-638424

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Medellín, 6 de octubre de 2017

Los días 5 y 6 de octubre en Plaza Mayor (Medellín) tuvo lugar la décimo tercera edición del Congreso Minero, evento académico organizado por la Vicepresidencia de Hidrocarburos, Minería y Energía de la ANDI en el marco de la XIII Feria Minera y Expometálica.

Los invito a ver el Panel PLATAFORMAS DE SERVICIOS OTT RETOS EN MATERIA DE COMPETENCIA. Aquí discutimos algunos puntos sobre la importancia de permitir las nuevas economías y promover las nuevas dimensiones digitales de la vida,  en contravía de quienes pretenden regular, restringir y prohibir servicios para defender los intereses de quienes hoy lideran la economía tradicional.

 

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Superintendencia de Industria y Comercio, 5to. Congreso Internacional de Libre Competencia Económica. Cartagena, Agosto 31 y septiembre 1 de 2017.

7 Oct 2017 – 12:00 AM

Caracol Elecciones

Colombia se dirige sin prisa pero sin pausa hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. No solo porque existe, como lo hemos venido diciendo desde años atrás en esta columna, un bloqueo institucional que impide resolver los problemas estructurales del Estado, sino también porque el desprestigio de las instituciones aumenta a la velocidad de la luz y sólo una refundación de las mismas sirve para enmendar el entuerto en el que nos encontramos. Contribuye a este fenómeno el importante bloque de reformas constitucionales que se impulsó con ocasión del proceso de paz a pesar de que el plebiscito fuera derrotado en las urnas y no fuera posible un acuerdo nacional para implementar el proceso en un marco de unidad y mínimos consensos. Tenemos ahora, ciertamente, no solo un problema de descuadre en el modelo de pesos y contrapesos que impide el equilibrio y los límites del poder, sino también, graves dificultades de legitimidad.

22 Sep 2017 – 9:00 PM

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Esta semana, el presidente Rajoy, de España, refiriéndose al desafío constitucional de Cataluña, decía que “votar sólo es sinónimo de democracia cuando se hace de acuerdo a la ley. Nadie puede pretender situarse por encima de ella”. Opinión pertinente en su contexto, pero también en el nuestro, en donde asistimos al descuadernamiento de la institucionalidad por cuenta del uso y abuso de los mecanismos de participación ciudadana en ausencia de reglas claras y a merced de las agendas políticas de turno.

Para ilustrar sólo es necesario recordar. Este año se cuentan más de 100 revocatorias al mandato, todas sin éxito, impulsadas generalmente por quienes tienen pretensiones electorales. Son más de 50 los municipios que en los últimos años han optado o están en proceso de decidir por la vía de la consulta popular si quieren petróleo y minería en su jurisdicción, desafiando así el ordenamiento territorial, sustituyendo a las autoridades técnicas de licenciamiento, prohibiendo actividades legales, ignorando el papel del Estado en el manejo del subsuelo y expropiándole al Gobierno la conducción de la economía. Ya se anuncian consultas contra granjas avícolas, porque la gallinaza huele feo, y un creativo diputado hace poco propuso también una consulta popular para que se mantenga una carretera, pero se excluya el peaje que la hace viable. ¡Espectacular!

8 Sep 2017 – 9:00 PM

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Con frecuencia nos dicen que la vida ha cambiado para siempre por cuenta de la innovación tecnológica. Sin embargo, aunque reconocemos esta realidad, parecemos no tener conciencia de la profundidad de esta transformación y de su influencia en nuestra vida cotidiana. Con ello en mente, decidí tomar nota y hacer un listado, a la postre no tan breve, de los principales usos que le doy a la tecnología y sus aplicaciones en mis actividades cotidianas.

En materia laboral, la tecnología es un socio indispensable: chateo permanentemente por mi celular, me desplazo en Uber por la ruta que Waze sugiere, tengo toda la información de mi oficina en “la nube” y construyo colaborativamente documentos con mi equipo de trabajo. Organizo reuniones virtuales por Skype y utilizo sistemas de información para extraer elementos relevantes imposibles de ver a simple vista.

28 Jul 2017 – 9:00 PM

Caracol Elecciones

Desde hace más de una década Colombia atraviesa por una serie de dificultades que ameritan reformas a fondo para hacer viable un Estado que empezó a resquebrajarse por cuenta de un defectuoso diseño institucional y por el consecutivo y reiterado comportamiento de quienes sin consecuencia alguna abusaron del poder en el ejercicio de sus cargos. A pesar de la urgencia, no ha sido posible o no ha existido voluntad política para reformar la justicia, poner límite a la Corte Constitucional, impulsar una verdadera y definitiva reforma a la política, recomponer las relaciones de poder entre los poderes públicos o meter en cintura a los organismos de control.

Desde hace años también están en la agenda las reformas sociales y las económicas: el sistema de salud sigue funcionando con incentivos equivocados, las pensiones no alcanzan ni hay quien las pague, la actividad minero-energética se ha vuelto una aventura incierta y las reformas fiscales han convertido a nuestro país en el paraíso de la complejidad y del tributo indirecto, el reino de la incertidumbre y el cambio de las reglas de juego.