Etiqueta: Sistema de Información para la Gestión de Asuntos Públicos

Por: Nicolás Uribe Rueda

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La principal fuente de financiación del terrorismo en Colombia ha sido y sigue siendo la coca. La dictadura venezolana se sostiene gracias a las bayonetas, la corrupción, el saqueo y la coca. El Eln asesina policías y soldados, vuela oleoductos gracias a los recursos provenientes del narcotráfico y tiene confinadas poblaciones enteras para proteger sus cultivos de coca. No hay ninguna actividad en Colombia que haga tanto daño al medio ambiente como la siembra y la producción de coca.

Las bandas criminales, entre las que están los Caparrapos, los Pelusos y todos los demás clanes y carteles, imponen la ley del terror, corrompen todo lo que tocan y desafían las instituciones gracias a la plata de la coca. Los GAO residuales (exdesmovilizados de las Farc que abandonaron el proceso) regresaron al negocio de la coca. A Santrich lo agarraron, así la JEP quiera negarlo, con las manos untadas de coca. El proceso de paz con las Farc no tiene amenaza más grande que la que se deriva de los miles de hectáreas de coca. La minería ilegal, en un mapa, se sobrepone casi de manera idéntica en los territorios donde abunda la coca.

A los líderes sociales los matan principalmente por conflictos derivados del control territorial para la siembra de coca y con ocasión de la oposición de traficantes a la estrategia de sustitución de los cultivos de coca. El incremento de víctimas por cuenta de minas antipersonales es consecuencia de los campos sembrados de coca. Confinamiento, desplazamiento, homicidio, disputas entre actores armados y múltiples impactos humanitarios son generados por actores armados que se dedican al tráfico de coca.

El contrabando, principal amenaza a la empresa legal, cumplidora y formal, es primo hermano y convive en relación incestuosa con la coca. La economía campesina en zonas marginales es inviable mientras la alternativa más rentable siga siendo la coca. Informes recientes de prestigiosos centros de estudio dan cuenta de que Colombia tiene una economía subterránea cercana al 35 % del PIB, cuyo componente principal es, por supuesto, el negocio de la coca.

Sí… sí… la coca, la coca, la coca… La coca está en la médula de nuestros problemas, en la base de nuestro deterioro social y encarna el combustible de una conflictividad que tiene recursos inagotables para plantear al Estado un reto institucional de grandes proporciones. ¿De veras pensaban que 200.000 hectáreas de coca, cada una de ellas seis veces más productiva que las cerca de 40.000 que había hace apenas unos años, eran inofensivas? ¿De veras ignoraron las consecuencias de no hacer nada para detener el crecimiento de una actividad que daña la economía, amenaza la vida, corrompe, se carga la justicia, requiere recursos públicos, afecta el medio ambiente y atrinchera a sus benefactores en posiciones desde donde apuntan sus armas contra todos los demás?

¿Por qué a pesar de tanta evidencia, tanto diagnóstico, tanto efecto indeseable, tanto muerto y tanta sangre derramada vemos tanto interés en desmontar uno por uno cada instrumento que combate la coca? Acabaron con la fumigación, se oponen a la erradicación forzosa, hicieron el narcotráfico conexo al delito político, vuelven ahora inoperante la extradición y de paso legitiman judicialmente el narcotráfico al darle trato de contravención de mínima cuantía.

¿Por qué los señores de la coca tienen tanto espacio político, tanta tolerancia social, tanto socio poderoso, tanta benevolencia de los tribunales y tanto defensor encubierto?

@NicolasUribe

 

Por: Nicolás Uribe Rueda

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Una decisión política, presentada y sostenida sobre la aspersión de argumentos parciales, falsos dilemas y sofismas, es la razón por la cual Colombia dejó de combatir el cultivo de coca de manera eficaz. Los resultados están a la vista, y más de 180.000 hectáreas de coca, con una productividad duplicada, hacen de Colombia nuevamente el principal productor de coca en el mundo. Un solo municipio, Tumaco, tiene más cultivos que Bolivia y las consecuencias de semejante incremento sobrepasan los efectos nocivos, indeseables, de cualquier intervención en territorio. Y claro, esto no es solo consecuencia de haber dejado de fumigar, sino también de haber reducido los equipos de erradicadores, incumplido en programas de sustitución, ignorado la necesaria provisión de bienes públicos, promovido programas que incentivaron la siembra y tantos más factores que en diferentes dimensiones contribuyeron a este resultado.

Por: Nicolás Uribe Rueda

Interesante debate político ha tenido el país en las últimas semanas por cuenta de la controversia sobre la posibilidad que asiste al Gobierno de objetar parcial o totalmente la ley estatutaria de la JEP.

Por una parte, están los autores materiales del acuerdo de La Habana, que sostienen que todo cuanto hicieron es perfecto y persisten aún, en contra de toda evidencia, en promover la idea de que Duque y su gobierno están empeñados en hacer trizas los acuerdos que redactaron. Para ellos, nada es perfectible, las opiniones contrarias al acuerdo son perfidia y asuntos como la expansión cocalera y de bandas criminales son menores o simplemente harina de otro costal. Por ello, ven en potenciales modificaciones a la ley estatutaria de la JEP una afrenta a su legado, una aberración jurídica y el regreso a lo que genéricamente denominan guerra.

Por otra parte, están quienes quieren acabar con todo lo que parió el acuerdo de La Habana porque lo consideran la claudicación material del Estado frente al terrorismo. Con o sin argumentos, están dispuestos a renunciar y borrar ese patrimonio común y revertir las consecuencias que para bien o para mal ha tenido y sigue teniendo el acuerdo con las Farc. El único camino posible para ellos es el borrón y la única solución es devolver (quién sabe de qué manera) al país al estado de preacuerdo.

10 Feb 2019 – 12:00 AM
Por: Nicolás Uribe Rueda
La política de seguridad presentada esta semana por el Gobierno Nacional es verdaderamente un documento estratégico. No se trata de un retórico tratado de seguridad, ni de un extenso diagnóstico que busca describir en detalle una vez más una realidad que se pretende intervenir. No es un documento que se entretiene en digresiones académicas y teóricas sobre las causas de la violencia, ni una puesta en escena de debates de naturaleza política que ponen a pelear a tirios y troyanos. Es un documento breve, que va al grano del problema, que identifica con la complejidad de lo simple una serie de amenazas y propone acciones concretas para revertir y prevenir realidades que se deben enfrentar.

No sé si le pasa lo mismo a los respetados lectores, pero a mí me entusiasma siempre empezar un año nuevo. No solo porque es el único momento real de reflexión respecto de la marcha general de las cosas en mi vida, sino porque también es la oportunidad para un nuevo comienzo relativo. Un año nuevo es la ocasión para recobrar las fuerzas que se agotaron con el paso de los meses y resulta liberador respecto de algunas de las cargas con las que camino, así esté consciente de que en breve deba volver a levantarlas. El fin de un año y el comienzo de uno nuevo es, cómo no, un momento de esperanza. Y para Colombia, me gustaría que en 2019 pasara lo siguiente:

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Polémica en Colombia ante revelador video en el que aparece el excandidato presidencial y actual senador Gustavo Petro recibiendo una alta suma de dinero en efectivo.

Las imágenes fueron dadas a conocer por la senadora del partido Centro Democrático Paloma Valencia en el debate sobre la corrupción de Odebrecht en Colombia y ya están en poder de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia.

Gustavo Petro respondió a través de twitter, reconoció que recibió el dinero, aseguró que provenía de un préstamo, que no tenía procedencia ilícita y que quien lo grabó buscaba chantajearlo con el video en el futuro.

En el programa La Noche, el senador de la coalición decentes Gustavo Bolívar, el exviceministro y exprecandidato presidencial, Rafael Nieto y el analista político y consultor de asuntos públicos y de gobierno, Nicolás Uribe, debaten sobre lo que representa este video, sus implicaciones jurídicas y las explicaciones que entregó el actual senador Gustavo Petro sobre las razones, la procedencia del dinero y las circunstancias en las que fue grabado recibiendo fajos de billetes en efectivo.

Redacción La Noche

Nicolás Uribe Rueda fue representante a la Cámara y hoy en día es consultor de Asuntos Públicos y de Gobierno. Acudimos a él con el propósito de continuar con nuestra misión de analizar y entender el liderazgo dentro del Congreso de la República.

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Red Líder: ¿Cuál es la importancia del Congreso para la democracia colombiana?

Nicolás Uribe: El Congreso es una institución fundamental, que a pesar de que no genera mucho entusiasmo ante la ciudadanía, cumple un papel verdaderamente relevante en la configuración de nuestros derechos y en la garantía de nuestras libertades. Sin él, no estaríamos asistiendo a una democracia, sino básicamente a una serie de poderes totalitarios que no tienen quién los controle. La gente cree que porque vivimos en libertad vamos a vivir en libertad todos los días de nuestra vida, y la verdad es que la fragilidad de nuestras instituciones, y de las que hemos visto en el vecindario, nos demuestran todos los días que aunque debemos mejorar lo que tenemos, lo que tenemos es mejor que la ausencia absoluta de ese tipo instituciones. Estas garantizan que el país pueda tener libertades, desarrollo económico, libertad de empresa, y que podamos hacer básicamente lo que a cada uno le parezca mientras que no se enfrente directamente a la Constitución o la ley.

7 Sep 2018 – 3:20 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda


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Por fin parece estar abriéndose camino un nuevo consenso ante el problema del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia y se vislumbra la posibilidad de regular una actividad que debe tener restricciones con ocasión de su naturaleza y la manera en que llega el producto a las manos de los consumidores. El debate se empieza a sacudir finalmente de todas las mentiras que lo vienen acompañando desde hace lustros, cuando se sostuvo de manera sistemática, por ejemplo, que cualquier opción para controlar la actividad buscaba la penalización por la puerta de atrás y equivaldría a la judicialización y encarcelamiento de adictos y consumidores.

Es también notorio en el ambiente el cambio de actitud ciudadana ante el denominado “derecho al consumo”, y se percibe el cansancio y la reacción de la sociedad frente a quienes pretendieron confundir el libre desarrollo de la personalidad con la promoción de una actividad nociva para la salud, que en no pocas ocasiones fue presentada como liberadora, inocua y bonachona. El abuso en el debate en sus épocas de mayor calentura logró incluso presentar a los no consumidores como retrógrados, morrongos, pacatos y hasta pusilánimes; seres totalitarios imbuidos de creencias religiosas perniciosas cuya misión era imponer una idea de sociedad a la medida de sus preferencias y en contravía de la libertad de todos los demás.

11 Ago 2018 – 12:00 AM

Por: Nicolás Uribe Rueda

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El presidente Duque fue enfático en el discurso de posesión y no vaciló en repetir su receta para relacionarse con el poder legislativo: “Vamos a trabajar con el Congreso de la República […] Pero sin dádivas, sin prebendas, sin canonjías, sin acuerdos burocráticos, sin ‘mermelada’. Porque el Congreso y el Ejecutivo trabajan bien cuando hay respeto, cuando hay vocación”.

Y lo cierto es que Duque ha cumplido. Nadie hasta ahora ha sido designado para canjear votos y apoyos en el Congreso, como tampoco en virtud de su influencia política. Su gabinete es técnico, casi apolítico, y salvo el DPS, que terminó en manos de una exsenadora, las más importantes agencias del Estado, las de mayor presupuesto, no fueron entregadas a los políticos en cuerpo ajeno para que las ordeñen y las pongan al servicio de las aventuras electorales de sus amigos. Los pactos burocráticos, es la verdad, son inexistentes.

Así las cosas y con esta decisión política, los partidos deben declararse independientes, de Gobierno o de oposición dentro de los treinta días siguientes a la posesión del presidente de la República. Hasta la fecha, varios se han declarado opositores: los verdes, el Polo y la lista de los “decentes”. Su decisión era apenas previsible y obvia. En cuanto a partidos de Gobierno, hasta ahora sabemos de la decisión del Centro Democrático. Pero las mayorías en el Congreso dependen de la decisión que tomen los partidos que aún no se deciden: todavía la U, los liberales, Cambio Radical, MIRA, Colombia Justa Libres y el Partido Conservador guardan silencio equívoco. Es natural, estarán analizando lo que significa ser partido de Gobierno o partido independiente.

Pero para ello no se necesita un doctorado. Declararse fuerza política del Gobierno en el Congreso no es nada diferente que ser parte del Gobierno en el Ejecutivo; es decir, gobernar también. ¿Es ciencia ficción? No. ¿Corrupción? Por supuesto que tampoco; es simplemente la consecuencia natural de un sistema político multipartidista, donde ningún partido por sí mismo tiene las mayorías absolutas y, por tanto, para obtenerlas necesita coaligarse de manera transitoria o permanente. Funciona así en el mundo entero y no es materia de escándalos ni de interpretaciones. Eso sí, para hacerlo de manera transparente debe ser público, abierto y sin tapujos, de cara a la ciudadanía, donde el presidente pueda hacer también su valoración política. Y la independencia es eso, es actuar sin ataduras, sin compromisos y sin depender de las opiniones o intervenciones del Gobierno.

En cuestión de semanas sabremos si estamos frente al Congreso más independiente de su historia, con las consecuencias en gobernabilidad que esto representa para el presidente Duque, o de cara a una coalición de partidos que se lidera desde la Presidencia con carácter institucional. Cualquier camino es válido. Lo que sí no puede suceder es que los afanes y presiones de último minuto, mezclados con la necesidad de lograr resultados legislativos, terminen por hacer ceder al Gobierno en aquello a lo cual se opone por principio: entregar cupos indicativos y actuar al menudeo de hojas de vida, puestos y contratos para lograr cada voto en el Congreso. En ese escenario infortunado perdería el país la oportunidad real de transformar la política y el Gobierno Duque, su respaldo popular.

Amanecerá y veremos.

 

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28 Jul 2018 – 2:15 AM

Por: Nicolás Uribe Rueda

 

No son ni pocos ni flojos los que tienen fincadas sus expectativas políticas y potencial éxito electoral en la mala hora de Colombia y el correlativo fracaso del gobierno de Iván Duque. Por ello están empeñados, graciosamente, en atribuirle al presidente electo la responsabilidad sobre los fracasos del gobierno que aún no termina y anticipadamente andan culpándolo de lo divino y de lo humano, sin que él todavía haya podido siquiera terminar de armar su equipo de gobierno.

 

De alguna manera, hay que decirlo, la oposición sabe y aprovecha lo que es lamentablemente cierto. El país está en problemas y tiene retos enormes que no serán fáciles de resolver. La economía está maltrecha y los actores económicos no tienen entusiasmo, el proceso de implementación con las Farc es caso vergonzoso de gerencia pública, se han incubado nuevas y tenebrosas violencias aupadas por la coca, el Estado ha dejado territorios enteros nuevamente a manos del crimen, hay paros en suspenso esperando medir el grado de subordinación del nuevo gobierno so pena de un levantamiento popular, ha regresado la amenaza sistemática a los periodistas de todas las tendencias ideológicas y la racha de crímenes contra líderes sociales ya supera los 330, como bien lo registra la Defensoría del Pueblo.