Etiqueta: proceso de paz

20 Oct 2017 – 9:00 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda

 

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Colombia atraviesa por una clara y concreta crisis de representación. No sólo las encuestas, que ponen en el sótano de la favorabilidad a las corporaciones públicas, así lo advierten, sino que también hay indicios graves de que los ciudadanos están buscando alternativas para acceder al poder o tramitar sus preocupaciones por vías alternas, y como consecuencia de la falta de credibilidad, competencia y eficacia de los poderes constituidos y de los hombres y mujeres públicos que los integran y lideran.

Por esta razón los partidos no tienen candidatos y los candidatos no tienen partidos. Cada vez con más frecuencia se apela a plebiscitos, consultas, referendos y constituyentes para precisamente brincarse a los poderes constituidos, de los cuales se presume no estarán a la altura de las demandas ciudadanas. También, las cortes asaltan de manera ilegítima la facultad de legislar e interpretar las normas y los ciudadanos recurren a procesos colectivos de bloqueo que buscan confrontar a concejos municipales, asambleas, policías antinarcóticos o cualquier autoridad que pretenda hacer cumplir la ley o se oponga a sus instintos naturales. Como están las cosas, una protesta tuitera puede revocar una licencia ambiental, una consulta, prohibir actividades lícitas, un cabildo puede quitarle las armas a la fuerza pública y un grupo de campesinos evita con éxito la erradicación forzosa de la coca. Todo en contra de la ley, de la verdad científica y de la conveniencia pública.

Durante el Panel sobre Minería y Post conflicto hablé de la guerra solapada que algunos malquerientes le han declarado a la minería.

Esta intervención está basada en una columna que escribí hace unos meses en El Espectador: Los invito a leerla haciendo click AQUÍ

https://www.elespectador.com/opinion/opinion/guerra-solapada-columna-638424

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Medellín, 6 de octubre de 2017

Los días 5 y 6 de octubre en Plaza Mayor (Medellín) tuvo lugar la décimo tercera edición del Congreso Minero, evento académico organizado por la Vicepresidencia de Hidrocarburos, Minería y Energía de la ANDI en el marco de la XIII Feria Minera y Expometálica.

7 Oct 2017 – 12:00 AM

Caracol Elecciones

Colombia se dirige sin prisa pero sin pausa hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. No solo porque existe, como lo hemos venido diciendo desde años atrás en esta columna, un bloqueo institucional que impide resolver los problemas estructurales del Estado, sino también porque el desprestigio de las instituciones aumenta a la velocidad de la luz y sólo una refundación de las mismas sirve para enmendar el entuerto en el que nos encontramos. Contribuye a este fenómeno el importante bloque de reformas constitucionales que se impulsó con ocasión del proceso de paz a pesar de que el plebiscito fuera derrotado en las urnas y no fuera posible un acuerdo nacional para implementar el proceso en un marco de unidad y mínimos consensos. Tenemos ahora, ciertamente, no solo un problema de descuadre en el modelo de pesos y contrapesos que impide el equilibrio y los límites del poder, sino también, graves dificultades de legitimidad.

22 Sep 2017 – 9:00 PM

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Esta semana, el presidente Rajoy, de España, refiriéndose al desafío constitucional de Cataluña, decía que “votar sólo es sinónimo de democracia cuando se hace de acuerdo a la ley. Nadie puede pretender situarse por encima de ella”. Opinión pertinente en su contexto, pero también en el nuestro, en donde asistimos al descuadernamiento de la institucionalidad por cuenta del uso y abuso de los mecanismos de participación ciudadana en ausencia de reglas claras y a merced de las agendas políticas de turno.

Para ilustrar sólo es necesario recordar. Este año se cuentan más de 100 revocatorias al mandato, todas sin éxito, impulsadas generalmente por quienes tienen pretensiones electorales. Son más de 50 los municipios que en los últimos años han optado o están en proceso de decidir por la vía de la consulta popular si quieren petróleo y minería en su jurisdicción, desafiando así el ordenamiento territorial, sustituyendo a las autoridades técnicas de licenciamiento, prohibiendo actividades legales, ignorando el papel del Estado en el manejo del subsuelo y expropiándole al Gobierno la conducción de la economía. Ya se anuncian consultas contra granjas avícolas, porque la gallinaza huele feo, y un creativo diputado hace poco propuso también una consulta popular para que se mantenga una carretera, pero se excluya el peaje que la hace viable. ¡Espectacular!

14 Jul 2017 – 9:00 PM

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Por: Nicolás Uribe Rueda

Las elecciones del año entrante se realizarán en medio de un debate degradado por cuenta de recriminaciones mutuas, denuncias de corrupción y un ambiente generalizado de polarización. No será fácil encontrar espacio para las ideas y a los ciudadanos nos será difícil saber la verdad sobre los hechos en medio de tantas mentiras, manipulaciones y verdades a medias que ya empiezan a contaminar discursos y redes sociales.

 

Nicolás Uribe Rueda

LEÍDOS POR TERCERA VEZ LOS acuerdos de La Habana, es claro que los últimos textos tienen modificaciones importantes frente a aquello que se daba como definitivo en Cartagena. Hay correcciones y notas aclaratorias respecto a temas sustanciales que sin duda hacen de este un mejor acuerdo, pues introducen precisiones a las ambigüedades que se prestaban para una estrategia de abuso del derecho.

Se introdujeron límites relevantes a los escenarios de participación ciudadana, que en la práctica podrían inmovilizar a las autoridades elegidas popularmente. Se aclara que la participación no suplanta la autonomía de los actores institucionales y sus decisiones no se mediatizan por organizaciones de base que buscan incidir en la definición de tareas públicas. Se insiste en el respeto por la propiedad privada y con claridad se reafirman las reglas vigentes sobre expropiación. Se acaba también la feria de subsidios a dedo y se establecen procedimientos con criterios definidos por ley para la selección de beneficiarios. En buena hora también se aclara que la protesta social está permitida en tanto sea pacífica, palabra que estaba ausente y que se incorpora en el acuerdo. Las Farc deberán también entregar la lista de sus milicianos, sobre los cuales, esperaríamos todos, se derive la obligación de desmovilización. El nuevo texto pone límite al trato diferenciado con cultivadores de coca, se establece que serán judicializados si reinciden y los beneficios económicos y sociales no son compatibles con el cultivo de coca, algo que parecía apenas obvio, pero que estaba ausente. Me parece también importante señalar que, en el marco de la JEP, el testimonio no será válido si éste no está acompañado de otros medios de prueba, cuando quien acusa recibe beneficios por colaboración. También se hace expresa la obligación de las Farc respecto a la entrega de sus bienes y recursos.

21 OCT 2016 – 3:34 PM

Nicolás Uribe Rueda

Algunos sostienen que los políticos son especialistas en convertir cada solución en un problema. Y ello, esa es la verdad, es lo que parece estar pasando con las negociaciones tendientes a la construcción de un gran acuerdo nacional, que permita negociar con las Farc un nuevo texto que represente a todos los colombianos.

Cualquiera que no esté metido en las barras bravas de los bandos en disputa reconoce que resulta inviable modificar la totalidad del acuerdo con las Farc, como también es apenas natural que no se pueda implementar a la fuerza, tal como quedó escrito o con simples modificaciones cosméticas, un acuerdo que fue rechazado en las urnas, así fuera por exigua mayoría. Cualquiera de esas dos alternativas aún existe, pero ponerlas en marcha nos saca de un problema para meternos en una dificultad política aún mayor.

Los líderes del Sí y el No creo que actúan con lealtad a sus convicciones y de manera auténtica confían en que sus posiciones frente al contenido de lo acordado con las Farc son las correctas. Descalificar a Santos o a Uribe, a los demás promotores del acuerdo o a quienes proponen alternativas, como Marta Lucía Ramírez, planteando que a todos ellos los mueve exclusivamente la vanidad, su ambición personal o sus intereses electorales, me parece una simplificación inaceptable que no conduce sino al bloqueo político al que rápidamente nos aproximamos. Lo que todos deben entender, sin embargo, es que no hay espacio para la satisfacción integral de sus aspiraciones iniciales frente a lo acordado.

Los líderes políticos a veces necesitan un acompañamiento más cercano de la ciudadanía; incluso, en ocasiones excepcionales, requieren también la presión de la sociedad civil para avanzar por el camino más conveniente. Sin desconocer la representatividad de quienes conversan para buscar una alternativa para el problema político en el que nos encontramos, parece que hace falta una participación más efectiva, vocal, organizada y seria de la sociedad civil. Hace falta un Frente Civil, integrado por los gremios de la producción, los medios de comunicación, los jóvenes, las iglesias, las universidades, los demás poderes públicos no políticos y organizaciones de la sociedad civil, que sin vocería de parte en la disputa, y con representación social, puedan exigir con serenidad y contundencia un acuerdo pronto, real y amplio, que es lo que verdaderamente necesita Colombia. Sin el Frente Civil, en el pasado no habría sido posible sacar del poder sin un disparo al dictador Rojas Pinilla, ni se habría podido convocar a una Constituyente que, aunque necesaria, fue una salida metaconstitucional.

Lo retos económicos y políticos que tiene por delante Colombia obligan a que “los civiles” se involucren con mayor determinación en la búsqueda de las soluciones. Deben dejar de ser espectadores de una disputa entre terceros y entender que el tema también es con ellos, y que por tanto deben activamente promover y liderar el proceso de entendimiento entre políticos para poder contar con un pacto de Estado que conduzca a la recuperación de ese bien común de la paz, que ha sido patrimonio esquivo de todos los colombianos. Habrá que ver si quienes lideran estas instituciones de la sociedad civil reconocen aquí un llamado urgente del “país nacional” para salir de este estado de incertidumbre y se aplican en la tarea de impulsarlo.

Mayo de 2016

 

Gabinete

 

Quedó listo finalmente el nuevo equipo de gobierno que tendrá la tarea de acompañar al presidente Santos en la última parte de su mandato. Al gobierno le quedan algo más de dos años para sacar adelante su principal esfuerzo, el proceso de paz con las Farc, y cada una de las diez y seis carteras deberán concentrase en promover su agenda sectorial alineadas con ese propósito.
Esta es la tercera vez que el presidente hace un revolcón de su gabinete. Lo hizo en 2013 cambiando cinco ministros, lo repitió a los pocos días del inicio de su segundo período en 2014, cuando cambió siete carteras, y ahora también lo hace cuando el gobierno entra en la etapa final de su mandato y no goza de buena aceptación entre los colombianos de acuerdo a todas las encuestas.

26 FEB 2016 – 9:00 PM

Nicolás Uribe Rueda

Por momentos, cuando nos ponemos a observar con perspectiva histórica las variables de nuestra realidad y los retos a los que actualmente nos enfrentamos, no parece equivocado afirmar que aún nos encontramos ocupados resolviendo los problemas que afrontaron quienes nos antecedieron en las etapas más tempranas de nuestra civilización.

Nuestro sistema político y social parece detenido en la prehistoria. En Colombia nos la pasamos delineando a cada rato las reglas para que no nos maten y la forma para castigar o perdonar a los que nos están matando. En lo que va de este año los juzgados civiles y de familia no han abierto al público. Hemos fracasado en el objetivo de tapar los huecos de las vías y también en el de dar estabilidad a un sistema político sobre el cual, luego de 11 cambios constitucionales, todavía debatimos si merece cambios en materia de equilibrios, como si apenas antes de ayer se hubieren publicado el Espíritu de las Leyes (Montesquieu, 1748) o elFederalista No. 51 (Madison, 1788).