Etiqueta: proceso de paz

 Programa La Noche:

ntn

Para ver, haga click en el video

En el programa La Noche de NTN24, Desde tres posturas de opinión distintas el exsecuestrado por las FARC, Jhon Frank Pinchao, el analista político Nicolás Uribe y el congresista del Polo Democrático Alirio Uribe hablan de lo que representa que un sindicado de narcotráfico como ‘Jesús Santrich’ pueda evadir la cárcel y recibir un tratamiento especial en una sede eclesiástica.

En primicia el Presidente del Tribunal Eclesiástico de Bogotá, Monseñor Pedro Mercado cuestiona la decisión de que el extraditable dirigente del partido FARC, alias Jesús Santrich, haya sido trasladado a una casa religiosa del episcopado colombiano luego de un mes en huelga de hambre.

El prelado aseguró que este “es un mensaje erróneo a la sociedad amparado en una bendición de la iglesia” y señaló que el caso Santrich demuestra que en Colombia la justicia no es igual para todos.

“Tenemos una justicia sometida al chantaje”, señaló el Monseñor.

 

23 Mar 2018 – 3:15 PM

Nicolas Uribe Rueda Bogota enero 20 2018 foto Guillermo Torres revista Semana

 

Por: Nicolás Uribe Rueda

El comportamiento de los electores en las urnas no deja de sorprender, y por ello cada vez resulta más complejo predecir algún tipo de desenlace en materia electoral. Ganó el brexit en el Reino Unido y Trump se impuso holgadamente. Aquí, el No sorprendió en las urnas, pese a que todas las encuestas anticipaban una paliza, y hace 15 días dos candidatos en las consultas interpartidistas obtuvieron tan altas votaciones que, en las encuestas subsiguientes, aparentemente descremaron la contienda electoral que hasta hace pocos meses tenía más de 30 candidatos.

 

Esta campaña tiene elementos inéditos y comportamientos sorpresivos. Para empezar, vale la pena señalar que el tema de la paz ha pasado a segundo plano y, por cuenta de la pobreza en la implementación en los acuerdos y la irremediable impertinencia de las Farc, ya son pocos los que se atreven a sostener que a lo negociado no hay que hacerle cambios sustanciales. Las Fuerzas Militares reconocen la dimensión de las disidencias, la coca crece sin control, los niños no fueron devueltos, asesinan a líderes sociales y la mayoría de los desmovilizados ni se sabe dónde están.

 

El factor venezolano, encarnado en la contienda por Gustavo Petro, hizo que la gente empezara a anticipar su decisión y renunciara probablemente al candidato de su primera preferencia para sumarse a quien no le disgusta del todo, pero parece más fuerte, para derrotar la amenaza populista y totalitaria del chavismo. Y, así las cosas, a pesar de que la desigualdad y la indignación en nuestro país es grande, el malestar de la gente con la política es creciente y el desprestigio institucional está en sus peores niveles, el millón de migrantes venezolanos y las imágenes sistemáticas de la tragedia creada por el Socialismo del Siglo XXI parecen estar vacunándonos, al menos por ahora, de apelar a una salida semejante a la que se aplica en Venezuela.

Vivimos hablando de las TIC, de su necesaria apropiación en la vida cotidiana, de la forma en que podemos ahorrar tiempo y dinero, de la importancia de que el Estado sea ágil en brindar información, en unificar sistemas, y hasta soñamos con la idea de poner a la tecnología como herramienta líder en la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, cuando el Estado se decide en serio a usar las TIC para ahorrar plata y hacernos la vida más fácil, salimos a oponernos soterradamente con toda clase de improcedentes argumentos; parecemos tirados como vaca muerta en la autopista de las transformaciones tecnológicas, sin entender que ya no todo se hace con papel y lápiz.

Para darles una idea, ese censo casa a casa, que ahora tantos parecen extrañar y que buscan convertir en patrimonio de seriedad de la información estadística, requiere la contratación de más de 30.000 censistas, la capacitación de 75.000 personas, la impresión de 1’200.000 mapas, la compra de miles de aparatos de captura de datos, la distribución del equipo para los empadronadores y la contratación de una logística desproporcionada que garantice la recolección de la dotación, la transmisión de la información y la verificación de la captura de datos de cerca de 14 millones de hogares que deben visitarse uno a uno. Facilito e infalible, ¿no?

Por: Nicolás Uribe Rueda

dificil-explicarlo-mejor

Desde que empezaron a publicarse borradores sobre los acuerdos de La Habana, he venido comentando algunos temas que considero pueden significar una amenaza real para el desarrollo de Colombia. He expresado, por ejemplo, el riesgo de la desinstitucionalización por la vía de la creación de espacios participativos comunitarios paraestatales, y comentado asuntos concretos que postran el desarrollo agropecuario. Sin embargo, ha sido difícil plantear discusiones de altura, cuando de entrada se supone que detrás de las palabras existe una agenda política que se escuda en cualquier cosa para oponerse por principio a una negociación de paz con las Farc. Ahí la discusión muere y generalmente arrancan las descalificaciones.

Sin embargo, hay un elemento que no deja de sorprenderme y es el buenismo que existe entre algunos a la hora de interpretar el comportamiento de las Farc, una vez entradas en democracia. Para los buenistas, ese grupo de personas para las cuales pensar mal resulta políticamente incorrecto, los miembros de las Farc, una vez dejaron las armas, también de facto se desprendieron de la cultura de la ilegalidad en la que vivían y adoptaron los códigos éticos, morales y legales propios de los ciudadanos de bien, personas que participan en democracia, buscan vivir en paz, respetan las señales de tránsito, pagan sus impuestos, no compran contrabando y trabajan honradamente para sacar a sus familias adelante.

20 Oct 2017 – 9:00 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda

 

boceto-26

 

Colombia atraviesa por una clara y concreta crisis de representación. No sólo las encuestas, que ponen en el sótano de la favorabilidad a las corporaciones públicas, así lo advierten, sino que también hay indicios graves de que los ciudadanos están buscando alternativas para acceder al poder o tramitar sus preocupaciones por vías alternas, y como consecuencia de la falta de credibilidad, competencia y eficacia de los poderes constituidos y de los hombres y mujeres públicos que los integran y lideran.

Por esta razón los partidos no tienen candidatos y los candidatos no tienen partidos. Cada vez con más frecuencia se apela a plebiscitos, consultas, referendos y constituyentes para precisamente brincarse a los poderes constituidos, de los cuales se presume no estarán a la altura de las demandas ciudadanas. También, las cortes asaltan de manera ilegítima la facultad de legislar e interpretar las normas y los ciudadanos recurren a procesos colectivos de bloqueo que buscan confrontar a concejos municipales, asambleas, policías antinarcóticos o cualquier autoridad que pretenda hacer cumplir la ley o se oponga a sus instintos naturales. Como están las cosas, una protesta tuitera puede revocar una licencia ambiental, una consulta, prohibir actividades lícitas, un cabildo puede quitarle las armas a la fuerza pública y un grupo de campesinos evita con éxito la erradicación forzosa de la coca. Todo en contra de la ley, de la verdad científica y de la conveniencia pública.

Durante el Panel sobre Minería y Post conflicto hablé de la guerra solapada que algunos malquerientes le han declarado a la minería.

Esta intervención está basada en una columna que escribí hace unos meses en El Espectador: Los invito a leerla haciendo click AQUÍ

https://www.elespectador.com/opinion/opinion/guerra-solapada-columna-638424

minas

Medellín, 6 de octubre de 2017

Los días 5 y 6 de octubre en Plaza Mayor (Medellín) tuvo lugar la décimo tercera edición del Congreso Minero, evento académico organizado por la Vicepresidencia de Hidrocarburos, Minería y Energía de la ANDI en el marco de la XIII Feria Minera y Expometálica.

7 Oct 2017 – 12:00 AM

Caracol Elecciones

Colombia se dirige sin prisa pero sin pausa hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. No solo porque existe, como lo hemos venido diciendo desde años atrás en esta columna, un bloqueo institucional que impide resolver los problemas estructurales del Estado, sino también porque el desprestigio de las instituciones aumenta a la velocidad de la luz y sólo una refundación de las mismas sirve para enmendar el entuerto en el que nos encontramos. Contribuye a este fenómeno el importante bloque de reformas constitucionales que se impulsó con ocasión del proceso de paz a pesar de que el plebiscito fuera derrotado en las urnas y no fuera posible un acuerdo nacional para implementar el proceso en un marco de unidad y mínimos consensos. Tenemos ahora, ciertamente, no solo un problema de descuadre en el modelo de pesos y contrapesos que impide el equilibrio y los límites del poder, sino también, graves dificultades de legitimidad.

22 Sep 2017 – 9:00 PM

img-20170928-wa0016

Esta semana, el presidente Rajoy, de España, refiriéndose al desafío constitucional de Cataluña, decía que “votar sólo es sinónimo de democracia cuando se hace de acuerdo a la ley. Nadie puede pretender situarse por encima de ella”. Opinión pertinente en su contexto, pero también en el nuestro, en donde asistimos al descuadernamiento de la institucionalidad por cuenta del uso y abuso de los mecanismos de participación ciudadana en ausencia de reglas claras y a merced de las agendas políticas de turno.

Para ilustrar sólo es necesario recordar. Este año se cuentan más de 100 revocatorias al mandato, todas sin éxito, impulsadas generalmente por quienes tienen pretensiones electorales. Son más de 50 los municipios que en los últimos años han optado o están en proceso de decidir por la vía de la consulta popular si quieren petróleo y minería en su jurisdicción, desafiando así el ordenamiento territorial, sustituyendo a las autoridades técnicas de licenciamiento, prohibiendo actividades legales, ignorando el papel del Estado en el manejo del subsuelo y expropiándole al Gobierno la conducción de la economía. Ya se anuncian consultas contra granjas avícolas, porque la gallinaza huele feo, y un creativo diputado hace poco propuso también una consulta popular para que se mantenga una carretera, pero se excluya el peaje que la hace viable. ¡Espectacular!

14 Jul 2017 – 9:00 PM

2018-text-1367x593

Por: Nicolás Uribe Rueda

Las elecciones del año entrante se realizarán en medio de un debate degradado por cuenta de recriminaciones mutuas, denuncias de corrupción y un ambiente generalizado de polarización. No será fácil encontrar espacio para las ideas y a los ciudadanos nos será difícil saber la verdad sobre los hechos en medio de tantas mentiras, manipulaciones y verdades a medias que ya empiezan a contaminar discursos y redes sociales.

 

Nicolás Uribe Rueda

LEÍDOS POR TERCERA VEZ LOS acuerdos de La Habana, es claro que los últimos textos tienen modificaciones importantes frente a aquello que se daba como definitivo en Cartagena. Hay correcciones y notas aclaratorias respecto a temas sustanciales que sin duda hacen de este un mejor acuerdo, pues introducen precisiones a las ambigüedades que se prestaban para una estrategia de abuso del derecho.

Se introdujeron límites relevantes a los escenarios de participación ciudadana, que en la práctica podrían inmovilizar a las autoridades elegidas popularmente. Se aclara que la participación no suplanta la autonomía de los actores institucionales y sus decisiones no se mediatizan por organizaciones de base que buscan incidir en la definición de tareas públicas. Se insiste en el respeto por la propiedad privada y con claridad se reafirman las reglas vigentes sobre expropiación. Se acaba también la feria de subsidios a dedo y se establecen procedimientos con criterios definidos por ley para la selección de beneficiarios. En buena hora también se aclara que la protesta social está permitida en tanto sea pacífica, palabra que estaba ausente y que se incorpora en el acuerdo. Las Farc deberán también entregar la lista de sus milicianos, sobre los cuales, esperaríamos todos, se derive la obligación de desmovilización. El nuevo texto pone límite al trato diferenciado con cultivadores de coca, se establece que serán judicializados si reinciden y los beneficios económicos y sociales no son compatibles con el cultivo de coca, algo que parecía apenas obvio, pero que estaba ausente. Me parece también importante señalar que, en el marco de la JEP, el testimonio no será válido si éste no está acompañado de otros medios de prueba, cuando quien acusa recibe beneficios por colaboración. También se hace expresa la obligación de las Farc respecto a la entrega de sus bienes y recursos.