Etiqueta: participación

11 Ago 2018 – 12:00 AM

Por: Nicolás Uribe Rueda

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El presidente Duque fue enfático en el discurso de posesión y no vaciló en repetir su receta para relacionarse con el poder legislativo: “Vamos a trabajar con el Congreso de la República […] Pero sin dádivas, sin prebendas, sin canonjías, sin acuerdos burocráticos, sin ‘mermelada’. Porque el Congreso y el Ejecutivo trabajan bien cuando hay respeto, cuando hay vocación”.

Y lo cierto es que Duque ha cumplido. Nadie hasta ahora ha sido designado para canjear votos y apoyos en el Congreso, como tampoco en virtud de su influencia política. Su gabinete es técnico, casi apolítico, y salvo el DPS, que terminó en manos de una exsenadora, las más importantes agencias del Estado, las de mayor presupuesto, no fueron entregadas a los políticos en cuerpo ajeno para que las ordeñen y las pongan al servicio de las aventuras electorales de sus amigos. Los pactos burocráticos, es la verdad, son inexistentes.

Así las cosas y con esta decisión política, los partidos deben declararse independientes, de Gobierno o de oposición dentro de los treinta días siguientes a la posesión del presidente de la República. Hasta la fecha, varios se han declarado opositores: los verdes, el Polo y la lista de los “decentes”. Su decisión era apenas previsible y obvia. En cuanto a partidos de Gobierno, hasta ahora sabemos de la decisión del Centro Democrático. Pero las mayorías en el Congreso dependen de la decisión que tomen los partidos que aún no se deciden: todavía la U, los liberales, Cambio Radical, MIRA, Colombia Justa Libres y el Partido Conservador guardan silencio equívoco. Es natural, estarán analizando lo que significa ser partido de Gobierno o partido independiente.

Pero para ello no se necesita un doctorado. Declararse fuerza política del Gobierno en el Congreso no es nada diferente que ser parte del Gobierno en el Ejecutivo; es decir, gobernar también. ¿Es ciencia ficción? No. ¿Corrupción? Por supuesto que tampoco; es simplemente la consecuencia natural de un sistema político multipartidista, donde ningún partido por sí mismo tiene las mayorías absolutas y, por tanto, para obtenerlas necesita coaligarse de manera transitoria o permanente. Funciona así en el mundo entero y no es materia de escándalos ni de interpretaciones. Eso sí, para hacerlo de manera transparente debe ser público, abierto y sin tapujos, de cara a la ciudadanía, donde el presidente pueda hacer también su valoración política. Y la independencia es eso, es actuar sin ataduras, sin compromisos y sin depender de las opiniones o intervenciones del Gobierno.

En cuestión de semanas sabremos si estamos frente al Congreso más independiente de su historia, con las consecuencias en gobernabilidad que esto representa para el presidente Duque, o de cara a una coalición de partidos que se lidera desde la Presidencia con carácter institucional. Cualquier camino es válido. Lo que sí no puede suceder es que los afanes y presiones de último minuto, mezclados con la necesidad de lograr resultados legislativos, terminen por hacer ceder al Gobierno en aquello a lo cual se opone por principio: entregar cupos indicativos y actuar al menudeo de hojas de vida, puestos y contratos para lograr cada voto en el Congreso. En ese escenario infortunado perdería el país la oportunidad real de transformar la política y el Gobierno Duque, su respaldo popular.

Amanecerá y veremos.

 

Este artículo fue elaborado para hacer parte de las Memorias del XII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional que se realizó en la ciudad de Pasto en Septiembre de 2017. En este encuentro Nicolás Uribe participó como Moderador de Panel sobre Participación Ciudadana

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Por:

Nicolas Uribe.

 

 

La constitución del año 91 estableció un nuevo paradigma institucional en muchos frentes al consagrar que Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de república unitaria, participativa y pluralista (art 1). Fue contundente en afirmar que la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación hace parte de los fines esenciales del Estado y no deja duda sobre la importancia del individuo, al mencionar que la soberanía reside en el pueblo y que son los ciudadanos quienes la ejercen de manera directa o indirecta a través de los mecanismos que define la constitución (art 3.)

Esta nueva concepción constitucional se materializa en su artículo 40 al establecer el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (voto, partidos políticos, acciones públicas, iniciativa normativa, entre otros), y en el Título IV dentro del cual se desarrolla el marco general de la participación democrática. Particularmente, el artículo 103 consagró los mecanismos de participación al servicio del ciudadano y la materialización de sus derechos: El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.

La voluntad del constituyente quiso que Colombia hiciera el tránsito de una democracia puramente representativa a una participativa, en el marco de la cual los individuos fueran actores constantes y visibles en la definición de las tareas públicas, su ejecución y vigilancia, de modo tal que se superara la idea de que la participación iniciaba y terminaba con el voto, con el derecho a elegir y a ser elegido[1].

Desde entonces, la Corte Constitucional ha venido desarrollando jurisprudencia y doctrina alrededor del principio de la participación en la constitución, y en numerosas sentencias se ha referido a los mecanismos de participación en abstracto y en concreto, casi siempre poniendo énfasis en la relevancia de estos instrumentos y su valor para la configuración de una nación democrática en donde los ciudadanos son activos determinadores de su destino común[2]. En este sentido ha sostenido que la democracia participativa no sólo es bondadosa para el ciudadano, sino que también tiene un efecto favorable para el sistema político, el cual puede alcanzar niveles mayores de eficiencia, pues “un Estado en el que los ciudadanos cuentan con el derecho de tomar parte de forma directa en las decisiones a adoptar, de controlar los poderes públicos, de calificar los resultados obtenidos para exigir responsabilidad política, es un Estado en el que probablemente se logrará satisfacer en más alto grado las necesidades de sus asociados[3]

Como es natural, la Corte ha sido fiel escudera de la participación y ha favorecido su profundización buscando extender sus alcances a temas y asuntos que incluso los constituyentes nunca tuvieron presentes. La Corte a lo largo de estos años advierte que “el principio democrático debe ampliarse progresivamente a nuevos ámbitos y hacerse cada vez más vigente, lo cual exige la construcción de una nueva cultura que debe paulatinamente implementarse en la sociedad política. Se trata pues de una maximización progresiva de los mecanismos que permiten el acceso al poder político, y el ejercicio y control del mismo, así como la injerencia en la toma de decisiones. Desde este punto de vista, la tendencia expansiva de la democracia participativa proscribe los obstáculos y trabas que impiden la efectiva realización de la democracia, y el excesivo formalismo de las normas que regulan el ejercicio de los derechos políticos”.[4]

26 Ene 2018 – 10:00 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda

 Foto Guillermo Torres revista Semana

Estamos entrando por fin en el momento de definiciones programáticas de cada uno de los candidatos presidenciales. De aquí en adelante empieza a acabarse el espacio para las ambigüedades, los lugares comunes y el silencio. La hoja de vida será evaluada, se revisará su conocimiento del país y la profundidad de sus declaraciones. Espantando como maleza la suciedad de la campaña que se viene, cada uno buscará conocer a fondo a su candidato y descartar también a los demás al escudriñar su vida y obras. Así, cada uno de nosotros definirá su voto.

Pero ¿quiénes somos nosotros? Muchas de estas respuestas están en la última encuesta de cultura política del DANE, publicada a finales de 2017, en donde más de 25.000 personas fueron preguntadas sobre su manera de entender y evaluar la democracia colombiana.

 

En el XII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional en la Ciudad de Pasto, se discutió un tema de relevancia nacional. Se trata de la Participación y la Democracia.

Lo invito a ver el video de algo más de una hora donde están las intervenciones y comentarios de los panelistas.

 

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Panel 2: DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN 

Debate: Juan Carlos Galindo Vacha,

Juan Carlos Esguerra Portocarrero,

Diana Rodríguez Franco y

Nicolás Uribe Rueda (moderador).

7 Oct 2017 – 12:00 AM

Caracol Elecciones

Colombia se dirige sin prisa pero sin pausa hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. No solo porque existe, como lo hemos venido diciendo desde años atrás en esta columna, un bloqueo institucional que impide resolver los problemas estructurales del Estado, sino también porque el desprestigio de las instituciones aumenta a la velocidad de la luz y sólo una refundación de las mismas sirve para enmendar el entuerto en el que nos encontramos. Contribuye a este fenómeno el importante bloque de reformas constitucionales que se impulsó con ocasión del proceso de paz a pesar de que el plebiscito fuera derrotado en las urnas y no fuera posible un acuerdo nacional para implementar el proceso en un marco de unidad y mínimos consensos. Tenemos ahora, ciertamente, no solo un problema de descuadre en el modelo de pesos y contrapesos que impide el equilibrio y los límites del poder, sino también, graves dificultades de legitimidad.

22 Sep 2017 – 9:00 PM

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Esta semana, el presidente Rajoy, de España, refiriéndose al desafío constitucional de Cataluña, decía que “votar sólo es sinónimo de democracia cuando se hace de acuerdo a la ley. Nadie puede pretender situarse por encima de ella”. Opinión pertinente en su contexto, pero también en el nuestro, en donde asistimos al descuadernamiento de la institucionalidad por cuenta del uso y abuso de los mecanismos de participación ciudadana en ausencia de reglas claras y a merced de las agendas políticas de turno.

Para ilustrar sólo es necesario recordar. Este año se cuentan más de 100 revocatorias al mandato, todas sin éxito, impulsadas generalmente por quienes tienen pretensiones electorales. Son más de 50 los municipios que en los últimos años han optado o están en proceso de decidir por la vía de la consulta popular si quieren petróleo y minería en su jurisdicción, desafiando así el ordenamiento territorial, sustituyendo a las autoridades técnicas de licenciamiento, prohibiendo actividades legales, ignorando el papel del Estado en el manejo del subsuelo y expropiándole al Gobierno la conducción de la economía. Ya se anuncian consultas contra granjas avícolas, porque la gallinaza huele feo, y un creativo diputado hace poco propuso también una consulta popular para que se mantenga una carretera, pero se excluya el peaje que la hace viable. ¡Espectacular!