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Iván Duque llegó al Congreso hace 4 años y rápidamente se convirtió en un senador estrella. Deslumbró por su juicio, disciplina y don de gentes. En la opinión pública logró abrirse espacio como vocero de temas económicos y entre los medios de comunicación se volvió fuente calificada para comentar y discutir asuntos de relevancia nacional. Sus colegas lo eligieron en dos oportunidades como el mejor Senador y su partido rápidamente lo catapultó a lugares de privilegio, brindándole la oportunidad para que se luciera en debates, con proyectos de ley e intervenciones. Su papel en la oposición al plebiscito de 2016 lo volvió una figura nacional.

 

Respetuoso en el diálogo político con adversarios ideológicos, así como poco camorrero, decidió no comprar las peleas aquilatadas durante años por su grupo parlamentario, asunto que lo ubicó en el centro del Centro Democrático.

 

Repitió en su precampaña presidencial la metodología de talleres democráticos que llevó a Uribe a la Casa de Nariño en 2002 y superó luego a cinco copartidarios con quienes se midió en casi 40 debates regionales que terminaron con la definición de un candidato único seleccionado a través de un proceso de revisión de encuestas. En marzo, compitió por la candidatura definitiva ante Marta Lucía Ramírez y obtuvo más de 4 millones de votos, convirtiéndose así, en el candidato por fin oficial de una coalición de centro derecha que tenía serias posibilidades de llegar a la presidencia de Colombia.


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Nada más sobre diagnosticado en Colombia que la inequidad e inconveniencia de nuestro sistema tributario. Todo el mundo está de acuerdo en que lo que existe no sirve, y que lo adecuado sería pues una reforma tributaria estructural que convirtiera en progresivo, equitativo y transparente un marco normativo farragoso, disperso y lleno de injusticias y posibilidades de evasión. Como lo demuestran vergonzosamente las cifras, la inequidad en Colombia crece luego del pago de impuestos, indicador inaceptable para un sistema cuya naturaleza es la de redistribuir la riqueza en favor de los más pobres.

 

La carga fiscal está sobrecargada en el impuesto corporativo, haciendo de nuestro país un destino poco competitivo. Algo más de 3 mil quinientas empresas (el 0,35) pagan el 70% del total de los tributos, mientras que las personas naturales aportan el 6% de los ingresos fiscales nacionales, muy por debajo del promedio de América Latina y por supuesto, muy lejos de la OCDE que se acerca al 25% del total. Además, nuestro sistema tributario produce bajísimo recaudo respecto del PIB (menos del 20%) comparado con la OCDE (cerca al 35%) y el promedio latinoamericano (poco menos del 25%), donde sólo México y Perú nos superan por lo bajo.

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Polémica en Colombia ante revelador video en el que aparece el excandidato presidencial y actual senador Gustavo Petro recibiendo una alta suma de dinero en efectivo.

Las imágenes fueron dadas a conocer por la senadora del partido Centro Democrático Paloma Valencia en el debate sobre la corrupción de Odebrecht en Colombia y ya están en poder de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia.

Gustavo Petro respondió a través de twitter, reconoció que recibió el dinero, aseguró que provenía de un préstamo, que no tenía procedencia ilícita y que quien lo grabó buscaba chantajearlo con el video en el futuro.

En el programa La Noche, el senador de la coalición decentes Gustavo Bolívar, el exviceministro y exprecandidato presidencial, Rafael Nieto y el analista político y consultor de asuntos públicos y de gobierno, Nicolás Uribe, debaten sobre lo que representa este video, sus implicaciones jurídicas y las explicaciones que entregó el actual senador Gustavo Petro sobre las razones, la procedencia del dinero y las circunstancias en las que fue grabado recibiendo fajos de billetes en efectivo.

Redacción La Noche

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Parece inquebrantable la decisión del presidente Duque de jugársela a fondo por refundar las relaciones entre el Gobierno y el Congreso, permitiendo así por fin que los partidos recuperen su importancia, el Congreso su independencia y los parlamentarios el papel de representar a sus regiones. Se acabó la época en la que el legislativo tenía que obedecer las decisiones del gobierno so pena de no ganar o perder los beneficios que traen las dádivas oficiales.  Cada loro en su estaca.

Se extingue pues la aplanadora oficial que se encendía y funcionaba a todo vapor durante el periodo de gobierno, con apenas los trastornos naturales del inconformismo de quienes se sentían maltratados en comparación con sus compañeros de curul. La aplanadora garantizaba las mayorías para las votaciones, definía el orden del día, archivaba proyectos y hasta elaboraba desde los computadores de los Ministerios las ponencias que se firmaban juiciosamente en el Congreso. Por cierto, la mermelada no sólo operaba para garantizar la aprobación de las normas, sino, sobre todo, para perpetuar a la clase política que las recibía, eligiendo primero a sus socios políticos en las elecciones regionales, con cuya mermelada local se garantizaba luego la reelección en el Congreso. Acabar con esta práctica viciosa, el presidente Duque lo tiene claro, es la verdadera reforma a la política.

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Una nueva edición se ha publicado del famoso Doing Business del Banco Mundial. Con este, Colombia ajusta ya tres años de deterioro consecutivo en su posición global y se ubica en el puesto 65 entre 190 economías que se evalúan en el estudio. Nos encontramos en la mitad de la tabla, por debajo de Chile (56) y México (54) y apenas por encima de Costa Rica (67) y Perú (68). Venezuela (188) y Bolivia (156) son ejemplo elocuente de los efectos perversos de una ideología que tiene como principio de la acción política el maltrato a la empresa. Nuestro país, para hablar con franqueza, es un destino poco atractivo para la inversión, pues por encima nuestro se encuentran alternativas más seguras, más confiables y con mejores instituciones.

 

A Colombia le va bien en materia de obtención de créditos (3) y protección de inversionistas minoritarios (15), pero terriblemente mal en materia de cumplimiento de contratos (177) y pago de impuestos (146). Frente al informe del 2017, empeoramos en seis de los diez indicadores y bajamos seis lugares.

7 Sep 2018 – 3:20 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda


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Por fin parece estar abriéndose camino un nuevo consenso ante el problema del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia y se vislumbra la posibilidad de regular una actividad que debe tener restricciones con ocasión de su naturaleza y la manera en que llega el producto a las manos de los consumidores. El debate se empieza a sacudir finalmente de todas las mentiras que lo vienen acompañando desde hace lustros, cuando se sostuvo de manera sistemática, por ejemplo, que cualquier opción para controlar la actividad buscaba la penalización por la puerta de atrás y equivaldría a la judicialización y encarcelamiento de adictos y consumidores.

Es también notorio en el ambiente el cambio de actitud ciudadana ante el denominado “derecho al consumo”, y se percibe el cansancio y la reacción de la sociedad frente a quienes pretendieron confundir el libre desarrollo de la personalidad con la promoción de una actividad nociva para la salud, que en no pocas ocasiones fue presentada como liberadora, inocua y bonachona. El abuso en el debate en sus épocas de mayor calentura logró incluso presentar a los no consumidores como retrógrados, morrongos, pacatos y hasta pusilánimes; seres totalitarios imbuidos de creencias religiosas perniciosas cuya misión era imponer una idea de sociedad a la medida de sus preferencias y en contravía de la libertad de todos los demás.

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Es difícil encontrar un etiquetamiento tan burdo, tonto e inútil como el que surgió por cuenta del plebiscito de 2016, en donde se impusieron las categorías de amigos de la paz y de la guerra. Aún estamos viviendo los efectos de tan nefasta división y lo cierto es que se perdió la oportunidad de construir de manera mayoritaria un consenso que nos permitiera a todos sentirnos cómodos con las dosis de justicia, verdad y reparación que todo proceso de paz implica.

Por: Nicolás Uribe Rueda

Antes de terminar, el Gobierno Santos debería hacer un corte de cuentas para contarle al país en detalle del estado en que deja la implementación del Acuerdo con las Farc. Supongo que no pasará, porque todo indica que las cosas no van bien, y que desde las impertinencias hasta los abusos de hoy serán utilizados políticamente mañana por la oposición para culpar al Gobierno Duque de estar haciendo trizas el Acuerdo.

Y no hay que interpretar que un corte de cuentas es lo mismo que la instalación del espejo retrovisor. Cada cosa en su lugar. Hay que hacer lo primero, pero no dejarse tentar por lo segundo. Una radiografía honesta del proceso de implementación servirá para que quienes defienden el Acuerdo vean la necesidad de que el nuevo gobierno ponga el acelerador al cumplimiento de muchos temas y así lo exijan; como también sería el punto de partida para la discusión sobre las reformas que deberán introducirse. Es, pues, un gana-gana y la oportunidad de poner en marcha un diálogo abierto sobre lo que conviene al país, partiendo de lo que debe mantenerse y los cambios que hay que hacer.

Y es que no hay que ser un genio para darse cuenta de que lo acordado por el Gobierno con las Farc no anda bien. Los problemas están por todas partes. Basta pensar en lo que para Colombia significa tener más de 200.000 hectáreas de coca y lo que ello implica para los desmovilizados insatisfechos y para miles de campesinos frustrados por la ausencia de presencia institucional que debería haber llegado con ocasión del Acuerdo. Es también urgente saber si es verdad o no que las Farc omiten su deber de contribuir en el desmantelamiento del narcotráfico. No sólo las hectáreas aumentaron durante las negociaciones y uno de sus máximos jefes afronta un proceso de extradición por traficar con posterioridad a la firma, sino que esta semana el embajador de los Estados Unidos sostuvo que “las Farc tenían que proporcionar información de rutas, teléfonos, insumos, para tumbar todas esas organizaciones y eso fue lo que no hicieron”.

Por: Nicolás Uribe Rueda

No ha sido fácil para Iván Duque llegar al día de hoy. Su carrera política empezó en el Senado de Colombia, donde rápidamente deslumbró por su capacidad, su dialéctica y su don de gentes. Fue leal en el debate político; contundente, pero siempre respetuoso con las personas. Defendió sus convicciones sin ofender y se distanció de aquella idea en virtud de la cual la luminosidad en la política se construye a medida que se va embarrando a todos y a todo lo demás. Nunca compró peleas ajenas y tramitó sus controversias con respeto por quienes incluso lo ofendieron. A pesar de ser parte de un grupo parlamentario de oposición, lo que implica la reducida capacidad de maniobra, hizo debates importantes para el país y logró aprobar importantes leyes. Con determinación, empezó a recorrer las regiones y terminó ganando la elección de su partido, a pesar de que, desde adentro, algunos trataron de impedirlo, pues consideraban entonces que el joven político era blando y tenía una ideología de centro que no representaba integralmente ciertas posturas de derecha.