Etiqueta: justicia

Durante el Panel sobre Minería y Post conflicto hablé de la guerra solapada que algunos malquerientes le han declarado a la minería.

Esta intervención está basada en una columna que escribí hace unos meses en El Espectador: Los invito a leerla haciendo click AQUÍ

https://www.elespectador.com/opinion/opinion/guerra-solapada-columna-638424

minas

Medellín, 6 de octubre de 2017

Los días 5 y 6 de octubre en Plaza Mayor (Medellín) tuvo lugar la décimo tercera edición del Congreso Minero, evento académico organizado por la Vicepresidencia de Hidrocarburos, Minería y Energía de la ANDI en el marco de la XIII Feria Minera y Expometálica.

7 Oct 2017 – 12:00 AM

Caracol Elecciones

Colombia se dirige sin prisa pero sin pausa hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. No solo porque existe, como lo hemos venido diciendo desde años atrás en esta columna, un bloqueo institucional que impide resolver los problemas estructurales del Estado, sino también porque el desprestigio de las instituciones aumenta a la velocidad de la luz y sólo una refundación de las mismas sirve para enmendar el entuerto en el que nos encontramos. Contribuye a este fenómeno el importante bloque de reformas constitucionales que se impulsó con ocasión del proceso de paz a pesar de que el plebiscito fuera derrotado en las urnas y no fuera posible un acuerdo nacional para implementar el proceso en un marco de unidad y mínimos consensos. Tenemos ahora, ciertamente, no solo un problema de descuadre en el modelo de pesos y contrapesos que impide el equilibrio y los límites del poder, sino también, graves dificultades de legitimidad.

22 Sep 2017 – 9:00 PM

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Esta semana, el presidente Rajoy, de España, refiriéndose al desafío constitucional de Cataluña, decía que “votar sólo es sinónimo de democracia cuando se hace de acuerdo a la ley. Nadie puede pretender situarse por encima de ella”. Opinión pertinente en su contexto, pero también en el nuestro, en donde asistimos al descuadernamiento de la institucionalidad por cuenta del uso y abuso de los mecanismos de participación ciudadana en ausencia de reglas claras y a merced de las agendas políticas de turno.

Para ilustrar sólo es necesario recordar. Este año se cuentan más de 100 revocatorias al mandato, todas sin éxito, impulsadas generalmente por quienes tienen pretensiones electorales. Son más de 50 los municipios que en los últimos años han optado o están en proceso de decidir por la vía de la consulta popular si quieren petróleo y minería en su jurisdicción, desafiando así el ordenamiento territorial, sustituyendo a las autoridades técnicas de licenciamiento, prohibiendo actividades legales, ignorando el papel del Estado en el manejo del subsuelo y expropiándole al Gobierno la conducción de la economía. Ya se anuncian consultas contra granjas avícolas, porque la gallinaza huele feo, y un creativo diputado hace poco propuso también una consulta popular para que se mantenga una carretera, pero se excluya el peaje que la hace viable. ¡Espectacular!

14 Jul 2017 – 9:00 PM

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Por: Nicolás Uribe Rueda

Las elecciones del año entrante se realizarán en medio de un debate degradado por cuenta de recriminaciones mutuas, denuncias de corrupción y un ambiente generalizado de polarización. No será fácil encontrar espacio para las ideas y a los ciudadanos nos será difícil saber la verdad sobre los hechos en medio de tantas mentiras, manipulaciones y verdades a medias que ya empiezan a contaminar discursos y redes sociales.

 

Nicolás Uribe Rueda

LEÍDOS POR TERCERA VEZ LOS acuerdos de La Habana, es claro que los últimos textos tienen modificaciones importantes frente a aquello que se daba como definitivo en Cartagena. Hay correcciones y notas aclaratorias respecto a temas sustanciales que sin duda hacen de este un mejor acuerdo, pues introducen precisiones a las ambigüedades que se prestaban para una estrategia de abuso del derecho.

Se introdujeron límites relevantes a los escenarios de participación ciudadana, que en la práctica podrían inmovilizar a las autoridades elegidas popularmente. Se aclara que la participación no suplanta la autonomía de los actores institucionales y sus decisiones no se mediatizan por organizaciones de base que buscan incidir en la definición de tareas públicas. Se insiste en el respeto por la propiedad privada y con claridad se reafirman las reglas vigentes sobre expropiación. Se acaba también la feria de subsidios a dedo y se establecen procedimientos con criterios definidos por ley para la selección de beneficiarios. En buena hora también se aclara que la protesta social está permitida en tanto sea pacífica, palabra que estaba ausente y que se incorpora en el acuerdo. Las Farc deberán también entregar la lista de sus milicianos, sobre los cuales, esperaríamos todos, se derive la obligación de desmovilización. El nuevo texto pone límite al trato diferenciado con cultivadores de coca, se establece que serán judicializados si reinciden y los beneficios económicos y sociales no son compatibles con el cultivo de coca, algo que parecía apenas obvio, pero que estaba ausente. Me parece también importante señalar que, en el marco de la JEP, el testimonio no será válido si éste no está acompañado de otros medios de prueba, cuando quien acusa recibe beneficios por colaboración. También se hace expresa la obligación de las Farc respecto a la entrega de sus bienes y recursos.

Mayo de 2016

 

Gabinete

 

Quedó listo finalmente el nuevo equipo de gobierno que tendrá la tarea de acompañar al presidente Santos en la última parte de su mandato. Al gobierno le quedan algo más de dos años para sacar adelante su principal esfuerzo, el proceso de paz con las Farc, y cada una de las diez y seis carteras deberán concentrase en promover su agenda sectorial alineadas con ese propósito.
Esta es la tercera vez que el presidente hace un revolcón de su gabinete. Lo hizo en 2013 cambiando cinco ministros, lo repitió a los pocos días del inicio de su segundo período en 2014, cuando cambió siete carteras, y ahora también lo hace cuando el gobierno entra en la etapa final de su mandato y no goza de buena aceptación entre los colombianos de acuerdo a todas las encuestas.

6 MAYO 2016 – 9:41 PM

Nicolás Uribe Rueda

En su última publicación, la encuesta de Gallup ubica al sistema judicial colombiano con el 81% de desfavorabilidad, solo por debajo de las Farc y Venezuela.

Al Congreso (76%) y a los partidos políticos (80%) que son tradicionalmente instituciones con poca credibilidad, incluso les va mejor en aceptación ciudadana. La justicia en general duplicó su mala imagen en los últimos siete años y redujo en más de tres partes su favorabilidad. La Corte Suprema de Justicia tiene una desfavorabilidad del 63%, y la Corte Constitucional tiene una imagen negativa del 59%. La Fiscalía General de la Nación es, a pesar de sí misma, la mejor librada y tiene una desfavorabilidad del 57%. Hay que agradecer a Gallup que no incluya al INPEC en sus mediciones. ¿Es esto acaso percepción equivocada de la realidad, o existen causas objetivas para que la mayoría de colombianos descrean de la justicia?

25 MAR 2016 – 3:24 PM

Comercial Blu Radio

Siento un repudio automático frente a los dictadores de todos los pelambres.

Sus actuaciones a mis ojos son inaceptables y los malabares que practican para aparecer como estadistas que operan en beneficio de sus pueblos me parecen repugnantes. Los hermanos Castro, otrora barbudos revolucionarios que encarnaron el derecho a rebelarse frente a un gobierno injusto, no tardaron en convertirse en matones que buscaron desvanecer todo aquello que no comulgaba con su interés por perpetuarse en el poder. La aparente serena ancianidad de los hermanos Castro Ruz, no hay que olvidarlo, viene precedida de más de 50 años de abusos, arbitrariedades, torturas, fusilamientos y persecuciones, incluso de sus propios compañeros.