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Si quieren, podemos seguir haciendo como si no entendemos.

Podemos decir que se trata de nuevas tesis jurídicas, que extienden las garantías constitucionales del debido proceso y que gracias a ellas todos somos un poco más libres. Podemos ignorar que la coca existe y que su poder no se limita a los excesos y aberraciones obsesivas de los traficantes. Podemos ignorar nuestra historia y olvidar las enseñanzas de aquellas épocas en que los narcos pusieron presidente, capturaron la clase política, quemaron el Palacio, asesinaron a los jueces, construyeron legislación a su medida y pusieron a su servicio a no pocas instituciones del Estado. Podemos sostener sin sonrojarnos que los fueros constitucionales instituidos para proteger a los aforados y sus jueces de los abusos de los poderosos pueden extenderse ficticiamente para varias personas de manera simultánea, como lo sostiene ahora la Corte Suprema de Justicia. Podemos, también sin duda, torcerle el pescuezo a la institución legendaria de la fuerza mayor, como acaba de hacerlo el Consejo de Estado, para justificar que una captura con fines de extradición es imprevisible, irresistible y completamente ajena a la propia culpa del capturado, como si ello pudiese ocurrir en cualquier momento a quien trabaja honradamente. Podemos inventar cualquier excusa para justificar o tolerar estoicamente que el narcotráfico impune nuevamente se instale en el Congreso a hacer las leyes.

Podemos creer en la sinceridad del rechazo de quienes protestan por los crímenes de líderes sociales mientras deciden estratégicamente ignorar que el narcotráfico es su principal verdugo.

Podemos seguir obtusamente equiparando la paz a la permisividad con el delincuente y en nombre suyo tolerando toda clase de amenazas y desafíos que en cualquier otra latitud y circunstancia resultarían inaceptables. Podemos seguir cabalgando tontamente en la idea de la infalibilidad de un acuerdo de paz que cada día pone en mayor evidencia sus falencias. Podemos insistir, como hacen algunos, en que cumplir con el propio acuerdo para poner en cintura a quienes lo violan alevosamente va en contra de la paz. Podemos, pues, tragarnos muchos cuentos y hacer como si no pasara nada.

Podemos, ciertamente, encontrar una explicación benevolente para tanto desvarío, podemos ignorar o masajear las consecuencias de lo que sucede para presentarlas como inofensivas. Podemos ignorar los hechos, quedarnos inermes, sin reacción, entretenidos observando las celebraciones de algunas facciones políticas ante pírricas victorias, cuando en realidad son derrotas para todos.

Podemos, en fin, llamar gato al tigre, lo cual no impedirá que nos coma cuando esté a tan solo un brinco de distancia. La verdad es que darles tantas ventajas al delito, a la mentira y al abuso nunca será rentable para las instituciones, los derechos ciudadanos y nuestra democracia, cuya principal amenaza, vale recordar, no es externa, sino que se incuba, desarrolla y crece bajo su tutela. Decía Lenin que “los capitalistas nos venderán la soga con la que los ahorcaremos”. Tomen nota.

@NicolasUribe

Por: Nicolás Uribe Rueda

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La principal fuente de financiación del terrorismo en Colombia ha sido y sigue siendo la coca. La dictadura venezolana se sostiene gracias a las bayonetas, la corrupción, el saqueo y la coca. El Eln asesina policías y soldados, vuela oleoductos gracias a los recursos provenientes del narcotráfico y tiene confinadas poblaciones enteras para proteger sus cultivos de coca. No hay ninguna actividad en Colombia que haga tanto daño al medio ambiente como la siembra y la producción de coca.

Las bandas criminales, entre las que están los Caparrapos, los Pelusos y todos los demás clanes y carteles, imponen la ley del terror, corrompen todo lo que tocan y desafían las instituciones gracias a la plata de la coca. Los GAO residuales (exdesmovilizados de las Farc que abandonaron el proceso) regresaron al negocio de la coca. A Santrich lo agarraron, así la JEP quiera negarlo, con las manos untadas de coca. El proceso de paz con las Farc no tiene amenaza más grande que la que se deriva de los miles de hectáreas de coca. La minería ilegal, en un mapa, se sobrepone casi de manera idéntica en los territorios donde abunda la coca.

A los líderes sociales los matan principalmente por conflictos derivados del control territorial para la siembra de coca y con ocasión de la oposición de traficantes a la estrategia de sustitución de los cultivos de coca. El incremento de víctimas por cuenta de minas antipersonales es consecuencia de los campos sembrados de coca. Confinamiento, desplazamiento, homicidio, disputas entre actores armados y múltiples impactos humanitarios son generados por actores armados que se dedican al tráfico de coca.

El contrabando, principal amenaza a la empresa legal, cumplidora y formal, es primo hermano y convive en relación incestuosa con la coca. La economía campesina en zonas marginales es inviable mientras la alternativa más rentable siga siendo la coca. Informes recientes de prestigiosos centros de estudio dan cuenta de que Colombia tiene una economía subterránea cercana al 35 % del PIB, cuyo componente principal es, por supuesto, el negocio de la coca.

Sí… sí… la coca, la coca, la coca… La coca está en la médula de nuestros problemas, en la base de nuestro deterioro social y encarna el combustible de una conflictividad que tiene recursos inagotables para plantear al Estado un reto institucional de grandes proporciones. ¿De veras pensaban que 200.000 hectáreas de coca, cada una de ellas seis veces más productiva que las cerca de 40.000 que había hace apenas unos años, eran inofensivas? ¿De veras ignoraron las consecuencias de no hacer nada para detener el crecimiento de una actividad que daña la economía, amenaza la vida, corrompe, se carga la justicia, requiere recursos públicos, afecta el medio ambiente y atrinchera a sus benefactores en posiciones desde donde apuntan sus armas contra todos los demás?

¿Por qué a pesar de tanta evidencia, tanto diagnóstico, tanto efecto indeseable, tanto muerto y tanta sangre derramada vemos tanto interés en desmontar uno por uno cada instrumento que combate la coca? Acabaron con la fumigación, se oponen a la erradicación forzosa, hicieron el narcotráfico conexo al delito político, vuelven ahora inoperante la extradición y de paso legitiman judicialmente el narcotráfico al darle trato de contravención de mínima cuantía.

¿Por qué los señores de la coca tienen tanto espacio político, tanta tolerancia social, tanto socio poderoso, tanta benevolencia de los tribunales y tanto defensor encubierto?

@NicolasUribe

 

Por: Nicolás Uribe Rueda

glifosato

Una decisión política, presentada y sostenida sobre la aspersión de argumentos parciales, falsos dilemas y sofismas, es la razón por la cual Colombia dejó de combatir el cultivo de coca de manera eficaz. Los resultados están a la vista, y más de 180.000 hectáreas de coca, con una productividad duplicada, hacen de Colombia nuevamente el principal productor de coca en el mundo. Un solo municipio, Tumaco, tiene más cultivos que Bolivia y las consecuencias de semejante incremento sobrepasan los efectos nocivos, indeseables, de cualquier intervención en territorio. Y claro, esto no es solo consecuencia de haber dejado de fumigar, sino también de haber reducido los equipos de erradicadores, incumplido en programas de sustitución, ignorado la necesaria provisión de bienes públicos, promovido programas que incentivaron la siembra y tantos más factores que en diferentes dimensiones contribuyeron a este resultado.

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Esta semana finalmente fue publicado el informe de 2017 sobre el monitoreo de cultivos ilícitos adelantado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Su contenido pasó por los medios sin pena ni gloria, seguramente por cuanto ya no es noticia afirmar que nadamos en coca.

 

En todo caso, vale la pena leer el informe, en tanto no sólo contiene los datos sobre el incremento exponencial de la siembra de coca en los últimos años, sino que además está lleno de datos y cifras que en su conjunto son el relato perfecto de la desidia que el gobierno anterior tenía por el tema. El reporte es demoledor con la política oficial, y si no fuera tan diplomáticamente crítico y no estuviera lleno de logos de Naciones Unidas, podría hasta pensarse que tiene origen en cualquier pluma afilada de la oposición.

Nicolás Uribe Rueda fue representante a la Cámara y hoy en día es consultor de Asuntos Públicos y de Gobierno. Acudimos a él con el propósito de continuar con nuestra misión de analizar y entender el liderazgo dentro del Congreso de la República.

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Red Líder: ¿Cuál es la importancia del Congreso para la democracia colombiana?

Nicolás Uribe: El Congreso es una institución fundamental, que a pesar de que no genera mucho entusiasmo ante la ciudadanía, cumple un papel verdaderamente relevante en la configuración de nuestros derechos y en la garantía de nuestras libertades. Sin él, no estaríamos asistiendo a una democracia, sino básicamente a una serie de poderes totalitarios que no tienen quién los controle. La gente cree que porque vivimos en libertad vamos a vivir en libertad todos los días de nuestra vida, y la verdad es que la fragilidad de nuestras instituciones, y de las que hemos visto en el vecindario, nos demuestran todos los días que aunque debemos mejorar lo que tenemos, lo que tenemos es mejor que la ausencia absoluta de ese tipo instituciones. Estas garantizan que el país pueda tener libertades, desarrollo económico, libertad de empresa, y que podamos hacer básicamente lo que a cada uno le parezca mientras que no se enfrente directamente a la Constitución o la ley.

7 Sep 2018 – 3:20 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda


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Por fin parece estar abriéndose camino un nuevo consenso ante el problema del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia y se vislumbra la posibilidad de regular una actividad que debe tener restricciones con ocasión de su naturaleza y la manera en que llega el producto a las manos de los consumidores. El debate se empieza a sacudir finalmente de todas las mentiras que lo vienen acompañando desde hace lustros, cuando se sostuvo de manera sistemática, por ejemplo, que cualquier opción para controlar la actividad buscaba la penalización por la puerta de atrás y equivaldría a la judicialización y encarcelamiento de adictos y consumidores.

Es también notorio en el ambiente el cambio de actitud ciudadana ante el denominado “derecho al consumo”, y se percibe el cansancio y la reacción de la sociedad frente a quienes pretendieron confundir el libre desarrollo de la personalidad con la promoción de una actividad nociva para la salud, que en no pocas ocasiones fue presentada como liberadora, inocua y bonachona. El abuso en el debate en sus épocas de mayor calentura logró incluso presentar a los no consumidores como retrógrados, morrongos, pacatos y hasta pusilánimes; seres totalitarios imbuidos de creencias religiosas perniciosas cuya misión era imponer una idea de sociedad a la medida de sus preferencias y en contravía de la libertad de todos los demás.

11 Ago 2018 – 12:00 AM

Por: Nicolás Uribe Rueda

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El presidente Duque fue enfático en el discurso de posesión y no vaciló en repetir su receta para relacionarse con el poder legislativo: “Vamos a trabajar con el Congreso de la República […] Pero sin dádivas, sin prebendas, sin canonjías, sin acuerdos burocráticos, sin ‘mermelada’. Porque el Congreso y el Ejecutivo trabajan bien cuando hay respeto, cuando hay vocación”.

Y lo cierto es que Duque ha cumplido. Nadie hasta ahora ha sido designado para canjear votos y apoyos en el Congreso, como tampoco en virtud de su influencia política. Su gabinete es técnico, casi apolítico, y salvo el DPS, que terminó en manos de una exsenadora, las más importantes agencias del Estado, las de mayor presupuesto, no fueron entregadas a los políticos en cuerpo ajeno para que las ordeñen y las pongan al servicio de las aventuras electorales de sus amigos. Los pactos burocráticos, es la verdad, son inexistentes.

Así las cosas y con esta decisión política, los partidos deben declararse independientes, de Gobierno o de oposición dentro de los treinta días siguientes a la posesión del presidente de la República. Hasta la fecha, varios se han declarado opositores: los verdes, el Polo y la lista de los “decentes”. Su decisión era apenas previsible y obvia. En cuanto a partidos de Gobierno, hasta ahora sabemos de la decisión del Centro Democrático. Pero las mayorías en el Congreso dependen de la decisión que tomen los partidos que aún no se deciden: todavía la U, los liberales, Cambio Radical, MIRA, Colombia Justa Libres y el Partido Conservador guardan silencio equívoco. Es natural, estarán analizando lo que significa ser partido de Gobierno o partido independiente.

Pero para ello no se necesita un doctorado. Declararse fuerza política del Gobierno en el Congreso no es nada diferente que ser parte del Gobierno en el Ejecutivo; es decir, gobernar también. ¿Es ciencia ficción? No. ¿Corrupción? Por supuesto que tampoco; es simplemente la consecuencia natural de un sistema político multipartidista, donde ningún partido por sí mismo tiene las mayorías absolutas y, por tanto, para obtenerlas necesita coaligarse de manera transitoria o permanente. Funciona así en el mundo entero y no es materia de escándalos ni de interpretaciones. Eso sí, para hacerlo de manera transparente debe ser público, abierto y sin tapujos, de cara a la ciudadanía, donde el presidente pueda hacer también su valoración política. Y la independencia es eso, es actuar sin ataduras, sin compromisos y sin depender de las opiniones o intervenciones del Gobierno.

En cuestión de semanas sabremos si estamos frente al Congreso más independiente de su historia, con las consecuencias en gobernabilidad que esto representa para el presidente Duque, o de cara a una coalición de partidos que se lidera desde la Presidencia con carácter institucional. Cualquier camino es válido. Lo que sí no puede suceder es que los afanes y presiones de último minuto, mezclados con la necesidad de lograr resultados legislativos, terminen por hacer ceder al Gobierno en aquello a lo cual se opone por principio: entregar cupos indicativos y actuar al menudeo de hojas de vida, puestos y contratos para lograr cada voto en el Congreso. En ese escenario infortunado perdería el país la oportunidad real de transformar la política y el Gobierno Duque, su respaldo popular.

Amanecerá y veremos.

 

23 Mar 2018 – 3:15 PM

Nicolas Uribe Rueda Bogota enero 20 2018 foto Guillermo Torres revista Semana

 

Por: Nicolás Uribe Rueda

El comportamiento de los electores en las urnas no deja de sorprender, y por ello cada vez resulta más complejo predecir algún tipo de desenlace en materia electoral. Ganó el brexit en el Reino Unido y Trump se impuso holgadamente. Aquí, el No sorprendió en las urnas, pese a que todas las encuestas anticipaban una paliza, y hace 15 días dos candidatos en las consultas interpartidistas obtuvieron tan altas votaciones que, en las encuestas subsiguientes, aparentemente descremaron la contienda electoral que hasta hace pocos meses tenía más de 30 candidatos.

 

Esta campaña tiene elementos inéditos y comportamientos sorpresivos. Para empezar, vale la pena señalar que el tema de la paz ha pasado a segundo plano y, por cuenta de la pobreza en la implementación en los acuerdos y la irremediable impertinencia de las Farc, ya son pocos los que se atreven a sostener que a lo negociado no hay que hacerle cambios sustanciales. Las Fuerzas Militares reconocen la dimensión de las disidencias, la coca crece sin control, los niños no fueron devueltos, asesinan a líderes sociales y la mayoría de los desmovilizados ni se sabe dónde están.

 

El factor venezolano, encarnado en la contienda por Gustavo Petro, hizo que la gente empezara a anticipar su decisión y renunciara probablemente al candidato de su primera preferencia para sumarse a quien no le disgusta del todo, pero parece más fuerte, para derrotar la amenaza populista y totalitaria del chavismo. Y, así las cosas, a pesar de que la desigualdad y la indignación en nuestro país es grande, el malestar de la gente con la política es creciente y el desprestigio institucional está en sus peores niveles, el millón de migrantes venezolanos y las imágenes sistemáticas de la tragedia creada por el Socialismo del Siglo XXI parecen estar vacunándonos, al menos por ahora, de apelar a una salida semejante a la que se aplica en Venezuela.

Durante el Panel sobre Minería y Post conflicto hablé de la guerra solapada que algunos malquerientes le han declarado a la minería.

Esta intervención está basada en una columna que escribí hace unos meses en El Espectador: Los invito a leerla haciendo click AQUÍ

https://www.elespectador.com/opinion/opinion/guerra-solapada-columna-638424

minas

Medellín, 6 de octubre de 2017

Los días 5 y 6 de octubre en Plaza Mayor (Medellín) tuvo lugar la décimo tercera edición del Congreso Minero, evento académico organizado por la Vicepresidencia de Hidrocarburos, Minería y Energía de la ANDI en el marco de la XIII Feria Minera y Expometálica.