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Durante el Panel sobre Minería y Post conflicto hablé de la guerra solapada que algunos malquerientes le han declarado a la minería.

Esta intervención está basada en una columna que escribí hace unos meses en El Espectador: Los invito a leerla haciendo click AQUÍ

https://www.elespectador.com/opinion/opinion/guerra-solapada-columna-638424

minas

Medellín, 6 de octubre de 2017

Los días 5 y 6 de octubre en Plaza Mayor (Medellín) tuvo lugar la décimo tercera edición del Congreso Minero, evento académico organizado por la Vicepresidencia de Hidrocarburos, Minería y Energía de la ANDI en el marco de la XIII Feria Minera y Expometálica.

7 Oct 2017 – 12:00 AM

Caracol Elecciones

Colombia se dirige sin prisa pero sin pausa hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. No solo porque existe, como lo hemos venido diciendo desde años atrás en esta columna, un bloqueo institucional que impide resolver los problemas estructurales del Estado, sino también porque el desprestigio de las instituciones aumenta a la velocidad de la luz y sólo una refundación de las mismas sirve para enmendar el entuerto en el que nos encontramos. Contribuye a este fenómeno el importante bloque de reformas constitucionales que se impulsó con ocasión del proceso de paz a pesar de que el plebiscito fuera derrotado en las urnas y no fuera posible un acuerdo nacional para implementar el proceso en un marco de unidad y mínimos consensos. Tenemos ahora, ciertamente, no solo un problema de descuadre en el modelo de pesos y contrapesos que impide el equilibrio y los límites del poder, sino también, graves dificultades de legitimidad.

22 Sep 2017 – 9:00 PM

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Esta semana, el presidente Rajoy, de España, refiriéndose al desafío constitucional de Cataluña, decía que “votar sólo es sinónimo de democracia cuando se hace de acuerdo a la ley. Nadie puede pretender situarse por encima de ella”. Opinión pertinente en su contexto, pero también en el nuestro, en donde asistimos al descuadernamiento de la institucionalidad por cuenta del uso y abuso de los mecanismos de participación ciudadana en ausencia de reglas claras y a merced de las agendas políticas de turno.

Para ilustrar sólo es necesario recordar. Este año se cuentan más de 100 revocatorias al mandato, todas sin éxito, impulsadas generalmente por quienes tienen pretensiones electorales. Son más de 50 los municipios que en los últimos años han optado o están en proceso de decidir por la vía de la consulta popular si quieren petróleo y minería en su jurisdicción, desafiando así el ordenamiento territorial, sustituyendo a las autoridades técnicas de licenciamiento, prohibiendo actividades legales, ignorando el papel del Estado en el manejo del subsuelo y expropiándole al Gobierno la conducción de la economía. Ya se anuncian consultas contra granjas avícolas, porque la gallinaza huele feo, y un creativo diputado hace poco propuso también una consulta popular para que se mantenga una carretera, pero se excluya el peaje que la hace viable. ¡Espectacular!

Nicolás Uribe Rueda

LEÍDOS POR TERCERA VEZ LOS acuerdos de La Habana, es claro que los últimos textos tienen modificaciones importantes frente a aquello que se daba como definitivo en Cartagena. Hay correcciones y notas aclaratorias respecto a temas sustanciales que sin duda hacen de este un mejor acuerdo, pues introducen precisiones a las ambigüedades que se prestaban para una estrategia de abuso del derecho.

Se introdujeron límites relevantes a los escenarios de participación ciudadana, que en la práctica podrían inmovilizar a las autoridades elegidas popularmente. Se aclara que la participación no suplanta la autonomía de los actores institucionales y sus decisiones no se mediatizan por organizaciones de base que buscan incidir en la definición de tareas públicas. Se insiste en el respeto por la propiedad privada y con claridad se reafirman las reglas vigentes sobre expropiación. Se acaba también la feria de subsidios a dedo y se establecen procedimientos con criterios definidos por ley para la selección de beneficiarios. En buena hora también se aclara que la protesta social está permitida en tanto sea pacífica, palabra que estaba ausente y que se incorpora en el acuerdo. Las Farc deberán también entregar la lista de sus milicianos, sobre los cuales, esperaríamos todos, se derive la obligación de desmovilización. El nuevo texto pone límite al trato diferenciado con cultivadores de coca, se establece que serán judicializados si reinciden y los beneficios económicos y sociales no son compatibles con el cultivo de coca, algo que parecía apenas obvio, pero que estaba ausente. Me parece también importante señalar que, en el marco de la JEP, el testimonio no será válido si éste no está acompañado de otros medios de prueba, cuando quien acusa recibe beneficios por colaboración. También se hace expresa la obligación de las Farc respecto a la entrega de sus bienes y recursos.

NICOLÁS URIBE RUEDA 23 OCT 2015 – 3:26 PM

Nicolás Uribe Rueda

Hace poco más de un año, interesado en entender la dimensión del fraude electoral, decidí hacer un breve estudio sobre la configuración del censo electoral en municipios que tuvieran entre 5.000 y 6.000 habitantes.

Solicité formalmente a la Registraduría el censo electoral de cada municipio y al DANE la proyección de población, incluyendo totales y grupos poblacionales. Busqué información sobre migraciones internas y revisé las series migratorias desde el 85, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y la participación de menores de edad como porcentaje del total. Revisé planes de desarrollo y verifiqué información sobre la configuración poblacional, tomando nota de subsidios, población escolarizada e indicadores de necesidades básicas insatisfechas.

19 JUN 2015 – 7:53 PM

NIcolás Uribe Rueda

Las Farc no firmaron la paz cuando enfrentaron a un gobierno fuerte ni cuando tuvieron uno débil y acorralado como interlocutor.

No aprovecharon su momento de superioridad para lograr un acuerdo que los favoreciera y tampoco aceptaron un sometimiento por cuenta de su debilidad política y militar. A las Farc parece no servirles ningún tipo de proceso: No les gustó el Caguán y sus 42 mil kilómetros, ni Caracas, ni Tlaxcala ni parecen sentirse cómodos tampoco con los mojitos de La Habana. A la guerrilla nunca le alcanza el tiempo para culminar un proceso de negociación y siempre tienen a la mano el argumento de que 50 años de conflicto no se resuelven en apenas unos meses de conversaciones. Las Farc no firmaron la paz cuando todos sus crímenes eran indultables y amnistiables y podrían haber entrado al Congreso, apenas cambiándose el camuflado por un saco y una corbata. Y parece que tampoco lo firmarán ahora, cuando la justicia transicional permite perdonar la base combatiente y condenar solamente a los máximos responsables, incluso a penas mínimas por fuera de establecimiento carcelario.

Por las mesas de negociación han pasado presidentes, negociadores, comisionados de paz, liberales y conservadores, gentes de izquierda, de centro y de derecha. Llegará el papa Francisco y se repetirá la historia. Y es que la voluntad de paz de las Farc no es cuestión de Dios sino del Diablo y por eso les darán la misma medicina que han tomado todos los mediadores anteriores.

NICOLÁS URIBE RUEDA 8 MAYO 2015 – 11:00 PM

Nicolás Uribe Rueda

La reforma de la rama judicial no es un capricho del Gobierno. Son sus propios vicios y desviaciones, acreditados con sobrada dedicación y esmero, los que hacen necesario implementar una urgente reforma al poder en la justicia.

Por ello, tratar de presentar la reforma de equilibrio de poderes como un ataque antidemocrático y un impulso vengativo y revanchista del Congreso contra la justicia, con solicitud de medias cautelares incluidas, no tiene sentido alguno.

Recapitulemos: Los magistrados con frecuencia responden con sus decisiones a las tendencias de su filiación política y esto ocurre desde que son elegidos por cuenta de la milimetría que impone en nuestros días la funesta  gobernabilidad judicial. En ocasiones, algunos resultan tan puesteros y clientelistas como sucede con algún sector de la clase política tradicional. Otros, parecen saltamontes y brincan de cargo en cargo y de Corte en Corte, gracias al famoso “yo te elijo, tú me eliges” que ha permitido crear un mercado negro de favores e introducir el clientelismo judicial.

NIcolás Uribe Rueda

Pasó el incendio y para algunos ello significa que se esfumó el problema.

Se quemaron quién sabe cuántas de las 600.000 llantas apiladas en Fontibón y mientras tanto, en Colombia, se siguen vendiendo 6,5 millones de llantas anualmente. La gran mayoría de ellas, a los 18 o 24 meses, terminarán en botaderos, ríos, esquinas o en las bodegas que, como la incendiada, se quedan cortas en la disposición final de este residuo que la normatividad califica de especial.

Las llantas en desuso, según dice la teoría y corrobora la práctica en algunas latitudes, sirven para hacer autopistas silenciosas, calentar hornos cementeros, hacer canchas sintéticas, hacer nylon para confección, producir impermeabilizantes y hacer fibras para recubrimiento de pisos, entre otras muchas cosas. Por aquí de aquello nada o más bien poco. Sin embargo, mientras entramos en esta onda verde del reciclaje de neumáticos para todos estos usos, sería bueno al menos empezar a pensar en el reencauche como mecanismo eficaz para reducir el ingreso de nuevas llantas a Colombia.