Etiqueta: fast track

7 Abr 2018 – 4:15 AM

Por: Nicolás Uribe Rueda

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Puede que esté actuando en contra del viejo adagio popular según el cual por más que uno madrugue no amanece más temprano. Pero es que, en medio de tantas necesidades, es imposible a veces no pensar con el deseo y pretender que esta campaña sirva para que Colombia elija al mejor presidente, aquel que no sólo recupere la credibilidad en las instituciones, sino que sea capaz también de superar las dificultades que suponen un período largo de tiempo en el cual no hubo diálogo político.

 

Como es natural, es difícil imaginar a estas alturas el desenlace de la elección presidencial, pero resulta fácil, eso sí, entusiasmarse con la idea de que el próximo jefe de Estado tenga la capacidad de concertar con las diferentes fuerzas políticas y pueda sacar así adelante las reformas que necesita Colombia. Y es que no la tendrá fácil, porque con el perfil del Congreso elegido en marzo, que a mi manera de ver tiene una ligera inclinación hacia la centroderecha, pero al mismo tiempo cuenta con la representación más numerosa de la izquierda en muchos años, es claro que no habrá pupitrazos ni mayorías abrumadoras para aprobar reformas tributarias y/o constitucionales.

Por: Nicolás Uribe Rueda

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El jueves pasado terminó el plazo que había creado el Acto Legislativo No. 1 de 2016 para que el Congreso aprobara de manera abreviada y en trámite especial las normas y reformas constitucionales que requería la implementación del acuerdo de paz de La Habana.

Desde el 1º de diciembre del año pasado y hasta hace dos días se presentaron en el Congreso 22 proyectos de ley y acto legislativo. Fueron en total siete reformas constitucionales, 11 leyes ordinarias, dos leyes estatutarias y dos orgánicas.

Durante este periodo se aprobaron 11 normas, entre las cuales están el estatuto de la oposición, las normas que reglamentan la JEP (reforma constitucional y ley estatutaria), la ley de innovación agropecuaria y la reforma constitucional de monopolio de armas. También culminaron su trámite la norma que busca blindar los acuerdos de La Habana por tres periodos constitucionales, la ley de amnistía y la reforma constitucional que garantiza las diez curules al partido de las Farc durante dos periodos constitucionales. Se retiraron o archivaron tres proyectos, en donde se destaca la reforma política, que terminó hundida al no poder superar la tentación de ser utilizada para adecuar la Constitución al interés particular de algunos políticos en las próximas elecciones. El resto, es decir siete, se quedaron a mitad del camino y será el Congreso quien determine su trámite y si es necesario retirarlos o si debe continuar su discusión en medio de la combinación de trámites ordinario y especial.

2 Jun 2017 – 9:00 PM

Programa juan

No en pocas ocasiones hemos abordado en este espacio las necesarias reformas institucionales que requiere la política para dejar de ser el negocio de unos pocos. La ausencia de partidos políticos, el mercenarismo ideológico, el costo de las campañas, la plata sucia que promueve aspiraciones perniciosas, la inconveniencia de la circunscripción nacional y tantas otras cosas son temas de la agenda institucional que Colombia tiene pendiente para hacer que la política vuelva a ser el instrumento que tiene nuestra sociedad para organizar el poder y ponerlo al servicio de las necesidades de la mayoría.

NIcolás Uribe Rueda

2 Jun 2017 – 9:00 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda

No en pocas ocasiones hemos abordado en este espacio las necesarias reformas institucionales que requiere la política para dejar de ser el negocio de unos pocos. La ausencia de partidos políticos, el mercenarismo ideológico, el costo de las campañas, la plata sucia que promueve aspiraciones perniciosas, la inconveniencia de la circunscripción nacional y tantas otras cosas son temas de la agenda institucional que Colombia tiene pendiente para hacer que la política vuelva a ser el instrumento que tiene nuestra sociedad para organizar el poder y ponerlo al servicio de las necesidades de la mayoría.

Al mismo tiempo, es claro que el capítulo de participación política dentro del Acuerdo con las Farc es piedra angular de la negociación. Permitir la creación del partido de las Farc, darle participación transitoria y automática en el Congreso, brindar apoyo presupuestal, entre otros, es connatural al Acuerdo y son demandas lógicas para lograr la desmovilización y el desarme. El Gobierno, sin embargo, fue más lejos y accedió también a que los criminales de lesa humanidad no tuvieran restricciones para participar en política y que su habilitación para el ejercicio público pudiera incluso concurrir con el cumplimiento de las condenas que estableciera la Jurisdicción Especial para la Paz. Además se creó un sinnúmero de artilugios para promover la intervención de organizaciones sociales en los territorios, a tal punto que algunas voces ya anticipan que este será el instrumento preferido por los “exfarc” para tomarse el poder local y así hacer nugatorio el papel de Concejos y Alcaldías por la vía de una parainstitucionalidad disfrazada de participación legítima. Nadie podrá, pues, acusar al Estado de no querer permitir la participación política de los desmovilizados.