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Junio 12 2018, 17:45
Nicolás Uribe, analista político, habló con NTN24 sobre la segunda vuelta presidencial en la que Gustavo Petro e Ivan Duque se medirán en las urnas. Para ver el Programa haga click aquí:
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ELECCIONES COLOMBIA 2018

Nicolás Uribe, analista político, habló con NTN24 sobre la segunda vuelta presidencial del próximo domingo y dijo que “hay una alta probabilidad de que Iván Duque sea el próximo presidente de Colombia”, porque “matemáticamente es muy complicado que Gustavo Petro logre hacerse a la Presidencia”.

“Si el voto en blanco logra engendrar un gran movimiento le podría afectar a los candidatos”, señaló Uribe.

Con referencia a los retos que tendrá el próximo presidente de Colombia, Uribe señaló que cualquiera que sea tendrá que ponerle fin a la controversia, además de la reactivación económica del país, “superar la polarización alrededor del acuerdo de paz, lograr un acuerdo alrededor de la reforma a la justicia”.

“Estas elecciones son muy importantes porque esta elección no tiene que ver con matices o con tendencias políticas, tiene que ver con modelos de Estado, con formas de gobierno, con tipos de ideologías”, agregó Uribe.

Redacción NTN24

 

 

 Programa La Noche:

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Para ver, haga click en el video

En el programa La Noche de NTN24, Desde tres posturas de opinión distintas el exsecuestrado por las FARC, Jhon Frank Pinchao, el analista político Nicolás Uribe y el congresista del Polo Democrático Alirio Uribe hablan de lo que representa que un sindicado de narcotráfico como ‘Jesús Santrich’ pueda evadir la cárcel y recibir un tratamiento especial en una sede eclesiástica.

En primicia el Presidente del Tribunal Eclesiástico de Bogotá, Monseñor Pedro Mercado cuestiona la decisión de que el extraditable dirigente del partido FARC, alias Jesús Santrich, haya sido trasladado a una casa religiosa del episcopado colombiano luego de un mes en huelga de hambre.

El prelado aseguró que este “es un mensaje erróneo a la sociedad amparado en una bendición de la iglesia” y señaló que el caso Santrich demuestra que en Colombia la justicia no es igual para todos.

“Tenemos una justicia sometida al chantaje”, señaló el Monseñor.

 

21 Abr 2018 – 12:30 AM

Por: Nicolás Uribe Rueda

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El Acuerdo Paz es un compendio extenso y farragoso de cláusulas y manifestaciones de voluntad cuya interpretación ha significado interminables deliberaciones respecto de su alcance y conveniencia para el país. Durante años, nos hemos concentrado en debatir, argumentar e incluso insultar sobre unos pocos temas del acuerdo, precisamente aquellos que identificamos como la fuente principal de división entre los colombianos.

 

Es lamentable, sin embargo, que pase desapercibido el debate sobre la situación de la guerrillerada, la base de la guerra y la fuente de la paz. Sobre ello poco se habla, poco se dice y nada se discute. La paz, realmente, no pasa por las curules del Congreso de los jefes de las Farc, sino por la capacidad institucional del Estado para ofrecer oportunidades reales y garantizar la presencia oficial en antiguas zonas de conflicto, para que la reintegración económica sea eficaz y no simplemente una etapa de migración entre personas que transitan de un grupo terrorista a una banda criminal con diferente denominación y origen.

 

Por eso, vale la pena mirar con atención el último informe del secretario general de las Naciones Unidas dirigido al Consejo de Seguridad en donde da cuenta del avance de la Misión de Verificación en los últimos tres meses. En el informe se describe una desalentadora realidad sobre los excombatientes, que parecen estar casi abandonados a su suerte, o a lo que es lo mismo, a la simple entrega de un estipendio mensual que llega al 87 % de los exmiembros de las Farc y se paga a cerca de 10.335 personas. De resto, casi todo son problemas. Los espacios territoriales son un foco de desidia y, a meses de extinguirse, algunos aún no cuentan con luz y agua o saneamiento básico. De acuerdo con el informe, la entrega de alimentos tiene constantes interrupciones, hay déficit de medicamentos y durante dos de los tres meses que abarca el informe no hubo galenos para atender a las personas.

Por: Nicolás Uribe Rueda

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Desde que empezaron a publicarse borradores sobre los acuerdos de La Habana, he venido comentando algunos temas que considero pueden significar una amenaza real para el desarrollo de Colombia. He expresado, por ejemplo, el riesgo de la desinstitucionalización por la vía de la creación de espacios participativos comunitarios paraestatales, y comentado asuntos concretos que postran el desarrollo agropecuario. Sin embargo, ha sido difícil plantear discusiones de altura, cuando de entrada se supone que detrás de las palabras existe una agenda política que se escuda en cualquier cosa para oponerse por principio a una negociación de paz con las Farc. Ahí la discusión muere y generalmente arrancan las descalificaciones.

Sin embargo, hay un elemento que no deja de sorprenderme y es el buenismo que existe entre algunos a la hora de interpretar el comportamiento de las Farc, una vez entradas en democracia. Para los buenistas, ese grupo de personas para las cuales pensar mal resulta políticamente incorrecto, los miembros de las Farc, una vez dejaron las armas, también de facto se desprendieron de la cultura de la ilegalidad en la que vivían y adoptaron los códigos éticos, morales y legales propios de los ciudadanos de bien, personas que participan en democracia, buscan vivir en paz, respetan las señales de tránsito, pagan sus impuestos, no compran contrabando y trabajan honradamente para sacar a sus familias adelante.

30 Jun 2017 – 9:00 PM

NIcolás Uribe Rueda

Por: Nicolás Uribe Rueda

Puede parecer estúpido afirmar que en semejante estado de polarización política en la que nos encontramos ambos bandos en disputa puedan tener razón en relación con el mismo tema. Sin embargo, creo que así sucede respecto de la declaratoria del fin de las Farc como grupo armado.

Tienen razón el Gobierno y sus voceros en buscar el reconocimiento nacional por haber logrado que las Farc se desmovilizaran. En el peor de los casos, 7.000 combatientes con sus armas y sus más sanguinarios jefes ya no están levantándose cada mañana para atentar contra el resto de los colombianos. Eso es un logro que no se debe minimizar y que se cuenta en vidas humanas y menos atentados terroristas, extorsiones y secuestros. Por malos que sigan siendo los jefes de las Farc, como creo que en efecto lo siguen siendo, es evidente que resulta menos peligroso para Colombia que su capacidad destructora no tenga a la mano dinamita, metralletas y toda clase de morteros. Bajar del coctel explosivo de bandas criminales, terroristas, narcotraficantes y demás el ingrediente que representa el letrero de las Farc, como en épocas pasadas se desmontó el de los paramilitares, es en sí mismo un muy importante avance que no debe ser desconocido y que representa sin duda el legado principal del mandato del presidente Santos.

16 Jun 2017 – 9:00 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda

Caracol Elecciones

@NicolasUribe

Aunque parece una verdad de Perogrullo, hay quienes parecen no comprenderlo todavía: el proceso de paz es irreversible. Sí, señores, no tiene vuelta atrás. Sin embargo, esto es así no por las razones que con frecuencia esgrimen algunos de los arquitectos de una complejísima institucionalidad derivada de los acuerdos con las Farc ni mucho menos por cuenta del blindaje jurídico que se dice tienen las más de 300 farragosas páginas del famoso acuerdo. El proceso es irreversible, simplemente, porque después de cinco años de conversaciones y de algo más de seis meses de libertad sin restricciones en Colombia, los jefes de las Farc, así lo nieguen, e incluso amenacen constantemente con hacer precisamente lo contrario, nunca volverán al monte. Y ciertamente, desde esta perspectiva el proceso es exitoso. Años con sus noches durmiendo en cama con colchón, agua caliente, cámaras y entrevistas, atención médica, repelente para los mosquitos, reuniones con ministros, presidentes, líderes internacionales, vivir sin la sensación de estar huyendo y demás, lograron poner también su granito de arena para persuadir a los mayores criminales de la historia de Colombia de no volver a tomar las armas.

NIcolás Uribe Rueda

2 Jun 2017 – 9:00 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda

No en pocas ocasiones hemos abordado en este espacio las necesarias reformas institucionales que requiere la política para dejar de ser el negocio de unos pocos. La ausencia de partidos políticos, el mercenarismo ideológico, el costo de las campañas, la plata sucia que promueve aspiraciones perniciosas, la inconveniencia de la circunscripción nacional y tantas otras cosas son temas de la agenda institucional que Colombia tiene pendiente para hacer que la política vuelva a ser el instrumento que tiene nuestra sociedad para organizar el poder y ponerlo al servicio de las necesidades de la mayoría.

Al mismo tiempo, es claro que el capítulo de participación política dentro del Acuerdo con las Farc es piedra angular de la negociación. Permitir la creación del partido de las Farc, darle participación transitoria y automática en el Congreso, brindar apoyo presupuestal, entre otros, es connatural al Acuerdo y son demandas lógicas para lograr la desmovilización y el desarme. El Gobierno, sin embargo, fue más lejos y accedió también a que los criminales de lesa humanidad no tuvieran restricciones para participar en política y que su habilitación para el ejercicio público pudiera incluso concurrir con el cumplimiento de las condenas que estableciera la Jurisdicción Especial para la Paz. Además se creó un sinnúmero de artilugios para promover la intervención de organizaciones sociales en los territorios, a tal punto que algunas voces ya anticipan que este será el instrumento preferido por los “exfarc” para tomarse el poder local y así hacer nugatorio el papel de Concejos y Alcaldías por la vía de una parainstitucionalidad disfrazada de participación legítima. Nadie podrá, pues, acusar al Estado de no querer permitir la participación política de los desmovilizados.

2 DIC 2016 – 9:57 PM

Nicolás Uribe Rueda

Llegado a su fin el proceso de La Habana y refrendado el texto suscrito entre el Gobierno y las Farc en el Congreso, se abre finalmente paso la implementación de lo acordado.

Y aunque todos estamos pendientes de que las Farc dejen las armas, se desmovilicen, renuncien a la violencia, abandonen el negocio de la droga, delaten a sus socios narcotraficantes, entreguen sus bienes y devuelvan a los secuestrados y a los niños forzosamente reclutados; no se puede desconocer que la mayor carga de trabajo en la implementación del acuerdo está en cabeza del Estado y sus instituciones.

 Desde el punto de vista regulatorio, con o sin fast track el camino es largo y tortuoso, y no lo digo desde lo político/electoral: ¿Qué nos vamos a inventar para sacar adelante una reforma electoral que mejore la marcha de la política y reduzca la corrupción? ¿Qué controles debe tener el diseño institucional de la jurisdicción especial para la paz con el propósito de evitar la réplica de los vicios oprobiosos de nuestro empobrecido y desacreditado sistema judicial? Y así, entre una cosa y otra, entre el tema rural y el político, entre las demandas de seguridad para líderes sociales y la adecuación presupuestal para lograrlo, para solo mencionar un par de temas, parece ser evidente que resultan necesarias casi medio centenar de nuevas normas ordinarias, estatutarias y por supuesto también, la inclusión de no menos de 30 artículos transitorios o permanentes en la Constitución política.