Etiqueta: farc

 Programa La Noche:

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En el programa La Noche de NTN24, Desde tres posturas de opinión distintas el exsecuestrado por las FARC, Jhon Frank Pinchao, el analista político Nicolás Uribe y el congresista del Polo Democrático Alirio Uribe hablan de lo que representa que un sindicado de narcotráfico como ‘Jesús Santrich’ pueda evadir la cárcel y recibir un tratamiento especial en una sede eclesiástica.

En primicia el Presidente del Tribunal Eclesiástico de Bogotá, Monseñor Pedro Mercado cuestiona la decisión de que el extraditable dirigente del partido FARC, alias Jesús Santrich, haya sido trasladado a una casa religiosa del episcopado colombiano luego de un mes en huelga de hambre.

El prelado aseguró que este “es un mensaje erróneo a la sociedad amparado en una bendición de la iglesia” y señaló que el caso Santrich demuestra que en Colombia la justicia no es igual para todos.

“Tenemos una justicia sometida al chantaje”, señaló el Monseñor.

 

21 Abr 2018 – 12:30 AM

Por: Nicolás Uribe Rueda

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El Acuerdo Paz es un compendio extenso y farragoso de cláusulas y manifestaciones de voluntad cuya interpretación ha significado interminables deliberaciones respecto de su alcance y conveniencia para el país. Durante años, nos hemos concentrado en debatir, argumentar e incluso insultar sobre unos pocos temas del acuerdo, precisamente aquellos que identificamos como la fuente principal de división entre los colombianos.

 

Es lamentable, sin embargo, que pase desapercibido el debate sobre la situación de la guerrillerada, la base de la guerra y la fuente de la paz. Sobre ello poco se habla, poco se dice y nada se discute. La paz, realmente, no pasa por las curules del Congreso de los jefes de las Farc, sino por la capacidad institucional del Estado para ofrecer oportunidades reales y garantizar la presencia oficial en antiguas zonas de conflicto, para que la reintegración económica sea eficaz y no simplemente una etapa de migración entre personas que transitan de un grupo terrorista a una banda criminal con diferente denominación y origen.

 

Por eso, vale la pena mirar con atención el último informe del secretario general de las Naciones Unidas dirigido al Consejo de Seguridad en donde da cuenta del avance de la Misión de Verificación en los últimos tres meses. En el informe se describe una desalentadora realidad sobre los excombatientes, que parecen estar casi abandonados a su suerte, o a lo que es lo mismo, a la simple entrega de un estipendio mensual que llega al 87 % de los exmiembros de las Farc y se paga a cerca de 10.335 personas. De resto, casi todo son problemas. Los espacios territoriales son un foco de desidia y, a meses de extinguirse, algunos aún no cuentan con luz y agua o saneamiento básico. De acuerdo con el informe, la entrega de alimentos tiene constantes interrupciones, hay déficit de medicamentos y durante dos de los tres meses que abarca el informe no hubo galenos para atender a las personas.

Por: Nicolás Uribe Rueda

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Desde que empezaron a publicarse borradores sobre los acuerdos de La Habana, he venido comentando algunos temas que considero pueden significar una amenaza real para el desarrollo de Colombia. He expresado, por ejemplo, el riesgo de la desinstitucionalización por la vía de la creación de espacios participativos comunitarios paraestatales, y comentado asuntos concretos que postran el desarrollo agropecuario. Sin embargo, ha sido difícil plantear discusiones de altura, cuando de entrada se supone que detrás de las palabras existe una agenda política que se escuda en cualquier cosa para oponerse por principio a una negociación de paz con las Farc. Ahí la discusión muere y generalmente arrancan las descalificaciones.

Sin embargo, hay un elemento que no deja de sorprenderme y es el buenismo que existe entre algunos a la hora de interpretar el comportamiento de las Farc, una vez entradas en democracia. Para los buenistas, ese grupo de personas para las cuales pensar mal resulta políticamente incorrecto, los miembros de las Farc, una vez dejaron las armas, también de facto se desprendieron de la cultura de la ilegalidad en la que vivían y adoptaron los códigos éticos, morales y legales propios de los ciudadanos de bien, personas que participan en democracia, buscan vivir en paz, respetan las señales de tránsito, pagan sus impuestos, no compran contrabando y trabajan honradamente para sacar a sus familias adelante.

30 Jun 2017 – 9:00 PM

NIcolás Uribe Rueda

Por: Nicolás Uribe Rueda

Puede parecer estúpido afirmar que en semejante estado de polarización política en la que nos encontramos ambos bandos en disputa puedan tener razón en relación con el mismo tema. Sin embargo, creo que así sucede respecto de la declaratoria del fin de las Farc como grupo armado.

Tienen razón el Gobierno y sus voceros en buscar el reconocimiento nacional por haber logrado que las Farc se desmovilizaran. En el peor de los casos, 7.000 combatientes con sus armas y sus más sanguinarios jefes ya no están levantándose cada mañana para atentar contra el resto de los colombianos. Eso es un logro que no se debe minimizar y que se cuenta en vidas humanas y menos atentados terroristas, extorsiones y secuestros. Por malos que sigan siendo los jefes de las Farc, como creo que en efecto lo siguen siendo, es evidente que resulta menos peligroso para Colombia que su capacidad destructora no tenga a la mano dinamita, metralletas y toda clase de morteros. Bajar del coctel explosivo de bandas criminales, terroristas, narcotraficantes y demás el ingrediente que representa el letrero de las Farc, como en épocas pasadas se desmontó el de los paramilitares, es en sí mismo un muy importante avance que no debe ser desconocido y que representa sin duda el legado principal del mandato del presidente Santos.

16 Jun 2017 – 9:00 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda

Caracol Elecciones

@NicolasUribe

Aunque parece una verdad de Perogrullo, hay quienes parecen no comprenderlo todavía: el proceso de paz es irreversible. Sí, señores, no tiene vuelta atrás. Sin embargo, esto es así no por las razones que con frecuencia esgrimen algunos de los arquitectos de una complejísima institucionalidad derivada de los acuerdos con las Farc ni mucho menos por cuenta del blindaje jurídico que se dice tienen las más de 300 farragosas páginas del famoso acuerdo. El proceso es irreversible, simplemente, porque después de cinco años de conversaciones y de algo más de seis meses de libertad sin restricciones en Colombia, los jefes de las Farc, así lo nieguen, e incluso amenacen constantemente con hacer precisamente lo contrario, nunca volverán al monte. Y ciertamente, desde esta perspectiva el proceso es exitoso. Años con sus noches durmiendo en cama con colchón, agua caliente, cámaras y entrevistas, atención médica, repelente para los mosquitos, reuniones con ministros, presidentes, líderes internacionales, vivir sin la sensación de estar huyendo y demás, lograron poner también su granito de arena para persuadir a los mayores criminales de la historia de Colombia de no volver a tomar las armas.

NIcolás Uribe Rueda

2 Jun 2017 – 9:00 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda

No en pocas ocasiones hemos abordado en este espacio las necesarias reformas institucionales que requiere la política para dejar de ser el negocio de unos pocos. La ausencia de partidos políticos, el mercenarismo ideológico, el costo de las campañas, la plata sucia que promueve aspiraciones perniciosas, la inconveniencia de la circunscripción nacional y tantas otras cosas son temas de la agenda institucional que Colombia tiene pendiente para hacer que la política vuelva a ser el instrumento que tiene nuestra sociedad para organizar el poder y ponerlo al servicio de las necesidades de la mayoría.

Al mismo tiempo, es claro que el capítulo de participación política dentro del Acuerdo con las Farc es piedra angular de la negociación. Permitir la creación del partido de las Farc, darle participación transitoria y automática en el Congreso, brindar apoyo presupuestal, entre otros, es connatural al Acuerdo y son demandas lógicas para lograr la desmovilización y el desarme. El Gobierno, sin embargo, fue más lejos y accedió también a que los criminales de lesa humanidad no tuvieran restricciones para participar en política y que su habilitación para el ejercicio público pudiera incluso concurrir con el cumplimiento de las condenas que estableciera la Jurisdicción Especial para la Paz. Además se creó un sinnúmero de artilugios para promover la intervención de organizaciones sociales en los territorios, a tal punto que algunas voces ya anticipan que este será el instrumento preferido por los “exfarc” para tomarse el poder local y así hacer nugatorio el papel de Concejos y Alcaldías por la vía de una parainstitucionalidad disfrazada de participación legítima. Nadie podrá, pues, acusar al Estado de no querer permitir la participación política de los desmovilizados.

2 DIC 2016 – 9:57 PM

Nicolás Uribe Rueda

Llegado a su fin el proceso de La Habana y refrendado el texto suscrito entre el Gobierno y las Farc en el Congreso, se abre finalmente paso la implementación de lo acordado.

Y aunque todos estamos pendientes de que las Farc dejen las armas, se desmovilicen, renuncien a la violencia, abandonen el negocio de la droga, delaten a sus socios narcotraficantes, entreguen sus bienes y devuelvan a los secuestrados y a los niños forzosamente reclutados; no se puede desconocer que la mayor carga de trabajo en la implementación del acuerdo está en cabeza del Estado y sus instituciones.

 Desde el punto de vista regulatorio, con o sin fast track el camino es largo y tortuoso, y no lo digo desde lo político/electoral: ¿Qué nos vamos a inventar para sacar adelante una reforma electoral que mejore la marcha de la política y reduzca la corrupción? ¿Qué controles debe tener el diseño institucional de la jurisdicción especial para la paz con el propósito de evitar la réplica de los vicios oprobiosos de nuestro empobrecido y desacreditado sistema judicial? Y así, entre una cosa y otra, entre el tema rural y el político, entre las demandas de seguridad para líderes sociales y la adecuación presupuestal para lograrlo, para solo mencionar un par de temas, parece ser evidente que resultan necesarias casi medio centenar de nuevas normas ordinarias, estatutarias y por supuesto también, la inclusión de no menos de 30 artículos transitorios o permanentes en la Constitución política.

Nicolás Uribe Rueda

LEÍDOS POR TERCERA VEZ LOS acuerdos de La Habana, es claro que los últimos textos tienen modificaciones importantes frente a aquello que se daba como definitivo en Cartagena. Hay correcciones y notas aclaratorias respecto a temas sustanciales que sin duda hacen de este un mejor acuerdo, pues introducen precisiones a las ambigüedades que se prestaban para una estrategia de abuso del derecho.

Se introdujeron límites relevantes a los escenarios de participación ciudadana, que en la práctica podrían inmovilizar a las autoridades elegidas popularmente. Se aclara que la participación no suplanta la autonomía de los actores institucionales y sus decisiones no se mediatizan por organizaciones de base que buscan incidir en la definición de tareas públicas. Se insiste en el respeto por la propiedad privada y con claridad se reafirman las reglas vigentes sobre expropiación. Se acaba también la feria de subsidios a dedo y se establecen procedimientos con criterios definidos por ley para la selección de beneficiarios. En buena hora también se aclara que la protesta social está permitida en tanto sea pacífica, palabra que estaba ausente y que se incorpora en el acuerdo. Las Farc deberán también entregar la lista de sus milicianos, sobre los cuales, esperaríamos todos, se derive la obligación de desmovilización. El nuevo texto pone límite al trato diferenciado con cultivadores de coca, se establece que serán judicializados si reinciden y los beneficios económicos y sociales no son compatibles con el cultivo de coca, algo que parecía apenas obvio, pero que estaba ausente. Me parece también importante señalar que, en el marco de la JEP, el testimonio no será válido si éste no está acompañado de otros medios de prueba, cuando quien acusa recibe beneficios por colaboración. También se hace expresa la obligación de las Farc respecto a la entrega de sus bienes y recursos.

21 OCT 2016 – 3:34 PM

Nicolás Uribe Rueda

Algunos sostienen que los políticos son especialistas en convertir cada solución en un problema. Y ello, esa es la verdad, es lo que parece estar pasando con las negociaciones tendientes a la construcción de un gran acuerdo nacional, que permita negociar con las Farc un nuevo texto que represente a todos los colombianos.

Cualquiera que no esté metido en las barras bravas de los bandos en disputa reconoce que resulta inviable modificar la totalidad del acuerdo con las Farc, como también es apenas natural que no se pueda implementar a la fuerza, tal como quedó escrito o con simples modificaciones cosméticas, un acuerdo que fue rechazado en las urnas, así fuera por exigua mayoría. Cualquiera de esas dos alternativas aún existe, pero ponerlas en marcha nos saca de un problema para meternos en una dificultad política aún mayor.

Los líderes del Sí y el No creo que actúan con lealtad a sus convicciones y de manera auténtica confían en que sus posiciones frente al contenido de lo acordado con las Farc son las correctas. Descalificar a Santos o a Uribe, a los demás promotores del acuerdo o a quienes proponen alternativas, como Marta Lucía Ramírez, planteando que a todos ellos los mueve exclusivamente la vanidad, su ambición personal o sus intereses electorales, me parece una simplificación inaceptable que no conduce sino al bloqueo político al que rápidamente nos aproximamos. Lo que todos deben entender, sin embargo, es que no hay espacio para la satisfacción integral de sus aspiraciones iniciales frente a lo acordado.

Los líderes políticos a veces necesitan un acompañamiento más cercano de la ciudadanía; incluso, en ocasiones excepcionales, requieren también la presión de la sociedad civil para avanzar por el camino más conveniente. Sin desconocer la representatividad de quienes conversan para buscar una alternativa para el problema político en el que nos encontramos, parece que hace falta una participación más efectiva, vocal, organizada y seria de la sociedad civil. Hace falta un Frente Civil, integrado por los gremios de la producción, los medios de comunicación, los jóvenes, las iglesias, las universidades, los demás poderes públicos no políticos y organizaciones de la sociedad civil, que sin vocería de parte en la disputa, y con representación social, puedan exigir con serenidad y contundencia un acuerdo pronto, real y amplio, que es lo que verdaderamente necesita Colombia. Sin el Frente Civil, en el pasado no habría sido posible sacar del poder sin un disparo al dictador Rojas Pinilla, ni se habría podido convocar a una Constituyente que, aunque necesaria, fue una salida metaconstitucional.

Lo retos económicos y políticos que tiene por delante Colombia obligan a que “los civiles” se involucren con mayor determinación en la búsqueda de las soluciones. Deben dejar de ser espectadores de una disputa entre terceros y entender que el tema también es con ellos, y que por tanto deben activamente promover y liderar el proceso de entendimiento entre políticos para poder contar con un pacto de Estado que conduzca a la recuperación de ese bien común de la paz, que ha sido patrimonio esquivo de todos los colombianos. Habrá que ver si quienes lideran estas instituciones de la sociedad civil reconocen aquí un llamado urgente del “país nacional” para salir de este estado de incertidumbre y se aplican en la tarea de impulsarlo.