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Junio 12 2018, 17:45
Nicolás Uribe, analista político, habló con NTN24 sobre la segunda vuelta presidencial en la que Gustavo Petro e Ivan Duque se medirán en las urnas. Para ver el Programa haga click aquí:
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ELECCIONES COLOMBIA 2018

Nicolás Uribe, analista político, habló con NTN24 sobre la segunda vuelta presidencial del próximo domingo y dijo que “hay una alta probabilidad de que Iván Duque sea el próximo presidente de Colombia”, porque “matemáticamente es muy complicado que Gustavo Petro logre hacerse a la Presidencia”.

“Si el voto en blanco logra engendrar un gran movimiento le podría afectar a los candidatos”, señaló Uribe.

Con referencia a los retos que tendrá el próximo presidente de Colombia, Uribe señaló que cualquiera que sea tendrá que ponerle fin a la controversia, además de la reactivación económica del país, “superar la polarización alrededor del acuerdo de paz, lograr un acuerdo alrededor de la reforma a la justicia”.

“Estas elecciones son muy importantes porque esta elección no tiene que ver con matices o con tendencias políticas, tiene que ver con modelos de Estado, con formas de gobierno, con tipos de ideologías”, agregó Uribe.

Redacción NTN24

 

 

Los invito a que vea aquí completo el programa ZOOM a la Noticia, que grabamos el 13 de junio, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Para verlo, haga click aquí

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Recordemos cuales fueron los resultados de la primera vuelta electoral del pasado 27 de mayo. Allí el exsenador Iván Duque logró posicionarse en primer lugar con 7.569.693 votos, lo que representó un 39,14% y en segundo lugar se ubicó el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro con 4.851.254 votos, el 25,8% de respaldo. Ahora la meta de cada uno es conquistar los 6 millones de votos de los colombianos que en primera vuelta eligieron las opciones del centro.

Tras el triunfo que le dio el paso a la segunda vuelta, el candidato del Partido Centro Democrático Iván Duque, sumó el respaldo oficial del Partido Conservador, y de gran parte del Partido Liberal, bajo la orientación del expresidente César Gaviria. Además, el excandidato vicepresidencial Juan Carlos Pinzón anunció también que votará por el exsenador el próximo 17 de junio.

Por su parte, el candidato Gustavo Petro ha recibido el apoyo de importantes sectores políticos, entre ellos una fracción del Polo Democrático y del Partido Alianza Verde movimientos que respaldaron en la primera vuelta al excandidato Sergio Fajardo.

Redacción Zoom a la Noticia

Este artículo fue elaborado para hacer parte de las Memorias del XII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional que se realizó en la ciudad de Pasto en Septiembre de 2017. En este encuentro Nicolás Uribe participó como Moderador de Panel sobre Participación Ciudadana

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Por:

Nicolas Uribe.

 

 

La constitución del año 91 estableció un nuevo paradigma institucional en muchos frentes al consagrar que Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de república unitaria, participativa y pluralista (art 1). Fue contundente en afirmar que la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación hace parte de los fines esenciales del Estado y no deja duda sobre la importancia del individuo, al mencionar que la soberanía reside en el pueblo y que son los ciudadanos quienes la ejercen de manera directa o indirecta a través de los mecanismos que define la constitución (art 3.)

Esta nueva concepción constitucional se materializa en su artículo 40 al establecer el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (voto, partidos políticos, acciones públicas, iniciativa normativa, entre otros), y en el Título IV dentro del cual se desarrolla el marco general de la participación democrática. Particularmente, el artículo 103 consagró los mecanismos de participación al servicio del ciudadano y la materialización de sus derechos: El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.

La voluntad del constituyente quiso que Colombia hiciera el tránsito de una democracia puramente representativa a una participativa, en el marco de la cual los individuos fueran actores constantes y visibles en la definición de las tareas públicas, su ejecución y vigilancia, de modo tal que se superara la idea de que la participación iniciaba y terminaba con el voto, con el derecho a elegir y a ser elegido[1].

Desde entonces, la Corte Constitucional ha venido desarrollando jurisprudencia y doctrina alrededor del principio de la participación en la constitución, y en numerosas sentencias se ha referido a los mecanismos de participación en abstracto y en concreto, casi siempre poniendo énfasis en la relevancia de estos instrumentos y su valor para la configuración de una nación democrática en donde los ciudadanos son activos determinadores de su destino común[2]. En este sentido ha sostenido que la democracia participativa no sólo es bondadosa para el ciudadano, sino que también tiene un efecto favorable para el sistema político, el cual puede alcanzar niveles mayores de eficiencia, pues “un Estado en el que los ciudadanos cuentan con el derecho de tomar parte de forma directa en las decisiones a adoptar, de controlar los poderes públicos, de calificar los resultados obtenidos para exigir responsabilidad política, es un Estado en el que probablemente se logrará satisfacer en más alto grado las necesidades de sus asociados[3]

Como es natural, la Corte ha sido fiel escudera de la participación y ha favorecido su profundización buscando extender sus alcances a temas y asuntos que incluso los constituyentes nunca tuvieron presentes. La Corte a lo largo de estos años advierte que “el principio democrático debe ampliarse progresivamente a nuevos ámbitos y hacerse cada vez más vigente, lo cual exige la construcción de una nueva cultura que debe paulatinamente implementarse en la sociedad política. Se trata pues de una maximización progresiva de los mecanismos que permiten el acceso al poder político, y el ejercicio y control del mismo, así como la injerencia en la toma de decisiones. Desde este punto de vista, la tendencia expansiva de la democracia participativa proscribe los obstáculos y trabas que impiden la efectiva realización de la democracia, y el excesivo formalismo de las normas que regulan el ejercicio de los derechos políticos”.[4]

15 JUL 2016 – 9:14 PM

Nicolás Uribe Rueda

El debate político colombiano anda superándose en levedad a cada instante. Y así sucede porque nos hemos empeñado en sustituir la deliberación con el etiquetamiento de las ideas y la simplificación de la posición de las personas.

Así sucede en la mayoría de temas de relevancia nacional, empezando por supuesto con el tema de la paz, pero continuando con todos aquellos asuntos en donde se presenta una elemental discusión política. A la larga, las ideas están quedando atrás y cada controversia termina ignorando el fondo del problema y centrándose exclusivamente en la identidad y origen de las personas que participan del debate.

La verdad es que nos estamos llenando de fundamentalismos que están convirtiendo la política en una actividad sinónimo de la intransigencia, en donde el diálogo es escaso y las posibilidades de alcanzar acuerdos, tan necesarios para emprender reformas estructurales, parecen no tener espacio. Nos resulta difícil hablar y casi que imposible entendernos cuando tantas voces andan empeñadas en vengar viejos rencores.

6 MAYO 2016 – 9:41 PM

Nicolás Uribe Rueda

En su última publicación, la encuesta de Gallup ubica al sistema judicial colombiano con el 81% de desfavorabilidad, solo por debajo de las Farc y Venezuela.

Al Congreso (76%) y a los partidos políticos (80%) que son tradicionalmente instituciones con poca credibilidad, incluso les va mejor en aceptación ciudadana. La justicia en general duplicó su mala imagen en los últimos siete años y redujo en más de tres partes su favorabilidad. La Corte Suprema de Justicia tiene una desfavorabilidad del 63%, y la Corte Constitucional tiene una imagen negativa del 59%. La Fiscalía General de la Nación es, a pesar de sí misma, la mejor librada y tiene una desfavorabilidad del 57%. Hay que agradecer a Gallup que no incluya al INPEC en sus mediciones. ¿Es esto acaso percepción equivocada de la realidad, o existen causas objetivas para que la mayoría de colombianos descrean de la justicia?

Nicolás Uribe Rueda

Tal como lo anuncié en anterior columna, hoy presento algunas de mis impresiones sobre el borrador firmado entre el Gobierno y las Farc en materia de participación política.

En primer lugar, vale la pena advertir que, a pesar de su nombre, el acuerdo no aborda la cuestión fundamental sobre la habilitación de los miembros de las Farc para la actividad política. Este tema será tocado cuando se llegue al punto sobre “el fin del conflicto” y es ahí donde se acordarán la suerte y condiciones de jefes y combatientes que quieran dedicarse a la política. En segundo lugar, es necesario mencionar que este acuerdo no tiene como objetivo fundamental abrir espacios formales para la participación de los miembros de las Farc en el Congreso, asambleas o concejos municipales. Salvo la concreta alusión a las circunscripciones transitorias especiales de paz (cuyo número aún no se define), no hay una sola concesión directa a las Farc, para que por derecho propio y sin pasar por las urnas puedan llegar a corporaciones públicas o cargos uninominales de elección popular.

Nicolás Uribe Rueda

Desde el año 91, aquella Constitución que muchos califican como obra maestra de la institucionalidad democrática ha sido reformada 39 veces.

Sumadas todas las reformas, son más de 124 artículos (32% de la Constitución) los que han tenido cambios en apenas 23 años. A la Constitución del 91 sólo le queda el esqueleto y ya no rige como la concibieron sus autores. Fueron los Congresos subsiguientes, motivados principalmente por el Ejecutivo, los que han venido definiendo el marco constitucional que hoy se aplica en Colombia. Y si bien hay que reconocer a la Carta sus aciertos fundamentales, como por ejemplo la acción de tutela, en lo que parece haber consenso en la actualidad es que el modelo institucional diseñado en el 91 está en aprietos.