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En el XII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional en la Ciudad de Pasto, se discutió un tema de relevancia nacional. Se trata de la Participación y la Democracia.

Lo invito a ver el video de algo más de una hora donde están las intervenciones y comentarios de los panelistas.

 

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Panel 2: DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN 

Debate: Juan Carlos Galindo Vacha,

Juan Carlos Esguerra Portocarrero,

Diana Rodríguez Franco y

Nicolás Uribe Rueda (moderador).

22 Sep 2017 – 9:00 PM

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Esta semana, el presidente Rajoy, de España, refiriéndose al desafío constitucional de Cataluña, decía que “votar sólo es sinónimo de democracia cuando se hace de acuerdo a la ley. Nadie puede pretender situarse por encima de ella”. Opinión pertinente en su contexto, pero también en el nuestro, en donde asistimos al descuadernamiento de la institucionalidad por cuenta del uso y abuso de los mecanismos de participación ciudadana en ausencia de reglas claras y a merced de las agendas políticas de turno.

Para ilustrar sólo es necesario recordar. Este año se cuentan más de 100 revocatorias al mandato, todas sin éxito, impulsadas generalmente por quienes tienen pretensiones electorales. Son más de 50 los municipios que en los últimos años han optado o están en proceso de decidir por la vía de la consulta popular si quieren petróleo y minería en su jurisdicción, desafiando así el ordenamiento territorial, sustituyendo a las autoridades técnicas de licenciamiento, prohibiendo actividades legales, ignorando el papel del Estado en el manejo del subsuelo y expropiándole al Gobierno la conducción de la economía. Ya se anuncian consultas contra granjas avícolas, porque la gallinaza huele feo, y un creativo diputado hace poco propuso también una consulta popular para que se mantenga una carretera, pero se excluya el peaje que la hace viable. ¡Espectacular!

2 Jun 2017 – 9:00 PM

Programa juan

No en pocas ocasiones hemos abordado en este espacio las necesarias reformas institucionales que requiere la política para dejar de ser el negocio de unos pocos. La ausencia de partidos políticos, el mercenarismo ideológico, el costo de las campañas, la plata sucia que promueve aspiraciones perniciosas, la inconveniencia de la circunscripción nacional y tantas otras cosas son temas de la agenda institucional que Colombia tiene pendiente para hacer que la política vuelva a ser el instrumento que tiene nuestra sociedad para organizar el poder y ponerlo al servicio de las necesidades de la mayoría.

NIcolás Uribe Rueda

2 Jun 2017 – 9:00 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda

No en pocas ocasiones hemos abordado en este espacio las necesarias reformas institucionales que requiere la política para dejar de ser el negocio de unos pocos. La ausencia de partidos políticos, el mercenarismo ideológico, el costo de las campañas, la plata sucia que promueve aspiraciones perniciosas, la inconveniencia de la circunscripción nacional y tantas otras cosas son temas de la agenda institucional que Colombia tiene pendiente para hacer que la política vuelva a ser el instrumento que tiene nuestra sociedad para organizar el poder y ponerlo al servicio de las necesidades de la mayoría.

Al mismo tiempo, es claro que el capítulo de participación política dentro del Acuerdo con las Farc es piedra angular de la negociación. Permitir la creación del partido de las Farc, darle participación transitoria y automática en el Congreso, brindar apoyo presupuestal, entre otros, es connatural al Acuerdo y son demandas lógicas para lograr la desmovilización y el desarme. El Gobierno, sin embargo, fue más lejos y accedió también a que los criminales de lesa humanidad no tuvieran restricciones para participar en política y que su habilitación para el ejercicio público pudiera incluso concurrir con el cumplimiento de las condenas que estableciera la Jurisdicción Especial para la Paz. Además se creó un sinnúmero de artilugios para promover la intervención de organizaciones sociales en los territorios, a tal punto que algunas voces ya anticipan que este será el instrumento preferido por los “exfarc” para tomarse el poder local y así hacer nugatorio el papel de Concejos y Alcaldías por la vía de una parainstitucionalidad disfrazada de participación legítima. Nadie podrá, pues, acusar al Estado de no querer permitir la participación política de los desmovilizados.

Programa juan

Desde que tengo memoria cívica he proclamado a diestra y siniestra el valor de la política como vocación y su relevancia como instrumento para resolver los problemas de la sociedad. Durante casi una década, mi actividad principal fue la política y mientras ejercí busqué motivar, principalmente, a los jóvenes a que se vincularan a la deliberación pública y privadamente analizaran las consecuencias de no tener sensibilidad por la política y sus consecuencias. Y lo que para muchos es una actividad inservible, absolutamente prescindible y sobre todo despreciable, para mí encarna las posibilidades reales de nuestra sociedad para salir adelante. Ahora retirado, sigo creyendo en el poder transformador del voto y anhelo la llegada al poder de líderes inspiradores que puedan impulsar la acción del Estado hacia la superación de nuestras dificultades.

Tengo ahora la feliz ocupación de hablar de política todas las mañanas en Blu Radio y gracias a los debates matutinos, en donde se analizan las noticias diarias, sigo activo en la batalla de las ideas, que es una de tantas expresiones de la vocación por la política. Y también, mi actividad profesional tiene relación directa con tomadores de decisión, y desde el sector privado ahora busco impulsar políticas públicas que, alineadas con el interés general, respeten la seguridad jurídica y promuevan el respeto a la iniciativa privada y la libertad de empresa. Me gustan las marchas, los debates, los foros de opinión, la vida partidista, las campañas políticas y el ejercicio público. Llevo, pues, más de la mitad de mi vida dedicada a trabajar, estudiar y comentar sobre políticas públicas y veo por ello con entusiasmo el crecimiento de la apropiación de la política por parte de los ciudadanos que ahora opinan y participan más que de costumbre.

espectador

Programa juan

10 Mar 2017 – 9:00 PM

Quería hoy aprovechar estas líneas para describir la extrema dificultad que ha surgido en Colombia para la realización de proyectos de infraestructura, energía, minería y petróleo. Pero la verdad, la lectura de un reciente comunicado de la Corte Constitucional sobre un fallo aún inexistente me obligó a aplazar el tema y a dedicar esta columna a describir el esperpento de decisión política arropada en edición de lujo. A través de la sentencia SU-133/17, con el pretexto de proteger el derecho de mineros artesanales desamparados, la Corte se carga medio Estado de derecho.

Así es la cosa. Gracias a un sesgo antiminero que se ha impuesto como mayoría desde hace algún tiempo en el alto tribunal, ya es evidente que la Corte está empeñada en hacer imposible a la fuerza la minería que la Constitución permite y que la ley debe proteger. En esta oportunidad, el fallo ampara el derecho al trabajo, al mínimo vital y la libertad de oficio de un grupo de personas que se dedican a actividades de explotación ilícita de yacimiento minero (artículo 338, Código Penal) invadiendo tierras o edificaciones con el propósito de obtener provecho ilícito (artículo 263, Código Penal). De no creer.