Etiqueta: corrupción

Por: Nicolás Uribe Rueda

Interesante debate político ha tenido el país en las últimas semanas por cuenta de la controversia sobre la posibilidad que asiste al Gobierno de objetar parcial o totalmente la ley estatutaria de la JEP.

Por una parte, están los autores materiales del acuerdo de La Habana, que sostienen que todo cuanto hicieron es perfecto y persisten aún, en contra de toda evidencia, en promover la idea de que Duque y su gobierno están empeñados en hacer trizas los acuerdos que redactaron. Para ellos, nada es perfectible, las opiniones contrarias al acuerdo son perfidia y asuntos como la expansión cocalera y de bandas criminales son menores o simplemente harina de otro costal. Por ello, ven en potenciales modificaciones a la ley estatutaria de la JEP una afrenta a su legado, una aberración jurídica y el regreso a lo que genéricamente denominan guerra.

Por otra parte, están quienes quieren acabar con todo lo que parió el acuerdo de La Habana porque lo consideran la claudicación material del Estado frente al terrorismo. Con o sin argumentos, están dispuestos a renunciar y borrar ese patrimonio común y revertir las consecuencias que para bien o para mal ha tenido y sigue teniendo el acuerdo con las Farc. El único camino posible para ellos es el borrón y la única solución es devolver (quién sabe de qué manera) al país al estado de preacuerdo.

Por: Nicolás Uribe Rueda

Durante los últimos 20 años, el gobierno venezolano ha devastado a su país de una manera indescriptible. Acabó con la división de poderes, corrompió hasta los tuétanos a los militares, destruyó la industria petrolera y subyugó a los medios de comunicación. Hizo inviable la actividad económica, destruyó el aparato productivo y exterminó la base empresarial. Persiguió a la oposición, la encarceló y la torturó. A los ciudadanos les conculcó su dignidad y los convirtió en vasallos, mendigos de las dádivas oficiales a cambio de su apoyo electoral. La robadera hizo que los servicios sociales fueran inoperantes y por ello hoy no hay continuidad en los servicios públicos, ni justicia, ni medicinas, ni comida, ni seguridad pública. La degradación es tal que nadie en el Gobierno opera con apego a alguna ley, sino violándolas todas, incluyendo la propia Constitución que espuriamente ellos mismos redactaron. La arbitrariedad, la corrupción y la mentira son las únicas fuentes de derecho. Es pues un régimen no solo antidemocrático sino criminal, que comete de manera sistemática violaciones a los derechos humanos y tiene como actividad principal desde algunos despachos oficiales el narcotráfico y la minería ilegal. Algún día habrá escritas miles de páginas narrando el sufrimiento y la desgracia que puede significar para cualquier ser humano vivir bajo el yugo de Maduro y sus secuaces.

logo-columnas-203

 

Parece inquebrantable la decisión del presidente Duque de jugársela a fondo por refundar las relaciones entre el Gobierno y el Congreso, permitiendo así por fin que los partidos recuperen su importancia, el Congreso su independencia y los parlamentarios el papel de representar a sus regiones. Se acabó la época en la que el legislativo tenía que obedecer las decisiones del gobierno so pena de no ganar o perder los beneficios que traen las dádivas oficiales.  Cada loro en su estaca.

Se extingue pues la aplanadora oficial que se encendía y funcionaba a todo vapor durante el periodo de gobierno, con apenas los trastornos naturales del inconformismo de quienes se sentían maltratados en comparación con sus compañeros de curul. La aplanadora garantizaba las mayorías para las votaciones, definía el orden del día, archivaba proyectos y hasta elaboraba desde los computadores de los Ministerios las ponencias que se firmaban juiciosamente en el Congreso. Por cierto, la mermelada no sólo operaba para garantizar la aprobación de las normas, sino, sobre todo, para perpetuar a la clase política que las recibía, eligiendo primero a sus socios políticos en las elecciones regionales, con cuya mermelada local se garantizaba luego la reelección en el Congreso. Acabar con esta práctica viciosa, el presidente Duque lo tiene claro, es la verdadera reforma a la política.

captura2

 

La actitud de los ciudadanos frente a los temas públicos está haciendo que gobernar a Colombia con responsabilidad en cualquier nivel territorial sea una tarea impopular y casi imposible. Y la razón es simple. La gente exige con impaciencia derechos sin límite, mientras desconoce el entorno, no oye razones, renuncia a sus obligaciones y pretende incluso que el Estado solucione lo que cada cual, con algo de fuerza de voluntad, sería capaz de resolver.

 

Estamos entrando en una época en la cual nos comportamos como niños, donde se quieren las cosas pero no sus consecuencias y se exige, además, que todo llegue de manera inmediata. Es paradójico: a pesar de que cada día nos demuestra lo contrario, creemos que el Estado es un semidios que todo lo puede, y que su sola voluntad es suficiente para que nuestras realidades cambien y podamos, ahí sí, garantizar el pleno ejercicio de nuestros derechos. Claro está, nuestros niveles de exigencia no tienen relación alguna con nuestras limitaciones fiscales e institucionales, y resulta franca y abiertamente impopular proponer mecanismos para contribuir a superarlas.

11 Ago 2018 – 12:00 AM

Por: Nicolás Uribe Rueda

caracol-marzo-2011

El presidente Duque fue enfático en el discurso de posesión y no vaciló en repetir su receta para relacionarse con el poder legislativo: “Vamos a trabajar con el Congreso de la República […] Pero sin dádivas, sin prebendas, sin canonjías, sin acuerdos burocráticos, sin ‘mermelada’. Porque el Congreso y el Ejecutivo trabajan bien cuando hay respeto, cuando hay vocación”.

Y lo cierto es que Duque ha cumplido. Nadie hasta ahora ha sido designado para canjear votos y apoyos en el Congreso, como tampoco en virtud de su influencia política. Su gabinete es técnico, casi apolítico, y salvo el DPS, que terminó en manos de una exsenadora, las más importantes agencias del Estado, las de mayor presupuesto, no fueron entregadas a los políticos en cuerpo ajeno para que las ordeñen y las pongan al servicio de las aventuras electorales de sus amigos. Los pactos burocráticos, es la verdad, son inexistentes.

Así las cosas y con esta decisión política, los partidos deben declararse independientes, de Gobierno o de oposición dentro de los treinta días siguientes a la posesión del presidente de la República. Hasta la fecha, varios se han declarado opositores: los verdes, el Polo y la lista de los “decentes”. Su decisión era apenas previsible y obvia. En cuanto a partidos de Gobierno, hasta ahora sabemos de la decisión del Centro Democrático. Pero las mayorías en el Congreso dependen de la decisión que tomen los partidos que aún no se deciden: todavía la U, los liberales, Cambio Radical, MIRA, Colombia Justa Libres y el Partido Conservador guardan silencio equívoco. Es natural, estarán analizando lo que significa ser partido de Gobierno o partido independiente.

Pero para ello no se necesita un doctorado. Declararse fuerza política del Gobierno en el Congreso no es nada diferente que ser parte del Gobierno en el Ejecutivo; es decir, gobernar también. ¿Es ciencia ficción? No. ¿Corrupción? Por supuesto que tampoco; es simplemente la consecuencia natural de un sistema político multipartidista, donde ningún partido por sí mismo tiene las mayorías absolutas y, por tanto, para obtenerlas necesita coaligarse de manera transitoria o permanente. Funciona así en el mundo entero y no es materia de escándalos ni de interpretaciones. Eso sí, para hacerlo de manera transparente debe ser público, abierto y sin tapujos, de cara a la ciudadanía, donde el presidente pueda hacer también su valoración política. Y la independencia es eso, es actuar sin ataduras, sin compromisos y sin depender de las opiniones o intervenciones del Gobierno.

En cuestión de semanas sabremos si estamos frente al Congreso más independiente de su historia, con las consecuencias en gobernabilidad que esto representa para el presidente Duque, o de cara a una coalición de partidos que se lidera desde la Presidencia con carácter institucional. Cualquier camino es válido. Lo que sí no puede suceder es que los afanes y presiones de último minuto, mezclados con la necesidad de lograr resultados legislativos, terminen por hacer ceder al Gobierno en aquello a lo cual se opone por principio: entregar cupos indicativos y actuar al menudeo de hojas de vida, puestos y contratos para lograr cada voto en el Congreso. En ese escenario infortunado perdería el país la oportunidad real de transformar la política y el Gobierno Duque, su respaldo popular.

Amanecerá y veremos.

 

Los invito a que vea aquí completo el programa ZOOM a la Noticia, que grabamos el 13 de junio, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Para verlo, haga click aquí

boceto-60

 

Recordemos cuales fueron los resultados de la primera vuelta electoral del pasado 27 de mayo. Allí el exsenador Iván Duque logró posicionarse en primer lugar con 7.569.693 votos, lo que representó un 39,14% y en segundo lugar se ubicó el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro con 4.851.254 votos, el 25,8% de respaldo. Ahora la meta de cada uno es conquistar los 6 millones de votos de los colombianos que en primera vuelta eligieron las opciones del centro.

Tras el triunfo que le dio el paso a la segunda vuelta, el candidato del Partido Centro Democrático Iván Duque, sumó el respaldo oficial del Partido Conservador, y de gran parte del Partido Liberal, bajo la orientación del expresidente César Gaviria. Además, el excandidato vicepresidencial Juan Carlos Pinzón anunció también que votará por el exsenador el próximo 17 de junio.

Por su parte, el candidato Gustavo Petro ha recibido el apoyo de importantes sectores políticos, entre ellos una fracción del Polo Democrático y del Partido Alianza Verde movimientos que respaldaron en la primera vuelta al excandidato Sergio Fajardo.

Redacción Zoom a la Noticia

Por: Nicolás Uribe Rueda

Ajustamos varios lustros quejándonos de la polarización y de la incompetencia de nuestros líderes para acordar las reformas que necesita Colombia; reformas que, vale la pena recordar, no son escasas ni de poca monta, como las que reclaman a gritos el sistema electoral, la justicia, las pensiones y el régimen tributario, por sólo mencionar unos ejemplos. También nos lamentamos de las divisiones insuperables entre líderes políticos y de sus discursos incendiarios, de sus peleas intestinas, de sus insultos, de las puñaladas traperas y de los rufianes de equina. Son ya, por lo menos, seis años agarrados de las mechas por cuenta de las bondades y defectos del proceso de paz. ¡Ha sido más que suficiente!

Ahora, sin embargo, la situación empieza a cambiar, y la candidatura de Duque parece estar logrando lo que tantos reclamaban; se construye un ambiente propicio para superar los odios, restablecer el diálogo político y tramitar institucionalmente las divergencias que enturbian tanto el ambiente político. ¿Qué mejor para Colombia que se conformara pronto una coalición de gobierno que permitiera las reformas aplazadas? ¿Acaso esta no es una oportunidad para que cese la utilización política de la justicia y sus operadores vuelvan a sus fueros? ¿Podríamos unir al país en torno al proceso con las Farc, introduciendo modificaciones, esta vez sí, de alcance nacional, en donde nadie quede fuera? ¿No queremos como sociedad acuerdos en materia de desarrollo sostenible?

 Programa La Noche:

ntn

Para ver, haga click en el video

En el programa La Noche de NTN24, Desde tres posturas de opinión distintas el exsecuestrado por las FARC, Jhon Frank Pinchao, el analista político Nicolás Uribe y el congresista del Polo Democrático Alirio Uribe hablan de lo que representa que un sindicado de narcotráfico como ‘Jesús Santrich’ pueda evadir la cárcel y recibir un tratamiento especial en una sede eclesiástica.

En primicia el Presidente del Tribunal Eclesiástico de Bogotá, Monseñor Pedro Mercado cuestiona la decisión de que el extraditable dirigente del partido FARC, alias Jesús Santrich, haya sido trasladado a una casa religiosa del episcopado colombiano luego de un mes en huelga de hambre.

El prelado aseguró que este “es un mensaje erróneo a la sociedad amparado en una bendición de la iglesia” y señaló que el caso Santrich demuestra que en Colombia la justicia no es igual para todos.

“Tenemos una justicia sometida al chantaje”, señaló el Monseñor.

 

7 Abr 2018 – 4:15 AM

Por: Nicolás Uribe Rueda

sic

 

Puede que esté actuando en contra del viejo adagio popular según el cual por más que uno madrugue no amanece más temprano. Pero es que, en medio de tantas necesidades, es imposible a veces no pensar con el deseo y pretender que esta campaña sirva para que Colombia elija al mejor presidente, aquel que no sólo recupere la credibilidad en las instituciones, sino que sea capaz también de superar las dificultades que suponen un período largo de tiempo en el cual no hubo diálogo político.

 

Como es natural, es difícil imaginar a estas alturas el desenlace de la elección presidencial, pero resulta fácil, eso sí, entusiasmarse con la idea de que el próximo jefe de Estado tenga la capacidad de concertar con las diferentes fuerzas políticas y pueda sacar así adelante las reformas que necesita Colombia. Y es que no la tendrá fácil, porque con el perfil del Congreso elegido en marzo, que a mi manera de ver tiene una ligera inclinación hacia la centroderecha, pero al mismo tiempo cuenta con la representación más numerosa de la izquierda en muchos años, es claro que no habrá pupitrazos ni mayorías abrumadoras para aprobar reformas tributarias y/o constitucionales.