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Nicolás Uribe Rueda fue representante a la Cámara y hoy en día es consultor de Asuntos Públicos y de Gobierno. Acudimos a él con el propósito de continuar con nuestra misión de analizar y entender el liderazgo dentro del Congreso de la República.

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Red Líder: ¿Cuál es la importancia del Congreso para la democracia colombiana?

Nicolás Uribe: El Congreso es una institución fundamental, que a pesar de que no genera mucho entusiasmo ante la ciudadanía, cumple un papel verdaderamente relevante en la configuración de nuestros derechos y en la garantía de nuestras libertades. Sin él, no estaríamos asistiendo a una democracia, sino básicamente a una serie de poderes totalitarios que no tienen quién los controle. La gente cree que porque vivimos en libertad vamos a vivir en libertad todos los días de nuestra vida, y la verdad es que la fragilidad de nuestras instituciones, y de las que hemos visto en el vecindario, nos demuestran todos los días que aunque debemos mejorar lo que tenemos, lo que tenemos es mejor que la ausencia absoluta de ese tipo instituciones. Estas garantizan que el país pueda tener libertades, desarrollo económico, libertad de empresa, y que podamos hacer básicamente lo que a cada uno le parezca mientras que no se enfrente directamente a la Constitución o la ley.

Los invito a que vea aquí completo el programa ZOOM a la Noticia, que grabamos el 13 de junio, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Para verlo, haga click aquí

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Recordemos cuales fueron los resultados de la primera vuelta electoral del pasado 27 de mayo. Allí el exsenador Iván Duque logró posicionarse en primer lugar con 7.569.693 votos, lo que representó un 39,14% y en segundo lugar se ubicó el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro con 4.851.254 votos, el 25,8% de respaldo. Ahora la meta de cada uno es conquistar los 6 millones de votos de los colombianos que en primera vuelta eligieron las opciones del centro.

Tras el triunfo que le dio el paso a la segunda vuelta, el candidato del Partido Centro Democrático Iván Duque, sumó el respaldo oficial del Partido Conservador, y de gran parte del Partido Liberal, bajo la orientación del expresidente César Gaviria. Además, el excandidato vicepresidencial Juan Carlos Pinzón anunció también que votará por el exsenador el próximo 17 de junio.

Por su parte, el candidato Gustavo Petro ha recibido el apoyo de importantes sectores políticos, entre ellos una fracción del Polo Democrático y del Partido Alianza Verde movimientos que respaldaron en la primera vuelta al excandidato Sergio Fajardo.

Redacción Zoom a la Noticia

7 Abr 2018 – 4:15 AM

Por: Nicolás Uribe Rueda

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Puede que esté actuando en contra del viejo adagio popular según el cual por más que uno madrugue no amanece más temprano. Pero es que, en medio de tantas necesidades, es imposible a veces no pensar con el deseo y pretender que esta campaña sirva para que Colombia elija al mejor presidente, aquel que no sólo recupere la credibilidad en las instituciones, sino que sea capaz también de superar las dificultades que suponen un período largo de tiempo en el cual no hubo diálogo político.

 

Como es natural, es difícil imaginar a estas alturas el desenlace de la elección presidencial, pero resulta fácil, eso sí, entusiasmarse con la idea de que el próximo jefe de Estado tenga la capacidad de concertar con las diferentes fuerzas políticas y pueda sacar así adelante las reformas que necesita Colombia. Y es que no la tendrá fácil, porque con el perfil del Congreso elegido en marzo, que a mi manera de ver tiene una ligera inclinación hacia la centroderecha, pero al mismo tiempo cuenta con la representación más numerosa de la izquierda en muchos años, es claro que no habrá pupitrazos ni mayorías abrumadoras para aprobar reformas tributarias y/o constitucionales.

En Colombia el paro y la protesta son el pan de cada día. Con razón o sin ella, protestan los maestros y los estudiantes, los pilotos y los controladores aéreos, los jueces y los reclusos, los campesinos, los indígenas, las negritudes, los transportadores, los cocaleros, los arroceros, los mineros ilegales, los usuarios de sistemas de transporte, los taxistas, los bicitaxistas, los mototaxistas, y los moteros; así como también lo hacen los comerciantes, los recicladores, los de la salud y los del petróleo, los empleados de los bancos, y con el mismo derecho, protestan también las prostitutas.

Con frecuencia, además, las protestas terminan en desmanes, en la avería de monumentos, en el deterioro de paredes, en enfrentamientos con la policía, en la destrucción de vías, en la obstrucción de carreteras y en la quema de camiones. Los abusos pocas veces concluyen en sanciones y las fechorías se absuelven sin reparos. La verdad, es que en Colombia el derecho a protestar, a pesar de estar reglado, se ejerce casi siempre, de manera casi ilimitada.

20 Oct 2017 – 9:00 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda

 

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Colombia atraviesa por una clara y concreta crisis de representación. No sólo las encuestas, que ponen en el sótano de la favorabilidad a las corporaciones públicas, así lo advierten, sino que también hay indicios graves de que los ciudadanos están buscando alternativas para acceder al poder o tramitar sus preocupaciones por vías alternas, y como consecuencia de la falta de credibilidad, competencia y eficacia de los poderes constituidos y de los hombres y mujeres públicos que los integran y lideran.

Por esta razón los partidos no tienen candidatos y los candidatos no tienen partidos. Cada vez con más frecuencia se apela a plebiscitos, consultas, referendos y constituyentes para precisamente brincarse a los poderes constituidos, de los cuales se presume no estarán a la altura de las demandas ciudadanas. También, las cortes asaltan de manera ilegítima la facultad de legislar e interpretar las normas y los ciudadanos recurren a procesos colectivos de bloqueo que buscan confrontar a concejos municipales, asambleas, policías antinarcóticos o cualquier autoridad que pretenda hacer cumplir la ley o se oponga a sus instintos naturales. Como están las cosas, una protesta tuitera puede revocar una licencia ambiental, una consulta, prohibir actividades lícitas, un cabildo puede quitarle las armas a la fuerza pública y un grupo de campesinos evita con éxito la erradicación forzosa de la coca. Todo en contra de la ley, de la verdad científica y de la conveniencia pública.

Junio 3 de 2016

Nicolás Uribe Rueda

Los colombianos vivimos un frenesí noticioso por cuenta de la avalancha de acontecimientos diarios que es necesario registrar. Pasamos de noticia en noticia y de sobresalto en sobresalto. Un tema muere, simplemente cuando irrumpe algo más escandaloso, impactante o degradante.

Vale la pena entonces prepararnos para lo que viene, pues lo que nos espera en el inmediato futuro será de infarto, de definiciones y de profundas transformaciones. Lo que pasa en la política y en el marco regulatorio, lo que vendrá con ocasión de la implementación de los acuerdos de La Habana y lo que implica la nueva realidad de la economía y de la justicia harán de Colombia en el 2017 un país muy distinto al que tenemos. No sé si para bien o para mal, pero no exagero al decir que a la Colombia de hoy sólo le quedan unos meses de existencia.
Nicolás Uribe Rueda

Tal como lo anuncié en anterior columna, hoy presento algunas de mis impresiones sobre el borrador firmado entre el Gobierno y las Farc en materia de participación política.

En primer lugar, vale la pena advertir que, a pesar de su nombre, el acuerdo no aborda la cuestión fundamental sobre la habilitación de los miembros de las Farc para la actividad política. Este tema será tocado cuando se llegue al punto sobre “el fin del conflicto” y es ahí donde se acordarán la suerte y condiciones de jefes y combatientes que quieran dedicarse a la política. En segundo lugar, es necesario mencionar que este acuerdo no tiene como objetivo fundamental abrir espacios formales para la participación de los miembros de las Farc en el Congreso, asambleas o concejos municipales. Salvo la concreta alusión a las circunscripciones transitorias especiales de paz (cuyo número aún no se define), no hay una sola concesión directa a las Farc, para que por derecho propio y sin pasar por las urnas puedan llegar a corporaciones públicas o cargos uninominales de elección popular.

Nicolás Uribe Rueda

Y arrancó la dinámica del gobierno.

Por: Nicolás Uribe Rueda
Luego de casi ocho meses de controversia política electoral, de parálisis en la administración pública por cuenta de la ley de garantías y de la interinidad en los principales tomadores de decisiones, el Gobierno finalmente se pone en marcha. Y como no son pocas las necesidades y las urgencias con las que arranca este período, el presidente tendrá que definir con claridad sus prioridades y asumir con determinación, así no sea públicamente, la agenda que quiere sacar adelante para los próximos cuatro años.