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Nada más sobre diagnosticado en Colombia que la inequidad e inconveniencia de nuestro sistema tributario. Todo el mundo está de acuerdo en que lo que existe no sirve, y que lo adecuado sería pues una reforma tributaria estructural que convirtiera en progresivo, equitativo y transparente un marco normativo farragoso, disperso y lleno de injusticias y posibilidades de evasión. Como lo demuestran vergonzosamente las cifras, la inequidad en Colombia crece luego del pago de impuestos, indicador inaceptable para un sistema cuya naturaleza es la de redistribuir la riqueza en favor de los más pobres.

 

La carga fiscal está sobrecargada en el impuesto corporativo, haciendo de nuestro país un destino poco competitivo. Algo más de 3 mil quinientas empresas (el 0,35) pagan el 70% del total de los tributos, mientras que las personas naturales aportan el 6% de los ingresos fiscales nacionales, muy por debajo del promedio de América Latina y por supuesto, muy lejos de la OCDE que se acerca al 25% del total. Además, nuestro sistema tributario produce bajísimo recaudo respecto del PIB (menos del 20%) comparado con la OCDE (cerca al 35%) y el promedio latinoamericano (poco menos del 25%), donde sólo México y Perú nos superan por lo bajo.

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Polémica en Colombia ante revelador video en el que aparece el excandidato presidencial y actual senador Gustavo Petro recibiendo una alta suma de dinero en efectivo.

Las imágenes fueron dadas a conocer por la senadora del partido Centro Democrático Paloma Valencia en el debate sobre la corrupción de Odebrecht en Colombia y ya están en poder de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia.

Gustavo Petro respondió a través de twitter, reconoció que recibió el dinero, aseguró que provenía de un préstamo, que no tenía procedencia ilícita y que quien lo grabó buscaba chantajearlo con el video en el futuro.

En el programa La Noche, el senador de la coalición decentes Gustavo Bolívar, el exviceministro y exprecandidato presidencial, Rafael Nieto y el analista político y consultor de asuntos públicos y de gobierno, Nicolás Uribe, debaten sobre lo que representa este video, sus implicaciones jurídicas y las explicaciones que entregó el actual senador Gustavo Petro sobre las razones, la procedencia del dinero y las circunstancias en las que fue grabado recibiendo fajos de billetes en efectivo.

Redacción La Noche

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Parece inquebrantable la decisión del presidente Duque de jugársela a fondo por refundar las relaciones entre el Gobierno y el Congreso, permitiendo así por fin que los partidos recuperen su importancia, el Congreso su independencia y los parlamentarios el papel de representar a sus regiones. Se acabó la época en la que el legislativo tenía que obedecer las decisiones del gobierno so pena de no ganar o perder los beneficios que traen las dádivas oficiales.  Cada loro en su estaca.

Se extingue pues la aplanadora oficial que se encendía y funcionaba a todo vapor durante el periodo de gobierno, con apenas los trastornos naturales del inconformismo de quienes se sentían maltratados en comparación con sus compañeros de curul. La aplanadora garantizaba las mayorías para las votaciones, definía el orden del día, archivaba proyectos y hasta elaboraba desde los computadores de los Ministerios las ponencias que se firmaban juiciosamente en el Congreso. Por cierto, la mermelada no sólo operaba para garantizar la aprobación de las normas, sino, sobre todo, para perpetuar a la clase política que las recibía, eligiendo primero a sus socios políticos en las elecciones regionales, con cuya mermelada local se garantizaba luego la reelección en el Congreso. Acabar con esta práctica viciosa, el presidente Duque lo tiene claro, es la verdadera reforma a la política.

11 Ago 2018 – 12:00 AM

Por: Nicolás Uribe Rueda

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El presidente Duque fue enfático en el discurso de posesión y no vaciló en repetir su receta para relacionarse con el poder legislativo: “Vamos a trabajar con el Congreso de la República […] Pero sin dádivas, sin prebendas, sin canonjías, sin acuerdos burocráticos, sin ‘mermelada’. Porque el Congreso y el Ejecutivo trabajan bien cuando hay respeto, cuando hay vocación”.

Y lo cierto es que Duque ha cumplido. Nadie hasta ahora ha sido designado para canjear votos y apoyos en el Congreso, como tampoco en virtud de su influencia política. Su gabinete es técnico, casi apolítico, y salvo el DPS, que terminó en manos de una exsenadora, las más importantes agencias del Estado, las de mayor presupuesto, no fueron entregadas a los políticos en cuerpo ajeno para que las ordeñen y las pongan al servicio de las aventuras electorales de sus amigos. Los pactos burocráticos, es la verdad, son inexistentes.

Así las cosas y con esta decisión política, los partidos deben declararse independientes, de Gobierno o de oposición dentro de los treinta días siguientes a la posesión del presidente de la República. Hasta la fecha, varios se han declarado opositores: los verdes, el Polo y la lista de los “decentes”. Su decisión era apenas previsible y obvia. En cuanto a partidos de Gobierno, hasta ahora sabemos de la decisión del Centro Democrático. Pero las mayorías en el Congreso dependen de la decisión que tomen los partidos que aún no se deciden: todavía la U, los liberales, Cambio Radical, MIRA, Colombia Justa Libres y el Partido Conservador guardan silencio equívoco. Es natural, estarán analizando lo que significa ser partido de Gobierno o partido independiente.

Pero para ello no se necesita un doctorado. Declararse fuerza política del Gobierno en el Congreso no es nada diferente que ser parte del Gobierno en el Ejecutivo; es decir, gobernar también. ¿Es ciencia ficción? No. ¿Corrupción? Por supuesto que tampoco; es simplemente la consecuencia natural de un sistema político multipartidista, donde ningún partido por sí mismo tiene las mayorías absolutas y, por tanto, para obtenerlas necesita coaligarse de manera transitoria o permanente. Funciona así en el mundo entero y no es materia de escándalos ni de interpretaciones. Eso sí, para hacerlo de manera transparente debe ser público, abierto y sin tapujos, de cara a la ciudadanía, donde el presidente pueda hacer también su valoración política. Y la independencia es eso, es actuar sin ataduras, sin compromisos y sin depender de las opiniones o intervenciones del Gobierno.

En cuestión de semanas sabremos si estamos frente al Congreso más independiente de su historia, con las consecuencias en gobernabilidad que esto representa para el presidente Duque, o de cara a una coalición de partidos que se lidera desde la Presidencia con carácter institucional. Cualquier camino es válido. Lo que sí no puede suceder es que los afanes y presiones de último minuto, mezclados con la necesidad de lograr resultados legislativos, terminen por hacer ceder al Gobierno en aquello a lo cual se opone por principio: entregar cupos indicativos y actuar al menudeo de hojas de vida, puestos y contratos para lograr cada voto en el Congreso. En ese escenario infortunado perdería el país la oportunidad real de transformar la política y el Gobierno Duque, su respaldo popular.

Amanecerá y veremos.

 

21 Abr 2018 – 12:30 AM

Por: Nicolás Uribe Rueda

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El Acuerdo Paz es un compendio extenso y farragoso de cláusulas y manifestaciones de voluntad cuya interpretación ha significado interminables deliberaciones respecto de su alcance y conveniencia para el país. Durante años, nos hemos concentrado en debatir, argumentar e incluso insultar sobre unos pocos temas del acuerdo, precisamente aquellos que identificamos como la fuente principal de división entre los colombianos.

 

Es lamentable, sin embargo, que pase desapercibido el debate sobre la situación de la guerrillerada, la base de la guerra y la fuente de la paz. Sobre ello poco se habla, poco se dice y nada se discute. La paz, realmente, no pasa por las curules del Congreso de los jefes de las Farc, sino por la capacidad institucional del Estado para ofrecer oportunidades reales y garantizar la presencia oficial en antiguas zonas de conflicto, para que la reintegración económica sea eficaz y no simplemente una etapa de migración entre personas que transitan de un grupo terrorista a una banda criminal con diferente denominación y origen.

 

Por eso, vale la pena mirar con atención el último informe del secretario general de las Naciones Unidas dirigido al Consejo de Seguridad en donde da cuenta del avance de la Misión de Verificación en los últimos tres meses. En el informe se describe una desalentadora realidad sobre los excombatientes, que parecen estar casi abandonados a su suerte, o a lo que es lo mismo, a la simple entrega de un estipendio mensual que llega al 87 % de los exmiembros de las Farc y se paga a cerca de 10.335 personas. De resto, casi todo son problemas. Los espacios territoriales son un foco de desidia y, a meses de extinguirse, algunos aún no cuentan con luz y agua o saneamiento básico. De acuerdo con el informe, la entrega de alimentos tiene constantes interrupciones, hay déficit de medicamentos y durante dos de los tres meses que abarca el informe no hubo galenos para atender a las personas.

7 Abr 2018 – 4:15 AM

Por: Nicolás Uribe Rueda

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Puede que esté actuando en contra del viejo adagio popular según el cual por más que uno madrugue no amanece más temprano. Pero es que, en medio de tantas necesidades, es imposible a veces no pensar con el deseo y pretender que esta campaña sirva para que Colombia elija al mejor presidente, aquel que no sólo recupere la credibilidad en las instituciones, sino que sea capaz también de superar las dificultades que suponen un período largo de tiempo en el cual no hubo diálogo político.

 

Como es natural, es difícil imaginar a estas alturas el desenlace de la elección presidencial, pero resulta fácil, eso sí, entusiasmarse con la idea de que el próximo jefe de Estado tenga la capacidad de concertar con las diferentes fuerzas políticas y pueda sacar así adelante las reformas que necesita Colombia. Y es que no la tendrá fácil, porque con el perfil del Congreso elegido en marzo, que a mi manera de ver tiene una ligera inclinación hacia la centroderecha, pero al mismo tiempo cuenta con la representación más numerosa de la izquierda en muchos años, es claro que no habrá pupitrazos ni mayorías abrumadoras para aprobar reformas tributarias y/o constitucionales.

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Por:

Noticiascaracol.com

Varios sectores han insistido en una coalición de ambas candidaturas, lo que representaría una tercería frente a las opciones de Petro y Duque.

Sin embargo, pese a los llamados, Humberto de la Calle, aspirante a la Presidencia por el Partido Liberal, se mantiene firme en su posición de participar en las votaciones de mayo con su fórmula vicepresidencial Clara López.

“Lo que ha aflorado aquí, y se ha reafirmado, es una polarización, caminos hacia los extremos que creo que no son lo que le conviene a Colombia. A Colombia lo que le conviene ahora es, desde nuestra perspectiva, lo que nosotros encarnamos, los principios liberales”, declaró De La Calle el domingo.

En Colombia el paro y la protesta son el pan de cada día. Con razón o sin ella, protestan los maestros y los estudiantes, los pilotos y los controladores aéreos, los jueces y los reclusos, los campesinos, los indígenas, las negritudes, los transportadores, los cocaleros, los arroceros, los mineros ilegales, los usuarios de sistemas de transporte, los taxistas, los bicitaxistas, los mototaxistas, y los moteros; así como también lo hacen los comerciantes, los recicladores, los de la salud y los del petróleo, los empleados de los bancos, y con el mismo derecho, protestan también las prostitutas.

Con frecuencia, además, las protestas terminan en desmanes, en la avería de monumentos, en el deterioro de paredes, en enfrentamientos con la policía, en la destrucción de vías, en la obstrucción de carreteras y en la quema de camiones. Los abusos pocas veces concluyen en sanciones y las fechorías se absuelven sin reparos. La verdad, es que en Colombia el derecho a protestar, a pesar de estar reglado, se ejerce casi siempre, de manera casi ilimitada.

Este artículo fue elaborado para hacer parte de las Memorias del XII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional que se realizó en la ciudad de Pasto en Septiembre de 2017. En este encuentro Nicolás Uribe participó como Moderador de Panel sobre Participación Ciudadana

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Por:

Nicolas Uribe.

 

 

La constitución del año 91 estableció un nuevo paradigma institucional en muchos frentes al consagrar que Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de república unitaria, participativa y pluralista (art 1). Fue contundente en afirmar que la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación hace parte de los fines esenciales del Estado y no deja duda sobre la importancia del individuo, al mencionar que la soberanía reside en el pueblo y que son los ciudadanos quienes la ejercen de manera directa o indirecta a través de los mecanismos que define la constitución (art 3.)

Esta nueva concepción constitucional se materializa en su artículo 40 al establecer el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (voto, partidos políticos, acciones públicas, iniciativa normativa, entre otros), y en el Título IV dentro del cual se desarrolla el marco general de la participación democrática. Particularmente, el artículo 103 consagró los mecanismos de participación al servicio del ciudadano y la materialización de sus derechos: El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.

La voluntad del constituyente quiso que Colombia hiciera el tránsito de una democracia puramente representativa a una participativa, en el marco de la cual los individuos fueran actores constantes y visibles en la definición de las tareas públicas, su ejecución y vigilancia, de modo tal que se superara la idea de que la participación iniciaba y terminaba con el voto, con el derecho a elegir y a ser elegido[1].

Desde entonces, la Corte Constitucional ha venido desarrollando jurisprudencia y doctrina alrededor del principio de la participación en la constitución, y en numerosas sentencias se ha referido a los mecanismos de participación en abstracto y en concreto, casi siempre poniendo énfasis en la relevancia de estos instrumentos y su valor para la configuración de una nación democrática en donde los ciudadanos son activos determinadores de su destino común[2]. En este sentido ha sostenido que la democracia participativa no sólo es bondadosa para el ciudadano, sino que también tiene un efecto favorable para el sistema político, el cual puede alcanzar niveles mayores de eficiencia, pues “un Estado en el que los ciudadanos cuentan con el derecho de tomar parte de forma directa en las decisiones a adoptar, de controlar los poderes públicos, de calificar los resultados obtenidos para exigir responsabilidad política, es un Estado en el que probablemente se logrará satisfacer en más alto grado las necesidades de sus asociados[3]

Como es natural, la Corte ha sido fiel escudera de la participación y ha favorecido su profundización buscando extender sus alcances a temas y asuntos que incluso los constituyentes nunca tuvieron presentes. La Corte a lo largo de estos años advierte que “el principio democrático debe ampliarse progresivamente a nuevos ámbitos y hacerse cada vez más vigente, lo cual exige la construcción de una nueva cultura que debe paulatinamente implementarse en la sociedad política. Se trata pues de una maximización progresiva de los mecanismos que permiten el acceso al poder político, y el ejercicio y control del mismo, así como la injerencia en la toma de decisiones. Desde este punto de vista, la tendencia expansiva de la democracia participativa proscribe los obstáculos y trabas que impiden la efectiva realización de la democracia, y el excesivo formalismo de las normas que regulan el ejercicio de los derechos políticos”.[4]

26 Ene 2018 – 10:00 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda

 Foto Guillermo Torres revista Semana

Estamos entrando por fin en el momento de definiciones programáticas de cada uno de los candidatos presidenciales. De aquí en adelante empieza a acabarse el espacio para las ambigüedades, los lugares comunes y el silencio. La hoja de vida será evaluada, se revisará su conocimiento del país y la profundidad de sus declaraciones. Espantando como maleza la suciedad de la campaña que se viene, cada uno buscará conocer a fondo a su candidato y descartar también a los demás al escudriñar su vida y obras. Así, cada uno de nosotros definirá su voto.

Pero ¿quiénes somos nosotros? Muchas de estas respuestas están en la última encuesta de cultura política del DANE, publicada a finales de 2017, en donde más de 25.000 personas fueron preguntadas sobre su manera de entender y evaluar la democracia colombiana.