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Por: Nicolás Uribe Rueda

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La principal fuente de financiación del terrorismo en Colombia ha sido y sigue siendo la coca. La dictadura venezolana se sostiene gracias a las bayonetas, la corrupción, el saqueo y la coca. El Eln asesina policías y soldados, vuela oleoductos gracias a los recursos provenientes del narcotráfico y tiene confinadas poblaciones enteras para proteger sus cultivos de coca. No hay ninguna actividad en Colombia que haga tanto daño al medio ambiente como la siembra y la producción de coca.

Las bandas criminales, entre las que están los Caparrapos, los Pelusos y todos los demás clanes y carteles, imponen la ley del terror, corrompen todo lo que tocan y desafían las instituciones gracias a la plata de la coca. Los GAO residuales (exdesmovilizados de las Farc que abandonaron el proceso) regresaron al negocio de la coca. A Santrich lo agarraron, así la JEP quiera negarlo, con las manos untadas de coca. El proceso de paz con las Farc no tiene amenaza más grande que la que se deriva de los miles de hectáreas de coca. La minería ilegal, en un mapa, se sobrepone casi de manera idéntica en los territorios donde abunda la coca.

A los líderes sociales los matan principalmente por conflictos derivados del control territorial para la siembra de coca y con ocasión de la oposición de traficantes a la estrategia de sustitución de los cultivos de coca. El incremento de víctimas por cuenta de minas antipersonales es consecuencia de los campos sembrados de coca. Confinamiento, desplazamiento, homicidio, disputas entre actores armados y múltiples impactos humanitarios son generados por actores armados que se dedican al tráfico de coca.

El contrabando, principal amenaza a la empresa legal, cumplidora y formal, es primo hermano y convive en relación incestuosa con la coca. La economía campesina en zonas marginales es inviable mientras la alternativa más rentable siga siendo la coca. Informes recientes de prestigiosos centros de estudio dan cuenta de que Colombia tiene una economía subterránea cercana al 35 % del PIB, cuyo componente principal es, por supuesto, el negocio de la coca.

Sí… sí… la coca, la coca, la coca… La coca está en la médula de nuestros problemas, en la base de nuestro deterioro social y encarna el combustible de una conflictividad que tiene recursos inagotables para plantear al Estado un reto institucional de grandes proporciones. ¿De veras pensaban que 200.000 hectáreas de coca, cada una de ellas seis veces más productiva que las cerca de 40.000 que había hace apenas unos años, eran inofensivas? ¿De veras ignoraron las consecuencias de no hacer nada para detener el crecimiento de una actividad que daña la economía, amenaza la vida, corrompe, se carga la justicia, requiere recursos públicos, afecta el medio ambiente y atrinchera a sus benefactores en posiciones desde donde apuntan sus armas contra todos los demás?

¿Por qué a pesar de tanta evidencia, tanto diagnóstico, tanto efecto indeseable, tanto muerto y tanta sangre derramada vemos tanto interés en desmontar uno por uno cada instrumento que combate la coca? Acabaron con la fumigación, se oponen a la erradicación forzosa, hicieron el narcotráfico conexo al delito político, vuelven ahora inoperante la extradición y de paso legitiman judicialmente el narcotráfico al darle trato de contravención de mínima cuantía.

¿Por qué los señores de la coca tienen tanto espacio político, tanta tolerancia social, tanto socio poderoso, tanta benevolencia de los tribunales y tanto defensor encubierto?

@NicolasUribe

 

Por: Nicolás Uribe Rueda

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Todavía están frescas en mi mente las imágenes de la tanqueta blanca embistiendo a los manifestantes en Caracas el martes pasado. Con este, son muchos ya los episodios que demuestran la crueldad del régimen y la disposición que tiene para transgredir sin pudor las barreras impuestas por la civilización al poder represor del Estado. Maduro, no cabe duda, está como borracho aferrado a la farola del poder convencido que no tiene más opciones que quedarse, porque todos los demás escenarios son peores para él y sus secuaces.

Y claro, el dictador no se cae; es menester tumbarlo. Y para hacerlo, en este caso, hay que desmontar la tramoya que ensamblaron los chavistas desde que llegaron al gobierno, cuando ya eran conscientes que no entregarían democráticamente la Presidencia y que desde la trinchera del poder buscarían quedarse a toda costa siguiendo el libreto de los barbudos de la isla, entronizando en Venezuela la misma receta de opresión.

Por eso nada es fácil, y la salida de Maduro no es cuestión de días, como tanto intérprete sugiere frustrado, acusando de incapaces a quienes lideran la valiente resistencia. No sólo se trata del control de las armas, sino también del adoctrinamiento cubano, la dependencia vital de millones de personas que detestan el chavismo, pero que dependen de él para comer, la corrupción del régimen y sus mercenarios, el saqueo de los recursos públicos y tantos otros elementos que confluyen en hacer compleja la tarea de la oposición venezolana, que por más errores que haya cometido y que cometa en el futuro, no cabe duda que nos da un ejemplo diario de coraje, persistencia y amor patrio.

Por: Nicolás Uribe Rueda

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Una decisión política, presentada y sostenida sobre la aspersión de argumentos parciales, falsos dilemas y sofismas, es la razón por la cual Colombia dejó de combatir el cultivo de coca de manera eficaz. Los resultados están a la vista, y más de 180.000 hectáreas de coca, con una productividad duplicada, hacen de Colombia nuevamente el principal productor de coca en el mundo. Un solo municipio, Tumaco, tiene más cultivos que Bolivia y las consecuencias de semejante incremento sobrepasan los efectos nocivos, indeseables, de cualquier intervención en territorio. Y claro, esto no es solo consecuencia de haber dejado de fumigar, sino también de haber reducido los equipos de erradicadores, incumplido en programas de sustitución, ignorado la necesaria provisión de bienes públicos, promovido programas que incentivaron la siembra y tantos más factores que en diferentes dimensiones contribuyeron a este resultado.

10 Feb 2019 – 12:00 AM
Por: Nicolás Uribe Rueda
La política de seguridad presentada esta semana por el Gobierno Nacional es verdaderamente un documento estratégico. No se trata de un retórico tratado de seguridad, ni de un extenso diagnóstico que busca describir en detalle una vez más una realidad que se pretende intervenir. No es un documento que se entretiene en digresiones académicas y teóricas sobre las causas de la violencia, ni una puesta en escena de debates de naturaleza política que ponen a pelear a tirios y troyanos. Es un documento breve, que va al grano del problema, que identifica con la complejidad de lo simple una serie de amenazas y propone acciones concretas para revertir y prevenir realidades que se deben enfrentar.

No sé si le pasa lo mismo a los respetados lectores, pero a mí me entusiasma siempre empezar un año nuevo. No solo porque es el único momento real de reflexión respecto de la marcha general de las cosas en mi vida, sino porque también es la oportunidad para un nuevo comienzo relativo. Un año nuevo es la ocasión para recobrar las fuerzas que se agotaron con el paso de los meses y resulta liberador respecto de algunas de las cargas con las que camino, así esté consciente de que en breve deba volver a levantarlas. El fin de un año y el comienzo de uno nuevo es, cómo no, un momento de esperanza. Y para Colombia, me gustaría que en 2019 pasara lo siguiente:


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Nada más sobre diagnosticado en Colombia que la inequidad e inconveniencia de nuestro sistema tributario. Todo el mundo está de acuerdo en que lo que existe no sirve, y que lo adecuado sería pues una reforma tributaria estructural que convirtiera en progresivo, equitativo y transparente un marco normativo farragoso, disperso y lleno de injusticias y posibilidades de evasión. Como lo demuestran vergonzosamente las cifras, la inequidad en Colombia crece luego del pago de impuestos, indicador inaceptable para un sistema cuya naturaleza es la de redistribuir la riqueza en favor de los más pobres.

 

La carga fiscal está sobrecargada en el impuesto corporativo, haciendo de nuestro país un destino poco competitivo. Algo más de 3 mil quinientas empresas (el 0,35) pagan el 70% del total de los tributos, mientras que las personas naturales aportan el 6% de los ingresos fiscales nacionales, muy por debajo del promedio de América Latina y por supuesto, muy lejos de la OCDE que se acerca al 25% del total. Además, nuestro sistema tributario produce bajísimo recaudo respecto del PIB (menos del 20%) comparado con la OCDE (cerca al 35%) y el promedio latinoamericano (poco menos del 25%), donde sólo México y Perú nos superan por lo bajo.

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Polémica en Colombia ante revelador video en el que aparece el excandidato presidencial y actual senador Gustavo Petro recibiendo una alta suma de dinero en efectivo.

Las imágenes fueron dadas a conocer por la senadora del partido Centro Democrático Paloma Valencia en el debate sobre la corrupción de Odebrecht en Colombia y ya están en poder de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia.

Gustavo Petro respondió a través de twitter, reconoció que recibió el dinero, aseguró que provenía de un préstamo, que no tenía procedencia ilícita y que quien lo grabó buscaba chantajearlo con el video en el futuro.

En el programa La Noche, el senador de la coalición decentes Gustavo Bolívar, el exviceministro y exprecandidato presidencial, Rafael Nieto y el analista político y consultor de asuntos públicos y de gobierno, Nicolás Uribe, debaten sobre lo que representa este video, sus implicaciones jurídicas y las explicaciones que entregó el actual senador Gustavo Petro sobre las razones, la procedencia del dinero y las circunstancias en las que fue grabado recibiendo fajos de billetes en efectivo.

Redacción La Noche

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Parece inquebrantable la decisión del presidente Duque de jugársela a fondo por refundar las relaciones entre el Gobierno y el Congreso, permitiendo así por fin que los partidos recuperen su importancia, el Congreso su independencia y los parlamentarios el papel de representar a sus regiones. Se acabó la época en la que el legislativo tenía que obedecer las decisiones del gobierno so pena de no ganar o perder los beneficios que traen las dádivas oficiales.  Cada loro en su estaca.

Se extingue pues la aplanadora oficial que se encendía y funcionaba a todo vapor durante el periodo de gobierno, con apenas los trastornos naturales del inconformismo de quienes se sentían maltratados en comparación con sus compañeros de curul. La aplanadora garantizaba las mayorías para las votaciones, definía el orden del día, archivaba proyectos y hasta elaboraba desde los computadores de los Ministerios las ponencias que se firmaban juiciosamente en el Congreso. Por cierto, la mermelada no sólo operaba para garantizar la aprobación de las normas, sino, sobre todo, para perpetuar a la clase política que las recibía, eligiendo primero a sus socios políticos en las elecciones regionales, con cuya mermelada local se garantizaba luego la reelección en el Congreso. Acabar con esta práctica viciosa, el presidente Duque lo tiene claro, es la verdadera reforma a la política.

11 Ago 2018 – 12:00 AM

Por: Nicolás Uribe Rueda

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El presidente Duque fue enfático en el discurso de posesión y no vaciló en repetir su receta para relacionarse con el poder legislativo: “Vamos a trabajar con el Congreso de la República […] Pero sin dádivas, sin prebendas, sin canonjías, sin acuerdos burocráticos, sin ‘mermelada’. Porque el Congreso y el Ejecutivo trabajan bien cuando hay respeto, cuando hay vocación”.

Y lo cierto es que Duque ha cumplido. Nadie hasta ahora ha sido designado para canjear votos y apoyos en el Congreso, como tampoco en virtud de su influencia política. Su gabinete es técnico, casi apolítico, y salvo el DPS, que terminó en manos de una exsenadora, las más importantes agencias del Estado, las de mayor presupuesto, no fueron entregadas a los políticos en cuerpo ajeno para que las ordeñen y las pongan al servicio de las aventuras electorales de sus amigos. Los pactos burocráticos, es la verdad, son inexistentes.

Así las cosas y con esta decisión política, los partidos deben declararse independientes, de Gobierno o de oposición dentro de los treinta días siguientes a la posesión del presidente de la República. Hasta la fecha, varios se han declarado opositores: los verdes, el Polo y la lista de los “decentes”. Su decisión era apenas previsible y obvia. En cuanto a partidos de Gobierno, hasta ahora sabemos de la decisión del Centro Democrático. Pero las mayorías en el Congreso dependen de la decisión que tomen los partidos que aún no se deciden: todavía la U, los liberales, Cambio Radical, MIRA, Colombia Justa Libres y el Partido Conservador guardan silencio equívoco. Es natural, estarán analizando lo que significa ser partido de Gobierno o partido independiente.

Pero para ello no se necesita un doctorado. Declararse fuerza política del Gobierno en el Congreso no es nada diferente que ser parte del Gobierno en el Ejecutivo; es decir, gobernar también. ¿Es ciencia ficción? No. ¿Corrupción? Por supuesto que tampoco; es simplemente la consecuencia natural de un sistema político multipartidista, donde ningún partido por sí mismo tiene las mayorías absolutas y, por tanto, para obtenerlas necesita coaligarse de manera transitoria o permanente. Funciona así en el mundo entero y no es materia de escándalos ni de interpretaciones. Eso sí, para hacerlo de manera transparente debe ser público, abierto y sin tapujos, de cara a la ciudadanía, donde el presidente pueda hacer también su valoración política. Y la independencia es eso, es actuar sin ataduras, sin compromisos y sin depender de las opiniones o intervenciones del Gobierno.

En cuestión de semanas sabremos si estamos frente al Congreso más independiente de su historia, con las consecuencias en gobernabilidad que esto representa para el presidente Duque, o de cara a una coalición de partidos que se lidera desde la Presidencia con carácter institucional. Cualquier camino es válido. Lo que sí no puede suceder es que los afanes y presiones de último minuto, mezclados con la necesidad de lograr resultados legislativos, terminen por hacer ceder al Gobierno en aquello a lo cual se opone por principio: entregar cupos indicativos y actuar al menudeo de hojas de vida, puestos y contratos para lograr cada voto en el Congreso. En ese escenario infortunado perdería el país la oportunidad real de transformar la política y el Gobierno Duque, su respaldo popular.

Amanecerá y veremos.