Etiqueta: Asutos Públicos y de Gobierno

20 Oct 2017 – 9:00 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda

 

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Colombia atraviesa por una clara y concreta crisis de representación. No sólo las encuestas, que ponen en el sótano de la favorabilidad a las corporaciones públicas, así lo advierten, sino que también hay indicios graves de que los ciudadanos están buscando alternativas para acceder al poder o tramitar sus preocupaciones por vías alternas, y como consecuencia de la falta de credibilidad, competencia y eficacia de los poderes constituidos y de los hombres y mujeres públicos que los integran y lideran.

Por esta razón los partidos no tienen candidatos y los candidatos no tienen partidos. Cada vez con más frecuencia se apela a plebiscitos, consultas, referendos y constituyentes para precisamente brincarse a los poderes constituidos, de los cuales se presume no estarán a la altura de las demandas ciudadanas. También, las cortes asaltan de manera ilegítima la facultad de legislar e interpretar las normas y los ciudadanos recurren a procesos colectivos de bloqueo que buscan confrontar a concejos municipales, asambleas, policías antinarcóticos o cualquier autoridad que pretenda hacer cumplir la ley o se oponga a sus instintos naturales. Como están las cosas, una protesta tuitera puede revocar una licencia ambiental, una consulta, prohibir actividades lícitas, un cabildo puede quitarle las armas a la fuerza pública y un grupo de campesinos evita con éxito la erradicación forzosa de la coca. Todo en contra de la ley, de la verdad científica y de la conveniencia pública.

14 Jul 2017 – 9:00 PM

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Por: Nicolás Uribe Rueda

Las elecciones del año entrante se realizarán en medio de un debate degradado por cuenta de recriminaciones mutuas, denuncias de corrupción y un ambiente generalizado de polarización. No será fácil encontrar espacio para las ideas y a los ciudadanos nos será difícil saber la verdad sobre los hechos en medio de tantas mentiras, manipulaciones y verdades a medias que ya empiezan a contaminar discursos y redes sociales.

 

Junio 3 de 2016

Nicolás Uribe Rueda

Los colombianos vivimos un frenesí noticioso por cuenta de la avalancha de acontecimientos diarios que es necesario registrar. Pasamos de noticia en noticia y de sobresalto en sobresalto. Un tema muere, simplemente cuando irrumpe algo más escandaloso, impactante o degradante.

Vale la pena entonces prepararnos para lo que viene, pues lo que nos espera en el inmediato futuro será de infarto, de definiciones y de profundas transformaciones. Lo que pasa en la política y en el marco regulatorio, lo que vendrá con ocasión de la implementación de los acuerdos de La Habana y lo que implica la nueva realidad de la economía y de la justicia harán de Colombia en el 2017 un país muy distinto al que tenemos. No sé si para bien o para mal, pero no exagero al decir que a la Colombia de hoy sólo le quedan unos meses de existencia.
Nicolás Uribe Rueda

Nunca he creído en la buena fe de los peores criminales.Como expertos timadores, capaces de los delitos más atroces, poca cosa resulta para ellos decir una cosa y hacer exactamente la contraria, o firmar un acuerdo para luego incumplirlo. Utilizar la negociación para fortalecer sus objetivos delincuenciales y arreciar con sus actividades ilegales es apenas previsible. Por esa razón, confiar en las posibilidades de éxito de un proceso de paz siempre tiene algo de ingenuidad, e independientemente del gobierno que lo lidere, es casi siempre un acto de fe.

Los primeros textos acordados con las Farc tienen contenido político. Abordan políticas públicas y la organización del Estado. Su propósito es montar una paraestatalidad en lo local, que será necesaria para la toma de las decisiones y factor real de poder en el territorio para habilitar actividades empresariales, políticas e institucionales. Las Farc buscarán tomarse estos espacios y, a mi juicio, deben existir grandes preocupaciones sobre el impacto que esto pueda tener en la gobernabilidad de las regiones y en la actividad económica privada.

Ahora bien, el comunicado sobre justicia es un indicador concreto y puntual de la voluntad de las Farc para suscribir su desmovilización y una manifestación real para llegar al fin del proceso a través de un acuerdo de paz. Para incrédulos como yo, tal vez este ha sido el único indicio real de una voluntad de paz que hasta ahora había estado ausente. El contenido del acuerdo, que aún desconocemos en su integridad, parece ajustarse a lo que resulta aceptable para la opinión y a lo que necesariamente se requiere a la luz de la Constitución y los compromisos en materia de derechos humanos suscritos por Colombia. De acuerdo con el texto oficial del comunicado conjunto publicado, habrá penas con restricción de libertad para los máximos responsables, algo de verdad, amnistía para los combatientes rasos e investigación y juzgamiento para quienes participaron en delitos de lesa humanidad. Deberá existir reparación y garantía de no repetición. Una fórmula distinta, pero con elementos comunes, a lo que fue el instrumento utilizado para la entrega y desmonte de los paramilitares hace apenas unos años.

Lo ideal, que en este caso riñe con lo posible, habría sido capturar, juzgar, condenar y encarcelar de por vida a los generadores de pobreza y autores de tanto dolor y destrucción continuada. Pero un acuerdo en los términos de lo expresado en el comunicado es, a mi manera de ver, aceptable para decretar el fin de las Farc y concentrar esfuerzos para combatir la inseguridad ciudadana y las bandas criminales que nacen luego de las desmovilizaciones.

Sin embargo, hay que tener cuidado. Declaraciones subsiguientes realizadas por intérpretes autorizados han servido más para confundir que para aclarar el contenido del acuerdo, y en la práctica algunos han propuesto renunciar a los logros alcanzados en la negociación para evitar que las Farc reconozcan su ADN criminal y asuman algunas de sus consecuencias. Proponer a Colombia como cárcel, convertir la jurisdicción de paz en instrumento de venganza o devolver sin más la posibilidad de hacer política a los autores de crímenes atroces contradice de plano la literalidad del acuerdo presentado en materia de justicia. Los detalles para la implementación de los acuerdos deberán ser honestos y rigurosos con los preceptos que les han dado origen, entre otras cosas, porque las desviaciones seguramente serían castigadas en las urnas.

@NicolasUribe

NICOLÁS URIBE RUEDA 31 JUL 2015 – 11:28 PM

Nicolás Uribe Rueda

DESDE SU FUNDACIÓN, YA CASI TRES años atrás, hago parte del equipo de trabajo que todos los días debate en Blu Radio sobre las principales noticias del día desde variadas perspectivas ideológicas.

Estar cada mañana disponible para opinar sobre lo divino y lo humano, generalmente con preparación, pero también a mansalva por la irrupción intempestiva de los hechos noticiosos, no es tarea fácil. Tampoco es sencillo enfrentar cada tesis y cada argumento al escrutinio público de la audiencia, a la agresividad o el aplauso de las redes sociales, o al contrapunteo implacable de mis compañeros de trabajo que no perdonan una pifia. Una cosa es dar noticias y otra muy distinta es opinar sobre las mismas.

Nuestros debates no son el resultado de una pantomima ni un escenario de deliberación científica. Cada cual habla con autenticidad e independencia sobre los temas en cuestión y las posiciones están inevitable y frecuentemente influenciadas por las convicciones, trayectoria y tendencias políticas de cada uno de los que participamos. En estas condiciones es frecuente que el apasionamiento, tan propio de la deliberación espontánea, tenga un papel preponderante; e inevitables, por tanto, resultan las contradicciones, la confrontación y la visión desde múltiples orillas de pensamiento a una misma problemática.

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Colombia parece estar finalmente entrando en el debate específico de la forma en que se debe implementar aquello que se firme en La Habana. El presidente propuso un Congresito para la paz, como instrumento para desarrollar los acuerdos ágilmente, y en sus propias palabras sostuvo que ello “serviría para legalizar lo acordado en las mesas de negociación”.

La tesis del Gobierno, según parece, es que se requiere la creación de un mecanismo expedito, vía reforma constitucional, para que no se agote la paciencia de la gente ni se echen a perder los acuerdos por falta de impulso reglamentario.

El modelo propuesto lo conoce bien Humberto de la Calle, quien casi 30 años atrás, participó del gobierno que con los partidos mayoritarios y los copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, acordó primero la revocatoria del Congreso recién elegido, y luego, la creación de una comisión especial de 36 miembros (artículos transitorios 6 y 7), que la opinión pública prontamente bautizó como el Congresito. En aquel entonces, se trataba de que la Comisión aprobara o improbara, mientras se elegía el nuevo Congreso, aquellos textos propuestos por el Gobierno en desarrollo de las facultades extraordinarias que se le otorgaron al ejecutivo también en artículos transitorios de la nueva Constitución.

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El debate de este miércoles en Mañanas Blu se centró en el anuncio de las Farc de declarar nuevamente un cese al fuego unilateral por un mes a partir del próximo 20 de julio; noticia que algunos toman como positiva y otros, al contrario, lo ven como una estrategia de esta guerrilla más que un acto de voluntad.

Néstor Morales indicó que este se convierte en el primer paso para desescalar el conflicto y terminar la etapa de guerra al que ha sido sometido el país durante dos meses, que comenzó el 22 de mayo cuando las Farc rompieron la tregua unilateral tras la muerte de 26 guerrilleros en medio de un bombardeo en Guapi, Cauca. (Lea también: Farc suspende el cese unilateral al fuego por bombardeos de la Fuerza Aérea)

Para Nicolás Uribe, este anuncio se trata simplemente de una estrategia de las Farc para garantizar que no se rompa el proceso pero que tampoco se avance, llevando a que el objetivo de las negociaciones no se centre en el fin de la paz sino en un cese bilateral con o sin condiciones.

“Me impresiona la capacidad de las Farc de jugar estratégicamente para poner las condiciones de la guerra todas a su favor e ir alcanzando objetivos dentro de la negociación. Le gente reaccionó mal frente a los atentados durante estos dos meses y eso permitió que el Gobierno considerara el cese bilateral antes de la firma del acuerdo”, indicó.

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Los panelistas de Mañanas BLU debatieron acerca de la condición de víctimas tanto para militares como para guerrilleros en medio de la discusión de este punto en los diálogos que se adelantan en La Habana y la reunión de víctimas que se lleva a cabo en Cali.

Para Nicolás Uribe, la posición de las Farc de incluir a los guerrilleros entre las víctimas del conflicto, “es una estrategia para presentar al Estado frente a la ciudadanía, como uno de los culpables”. Según el exrepresentante,  es “inaceptable que se compare a un militar con un guerrillero”.

Por su parte, Héctor Riveros aseguró que en el marco de un conflicto armado “se reconoce que hay combatientes de un lado y otro. Infortunadamente casi que se permite matar, dándose a entender que no son víctimas sino delitos de guerra”.

Sandra Borda considera que las víctimas son “el resultado de violaciones del Derecho Internacional Humanitario, sean de las Farc o sean de las Fuerzas Militares”, aunque certificó que no todos los miembros del grupo subversivo tienen que entrar como mártires.

Nicolás Uribe Rueda

Desde el año 91, aquella Constitución que muchos califican como obra maestra de la institucionalidad democrática ha sido reformada 39 veces.

Sumadas todas las reformas, son más de 124 artículos (32% de la Constitución) los que han tenido cambios en apenas 23 años. A la Constitución del 91 sólo le queda el esqueleto y ya no rige como la concibieron sus autores. Fueron los Congresos subsiguientes, motivados principalmente por el Ejecutivo, los que han venido definiendo el marco constitucional que hoy se aplica en Colombia. Y si bien hay que reconocer a la Carta sus aciertos fundamentales, como por ejemplo la acción de tutela, en lo que parece haber consenso en la actualidad es que el modelo institucional diseñado en el 91 está en aprietos.

Nicolás Uribe Rueda

En democracia, es inherente el derecho de la prensa a vigilar los tres poderes públicos y a quienes son sus operadores cotidianos.

 Nadie puede alegar, siendo servidor o funcionario público, el privilegio de abstraer su tarea del control ciudadano y del escrutinio público. Aún la justicia penal, que obra inicialmente sobre los principios de reserva, una vez llegado el juicio tiene como valor la publicidad del comportamiento de los actores procesales, el descubrimiento de las pruebas y finalmente la providencia de jueces siempre está abierta a la crítica.