Etiqueta: Asuntos Públicos y de Gobierno

Por: Nicolás Uribe Rueda

Interesante debate político ha tenido el país en las últimas semanas por cuenta de la controversia sobre la posibilidad que asiste al Gobierno de objetar parcial o totalmente la ley estatutaria de la JEP.

Por una parte, están los autores materiales del acuerdo de La Habana, que sostienen que todo cuanto hicieron es perfecto y persisten aún, en contra de toda evidencia, en promover la idea de que Duque y su gobierno están empeñados en hacer trizas los acuerdos que redactaron. Para ellos, nada es perfectible, las opiniones contrarias al acuerdo son perfidia y asuntos como la expansión cocalera y de bandas criminales son menores o simplemente harina de otro costal. Por ello, ven en potenciales modificaciones a la ley estatutaria de la JEP una afrenta a su legado, una aberración jurídica y el regreso a lo que genéricamente denominan guerra.

Por otra parte, están quienes quieren acabar con todo lo que parió el acuerdo de La Habana porque lo consideran la claudicación material del Estado frente al terrorismo. Con o sin argumentos, están dispuestos a renunciar y borrar ese patrimonio común y revertir las consecuencias que para bien o para mal ha tenido y sigue teniendo el acuerdo con las Farc. El único camino posible para ellos es el borrón y la única solución es devolver (quién sabe de qué manera) al país al estado de preacuerdo.

No sé si le pasa lo mismo a los respetados lectores, pero a mí me entusiasma siempre empezar un año nuevo. No solo porque es el único momento real de reflexión respecto de la marcha general de las cosas en mi vida, sino porque también es la oportunidad para un nuevo comienzo relativo. Un año nuevo es la ocasión para recobrar las fuerzas que se agotaron con el paso de los meses y resulta liberador respecto de algunas de las cargas con las que camino, así esté consciente de que en breve deba volver a levantarlas. El fin de un año y el comienzo de uno nuevo es, cómo no, un momento de esperanza. Y para Colombia, me gustaría que en 2019 pasara lo siguiente:

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En algún momento me dio en la vida por leer todas las biografías de los presidentes norteamericanos que cayeron en mis manos. En este periplo biográfico me enredé entre otros con Franklin, Lincoln, los Roosevelt, Nixon y Kennedy. He disfrutado como nada estos viajes por la vida de quienes para bien o para mal, incidieron de manera determinante en la configuración del mundo tal y como hoy lo conocemos.

 

Reagan ha sido caso aparte para mí, pues como con Churchill, me he empeñado casi que obsesivamente no solo en leer sus biografías, sino también en conseguir sus voces, videos, frases célebres y fotografías. De Reagan hay muchas cosas entretenidas para leer y otras de difícil digestión como su Diario; libro de letra menuda, de esos que espantan con su sola apariencia a los lectores y que, pese a su valor político e histórico, puede ser tedioso si no se sazona con una o varias fuentes complementarias que contribuyan a endulzar cada episodio.

Así llegué a la anotación del día 3 de diciembre del año 82 donde Reagan, hace referencia a su visita a Bogotá. Si bien, la nota es amable, y concluye afirmando que considera a Betancur como un amigo; años más tarde en su autobiografía, Reagan escribe que el presidente “había dejado en claro que a los colombianos no les gustaba que se les tomara por descontado”. Había pues algo que faltaba contar en esta historia. Es más, medios internacionales informaron que, durante el brindis de bienvenida, Betancur planteó la corresponsabilidad en el problema de la droga, se había quejado por las políticas proteccionistas y concretamente solicitaba no aislar a Nicaragua como se había hecho ya con Cuba en el pasado. El New York Times tituló “Reagan criticized by Colombia Chief on visit to Bogota” y el presidente norteamericano oyendo a Betancur decidió improvisar sus palabras y debió empezar diciendo: ”You have spoken frankly. Now let me do the same”.

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Polémica en Colombia ante revelador video en el que aparece el excandidato presidencial y actual senador Gustavo Petro recibiendo una alta suma de dinero en efectivo.

Las imágenes fueron dadas a conocer por la senadora del partido Centro Democrático Paloma Valencia en el debate sobre la corrupción de Odebrecht en Colombia y ya están en poder de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia.

Gustavo Petro respondió a través de twitter, reconoció que recibió el dinero, aseguró que provenía de un préstamo, que no tenía procedencia ilícita y que quien lo grabó buscaba chantajearlo con el video en el futuro.

En el programa La Noche, el senador de la coalición decentes Gustavo Bolívar, el exviceministro y exprecandidato presidencial, Rafael Nieto y el analista político y consultor de asuntos públicos y de gobierno, Nicolás Uribe, debaten sobre lo que representa este video, sus implicaciones jurídicas y las explicaciones que entregó el actual senador Gustavo Petro sobre las razones, la procedencia del dinero y las circunstancias en las que fue grabado recibiendo fajos de billetes en efectivo.

Redacción La Noche

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Es difícil encontrar un etiquetamiento tan burdo, tonto e inútil como el que surgió por cuenta del plebiscito de 2016, en donde se impusieron las categorías de amigos de la paz y de la guerra. Aún estamos viviendo los efectos de tan nefasta división y lo cierto es que se perdió la oportunidad de construir de manera mayoritaria un consenso que nos permitiera a todos sentirnos cómodos con las dosis de justicia, verdad y reparación que todo proceso de paz implica.

11 Ago 2018 – 12:00 AM

Por: Nicolás Uribe Rueda

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El presidente Duque fue enfático en el discurso de posesión y no vaciló en repetir su receta para relacionarse con el poder legislativo: “Vamos a trabajar con el Congreso de la República […] Pero sin dádivas, sin prebendas, sin canonjías, sin acuerdos burocráticos, sin ‘mermelada’. Porque el Congreso y el Ejecutivo trabajan bien cuando hay respeto, cuando hay vocación”.

Y lo cierto es que Duque ha cumplido. Nadie hasta ahora ha sido designado para canjear votos y apoyos en el Congreso, como tampoco en virtud de su influencia política. Su gabinete es técnico, casi apolítico, y salvo el DPS, que terminó en manos de una exsenadora, las más importantes agencias del Estado, las de mayor presupuesto, no fueron entregadas a los políticos en cuerpo ajeno para que las ordeñen y las pongan al servicio de las aventuras electorales de sus amigos. Los pactos burocráticos, es la verdad, son inexistentes.

Así las cosas y con esta decisión política, los partidos deben declararse independientes, de Gobierno o de oposición dentro de los treinta días siguientes a la posesión del presidente de la República. Hasta la fecha, varios se han declarado opositores: los verdes, el Polo y la lista de los “decentes”. Su decisión era apenas previsible y obvia. En cuanto a partidos de Gobierno, hasta ahora sabemos de la decisión del Centro Democrático. Pero las mayorías en el Congreso dependen de la decisión que tomen los partidos que aún no se deciden: todavía la U, los liberales, Cambio Radical, MIRA, Colombia Justa Libres y el Partido Conservador guardan silencio equívoco. Es natural, estarán analizando lo que significa ser partido de Gobierno o partido independiente.

Pero para ello no se necesita un doctorado. Declararse fuerza política del Gobierno en el Congreso no es nada diferente que ser parte del Gobierno en el Ejecutivo; es decir, gobernar también. ¿Es ciencia ficción? No. ¿Corrupción? Por supuesto que tampoco; es simplemente la consecuencia natural de un sistema político multipartidista, donde ningún partido por sí mismo tiene las mayorías absolutas y, por tanto, para obtenerlas necesita coaligarse de manera transitoria o permanente. Funciona así en el mundo entero y no es materia de escándalos ni de interpretaciones. Eso sí, para hacerlo de manera transparente debe ser público, abierto y sin tapujos, de cara a la ciudadanía, donde el presidente pueda hacer también su valoración política. Y la independencia es eso, es actuar sin ataduras, sin compromisos y sin depender de las opiniones o intervenciones del Gobierno.

En cuestión de semanas sabremos si estamos frente al Congreso más independiente de su historia, con las consecuencias en gobernabilidad que esto representa para el presidente Duque, o de cara a una coalición de partidos que se lidera desde la Presidencia con carácter institucional. Cualquier camino es válido. Lo que sí no puede suceder es que los afanes y presiones de último minuto, mezclados con la necesidad de lograr resultados legislativos, terminen por hacer ceder al Gobierno en aquello a lo cual se opone por principio: entregar cupos indicativos y actuar al menudeo de hojas de vida, puestos y contratos para lograr cada voto en el Congreso. En ese escenario infortunado perdería el país la oportunidad real de transformar la política y el Gobierno Duque, su respaldo popular.

Amanecerá y veremos.

 

23 Mar 2018 – 3:15 PM

Nicolas Uribe Rueda Bogota enero 20 2018 foto Guillermo Torres revista Semana

 

Por: Nicolás Uribe Rueda

El comportamiento de los electores en las urnas no deja de sorprender, y por ello cada vez resulta más complejo predecir algún tipo de desenlace en materia electoral. Ganó el brexit en el Reino Unido y Trump se impuso holgadamente. Aquí, el No sorprendió en las urnas, pese a que todas las encuestas anticipaban una paliza, y hace 15 días dos candidatos en las consultas interpartidistas obtuvieron tan altas votaciones que, en las encuestas subsiguientes, aparentemente descremaron la contienda electoral que hasta hace pocos meses tenía más de 30 candidatos.

 

Esta campaña tiene elementos inéditos y comportamientos sorpresivos. Para empezar, vale la pena señalar que el tema de la paz ha pasado a segundo plano y, por cuenta de la pobreza en la implementación en los acuerdos y la irremediable impertinencia de las Farc, ya son pocos los que se atreven a sostener que a lo negociado no hay que hacerle cambios sustanciales. Las Fuerzas Militares reconocen la dimensión de las disidencias, la coca crece sin control, los niños no fueron devueltos, asesinan a líderes sociales y la mayoría de los desmovilizados ni se sabe dónde están.

 

El factor venezolano, encarnado en la contienda por Gustavo Petro, hizo que la gente empezara a anticipar su decisión y renunciara probablemente al candidato de su primera preferencia para sumarse a quien no le disgusta del todo, pero parece más fuerte, para derrotar la amenaza populista y totalitaria del chavismo. Y, así las cosas, a pesar de que la desigualdad y la indignación en nuestro país es grande, el malestar de la gente con la política es creciente y el desprestigio institucional está en sus peores niveles, el millón de migrantes venezolanos y las imágenes sistemáticas de la tragedia creada por el Socialismo del Siglo XXI parecen estar vacunándonos, al menos por ahora, de apelar a una salida semejante a la que se aplica en Venezuela.

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Por:

Noticiascaracol.com

Varios sectores han insistido en una coalición de ambas candidaturas, lo que representaría una tercería frente a las opciones de Petro y Duque.

Sin embargo, pese a los llamados, Humberto de la Calle, aspirante a la Presidencia por el Partido Liberal, se mantiene firme en su posición de participar en las votaciones de mayo con su fórmula vicepresidencial Clara López.

“Lo que ha aflorado aquí, y se ha reafirmado, es una polarización, caminos hacia los extremos que creo que no son lo que le conviene a Colombia. A Colombia lo que le conviene ahora es, desde nuestra perspectiva, lo que nosotros encarnamos, los principios liberales”, declaró De La Calle el domingo.

Este artículo fue elaborado para hacer parte de las Memorias del XII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional que se realizó en la ciudad de Pasto en Septiembre de 2017. En este encuentro Nicolás Uribe participó como Moderador de Panel sobre Participación Ciudadana

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Por:

Nicolas Uribe.

 

 

La constitución del año 91 estableció un nuevo paradigma institucional en muchos frentes al consagrar que Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de república unitaria, participativa y pluralista (art 1). Fue contundente en afirmar que la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación hace parte de los fines esenciales del Estado y no deja duda sobre la importancia del individuo, al mencionar que la soberanía reside en el pueblo y que son los ciudadanos quienes la ejercen de manera directa o indirecta a través de los mecanismos que define la constitución (art 3.)

Esta nueva concepción constitucional se materializa en su artículo 40 al establecer el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (voto, partidos políticos, acciones públicas, iniciativa normativa, entre otros), y en el Título IV dentro del cual se desarrolla el marco general de la participación democrática. Particularmente, el artículo 103 consagró los mecanismos de participación al servicio del ciudadano y la materialización de sus derechos: El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.

La voluntad del constituyente quiso que Colombia hiciera el tránsito de una democracia puramente representativa a una participativa, en el marco de la cual los individuos fueran actores constantes y visibles en la definición de las tareas públicas, su ejecución y vigilancia, de modo tal que se superara la idea de que la participación iniciaba y terminaba con el voto, con el derecho a elegir y a ser elegido[1].

Desde entonces, la Corte Constitucional ha venido desarrollando jurisprudencia y doctrina alrededor del principio de la participación en la constitución, y en numerosas sentencias se ha referido a los mecanismos de participación en abstracto y en concreto, casi siempre poniendo énfasis en la relevancia de estos instrumentos y su valor para la configuración de una nación democrática en donde los ciudadanos son activos determinadores de su destino común[2]. En este sentido ha sostenido que la democracia participativa no sólo es bondadosa para el ciudadano, sino que también tiene un efecto favorable para el sistema político, el cual puede alcanzar niveles mayores de eficiencia, pues “un Estado en el que los ciudadanos cuentan con el derecho de tomar parte de forma directa en las decisiones a adoptar, de controlar los poderes públicos, de calificar los resultados obtenidos para exigir responsabilidad política, es un Estado en el que probablemente se logrará satisfacer en más alto grado las necesidades de sus asociados[3]

Como es natural, la Corte ha sido fiel escudera de la participación y ha favorecido su profundización buscando extender sus alcances a temas y asuntos que incluso los constituyentes nunca tuvieron presentes. La Corte a lo largo de estos años advierte que “el principio democrático debe ampliarse progresivamente a nuevos ámbitos y hacerse cada vez más vigente, lo cual exige la construcción de una nueva cultura que debe paulatinamente implementarse en la sociedad política. Se trata pues de una maximización progresiva de los mecanismos que permiten el acceso al poder político, y el ejercicio y control del mismo, así como la injerencia en la toma de decisiones. Desde este punto de vista, la tendencia expansiva de la democracia participativa proscribe los obstáculos y trabas que impiden la efectiva realización de la democracia, y el excesivo formalismo de las normas que regulan el ejercicio de los derechos políticos”.[4]

26 Ene 2018 – 10:00 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda

 Foto Guillermo Torres revista Semana

Estamos entrando por fin en el momento de definiciones programáticas de cada uno de los candidatos presidenciales. De aquí en adelante empieza a acabarse el espacio para las ambigüedades, los lugares comunes y el silencio. La hoja de vida será evaluada, se revisará su conocimiento del país y la profundidad de sus declaraciones. Espantando como maleza la suciedad de la campaña que se viene, cada uno buscará conocer a fondo a su candidato y descartar también a los demás al escudriñar su vida y obras. Así, cada uno de nosotros definirá su voto.

Pero ¿quiénes somos nosotros? Muchas de estas respuestas están en la última encuesta de cultura política del DANE, publicada a finales de 2017, en donde más de 25.000 personas fueron preguntadas sobre su manera de entender y evaluar la democracia colombiana.