Etiqueta: asuntos de gobierno

Los invito a que vea aquí completo el programa ZOOM a la Noticia, que grabamos el 13 de junio, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Para verlo, haga click aquí

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Recordemos cuales fueron los resultados de la primera vuelta electoral del pasado 27 de mayo. Allí el exsenador Iván Duque logró posicionarse en primer lugar con 7.569.693 votos, lo que representó un 39,14% y en segundo lugar se ubicó el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro con 4.851.254 votos, el 25,8% de respaldo. Ahora la meta de cada uno es conquistar los 6 millones de votos de los colombianos que en primera vuelta eligieron las opciones del centro.

Tras el triunfo que le dio el paso a la segunda vuelta, el candidato del Partido Centro Democrático Iván Duque, sumó el respaldo oficial del Partido Conservador, y de gran parte del Partido Liberal, bajo la orientación del expresidente César Gaviria. Además, el excandidato vicepresidencial Juan Carlos Pinzón anunció también que votará por el exsenador el próximo 17 de junio.

Por su parte, el candidato Gustavo Petro ha recibido el apoyo de importantes sectores políticos, entre ellos una fracción del Polo Democrático y del Partido Alianza Verde movimientos que respaldaron en la primera vuelta al excandidato Sergio Fajardo.

Redacción Zoom a la Noticia

Por: Nicolás Uribe Rueda

Ajustamos varios lustros quejándonos de la polarización y de la incompetencia de nuestros líderes para acordar las reformas que necesita Colombia; reformas que, vale la pena recordar, no son escasas ni de poca monta, como las que reclaman a gritos el sistema electoral, la justicia, las pensiones y el régimen tributario, por sólo mencionar unos ejemplos. También nos lamentamos de las divisiones insuperables entre líderes políticos y de sus discursos incendiarios, de sus peleas intestinas, de sus insultos, de las puñaladas traperas y de los rufianes de equina. Son ya, por lo menos, seis años agarrados de las mechas por cuenta de las bondades y defectos del proceso de paz. ¡Ha sido más que suficiente!

Ahora, sin embargo, la situación empieza a cambiar, y la candidatura de Duque parece estar logrando lo que tantos reclamaban; se construye un ambiente propicio para superar los odios, restablecer el diálogo político y tramitar institucionalmente las divergencias que enturbian tanto el ambiente político. ¿Qué mejor para Colombia que se conformara pronto una coalición de gobierno que permitiera las reformas aplazadas? ¿Acaso esta no es una oportunidad para que cese la utilización política de la justicia y sus operadores vuelvan a sus fueros? ¿Podríamos unir al país en torno al proceso con las Farc, introduciendo modificaciones, esta vez sí, de alcance nacional, en donde nadie quede fuera? ¿No queremos como sociedad acuerdos en materia de desarrollo sostenible?

21 Abr 2018 – 12:30 AM

Por: Nicolás Uribe Rueda

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El Acuerdo Paz es un compendio extenso y farragoso de cláusulas y manifestaciones de voluntad cuya interpretación ha significado interminables deliberaciones respecto de su alcance y conveniencia para el país. Durante años, nos hemos concentrado en debatir, argumentar e incluso insultar sobre unos pocos temas del acuerdo, precisamente aquellos que identificamos como la fuente principal de división entre los colombianos.

 

Es lamentable, sin embargo, que pase desapercibido el debate sobre la situación de la guerrillerada, la base de la guerra y la fuente de la paz. Sobre ello poco se habla, poco se dice y nada se discute. La paz, realmente, no pasa por las curules del Congreso de los jefes de las Farc, sino por la capacidad institucional del Estado para ofrecer oportunidades reales y garantizar la presencia oficial en antiguas zonas de conflicto, para que la reintegración económica sea eficaz y no simplemente una etapa de migración entre personas que transitan de un grupo terrorista a una banda criminal con diferente denominación y origen.

 

Por eso, vale la pena mirar con atención el último informe del secretario general de las Naciones Unidas dirigido al Consejo de Seguridad en donde da cuenta del avance de la Misión de Verificación en los últimos tres meses. En el informe se describe una desalentadora realidad sobre los excombatientes, que parecen estar casi abandonados a su suerte, o a lo que es lo mismo, a la simple entrega de un estipendio mensual que llega al 87 % de los exmiembros de las Farc y se paga a cerca de 10.335 personas. De resto, casi todo son problemas. Los espacios territoriales son un foco de desidia y, a meses de extinguirse, algunos aún no cuentan con luz y agua o saneamiento básico. De acuerdo con el informe, la entrega de alimentos tiene constantes interrupciones, hay déficit de medicamentos y durante dos de los tres meses que abarca el informe no hubo galenos para atender a las personas.

En Colombia el paro y la protesta son el pan de cada día. Con razón o sin ella, protestan los maestros y los estudiantes, los pilotos y los controladores aéreos, los jueces y los reclusos, los campesinos, los indígenas, las negritudes, los transportadores, los cocaleros, los arroceros, los mineros ilegales, los usuarios de sistemas de transporte, los taxistas, los bicitaxistas, los mototaxistas, y los moteros; así como también lo hacen los comerciantes, los recicladores, los de la salud y los del petróleo, los empleados de los bancos, y con el mismo derecho, protestan también las prostitutas.

Con frecuencia, además, las protestas terminan en desmanes, en la avería de monumentos, en el deterioro de paredes, en enfrentamientos con la policía, en la destrucción de vías, en la obstrucción de carreteras y en la quema de camiones. Los abusos pocas veces concluyen en sanciones y las fechorías se absuelven sin reparos. La verdad, es que en Colombia el derecho a protestar, a pesar de estar reglado, se ejerce casi siempre, de manera casi ilimitada.

Los invito a ver el Panel PLATAFORMAS DE SERVICIOS OTT RETOS EN MATERIA DE COMPETENCIA. Aquí discutimos algunos puntos sobre la importancia de permitir las nuevas economías y promover las nuevas dimensiones digitales de la vida,  en contravía de quienes pretenden regular, restringir y prohibir servicios para defender los intereses de quienes hoy lideran la economía tradicional.

 

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Superintendencia de Industria y Comercio, 5to. Congreso Internacional de Libre Competencia Económica. Cartagena, Agosto 31 y septiembre 1 de 2017.

Nicolás Uribe Rueda

Nunca he creído en la buena fe de los peores criminales.Como expertos timadores, capaces de los delitos más atroces, poca cosa resulta para ellos decir una cosa y hacer exactamente la contraria, o firmar un acuerdo para luego incumplirlo. Utilizar la negociación para fortalecer sus objetivos delincuenciales y arreciar con sus actividades ilegales es apenas previsible. Por esa razón, confiar en las posibilidades de éxito de un proceso de paz siempre tiene algo de ingenuidad, e independientemente del gobierno que lo lidere, es casi siempre un acto de fe.

Los primeros textos acordados con las Farc tienen contenido político. Abordan políticas públicas y la organización del Estado. Su propósito es montar una paraestatalidad en lo local, que será necesaria para la toma de las decisiones y factor real de poder en el territorio para habilitar actividades empresariales, políticas e institucionales. Las Farc buscarán tomarse estos espacios y, a mi juicio, deben existir grandes preocupaciones sobre el impacto que esto pueda tener en la gobernabilidad de las regiones y en la actividad económica privada.

Ahora bien, el comunicado sobre justicia es un indicador concreto y puntual de la voluntad de las Farc para suscribir su desmovilización y una manifestación real para llegar al fin del proceso a través de un acuerdo de paz. Para incrédulos como yo, tal vez este ha sido el único indicio real de una voluntad de paz que hasta ahora había estado ausente. El contenido del acuerdo, que aún desconocemos en su integridad, parece ajustarse a lo que resulta aceptable para la opinión y a lo que necesariamente se requiere a la luz de la Constitución y los compromisos en materia de derechos humanos suscritos por Colombia. De acuerdo con el texto oficial del comunicado conjunto publicado, habrá penas con restricción de libertad para los máximos responsables, algo de verdad, amnistía para los combatientes rasos e investigación y juzgamiento para quienes participaron en delitos de lesa humanidad. Deberá existir reparación y garantía de no repetición. Una fórmula distinta, pero con elementos comunes, a lo que fue el instrumento utilizado para la entrega y desmonte de los paramilitares hace apenas unos años.

Lo ideal, que en este caso riñe con lo posible, habría sido capturar, juzgar, condenar y encarcelar de por vida a los generadores de pobreza y autores de tanto dolor y destrucción continuada. Pero un acuerdo en los términos de lo expresado en el comunicado es, a mi manera de ver, aceptable para decretar el fin de las Farc y concentrar esfuerzos para combatir la inseguridad ciudadana y las bandas criminales que nacen luego de las desmovilizaciones.

Sin embargo, hay que tener cuidado. Declaraciones subsiguientes realizadas por intérpretes autorizados han servido más para confundir que para aclarar el contenido del acuerdo, y en la práctica algunos han propuesto renunciar a los logros alcanzados en la negociación para evitar que las Farc reconozcan su ADN criminal y asuman algunas de sus consecuencias. Proponer a Colombia como cárcel, convertir la jurisdicción de paz en instrumento de venganza o devolver sin más la posibilidad de hacer política a los autores de crímenes atroces contradice de plano la literalidad del acuerdo presentado en materia de justicia. Los detalles para la implementación de los acuerdos deberán ser honestos y rigurosos con los preceptos que les han dado origen, entre otras cosas, porque las desviaciones seguramente serían castigadas en las urnas.

@NicolasUribe

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El debate de este miércoles en Mañanas Blu se centró en el anuncio de las Farc de declarar nuevamente un cese al fuego unilateral por un mes a partir del próximo 20 de julio; noticia que algunos toman como positiva y otros, al contrario, lo ven como una estrategia de esta guerrilla más que un acto de voluntad.

Néstor Morales indicó que este se convierte en el primer paso para desescalar el conflicto y terminar la etapa de guerra al que ha sido sometido el país durante dos meses, que comenzó el 22 de mayo cuando las Farc rompieron la tregua unilateral tras la muerte de 26 guerrilleros en medio de un bombardeo en Guapi, Cauca. (Lea también: Farc suspende el cese unilateral al fuego por bombardeos de la Fuerza Aérea)

Para Nicolás Uribe, este anuncio se trata simplemente de una estrategia de las Farc para garantizar que no se rompa el proceso pero que tampoco se avance, llevando a que el objetivo de las negociaciones no se centre en el fin de la paz sino en un cese bilateral con o sin condiciones.

“Me impresiona la capacidad de las Farc de jugar estratégicamente para poner las condiciones de la guerra todas a su favor e ir alcanzando objetivos dentro de la negociación. Le gente reaccionó mal frente a los atentados durante estos dos meses y eso permitió que el Gobierno considerara el cese bilateral antes de la firma del acuerdo”, indicó.

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