Etiqueta: asuntos de gobierno

Nicolás Uribe Rueda fue representante a la Cámara y hoy en día es consultor de Asuntos Públicos y de Gobierno. Acudimos a él con el propósito de continuar con nuestra misión de analizar y entender el liderazgo dentro del Congreso de la República.

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Red Líder: ¿Cuál es la importancia del Congreso para la democracia colombiana?

Nicolás Uribe: El Congreso es una institución fundamental, que a pesar de que no genera mucho entusiasmo ante la ciudadanía, cumple un papel verdaderamente relevante en la configuración de nuestros derechos y en la garantía de nuestras libertades. Sin él, no estaríamos asistiendo a una democracia, sino básicamente a una serie de poderes totalitarios que no tienen quién los controle. La gente cree que porque vivimos en libertad vamos a vivir en libertad todos los días de nuestra vida, y la verdad es que la fragilidad de nuestras instituciones, y de las que hemos visto en el vecindario, nos demuestran todos los días que aunque debemos mejorar lo que tenemos, lo que tenemos es mejor que la ausencia absoluta de ese tipo instituciones. Estas garantizan que el país pueda tener libertades, desarrollo económico, libertad de empresa, y que podamos hacer básicamente lo que a cada uno le parezca mientras que no se enfrente directamente a la Constitución o la ley.

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Es difícil encontrar un etiquetamiento tan burdo, tonto e inútil como el que surgió por cuenta del plebiscito de 2016, en donde se impusieron las categorías de amigos de la paz y de la guerra. Aún estamos viviendo los efectos de tan nefasta división y lo cierto es que se perdió la oportunidad de construir de manera mayoritaria un consenso que nos permitiera a todos sentirnos cómodos con las dosis de justicia, verdad y reparación que todo proceso de paz implica.

11 Ago 2018 – 12:00 AM

Por: Nicolás Uribe Rueda

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El presidente Duque fue enfático en el discurso de posesión y no vaciló en repetir su receta para relacionarse con el poder legislativo: “Vamos a trabajar con el Congreso de la República […] Pero sin dádivas, sin prebendas, sin canonjías, sin acuerdos burocráticos, sin ‘mermelada’. Porque el Congreso y el Ejecutivo trabajan bien cuando hay respeto, cuando hay vocación”.

Y lo cierto es que Duque ha cumplido. Nadie hasta ahora ha sido designado para canjear votos y apoyos en el Congreso, como tampoco en virtud de su influencia política. Su gabinete es técnico, casi apolítico, y salvo el DPS, que terminó en manos de una exsenadora, las más importantes agencias del Estado, las de mayor presupuesto, no fueron entregadas a los políticos en cuerpo ajeno para que las ordeñen y las pongan al servicio de las aventuras electorales de sus amigos. Los pactos burocráticos, es la verdad, son inexistentes.

Así las cosas y con esta decisión política, los partidos deben declararse independientes, de Gobierno o de oposición dentro de los treinta días siguientes a la posesión del presidente de la República. Hasta la fecha, varios se han declarado opositores: los verdes, el Polo y la lista de los “decentes”. Su decisión era apenas previsible y obvia. En cuanto a partidos de Gobierno, hasta ahora sabemos de la decisión del Centro Democrático. Pero las mayorías en el Congreso dependen de la decisión que tomen los partidos que aún no se deciden: todavía la U, los liberales, Cambio Radical, MIRA, Colombia Justa Libres y el Partido Conservador guardan silencio equívoco. Es natural, estarán analizando lo que significa ser partido de Gobierno o partido independiente.

Pero para ello no se necesita un doctorado. Declararse fuerza política del Gobierno en el Congreso no es nada diferente que ser parte del Gobierno en el Ejecutivo; es decir, gobernar también. ¿Es ciencia ficción? No. ¿Corrupción? Por supuesto que tampoco; es simplemente la consecuencia natural de un sistema político multipartidista, donde ningún partido por sí mismo tiene las mayorías absolutas y, por tanto, para obtenerlas necesita coaligarse de manera transitoria o permanente. Funciona así en el mundo entero y no es materia de escándalos ni de interpretaciones. Eso sí, para hacerlo de manera transparente debe ser público, abierto y sin tapujos, de cara a la ciudadanía, donde el presidente pueda hacer también su valoración política. Y la independencia es eso, es actuar sin ataduras, sin compromisos y sin depender de las opiniones o intervenciones del Gobierno.

En cuestión de semanas sabremos si estamos frente al Congreso más independiente de su historia, con las consecuencias en gobernabilidad que esto representa para el presidente Duque, o de cara a una coalición de partidos que se lidera desde la Presidencia con carácter institucional. Cualquier camino es válido. Lo que sí no puede suceder es que los afanes y presiones de último minuto, mezclados con la necesidad de lograr resultados legislativos, terminen por hacer ceder al Gobierno en aquello a lo cual se opone por principio: entregar cupos indicativos y actuar al menudeo de hojas de vida, puestos y contratos para lograr cada voto en el Congreso. En ese escenario infortunado perdería el país la oportunidad real de transformar la política y el Gobierno Duque, su respaldo popular.

Amanecerá y veremos.

 

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28 Jul 2018 – 2:15 AM

Por: Nicolás Uribe Rueda

 

No son ni pocos ni flojos los que tienen fincadas sus expectativas políticas y potencial éxito electoral en la mala hora de Colombia y el correlativo fracaso del gobierno de Iván Duque. Por ello están empeñados, graciosamente, en atribuirle al presidente electo la responsabilidad sobre los fracasos del gobierno que aún no termina y anticipadamente andan culpándolo de lo divino y de lo humano, sin que él todavía haya podido siquiera terminar de armar su equipo de gobierno.

 

De alguna manera, hay que decirlo, la oposición sabe y aprovecha lo que es lamentablemente cierto. El país está en problemas y tiene retos enormes que no serán fáciles de resolver. La economía está maltrecha y los actores económicos no tienen entusiasmo, el proceso de implementación con las Farc es caso vergonzoso de gerencia pública, se han incubado nuevas y tenebrosas violencias aupadas por la coca, el Estado ha dejado territorios enteros nuevamente a manos del crimen, hay paros en suspenso esperando medir el grado de subordinación del nuevo gobierno so pena de un levantamiento popular, ha regresado la amenaza sistemática a los periodistas de todas las tendencias ideológicas y la racha de crímenes contra líderes sociales ya supera los 330, como bien lo registra la Defensoría del Pueblo.

Los invito a que vea aquí completo el programa ZOOM a la Noticia, que grabamos el 13 de junio, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Para verlo, haga click aquí

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Recordemos cuales fueron los resultados de la primera vuelta electoral del pasado 27 de mayo. Allí el exsenador Iván Duque logró posicionarse en primer lugar con 7.569.693 votos, lo que representó un 39,14% y en segundo lugar se ubicó el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro con 4.851.254 votos, el 25,8% de respaldo. Ahora la meta de cada uno es conquistar los 6 millones de votos de los colombianos que en primera vuelta eligieron las opciones del centro.

Tras el triunfo que le dio el paso a la segunda vuelta, el candidato del Partido Centro Democrático Iván Duque, sumó el respaldo oficial del Partido Conservador, y de gran parte del Partido Liberal, bajo la orientación del expresidente César Gaviria. Además, el excandidato vicepresidencial Juan Carlos Pinzón anunció también que votará por el exsenador el próximo 17 de junio.

Por su parte, el candidato Gustavo Petro ha recibido el apoyo de importantes sectores políticos, entre ellos una fracción del Polo Democrático y del Partido Alianza Verde movimientos que respaldaron en la primera vuelta al excandidato Sergio Fajardo.

Redacción Zoom a la Noticia

Por: Nicolás Uribe Rueda

Ajustamos varios lustros quejándonos de la polarización y de la incompetencia de nuestros líderes para acordar las reformas que necesita Colombia; reformas que, vale la pena recordar, no son escasas ni de poca monta, como las que reclaman a gritos el sistema electoral, la justicia, las pensiones y el régimen tributario, por sólo mencionar unos ejemplos. También nos lamentamos de las divisiones insuperables entre líderes políticos y de sus discursos incendiarios, de sus peleas intestinas, de sus insultos, de las puñaladas traperas y de los rufianes de equina. Son ya, por lo menos, seis años agarrados de las mechas por cuenta de las bondades y defectos del proceso de paz. ¡Ha sido más que suficiente!

Ahora, sin embargo, la situación empieza a cambiar, y la candidatura de Duque parece estar logrando lo que tantos reclamaban; se construye un ambiente propicio para superar los odios, restablecer el diálogo político y tramitar institucionalmente las divergencias que enturbian tanto el ambiente político. ¿Qué mejor para Colombia que se conformara pronto una coalición de gobierno que permitiera las reformas aplazadas? ¿Acaso esta no es una oportunidad para que cese la utilización política de la justicia y sus operadores vuelvan a sus fueros? ¿Podríamos unir al país en torno al proceso con las Farc, introduciendo modificaciones, esta vez sí, de alcance nacional, en donde nadie quede fuera? ¿No queremos como sociedad acuerdos en materia de desarrollo sostenible?

21 Abr 2018 – 12:30 AM

Por: Nicolás Uribe Rueda

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El Acuerdo Paz es un compendio extenso y farragoso de cláusulas y manifestaciones de voluntad cuya interpretación ha significado interminables deliberaciones respecto de su alcance y conveniencia para el país. Durante años, nos hemos concentrado en debatir, argumentar e incluso insultar sobre unos pocos temas del acuerdo, precisamente aquellos que identificamos como la fuente principal de división entre los colombianos.

 

Es lamentable, sin embargo, que pase desapercibido el debate sobre la situación de la guerrillerada, la base de la guerra y la fuente de la paz. Sobre ello poco se habla, poco se dice y nada se discute. La paz, realmente, no pasa por las curules del Congreso de los jefes de las Farc, sino por la capacidad institucional del Estado para ofrecer oportunidades reales y garantizar la presencia oficial en antiguas zonas de conflicto, para que la reintegración económica sea eficaz y no simplemente una etapa de migración entre personas que transitan de un grupo terrorista a una banda criminal con diferente denominación y origen.

 

Por eso, vale la pena mirar con atención el último informe del secretario general de las Naciones Unidas dirigido al Consejo de Seguridad en donde da cuenta del avance de la Misión de Verificación en los últimos tres meses. En el informe se describe una desalentadora realidad sobre los excombatientes, que parecen estar casi abandonados a su suerte, o a lo que es lo mismo, a la simple entrega de un estipendio mensual que llega al 87 % de los exmiembros de las Farc y se paga a cerca de 10.335 personas. De resto, casi todo son problemas. Los espacios territoriales son un foco de desidia y, a meses de extinguirse, algunos aún no cuentan con luz y agua o saneamiento básico. De acuerdo con el informe, la entrega de alimentos tiene constantes interrupciones, hay déficit de medicamentos y durante dos de los tres meses que abarca el informe no hubo galenos para atender a las personas.

En Colombia el paro y la protesta son el pan de cada día. Con razón o sin ella, protestan los maestros y los estudiantes, los pilotos y los controladores aéreos, los jueces y los reclusos, los campesinos, los indígenas, las negritudes, los transportadores, los cocaleros, los arroceros, los mineros ilegales, los usuarios de sistemas de transporte, los taxistas, los bicitaxistas, los mototaxistas, y los moteros; así como también lo hacen los comerciantes, los recicladores, los de la salud y los del petróleo, los empleados de los bancos, y con el mismo derecho, protestan también las prostitutas.

Con frecuencia, además, las protestas terminan en desmanes, en la avería de monumentos, en el deterioro de paredes, en enfrentamientos con la policía, en la destrucción de vías, en la obstrucción de carreteras y en la quema de camiones. Los abusos pocas veces concluyen en sanciones y las fechorías se absuelven sin reparos. La verdad, es que en Colombia el derecho a protestar, a pesar de estar reglado, se ejerce casi siempre, de manera casi ilimitada.

Los invito a ver el Panel PLATAFORMAS DE SERVICIOS OTT RETOS EN MATERIA DE COMPETENCIA. Aquí discutimos algunos puntos sobre la importancia de permitir las nuevas economías y promover las nuevas dimensiones digitales de la vida,  en contravía de quienes pretenden regular, restringir y prohibir servicios para defender los intereses de quienes hoy lideran la economía tradicional.

 

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Superintendencia de Industria y Comercio, 5to. Congreso Internacional de Libre Competencia Económica. Cartagena, Agosto 31 y septiembre 1 de 2017.

Nicolás Uribe Rueda

Nunca he creído en la buena fe de los peores criminales.Como expertos timadores, capaces de los delitos más atroces, poca cosa resulta para ellos decir una cosa y hacer exactamente la contraria, o firmar un acuerdo para luego incumplirlo. Utilizar la negociación para fortalecer sus objetivos delincuenciales y arreciar con sus actividades ilegales es apenas previsible. Por esa razón, confiar en las posibilidades de éxito de un proceso de paz siempre tiene algo de ingenuidad, e independientemente del gobierno que lo lidere, es casi siempre un acto de fe.

Los primeros textos acordados con las Farc tienen contenido político. Abordan políticas públicas y la organización del Estado. Su propósito es montar una paraestatalidad en lo local, que será necesaria para la toma de las decisiones y factor real de poder en el territorio para habilitar actividades empresariales, políticas e institucionales. Las Farc buscarán tomarse estos espacios y, a mi juicio, deben existir grandes preocupaciones sobre el impacto que esto pueda tener en la gobernabilidad de las regiones y en la actividad económica privada.

Ahora bien, el comunicado sobre justicia es un indicador concreto y puntual de la voluntad de las Farc para suscribir su desmovilización y una manifestación real para llegar al fin del proceso a través de un acuerdo de paz. Para incrédulos como yo, tal vez este ha sido el único indicio real de una voluntad de paz que hasta ahora había estado ausente. El contenido del acuerdo, que aún desconocemos en su integridad, parece ajustarse a lo que resulta aceptable para la opinión y a lo que necesariamente se requiere a la luz de la Constitución y los compromisos en materia de derechos humanos suscritos por Colombia. De acuerdo con el texto oficial del comunicado conjunto publicado, habrá penas con restricción de libertad para los máximos responsables, algo de verdad, amnistía para los combatientes rasos e investigación y juzgamiento para quienes participaron en delitos de lesa humanidad. Deberá existir reparación y garantía de no repetición. Una fórmula distinta, pero con elementos comunes, a lo que fue el instrumento utilizado para la entrega y desmonte de los paramilitares hace apenas unos años.

Lo ideal, que en este caso riñe con lo posible, habría sido capturar, juzgar, condenar y encarcelar de por vida a los generadores de pobreza y autores de tanto dolor y destrucción continuada. Pero un acuerdo en los términos de lo expresado en el comunicado es, a mi manera de ver, aceptable para decretar el fin de las Farc y concentrar esfuerzos para combatir la inseguridad ciudadana y las bandas criminales que nacen luego de las desmovilizaciones.

Sin embargo, hay que tener cuidado. Declaraciones subsiguientes realizadas por intérpretes autorizados han servido más para confundir que para aclarar el contenido del acuerdo, y en la práctica algunos han propuesto renunciar a los logros alcanzados en la negociación para evitar que las Farc reconozcan su ADN criminal y asuman algunas de sus consecuencias. Proponer a Colombia como cárcel, convertir la jurisdicción de paz en instrumento de venganza o devolver sin más la posibilidad de hacer política a los autores de crímenes atroces contradice de plano la literalidad del acuerdo presentado en materia de justicia. Los detalles para la implementación de los acuerdos deberán ser honestos y rigurosos con los preceptos que les han dado origen, entre otras cosas, porque las desviaciones seguramente serían castigadas en las urnas.

@NicolasUribe