Etiqueta: acuerdo

18 May 2018 – 10:45 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda

 

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Cada cuatro años nos jugamos el futuro en las urnas, y cada cuatro años hay razones de fondo para afirmar que esa, antes que cualquier otra, será la elección más importante de la historia de Colombia.

 

Sin embargo, en esta ocasión hay algo nuevo en el menú de posibilidades electorales. Se trata de una opción política que, inicialmente de manera soterrada, pero después perfectamente abierta y franca, promete un cambio de modelo económico que propone la relativización de la propiedad privada conforme a su criterio de interés público; presenta fórmulas alternativas para sustituir actividades económicas consideradas indeseables y promueve como solución a cada problema económico una institución pública que logre aquello que el sector privado ha sido incapaz de resolver.

 

Se trata del programa de un “ingeniero social” que descree del mercado y sus asignaciones y se sabe dueño de la fórmula mágica para determinar, mejor que cada uno de nosotros, lo que a cada uno de nosotros nos conviene. Por eso, quiere expropiar tierras para darles el uso que él considera conveniente; por eso propone sustituir las cadenas hoteleras por turismo residencial y por eso, entre tantas otras cosas, perseguirá con toda clase de artimañas administrativas y tributarias aquellas actividades económicas constitucionalmente protegidas, que resultan, según él, nocivas para el bien común: la palma, el petróleo, el carbón, los fondos privados de pensión, la banca privada, la caña y la generación de energía, entre otras tantas.

No sobra recordar que la pérdida de la libertad económica representa casi siempre la puerta de entrada al autoritarismo. El intervencionismo estatal —afirma Mario Vargas Llosa en su último libro— tiene una dinámica propia que, puesta en marcha, no puede detenerse ni retroceder, y obliga al planificador a incrementar su intrusión en los libres cambios hasta acabar con ellos. Intromisión que luego se encarga de decidir sobre lo más íntimo de las personas.

 

Hay que decirlo sin eufemismos, pero también sin exageraciones que impidan la serena reflexión. El candidato Petro propone a Colombia un modelo económico que estigmatiza la generación de riqueza, que desestimula el esfuerzo privado y maltrata al empresario. Promueve, eso sí, la creación de un individuo que dependerá exclusivamente de la generosidad de un Estado inmenso y de sus dádivas. Estatizar las propiedades productivas y planificar la economía no es democrático ni hace libre a nadie; como tampoco es posible que el Estado reparta la riqueza que no han creado los particulares. Hace siglos se hizo obvio que el altruismo no genera progreso: nadie come carne gracias a la generosidad del carnicero, decía Adam Smith.

7 Abr 2018 – 4:15 AM

Por: Nicolás Uribe Rueda

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Puede que esté actuando en contra del viejo adagio popular según el cual por más que uno madrugue no amanece más temprano. Pero es que, en medio de tantas necesidades, es imposible a veces no pensar con el deseo y pretender que esta campaña sirva para que Colombia elija al mejor presidente, aquel que no sólo recupere la credibilidad en las instituciones, sino que sea capaz también de superar las dificultades que suponen un período largo de tiempo en el cual no hubo diálogo político.

 

Como es natural, es difícil imaginar a estas alturas el desenlace de la elección presidencial, pero resulta fácil, eso sí, entusiasmarse con la idea de que el próximo jefe de Estado tenga la capacidad de concertar con las diferentes fuerzas políticas y pueda sacar así adelante las reformas que necesita Colombia. Y es que no la tendrá fácil, porque con el perfil del Congreso elegido en marzo, que a mi manera de ver tiene una ligera inclinación hacia la centroderecha, pero al mismo tiempo cuenta con la representación más numerosa de la izquierda en muchos años, es claro que no habrá pupitrazos ni mayorías abrumadoras para aprobar reformas tributarias y/o constitucionales.

Por: Nicolás Uribe Rueda

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Mañana, más de 36 millones de personas tienen la oportunidad de salir a votar para elegir a las personas que podrían impulsar las políticas públicas que necesita el país. Lo más probable, sin embargo, es que ni siquiera la mitad de ellos se acerquen a las urnas y por diferentes razones decidan no decidir sobre su propia suerte.

Mañana se empezarán a decantar las incertidumbres de los últimos meses y empezaremos a entender las dimensiones reales de los partidos, conoceremos sus máquinas electorales, así como la posible configuración mayoritaria del poder en el Congreso, y también veremos la capacidad real de persuadir votantes por parte de algunos candidatos.

Yo por mi parte votaré por muchas cosas a la vez encarnadas en mis candidatos al Senado y a la Cámara. En primer lugar, lo haré por gente honesta, que creo comprende a cabalidad que el ejercicio público es un apostolado que no está hecho para quedarse con el honor, sino para asumir con entereza la responsabilidad.

En Colombia el paro y la protesta son el pan de cada día. Con razón o sin ella, protestan los maestros y los estudiantes, los pilotos y los controladores aéreos, los jueces y los reclusos, los campesinos, los indígenas, las negritudes, los transportadores, los cocaleros, los arroceros, los mineros ilegales, los usuarios de sistemas de transporte, los taxistas, los bicitaxistas, los mototaxistas, y los moteros; así como también lo hacen los comerciantes, los recicladores, los de la salud y los del petróleo, los empleados de los bancos, y con el mismo derecho, protestan también las prostitutas.

Con frecuencia, además, las protestas terminan en desmanes, en la avería de monumentos, en el deterioro de paredes, en enfrentamientos con la policía, en la destrucción de vías, en la obstrucción de carreteras y en la quema de camiones. Los abusos pocas veces concluyen en sanciones y las fechorías se absuelven sin reparos. La verdad, es que en Colombia el derecho a protestar, a pesar de estar reglado, se ejerce casi siempre, de manera casi ilimitada.

Junio 3 de 2016

Nicolás Uribe Rueda

Los colombianos vivimos un frenesí noticioso por cuenta de la avalancha de acontecimientos diarios que es necesario registrar. Pasamos de noticia en noticia y de sobresalto en sobresalto. Un tema muere, simplemente cuando irrumpe algo más escandaloso, impactante o degradante.

Vale la pena entonces prepararnos para lo que viene, pues lo que nos espera en el inmediato futuro será de infarto, de definiciones y de profundas transformaciones. Lo que pasa en la política y en el marco regulatorio, lo que vendrá con ocasión de la implementación de los acuerdos de La Habana y lo que implica la nueva realidad de la economía y de la justicia harán de Colombia en el 2017 un país muy distinto al que tenemos. No sé si para bien o para mal, pero no exagero al decir que a la Colombia de hoy sólo le quedan unos meses de existencia.
12 FEB 2016 – 3:21 PM

Nicolás Uribe Rueda

El llamado año de la paz no ha sido fácil ni ha arrancado bien para el Gobierno.

Empezó con la polémica venta de Isagén, en donde los ciudadanos terminaron quedando con la impresión de que el Estado colombiano hizo un mal negocio, vendiendo a precio bajo un activo estratégico a un único oferente. A los pocos días, fue publicado el informe de la comisión de expertos sobre la reforma tributaria. En el marco de sus vaguedades e incoherencias, el mensaje que quedó, sin embargo, como si proviniera del Ejecutivo, fue bastante claro: habrá alza generalizada de impuestos, empezando por el IVA. El Gobierno patinó en sus declaraciones y aunque de alguna manera descalificó el informe y se desmarcó de sus sugerencias, al final no tuvo más remedio que confirmar que llevará al Congreso una nueva reforma tributaria que será presentada en el segundo semestre de este año. Esta determinación se hizo sobre la base de los cálculos que tienen para dedicar el primer semestre a la firma de la paz y su ratificación y el segundo a la implementación de los acuerdos, en donde, por supuesto, hay un alto contenido tributario.

NICOLÁS URIBE RUEDA 9 OCT 2015 

Nicolás Uribe Rueda

El 25 de octubre más de 32 millones de colombianos podremos acercarnos a las urnas y cambiar la suerte de nuestras ciudades.

Estaremos habilitados para promover ciertos modelos de desarrollo, priorizar contenidos en la agenda pública y seleccionar los equipos responsables del cuidado y la administración de los recursos públicos, aquellos que precisamente sirven para garantizar la efectiva prestación de los servicios y el pleno ejercicio de los derechos. En 15 días, el ciudadano de a pie, sin importar clase social, credo, si paga o no impuestos o si le interesa la marcha de la política, podrá decidir sobre su propia suerte y la de su entorno.

Nicolás Uribe Rueda

Nunca he creído en la buena fe de los peores criminales.Como expertos timadores, capaces de los delitos más atroces, poca cosa resulta para ellos decir una cosa y hacer exactamente la contraria, o firmar un acuerdo para luego incumplirlo. Utilizar la negociación para fortalecer sus objetivos delincuenciales y arreciar con sus actividades ilegales es apenas previsible. Por esa razón, confiar en las posibilidades de éxito de un proceso de paz siempre tiene algo de ingenuidad, e independientemente del gobierno que lo lidere, es casi siempre un acto de fe.

Los primeros textos acordados con las Farc tienen contenido político. Abordan políticas públicas y la organización del Estado. Su propósito es montar una paraestatalidad en lo local, que será necesaria para la toma de las decisiones y factor real de poder en el territorio para habilitar actividades empresariales, políticas e institucionales. Las Farc buscarán tomarse estos espacios y, a mi juicio, deben existir grandes preocupaciones sobre el impacto que esto pueda tener en la gobernabilidad de las regiones y en la actividad económica privada.

Ahora bien, el comunicado sobre justicia es un indicador concreto y puntual de la voluntad de las Farc para suscribir su desmovilización y una manifestación real para llegar al fin del proceso a través de un acuerdo de paz. Para incrédulos como yo, tal vez este ha sido el único indicio real de una voluntad de paz que hasta ahora había estado ausente. El contenido del acuerdo, que aún desconocemos en su integridad, parece ajustarse a lo que resulta aceptable para la opinión y a lo que necesariamente se requiere a la luz de la Constitución y los compromisos en materia de derechos humanos suscritos por Colombia. De acuerdo con el texto oficial del comunicado conjunto publicado, habrá penas con restricción de libertad para los máximos responsables, algo de verdad, amnistía para los combatientes rasos e investigación y juzgamiento para quienes participaron en delitos de lesa humanidad. Deberá existir reparación y garantía de no repetición. Una fórmula distinta, pero con elementos comunes, a lo que fue el instrumento utilizado para la entrega y desmonte de los paramilitares hace apenas unos años.

Lo ideal, que en este caso riñe con lo posible, habría sido capturar, juzgar, condenar y encarcelar de por vida a los generadores de pobreza y autores de tanto dolor y destrucción continuada. Pero un acuerdo en los términos de lo expresado en el comunicado es, a mi manera de ver, aceptable para decretar el fin de las Farc y concentrar esfuerzos para combatir la inseguridad ciudadana y las bandas criminales que nacen luego de las desmovilizaciones.

Sin embargo, hay que tener cuidado. Declaraciones subsiguientes realizadas por intérpretes autorizados han servido más para confundir que para aclarar el contenido del acuerdo, y en la práctica algunos han propuesto renunciar a los logros alcanzados en la negociación para evitar que las Farc reconozcan su ADN criminal y asuman algunas de sus consecuencias. Proponer a Colombia como cárcel, convertir la jurisdicción de paz en instrumento de venganza o devolver sin más la posibilidad de hacer política a los autores de crímenes atroces contradice de plano la literalidad del acuerdo presentado en materia de justicia. Los detalles para la implementación de los acuerdos deberán ser honestos y rigurosos con los preceptos que les han dado origen, entre otras cosas, porque las desviaciones seguramente serían castigadas en las urnas.

@NicolasUribe

NICOLÁS URIBE RUEDA 31 JUL 2015 – 11:28 PM

Nicolás Uribe Rueda

DESDE SU FUNDACIÓN, YA CASI TRES años atrás, hago parte del equipo de trabajo que todos los días debate en Blu Radio sobre las principales noticias del día desde variadas perspectivas ideológicas.

Estar cada mañana disponible para opinar sobre lo divino y lo humano, generalmente con preparación, pero también a mansalva por la irrupción intempestiva de los hechos noticiosos, no es tarea fácil. Tampoco es sencillo enfrentar cada tesis y cada argumento al escrutinio público de la audiencia, a la agresividad o el aplauso de las redes sociales, o al contrapunteo implacable de mis compañeros de trabajo que no perdonan una pifia. Una cosa es dar noticias y otra muy distinta es opinar sobre las mismas.

Nuestros debates no son el resultado de una pantomima ni un escenario de deliberación científica. Cada cual habla con autenticidad e independencia sobre los temas en cuestión y las posiciones están inevitable y frecuentemente influenciadas por las convicciones, trayectoria y tendencias políticas de cada uno de los que participamos. En estas condiciones es frecuente que el apasionamiento, tan propio de la deliberación espontánea, tenga un papel preponderante; e inevitables, por tanto, resultan las contradicciones, la confrontación y la visión desde múltiples orillas de pensamiento a una misma problemática.

NIcolás Uribe Rueda

Colombia parece estar finalmente entrando en el debate específico de la forma en que se debe implementar aquello que se firme en La Habana. El presidente propuso un Congresito para la paz, como instrumento para desarrollar los acuerdos ágilmente, y en sus propias palabras sostuvo que ello “serviría para legalizar lo acordado en las mesas de negociación”.

La tesis del Gobierno, según parece, es que se requiere la creación de un mecanismo expedito, vía reforma constitucional, para que no se agote la paciencia de la gente ni se echen a perder los acuerdos por falta de impulso reglamentario.

El modelo propuesto lo conoce bien Humberto de la Calle, quien casi 30 años atrás, participó del gobierno que con los partidos mayoritarios y los copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, acordó primero la revocatoria del Congreso recién elegido, y luego, la creación de una comisión especial de 36 miembros (artículos transitorios 6 y 7), que la opinión pública prontamente bautizó como el Congresito. En aquel entonces, se trataba de que la Comisión aprobara o improbara, mientras se elegía el nuevo Congreso, aquellos textos propuestos por el Gobierno en desarrollo de las facultades extraordinarias que se le otorgaron al ejecutivo también en artículos transitorios de la nueva Constitución.