Nicolás Uribe Rueda

LEÍDOS POR TERCERA VEZ LOS acuerdos de La Habana, es claro que los últimos textos tienen modificaciones importantes frente a aquello que se daba como definitivo en Cartagena. Hay correcciones y notas aclaratorias respecto a temas sustanciales que sin duda hacen de este un mejor acuerdo, pues introducen precisiones a las ambigüedades que se prestaban para una estrategia de abuso del derecho.

Se introdujeron límites relevantes a los escenarios de participación ciudadana, que en la práctica podrían inmovilizar a las autoridades elegidas popularmente. Se aclara que la participación no suplanta la autonomía de los actores institucionales y sus decisiones no se mediatizan por organizaciones de base que buscan incidir en la definición de tareas públicas. Se insiste en el respeto por la propiedad privada y con claridad se reafirman las reglas vigentes sobre expropiación. Se acaba también la feria de subsidios a dedo y se establecen procedimientos con criterios definidos por ley para la selección de beneficiarios. En buena hora también se aclara que la protesta social está permitida en tanto sea pacífica, palabra que estaba ausente y que se incorpora en el acuerdo. Las Farc deberán también entregar la lista de sus milicianos, sobre los cuales, esperaríamos todos, se derive la obligación de desmovilización. El nuevo texto pone límite al trato diferenciado con cultivadores de coca, se establece que serán judicializados si reinciden y los beneficios económicos y sociales no son compatibles con el cultivo de coca, algo que parecía apenas obvio, pero que estaba ausente. Me parece también importante señalar que, en el marco de la JEP, el testimonio no será válido si éste no está acompañado de otros medios de prueba, cuando quien acusa recibe beneficios por colaboración. También se hace expresa la obligación de las Farc respecto a la entrega de sus bienes y recursos.

Ahora, creo que también hay novedades inservibles. La tutela contra decisiones de la JEP, por ejemplo, es una quimera. Los requisitos de procedencia que se establecen, pero, sobre todo, la clara y abusiva interferencia de la JEP para permitir la revisión de sus propios actos, harán de la tutela un instrumento inaplicable. Y en el caso de las sanciones para los magistrados, no hay que ser un mago para darse cuenta de que el espíritu de cuerpo terminará blindando a quienes abusen de su cargo y a la postre no tendrán quién los juzgue o discipline.

No cambiaron dos temas que de antaño generan gran rechazo entre los colombianos: la elegibilidad automática de quienes han cometido delitos de lesa humanidad y el no pago de un solo día de cárcel. Sobre ellos nos dicen que no hubo margen de negociación, a pesar de que había propuestas intermedias. Esto cierra la discusión de paz, pero no la deliberación política, y, al contrario, otorga valiosos argumentos a la oposición para poner en jaque en el futuro la estabilidad política y jurídica de la totalidad de los acuerdos alcanzados. No cabe duda de que estos elementos serán bandera política en 2018 y ya veremos si algunos terminarán defendiendo la elegibilidad política de las Farc a costa de la viabilidad política propia.

Para terminar, voceros oficiales dicen que no, pero el acuerdo parece sostener lo contrario: ¿el nuevo acuerdo hará parte Sí o NO del bloque de constitucionalidad?

@NicolasUribe

Nicolás Uribe Rueda

Abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en Política Internacional en American University de Washington D.C., y Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Consejero Presidencial 2002-2004 y Representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Consultor en Asuntos Públicos y de Gobierno a través de su firma Valure, fundada en 2011. Panelista de Blu Radio y columnista de El Espectador

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