NIcolás Uribe Rueda

Lo dijo de manera elocuente el negociador De la Calle en reciente columna publicada esta semana: la discusión civilizada sobre el proceso de paz no sólo es inevitable sino conveniente en un momento en el que se toman decisiones verdaderamente dramáticas para el futuro de Colombia.

Ahora bien, publicado el texto de lo acordado hasta el momento, lo natural es que la discusión ciudadana supere la superficialidad del debate “guerra o paz”, y se adentre en el análisis pormenorizado de los puntos acordados. Con este propósito, me permito respetuosamente formular unas preguntas sobre el primero de los acuerdos publicados, aquel que se refiere a una reforma rural integral.

1. El acuerdo propone asegurar la disponibilidad y el acceso suficiente en oportunidad, cantidad, calidad y precio a los alimentos necesarios para una buena nutrición. ¿Habrá control de precios a determinados productos agropecuarios?

2. El acuerdo propone reiteradamente la promoción del uso adecuado de la tierra según su vocación y crea una institución de alto nivel para definirlo y una jurisdicción agraria para, entre otras cosas, tramitar conflictos entre la vocación y el uso real del suelo. ¿Quedará proscrito el desarrollo de actividad agropecuaria diferente a la determinación oficial sobre el uso de la tierra? ¿La explotación petrolera se convertirá en un conflicto permanente que dirimirá el juez agrario en cada caso?

3. El acuerdo dice que de la participación comunitaria campesina dependerá la priorización de vías, la asignación de subsidios, el mantenimiento del servicio de electrificación y la administración del riego, entre otras muchas cosas. ¿Las comunidades podrán negar servicios a quienes no consideren alineados con sus criterios sobre la vocación del uso de la tierra?

4. El acuerdo habla de la promoción de la participación en la planificación del uso del suelo y el ordenamiento del territorio. ¿Quedará mediatizado el proceso de planificación territorial a los conceptos favorables de las comunidades campesinas? ¿Se podrá prohibir por esta vía la sísmica, la explotación del petróleo o la siembra de palma de aceite?

5. El acuerdo habla de consejos municipales, departamentales y nacional de seguridad alimentaria y nutrición. ¿Estas instancias participativas podrán proscribir algún producto o su consumo y sus conceptos sustituyen las famosas guías alimentarias?

6. El acuerdo habla de alimentación culturalmente apropiada para garantizar la soberanía alimentaria. ¿Esto podría conducir a la prohibición de determinados alimentos o cultivos?

7. El acuerdo habla de la promoción de la semilla nativa y del patrimonio genético de la Nación. ¿Se renunciará a la semilla certificada que garantiza prevención de enfermedades y mayor productividad del campo?

8. El Gobierno se compromete a asegurar la financiación de todos los compromisos adquiridos a lo largo de las 21 páginas de acuerdo. ¿Alguien sabe ya cuánto vale y de donde saldrán los recursos para financiarlo?

Hay más preguntas, pero se me acabó el espacio. En quince días publicaré algunas de las preguntas que han quedado luego de leer el acuerdo sobre participación política.

Nicolás Uribe Rueda

Abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en Política Internacional en American University de Washington D.C., y Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Consejero Presidencial 2002-2004 y Representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Consultor en Asuntos Públicos y de Gobierno a través de su firma Valure, fundada en 2011. Panelista de Blu Radio y columnista de El Espectador

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