1 JUL 2016 – 3:04 PM

Nicolás Uribe Rueda

Ojalá algún día a Colombia le llegue el momento de las reformas estructurales, porque con el paso de los días, de los meses y de los años son más los temas que se acumulan y los sectores que se perjudican por cuenta de reformas cosméticas de corto plazo, de esas que van pateando los problemas para la semana entrante, el mes que viene y el año próximo, sin lograr nunca resolver los aspectos críticos que generan incertidumbre, altos costos de transacción y malestar social.

Por eso andamos de paro en paro, de incumplimiento en incumplimiento y de fracaso en fracaso en la tarea de construir instituciones fuertes que generen confianza, reglas claras, condiciones de competitividad y oportunidades para privilegiar los intereses generales, especialmente aquellos de los más pobres.No hay que ser ave de mal agüero, pero es poco probable que la reforma fiscal que viene pueda ser la famosa reforma tributaria estructural. El conjunto de propuestas antitécnicas y absurdas que enredan el debate, la debilidad del Gobierno en las encuestas y el plebiscito por la paz, seguramente embolatarán, una vez más, la necesidad que tiene Colombia de construir un régimen tributario justo y progresivo, acorde con un país que cree en la inversión y las reglas claras como elementos indispensables para su desarrollo.Colombia, sin embargo, no sólo requiere una reforma tributaria estructural para recaudar más y distribuir mejor. La política, que para los colombianos es sinónimo de problemas y no de soluciones, requiere una cirugía a fondo, es decir, otra reforma estructural. No sirve el sistema electoral, la financiación de las campañas es mayoritariamente ilegal, la representación política no es auténtica, la mayoría de los partidos actúan como mercenarios y la corrupción está presente en casi todos los procesos de toma de decisión.Y si la reforma estructural a la política es urgente, la dela justicia no da espera. Allí hoy quien gobierna es la corrupción y la politiquería y tan solo 15 % de los ciudadanos le tienen credibilidad. Nadie juzga a los jueces y sus decisiones arbitrarias. No sólo las decisiones llegan tarde o nunca llegan, sino que no respetan el ordenamiento jurídico y con frecuencia se apartan de sus competencias por complacer convicciones ideológicas individuales. Las Cortes, lamentablemente, se han convertido en el nuevo tablero de las jugarretas de poder que incentivan a la ciudadanía a hacer justicia por mano propia y a los funcionarios judiciales a seguir su mal ejemplo en la órbita de su respectiva competencia.Y claro que se requiere una recomposición de la estruct
ura del Estado, es decir, una reforma institucional estructural. ¿O es que alguien cree que hay balance de poder entre el Congreso, la Judicatura y el Ejecutivo? ¿A quién no le asalta la duda sobre el desbordamiento de protagonismo de la Procuraduría y de la Fiscalía y el pobre desempeño de las funciones del control fiscal en todos los niveles territoriales? Lo cierto es que el bloqueo institucional en el que nos encontramos debe ser superado, y hasta el rol de los departamentos, sus impuestos y sus competencias para la articulación de políticas regionales en Colombia debe ser sometido a discusión.Y claro, para que no haya más paros de camioneros y taxistas se requiere una reforma estructural en el transporte. Hay también pendiente una reforma arancelaria estructural, una
reforma a la política agraria; y, por supuesto, para que se acabe el paseo de la muerte y nos alcance la plata para la salud hace falta también una reforma estructural al funcionamiento del sistema de salud. La firma de la paz, para concretarse, necesita también otras tantas reformas estructurales.Y para tramitar estas reformas, cada día parece más necesaria una reforma estructural de la mentalidad de nuestros dirigentes; una mentalidad que les permita hacer un pacto por Colombia y así hacer viables las reformas estructurales que con tanta urgencia estamos necesitando.

 

Nicolás Uribe Rueda

Abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en Política Internacional en American University de Washington D.C., y Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Consejero Presidencial 2002-2004 y Representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Consultor en Asuntos Públicos y de Gobierno a través de su firma Valure, fundada en 2011. Panelista de Blu Radio y columnista de El Espectador

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