Por: Nicolás Uribe Rueda

colombia-congreso

El jueves pasado terminó el plazo que había creado el Acto Legislativo No. 1 de 2016 para que el Congreso aprobara de manera abreviada y en trámite especial las normas y reformas constitucionales que requería la implementación del acuerdo de paz de La Habana.

Desde el 1º de diciembre del año pasado y hasta hace dos días se presentaron en el Congreso 22 proyectos de ley y acto legislativo. Fueron en total siete reformas constitucionales, 11 leyes ordinarias, dos leyes estatutarias y dos orgánicas.

Durante este periodo se aprobaron 11 normas, entre las cuales están el estatuto de la oposición, las normas que reglamentan la JEP (reforma constitucional y ley estatutaria), la ley de innovación agropecuaria y la reforma constitucional de monopolio de armas. También culminaron su trámite la norma que busca blindar los acuerdos de La Habana por tres periodos constitucionales, la ley de amnistía y la reforma constitucional que garantiza las diez curules al partido de las Farc durante dos periodos constitucionales. Se retiraron o archivaron tres proyectos, en donde se destaca la reforma política, que terminó hundida al no poder superar la tentación de ser utilizada para adecuar la Constitución al interés particular de algunos políticos en las próximas elecciones. El resto, es decir siete, se quedaron a mitad del camino y será el Congreso quien determine su trámite y si es necesario retirarlos o si debe continuar su discusión en medio de la combinación de trámites ordinario y especial.

Y por supuesto, todavía falta conocer el desenlace de este espantoso episodio en donde una duda procedimental a posteriori tiene en vilo el archivo de la reforma constitucional que creaba las 16 circunscripciones especiales.

Habida cuenta del alborozo inicial de la coalición de gobierno que aclamaba el acuerdo con las Farc y que anticipaba una aplanadora legislativa para aprobar las más de 50 normas que se rumoraban serían presentadas y aprobadas en un procedimiento exprés, la realidad es que el balance es bastante precario. Ciertamente influyeron en este desenlace la poca gobernabilidad del Ejecutivo y su mal desempeño en las encuestas, el chantaje permanente al que se ha acostumbrado el Congreso, y el clima electoral que provocó ausentismo y distancia con proyectos impopulares.

Sin embargo, tiendo a pensar que el lánguido balance del fast track tiene que ver sobre todo con los abusos de las Farc durante el año de implementación y la actuación de sus voceros dentro y fuera del Congreso; así como también con la posición del Gobierno, que con inusitada frecuencia parecía oponerse al interés general para lograr beneficios para las Farc, como quedó de presente con el caso de los menores de edad explotados sexualmente o a través del proyecto que legalizaba en la práctica grandes extensiones de hoja de coca.

Esta lección no debe ser desatendida y valdría la pena recomendarles a quienes implementan el acuerdo que se sintonicen mejor con la opinión, de modo tal que no anulen la ya cuestionada legitimidad del acuerdo y aceleren su desmonte progresivo con ocasión de una reacción ya mayoritaria que percibe que con el acuerdo se ganó muy poco, pero se entregó bastante a quienes demuestran casi nulo espíritu de enmienda.

@NicolasUribe

 

Nicolás Uribe Rueda

Abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en Política Internacional en American University de Washington D.C., y Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Consejero Presidencial 2002-2004 y Representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Consultor en Asuntos Públicos y de Gobierno a través de su firma Valure, fundada en 2011. Panelista de Blu Radio y columnista de El Espectador

Los comentarios están cerrados