Nicolás Uribe Rueda

El proceso de paz se ha extendido innecesariamente en el tiempo por cuenta de las maniobras dilatorias de las FARC que no ceden en su interés de sacar ventaja estratégica de los diálogos para seguir adelante con su agenda terrorista y narcotraficante. Y aunque la agenda de La Habana es reducida, los temas han venido avanzando y aparentemente se ha logrado como nunca llegar a acuerdos con el grupo guerrillero, todos sabemos que es uno y solamente uno el asunto del que depende la posibilidad de que la guerrilla se desmovilice, y entregue las armas y cese su actividad delincuencial. Por más que digan lo contrario, lo cierto es que el destino del proceso no está atado a las definiciones de política pública sino simple y llanamente a la suerte personal de los jefes guerrilleros, que tienen como único propósito lograr el objetivo de habilitarse para ejercer papeles protagónicos en la vida política colombiana en el ocaso de su existencia. Así lo reconocen quienes han transitado por procesos de reinserción y en ello coinciden quienes han liderado los procesos de paz en el pasado.

Y por eso, antes de cerrar definitivamente el acuerdo sobre política agropecuaria o seguir definiendo las estrategias para cambiar la orientación de la lucha contra las drogas, el proceso de paz debería concentrarse en abordar el tema que determina su posibilidad de éxito o fracaso: el de la participación política de los jefes guerrilleros. Es aquí donde se verifica la voluntad real que tienen las Farc de acabar con sus acciones terroristas, pero también donde la sociedad colombiana encontrará respuestas sobre la posición del gobierno de lo que está dispuesto a ceder para lograr la paz en el marco de lo que permite el Estado de derecho.

Y es que aquí no hay mucho que debatir. O se permite que quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra hagan política o se les proscribe este derecho. Para algunos, la reconciliación que requiere Colombia implica “tragarse sapos”, entre los cuales está ver a estos bandidos en el Congreso, en alcaldías y en toda clase de cargos y dignidades públicas.

 

A otros, lo anterior nos parece un despropósito apenas comparable con la rendición del Estado a sus verdugos, una claudicación de los derechos de las víctimas y un riesgo para el futuro de Colombia, que debe transitar por la depuración de la política y no por la incorporación en ella de los más peligrosos delincuentes. De acuerdo con la Fiscalía, sólo los cinco plenipotenciarios de las FARC suman 268 órdenes de captura, medidas de aseguramiento y condenas en su contra. Y es que sobre todo no podemos ser ingenuos: ¿Será que Iván Marquez, hipotéticamente elegido alcalde luego de ser amnistiado por 28 condenas, puede identificar el interés general, manejar transparentemente el presupuesto público y actuar sin tentaciones criminales en el ejercicio de lo público? ¿Será que el partido de las FARC sabe ganar elecciones sin comprarlas y hacer licitaciones sin robárselas? ¿Sería posible contradecir públicamente a Iván Márquez en un debate electoral sin que ello implique una sentencia de muerte?

Yo creo en la reconciliación y quiero la paz. Con lo que no comulgo es con la posibilidad de que ello se logre por la vía de investir de gobernantes a los perores criminales.

 

http://www.elespectador.com/opinion/paz-y-participacion-politica-columna-488972

Nicolás Uribe Rueda

Abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en Política Internacional en American University de Washington D.C., y Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Consejero Presidencial 2002-2004 y Representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Consultor en Asuntos Públicos y de Gobierno a través de su firma Valure, fundada en 2011. Panelista de Blu Radio y columnista de El Espectador

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