Por:  

Nicolás Uribe Rueda

@NicolasUribe

El Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción  de una paz estable y duradera, que es el nombre que se ha dado a la agenda que negocia el Gobierno con las Farc, tiene como tercer elemento de discusión el problema de las drogas ilícitas. En él se intenta llegar a acuerdos sobre los programas de sustitución de cultivos, recuperación ambiental por fumigaciones, programas de prevención y promoción de la salud y plantear una solución al fenómeno de la producción y comercialización de narcóticos.

El asunto vale la pena analizarlo en detalle por diversas razones. En primer lugar, porque la sola inclusión del tema en la agenda de negociación es un reconocimiento explícito de las Farc sobre su vinculación al narcotráfico, y en segundo lugar porque de firmarse un acuerdo, éste puede ser un elemento relevante en la reducción de la violencia, de la corrupción, del desplazamiento y de tantos otros males asociados al negocio de la droga.

Vale la pena reiterar, que al margen de su origen, la guerrilla cumple 30 años al servicio de un delito transnacional como fuente principal de financiación de sus actividades terroristas. En la actualidad, de acuerdo con cifras del propio Ministerio de Defensa, la guerrilla es responsable del 60% de la producción de droga en Colombia (aproximadamente 200 toneladas al año) y ello le representa entre 2.4 y 3.5 mil millones de dólares anuales. Así pues, cuando las Farc afirman que saben de narcotráfico, hay que creerles.

Ahora bien, en el escenario en el que nos encontramos, debemos preguntarnos cuáles podrían ser las consecuencias de un acuerdo con las Farc en este tema. A nuestro juicio, principalmente hay que tener en cuenta al menos tres elementos.

En primer lugar, el resultado inmediato de la paz debe ser la renuncia del grupo terrorista a seguir viviendo del negocio de la droga, particularmente además, si lo que quiere es salir del monte para dedicarse a la política. Su voluntad de paz debe concretarse en la entrega al Estado de la información necesaria para desmantelar el negocio, es decir, las rutas, los socios, los testaferros y los canales de distribución, entre otras cosas. Y es claro, al menos para algunos, que deberán entregar también los bienes asociados al negocio, pues el proceso de paz no debe servir para lavar millones de dólares o legalizar el producto de una actividad ilícita que ha costado la muerte de miles de colombianos.

En segundo lugar, el Estado debe volverse serio a la hora de prevenir el consumo y promover estilos de vida saludables. No se requieren cambios del modelo global en la lucha contra el narcotráfico para evitar que los niños colombianos caigan en la droga o que los adictos puedan tener asistencia a servicios de salud. Ha pasado más de una década desde que se hizo la última campaña nacional de prevención y más allá de los discursos solicitando enfoques preventivos originados en una política de salud pública, aquí poco o nada se he hecho en la materia. Colombia no ha tenido la voluntad política para avanzar en materia de prevención de consumo y las últimas mediciones en el tema delatan el fracaso.

Y por último, antes de que otras bandas delincuenciales se apropien del negocio que las Farc están obligadas a entregar en caso de que el proceso de paz culmine con éxito, el Estado debe reaccionar rápido y ofrecer alternativas productivas a los cultivadores de coca, al mismo tiempo de que demuestra su capacidad para llegar al campo con infraestructura y servicios sociales.

Es poco probable, eso sí, que el modelo global de lucha contra el narcotráfico se modifique por cuenta del proceso con las Farc. Es también iluso pensar que afuera las Farc, el negocio no tendrá quién lo administre. Sin embargo, en este tema, tal vez como en ninguno, la guerrilla sí tiene mucho que aportar en caso de que tenga efectivamente una verdadera voluntad de paz.

Nicolás Uribe Rueda

Abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en Política Internacional en American University de Washington D.C., y Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Consejero Presidencial 2002-2004 y Representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Consultor en Asuntos Públicos y de Gobierno a través de su firma Valure, fundada en 2011. Panelista de Blu Radio y columnista de El Espectador

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