22 Sep 2017 – 9:00 PM

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Esta semana, el presidente Rajoy, de España, refiriéndose al desafío constitucional de Cataluña, decía que “votar sólo es sinónimo de democracia cuando se hace de acuerdo a la ley. Nadie puede pretender situarse por encima de ella”. Opinión pertinente en su contexto, pero también en el nuestro, en donde asistimos al descuadernamiento de la institucionalidad por cuenta del uso y abuso de los mecanismos de participación ciudadana en ausencia de reglas claras y a merced de las agendas políticas de turno.

Para ilustrar sólo es necesario recordar. Este año se cuentan más de 100 revocatorias al mandato, todas sin éxito, impulsadas generalmente por quienes tienen pretensiones electorales. Son más de 50 los municipios que en los últimos años han optado o están en proceso de decidir por la vía de la consulta popular si quieren petróleo y minería en su jurisdicción, desafiando así el ordenamiento territorial, sustituyendo a las autoridades técnicas de licenciamiento, prohibiendo actividades legales, ignorando el papel del Estado en el manejo del subsuelo y expropiándole al Gobierno la conducción de la economía. Ya se anuncian consultas contra granjas avícolas, porque la gallinaza huele feo, y un creativo diputado hace poco propuso también una consulta popular para que se mantenga una carretera, pero se excluya el peaje que la hace viable. ¡Espectacular!

 

Las firmas sustituyeron a los partidos políticos, y con ellas también se pretende constitucionalizar la cadena perpetua de violadores y la prohibición de la unión entre parejas del mismo sexo, e institucionalizar las medidas contra la corrupción. En la reforma política se buscaba que la firma digital tuviese iniciativa legislativa y unos ciudadanos proponían que se reformara a las EPS vía consulta popular. En contravía de lo que decidió el Concejo de Bogotá de acuerdo con la ley, se intentó derogar con un cabildo abierto la venta de la ETB. Vamos a ver qué pasa con las consultas antitaurinas, que prohibirán las corridas, y ya vimos qué pasó con el plebiscito por la paz, que perdió en las urnas y luego, con algunos cambios, fue avalado en el Congreso en contravía del resultado electoral.

 

De las consultas previas ni se diga. Lo que estaba concebido para construir consensos se ha convertido en instrumento para bloquear toda clase de proyectos. Judicialmente, además, las consultas ahora se ordenan de manera retroactiva, convocando a advenedizos e incluso también con invasores ilegales. Los fallos son frecuentemente ultra petitaextra petita, donde se ordenan indemnizaciones por toda clase de perjuicios no probados, salvo en la mente de quien ostenta sesgos antiempresariales llenos de prejuicios.

 

Nada de esto ha contribuido a que Colombia sea más democrática y segura, los colombianos menos pobres, el ambiente esté más protegido y las instituciones más robustas. Todo lo contrario. El abuso de la participación nos ha hecho más pobres, ha creado negocios ilegales y nos ha hecho gastar enormes cantidades de dinero para obstaculizar al fin de cuentas el diálogo social y el desarrollo.

Por esto y por mucho más será interesantísimo el XII Congreso de la Jurisdicción Constitucional, que se desarrollará en Pasto la semana entrante, donde tendremos la oportunidad de opinar y debatir sobre este y otros temas de tensión constitucional y de clara actualidad.

 

@NicolasUribe

 

Nicolás Uribe Rueda

Abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en Política Internacional en American University de Washington D.C., y Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Consejero Presidencial 2002-2004 y Representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Consultor en Asuntos Públicos y de Gobierno a través de su firma Valure, fundada en 2011. Panelista de Blu Radio y columnista de El Espectador

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