10 Feb 2019 – 12:00 AM
Por: Nicolás Uribe Rueda
La política de seguridad presentada esta semana por el Gobierno Nacional es verdaderamente un documento estratégico. No se trata de un retórico tratado de seguridad, ni de un extenso diagnóstico que busca describir en detalle una vez más una realidad que se pretende intervenir. No es un documento que se entretiene en digresiones académicas y teóricas sobre las causas de la violencia, ni una puesta en escena de debates de naturaleza política que ponen a pelear a tirios y troyanos. Es un documento breve, que va al grano del problema, que identifica con la complejidad de lo simple una serie de amenazas y propone acciones concretas para revertir y prevenir realidades que se deben enfrentar.
Durante los últimos 20 años, el gobierno venezolano ha devastado a su país de una manera indescriptible. Acabó con la división de poderes, corrompió hasta los tuétanos a los militares, destruyó la industria petrolera y subyugó a los medios de comunicación. Hizo inviable la actividad económica, destruyó el aparato productivo y exterminó la base empresarial. Persiguió a la oposición, la encarceló y la torturó. A los ciudadanos les conculcó su dignidad y los convirtió en vasallos, mendigos de las dádivas oficiales a cambio de su apoyo electoral. La robadera hizo que los servicios sociales fueran inoperantes y por ello hoy no hay continuidad en los servicios públicos, ni justicia, ni medicinas, ni comida, ni seguridad pública. La degradación es tal que nadie en el Gobierno opera con apego a alguna ley, sino violándolas todas, incluyendo la propia Constitución que espuriamente ellos mismos redactaron. La arbitrariedad, la corrupción y la mentira son las únicas fuentes de derecho. Es pues un régimen no solo antidemocrático sino criminal, que comete de manera sistemática violaciones a los derechos humanos y tiene como actividad principal desde algunos despachos oficiales el narcotráfico y la minería ilegal. Algún día habrá escritas miles de páginas narrando el sufrimiento y la desgracia que puede significar para cualquier ser humano vivir bajo el yugo de Maduro y sus secuaces.
No sé si le pasa lo mismo a los respetados lectores, pero a mí me entusiasma siempre empezar un año nuevo. No solo porque es el único momento real de reflexión respecto de la marcha general de las cosas en mi vida, sino porque también es la oportunidad para un nuevo comienzo relativo. Un año nuevo es la ocasión para recobrar las fuerzas que se agotaron con el paso de los meses y resulta liberador respecto de algunas de las cargas con las que camino, así esté consciente de que en breve deba volver a levantarlas. El fin de un año y el comienzo de uno nuevo es, cómo no, un momento de esperanza. Y para Colombia, me gustaría que en 2019 pasara lo siguiente:
En algún momento me dio en la vida por leer todas las biografías de los presidentes norteamericanos que cayeron en mis manos. En este periplo biográfico me enredé entre otros con Franklin, Lincoln, los Roosevelt, Nixon y Kennedy. He disfrutado como nada estos viajes por la vida de quienes para bien o para mal, incidieron de manera determinante en la configuración del mundo tal y como hoy lo conocemos.
Reagan ha sido caso aparte para mí, pues como con Churchill, me he empeñado casi que obsesivamente no solo en leer sus biografías, sino también en conseguir sus voces, videos, frases célebres y fotografías. De Reagan hay muchas cosas entretenidas para leer y otras de difícil digestión como su Diario; libro de letra menuda, de esos que espantan con su sola apariencia a los lectores y que, pese a su valor político e histórico, puede ser tedioso si no se sazona con una o varias fuentes complementarias que contribuyan a endulzar cada episodio.
Así llegué a la anotación del día 3 de diciembre del año 82 donde Reagan, hace referencia a su visita a Bogotá. Si bien, la nota es amable, y concluye afirmando que considera a Betancur como un amigo; años más tarde en su autobiografía, Reagan escribe que el presidente “había dejado en claro que a los colombianos no les gustaba que se les tomara por descontado”. Había pues algo que faltaba contar en esta historia. Es más, medios internacionales informaron que, durante el brindis de bienvenida, Betancur planteó la corresponsabilidad en el problema de la droga, se había quejado por las políticas proteccionistas y concretamente solicitaba no aislar a Nicaragua como se había hecho ya con Cuba en el pasado. El New York Times tituló “Reagan criticized by Colombia Chief on visit to Bogota” y el presidente norteamericano oyendo a Betancur decidió improvisar sus palabras y debió empezar diciendo: ”You have spoken frankly. Now let me do the same”.
Iván Duque llegó al Congreso hace 4 años y rápidamente se convirtió en un senador estrella. Deslumbró por su juicio, disciplina y don de gentes. En la opinión pública logró abrirse espacio como vocero de temas económicos y entre los medios de comunicación se volvió fuente calificada para comentar y discutir asuntos de relevancia nacional. Sus colegas lo eligieron en dos oportunidades como el mejor Senador y su partido rápidamente lo catapultó a lugares de privilegio, brindándole la oportunidad para que se luciera en debates, con proyectos de ley e intervenciones. Su papel en la oposición al plebiscito de 2016 lo volvió una figura nacional.
Respetuoso en el diálogo político con adversarios ideológicos, así como poco camorrero, decidió no comprar las peleas aquilatadas durante años por su grupo parlamentario, asunto que lo ubicó en el centro del Centro Democrático.
Repitió en su precampaña presidencial la metodología de talleres democráticos que llevó a Uribe a la Casa de Nariño en 2002 y superó luego a cinco copartidarios con quienes se midió en casi 40 debates regionales que terminaron con la definición de un candidato único seleccionado a través de un proceso de revisión de encuestas. En marzo, compitió por la candidatura definitiva ante Marta Lucía Ramírez y obtuvo más de 4 millones de votos, convirtiéndose así, en el candidato por fin oficial de una coalición de centro derecha que tenía serias posibilidades de llegar a la presidencia de Colombia.
Nada más sobre diagnosticado en Colombia que la inequidad e inconveniencia de nuestro sistema tributario. Todo el mundo está de acuerdo en que lo que existe no sirve, y que lo adecuado sería pues una reforma tributaria estructural que convirtiera en progresivo, equitativo y transparente un marco normativo farragoso, disperso y lleno de injusticias y posibilidades de evasión. Como lo demuestran vergonzosamente las cifras, la inequidad en Colombia crece luego del pago de impuestos, indicador inaceptable para un sistema cuya naturaleza es la de redistribuir la riqueza en favor de los más pobres.
La carga fiscal está sobrecargada en el impuesto corporativo, haciendo de nuestro país un destino poco competitivo. Algo más de 3 mil quinientas empresas (el 0,35) pagan el 70% del total de los tributos, mientras que las personas naturales aportan el 6% de los ingresos fiscales nacionales, muy por debajo del promedio de América Latina y por supuesto, muy lejos de la OCDE que se acerca al 25% del total. Además, nuestro sistema tributario produce bajísimo recaudo respecto del PIB (menos del 20%) comparado con la OCDE (cerca al 35%) y el promedio latinoamericano (poco menos del 25%), donde sólo México y Perú nos superan por lo bajo.
Polémica en Colombia ante revelador video en el que aparece el excandidato presidencial y actual senador Gustavo Petro recibiendo una alta suma de dinero en efectivo.
Las imágenes fueron dadas a conocer por la senadora del partido Centro Democrático Paloma Valencia en el debate sobre la corrupción de Odebrecht en Colombia y ya están en poder de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia.
Gustavo Petro respondió a través de twitter, reconoció que recibió el dinero, aseguró que provenía de un préstamo, que no tenía procedencia ilícita y que quien lo grabó buscaba chantajearlo con el video en el futuro.
En el programa La Noche, el senador de la coalición decentes Gustavo Bolívar, el exviceministro y exprecandidato presidencial, Rafael Nieto y el analista político y consultor de asuntos públicos y de gobierno, Nicolás Uribe, debaten sobre lo que representa este video, sus implicaciones jurídicas y las explicaciones que entregó el actual senador Gustavo Petro sobre las razones, la procedencia del dinero y las circunstancias en las que fue grabado recibiendo fajos de billetes en efectivo.
Redacción La Noche
Parece inquebrantable la decisión del presidente Duque de jugársela a fondo por refundar las relaciones entre el Gobierno y el Congreso, permitiendo así por fin que los partidos recuperen su importancia, el Congreso su independencia y los parlamentarios el papel de representar a sus regiones. Se acabó la época en la que el legislativo tenía que obedecer las decisiones del gobierno so pena de no ganar o perder los beneficios que traen las dádivas oficiales. Cada loro en su estaca.
Se extingue pues la aplanadora oficial que se encendía y funcionaba a todo vapor durante el periodo de gobierno, con apenas los trastornos naturales del inconformismo de quienes se sentían maltratados en comparación con sus compañeros de curul. La aplanadora garantizaba las mayorías para las votaciones, definía el orden del día, archivaba proyectos y hasta elaboraba desde los computadores de los Ministerios las ponencias que se firmaban juiciosamente en el Congreso. Por cierto, la mermelada no sólo operaba para garantizar la aprobación de las normas, sino, sobre todo, para perpetuar a la clase política que las recibía, eligiendo primero a sus socios políticos en las elecciones regionales, con cuya mermelada local se garantizaba luego la reelección en el Congreso. Acabar con esta práctica viciosa, el presidente Duque lo tiene claro, es la verdadera reforma a la política.
Después de la Controversia sobre el tratamiento de la JEP al delito de secuestro, calificándolo como secuestro político, parece que la JEP ha corregido. En publicaciones posteriores parece haber decidido no calificar como político el secuestro. EL DEBATE VALIÓ LA PENA
Así empezó todo
En el ejercicio de sus competencias, desde hace algunos meses, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) viene desarrollando una serie de audiencias con víctimas del secuestro.
Estos eventos son publicitados por las redes sociales de la JEP de diversas maneras, como entrega de informes, audiencia o comparecencias. Independientemente del tipo de evento, la JEP decidió denominar como SECUESTRO POLÍTICO el delito sobre el cual deberían rendir sus informes o declaraciones las víctimas del secuestro.
Así por lo menos quedó impreso en varias publicaciones de la JEP en donde actores políticos fueron invitados a declarar sobre la horrenda experiencia que vivieron ellos o sus familiares, muchos de los cuales fueron luego masacrados por sus secuestradores. Así las cosas, decidí preguntar a la JEP la razón por la cual denominaban así a este crimen de lesa humanidad, en tanto que este tratamiento de SECUESTRO POLÍTICO es sin duda benévolo con quienes cometieron el secuestro. Mi preocupación es que este tratamiento confirma la acusación sobre el sesgo que tiene la JEP respecto de crímenes cometidos por las FARC:
Tratar el secuestro como político lamentablemente construye la idea de que es un instrumento válido de la controversia política y que de alguna manera es simplemente un sacrificio que algunos deberán soportar con el propósito de que todos vivamos mejor. Es claramente la instrumentalización de la dignidad de una persona con fines políticos.
La JEP, sin embargo no corrigió y contestó mi reclamo con varios comentarios así, invitándome a leer y recordándome que la Sala de Reconocimiento no juzga y que además ellos no podrían calificar las conductas punibles.
