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Por: Nicolás Uribe Rueda

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El jueves pasado terminó el plazo que había creado el Acto Legislativo No. 1 de 2016 para que el Congreso aprobara de manera abreviada y en trámite especial las normas y reformas constitucionales que requería la implementación del acuerdo de paz de La Habana.

Desde el 1º de diciembre del año pasado y hasta hace dos días se presentaron en el Congreso 22 proyectos de ley y acto legislativo. Fueron en total siete reformas constitucionales, 11 leyes ordinarias, dos leyes estatutarias y dos orgánicas.

Durante este periodo se aprobaron 11 normas, entre las cuales están el estatuto de la oposición, las normas que reglamentan la JEP (reforma constitucional y ley estatutaria), la ley de innovación agropecuaria y la reforma constitucional de monopolio de armas. También culminaron su trámite la norma que busca blindar los acuerdos de La Habana por tres periodos constitucionales, la ley de amnistía y la reforma constitucional que garantiza las diez curules al partido de las Farc durante dos periodos constitucionales. Se retiraron o archivaron tres proyectos, en donde se destaca la reforma política, que terminó hundida al no poder superar la tentación de ser utilizada para adecuar la Constitución al interés particular de algunos políticos en las próximas elecciones. El resto, es decir siete, se quedaron a mitad del camino y será el Congreso quien determine su trámite y si es necesario retirarlos o si debe continuar su discusión en medio de la combinación de trámites ordinario y especial.

Por: Nicolás Uribe Rueda

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Desde que empezaron a publicarse borradores sobre los acuerdos de La Habana, he venido comentando algunos temas que considero pueden significar una amenaza real para el desarrollo de Colombia. He expresado, por ejemplo, el riesgo de la desinstitucionalización por la vía de la creación de espacios participativos comunitarios paraestatales, y comentado asuntos concretos que postran el desarrollo agropecuario. Sin embargo, ha sido difícil plantear discusiones de altura, cuando de entrada se supone que detrás de las palabras existe una agenda política que se escuda en cualquier cosa para oponerse por principio a una negociación de paz con las Farc. Ahí la discusión muere y generalmente arrancan las descalificaciones.

Sin embargo, hay un elemento que no deja de sorprenderme y es el buenismo que existe entre algunos a la hora de interpretar el comportamiento de las Farc, una vez entradas en democracia. Para los buenistas, ese grupo de personas para las cuales pensar mal resulta políticamente incorrecto, los miembros de las Farc, una vez dejaron las armas, también de facto se desprendieron de la cultura de la ilegalidad en la que vivían y adoptaron los códigos éticos, morales y legales propios de los ciudadanos de bien, personas que participan en democracia, buscan vivir en paz, respetan las señales de tránsito, pagan sus impuestos, no compran contrabando y trabajan honradamente para sacar a sus familias adelante.

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La rebelión de Atlas

Leí por primera vez La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, hace casi diez años, y con frecuencia visito las anotaciones y subrayados que dejé en aquellas páginas maravillosas. Con cada nueva lectura se actualizan las reflexiones y, claro está, la inevitable comparación entre la situación colombiana y su estado de ánimo con la trama descrita en la novela, en donde el intervencionismo de Estado y la ética mayoritaria terminaron por asfixiar la iniciativa privada y colapsando el sistema social.

En esta oportunidad, coincidió mi lectura con la nueva publicación del informe “Doing Business” del Banco Mundial y el Informe Nacional de Competitividad. Más allá del análisis para Colombia, las recomendaciones de política y la comparación con los datos de años anteriores, creo valioso referirme al estado de ánimo o, mejor, de animadversión que existe hoy en el país contra todo lo que produzca, genere riqueza, cree empleo y sea fuente de oportunidades.

Es extraño, pero como sucedía en la novela de Rand, empieza a consolidarse la tesis de que la riqueza es un síntoma de inmoralidad que debe ser castigado por las autoridades y perseguido por la sociedad, mientras la necesidad se vuelve la fuente de todo derecho. Por eso se toleran las violaciones de la ley cuando los infractores se escudan en causas sociales y se persigue sin tregua a quienes crean empresa, estableciendo para ellos un régimen de requisitos y cargas incumplibles, altamente onerosos y con frecuencia incompatibles entre sí. La sobrerregulación estatal desestimula la inversión y crea conflictos irresolubles: se suben los costos a los empresarios y al mismo tiempo se les fustiga porque no venden barato, claro está, a la medida de las necesidades de la gente.

20 Oct 2017 – 9:00 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda

 

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Colombia atraviesa por una clara y concreta crisis de representación. No sólo las encuestas, que ponen en el sótano de la favorabilidad a las corporaciones públicas, así lo advierten, sino que también hay indicios graves de que los ciudadanos están buscando alternativas para acceder al poder o tramitar sus preocupaciones por vías alternas, y como consecuencia de la falta de credibilidad, competencia y eficacia de los poderes constituidos y de los hombres y mujeres públicos que los integran y lideran.

Por esta razón los partidos no tienen candidatos y los candidatos no tienen partidos. Cada vez con más frecuencia se apela a plebiscitos, consultas, referendos y constituyentes para precisamente brincarse a los poderes constituidos, de los cuales se presume no estarán a la altura de las demandas ciudadanas. También, las cortes asaltan de manera ilegítima la facultad de legislar e interpretar las normas y los ciudadanos recurren a procesos colectivos de bloqueo que buscan confrontar a concejos municipales, asambleas, policías antinarcóticos o cualquier autoridad que pretenda hacer cumplir la ley o se oponga a sus instintos naturales. Como están las cosas, una protesta tuitera puede revocar una licencia ambiental, una consulta, prohibir actividades lícitas, un cabildo puede quitarle las armas a la fuerza pública y un grupo de campesinos evita con éxito la erradicación forzosa de la coca. Todo en contra de la ley, de la verdad científica y de la conveniencia pública.

Durante el Panel sobre Minería y Post conflicto hablé de la guerra solapada que algunos malquerientes le han declarado a la minería.

Esta intervención está basada en una columna que escribí hace unos meses en El Espectador: Los invito a leerla haciendo click AQUÍ

https://www.elespectador.com/opinion/opinion/guerra-solapada-columna-638424

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Medellín, 6 de octubre de 2017

Los días 5 y 6 de octubre en Plaza Mayor (Medellín) tuvo lugar la décimo tercera edición del Congreso Minero, evento académico organizado por la Vicepresidencia de Hidrocarburos, Minería y Energía de la ANDI en el marco de la XIII Feria Minera y Expometálica.

Los invito a ver el Panel PLATAFORMAS DE SERVICIOS OTT RETOS EN MATERIA DE COMPETENCIA. Aquí discutimos algunos puntos sobre la importancia de permitir las nuevas economías y promover las nuevas dimensiones digitales de la vida,  en contravía de quienes pretenden regular, restringir y prohibir servicios para defender los intereses de quienes hoy lideran la economía tradicional.

 

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Superintendencia de Industria y Comercio, 5to. Congreso Internacional de Libre Competencia Económica. Cartagena, Agosto 31 y septiembre 1 de 2017.

 

En el XII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional en la Ciudad de Pasto, se discutió un tema de relevancia nacional. Se trata de la Participación y la Democracia.

Lo invito a ver el video de algo más de una hora donde están las intervenciones y comentarios de los panelistas.

 

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Panel 2: DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN 

Debate: Juan Carlos Galindo Vacha,

Juan Carlos Esguerra Portocarrero,

Diana Rodríguez Franco y

Nicolás Uribe Rueda (moderador).

7 Oct 2017 – 12:00 AM

Caracol Elecciones

Colombia se dirige sin prisa pero sin pausa hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. No solo porque existe, como lo hemos venido diciendo desde años atrás en esta columna, un bloqueo institucional que impide resolver los problemas estructurales del Estado, sino también porque el desprestigio de las instituciones aumenta a la velocidad de la luz y sólo una refundación de las mismas sirve para enmendar el entuerto en el que nos encontramos. Contribuye a este fenómeno el importante bloque de reformas constitucionales que se impulsó con ocasión del proceso de paz a pesar de que el plebiscito fuera derrotado en las urnas y no fuera posible un acuerdo nacional para implementar el proceso en un marco de unidad y mínimos consensos. Tenemos ahora, ciertamente, no solo un problema de descuadre en el modelo de pesos y contrapesos que impide el equilibrio y los límites del poder, sino también, graves dificultades de legitimidad.

Miércoles, Octubre 4, 2017

Nicolás Uribe Rueda, consultor en asuntos públicos y de gobierno, habló para el programa La Tarde de NTN24 sobre la ley estatutaria para la Justicia Especial de Paz (JEP) en Colombia y aseguró que “el procedimiento de la jurisdicción especial va a tardar bastante porque es una jurisdicción muy ambiciosa, no solamente por lo que falta de debate, si no que a partir de la sanción y de la revisión de la corte constitucional, la jurisdicción, el tribunal, la unidad de victimas tiene que constituirse”.

 

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De igual manera habló de la participación de las FARC en las elecciones presidenciales del próximo año, afirmó que “los acuerdos de la Habana hablan de que los miembros de las FARC quedan habilitados políticamente para participar en las elecciones. Sobre lo entendido, tenían que haber pasado por la justicia especial y haber reparado las víctimas.Sin embargo, lo que vamos a ver es que las personas que van a quedar inscritas en el partido de las FARC para participar en las elecciones de marzo del 2018 van a ser primero candidatos, representantes del pueblo colombiano y después personas, que van a quedar sujetas a las penas y decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz”. 

 

 

22 Sep 2017 – 9:00 PM

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Esta semana, el presidente Rajoy, de España, refiriéndose al desafío constitucional de Cataluña, decía que “votar sólo es sinónimo de democracia cuando se hace de acuerdo a la ley. Nadie puede pretender situarse por encima de ella”. Opinión pertinente en su contexto, pero también en el nuestro, en donde asistimos al descuadernamiento de la institucionalidad por cuenta del uso y abuso de los mecanismos de participación ciudadana en ausencia de reglas claras y a merced de las agendas políticas de turno.

Para ilustrar sólo es necesario recordar. Este año se cuentan más de 100 revocatorias al mandato, todas sin éxito, impulsadas generalmente por quienes tienen pretensiones electorales. Son más de 50 los municipios que en los últimos años han optado o están en proceso de decidir por la vía de la consulta popular si quieren petróleo y minería en su jurisdicción, desafiando así el ordenamiento territorial, sustituyendo a las autoridades técnicas de licenciamiento, prohibiendo actividades legales, ignorando el papel del Estado en el manejo del subsuelo y expropiándole al Gobierno la conducción de la economía. Ya se anuncian consultas contra granjas avícolas, porque la gallinaza huele feo, y un creativo diputado hace poco propuso también una consulta popular para que se mantenga una carretera, pero se excluya el peaje que la hace viable. ¡Espectacular!