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19 JUN 2015 – 7:53 PM

NIcolás Uribe Rueda

Las Farc no firmaron la paz cuando enfrentaron a un gobierno fuerte ni cuando tuvieron uno débil y acorralado como interlocutor.

No aprovecharon su momento de superioridad para lograr un acuerdo que los favoreciera y tampoco aceptaron un sometimiento por cuenta de su debilidad política y militar. A las Farc parece no servirles ningún tipo de proceso: No les gustó el Caguán y sus 42 mil kilómetros, ni Caracas, ni Tlaxcala ni parecen sentirse cómodos tampoco con los mojitos de La Habana. A la guerrilla nunca le alcanza el tiempo para culminar un proceso de negociación y siempre tienen a la mano el argumento de que 50 años de conflicto no se resuelven en apenas unos meses de conversaciones. Las Farc no firmaron la paz cuando todos sus crímenes eran indultables y amnistiables y podrían haber entrado al Congreso, apenas cambiándose el camuflado por un saco y una corbata. Y parece que tampoco lo firmarán ahora, cuando la justicia transicional permite perdonar la base combatiente y condenar solamente a los máximos responsables, incluso a penas mínimas por fuera de establecimiento carcelario.

Por las mesas de negociación han pasado presidentes, negociadores, comisionados de paz, liberales y conservadores, gentes de izquierda, de centro y de derecha. Llegará el papa Francisco y se repetirá la historia. Y es que la voluntad de paz de las Farc no es cuestión de Dios sino del Diablo y por eso les darán la misma medicina que han tomado todos los mediadores anteriores.

JUNIO 19 – 2015 – 07:17 AM / DURACIÓN: 0:13:18

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Garantes de diálogos de paz Foto: Twitter @FARC_EPaz
Los panelistas de Mañanas BLU discutieron en la mesa acerca de la propuesta del senador de la Alianza Verde Antonio Navarro Wolff, de convocar una figura similar a la ‘Séptima Papeleta’ en la que los colombianos voten si están de acuerdo o no con ponerle un plazo al proceso de paz, que sería del 9 de abril de 2016.
Para Juan Lozano, “el plazo salva el proceso. Se inició sobre la base de un escenario temporal corto, el propio presidente dijo que el proceso iba durar meses y no años, lo que está pasando es también parte del efecto de que Santos en un momento dijo ‘vamos a poner plazos’ y se chupó la idea”, indicó. (Lea también: Nueve meses es suficiente para un acuerdo en 2 puntos que faltan: Navarro Wolff)
Por su parte, Sandra borda manifestó su desacuerdo con la propuesta lanzada desde la Alianza Verde.
“No estoy de acuerdo con el ejercicio de la ‘papeleta’ ni de ponerle plazos al proceso de paz; en primer lugar se acordaron unas reglas del juego para llevar a cabo la negociación, que se han venido respetando. No entiendo cómo tener un plazo podría cambiar o ablandar las pociones entre la guerrilla y el Gobierno”, sostuvo. (Lea también: No tenemos tanta paciencia como los verdes: La U sobre idea de límite a diálogos)
Entretanto, Nicolás Uribe aseguró que “La necesidad de establecer un límite no parte de querer restringir el tiempo de negociación, sino básicamente es un indicador, talvez el más importante, de establecer si existe verdaderamente voluntad de paz por parte de las Farc”.
 5 JUN 2015 – 11:00 PM

Nicolás Uribe Rueda

INTERESANTE DEBATE HA quedado abierto esta semana con ocasión del comunicado conjunto del Gobierno y las Farc en donde relatan un nuevo acuerdo alcanzado en La Habana, esta vez, sobre las reglas, mandato y composición de una Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición.

Y a pesar de que son más de 40 las comisiones de la verdad que se han creado desde los setentas para esclarecer violaciones a los derechos de miles de personas en el mundo entero, es claro que no existe cosa tal como un listado de requisitos indispensables y criterios mágicos para anticipadamente predecir el éxito, legitimidad y aportes de una Comisión al cumplimiento del derecho a la verdad que tienen las víctimas como parte de los compromisos derivados de un acuerdo político de paz.

 22 MAYO 2015 – 11:00 PM

Nicolás Uribe Rueda

DURANTE LOS CUATRO AÑOS DEL pasado Congreso se radicó más de un proyecto cada día y se aprobaron en promedio 1,6 proyectos a la semana. Específicamente de hidrocarburos, minería y energía fueron 33 las iniciativas presentadas y cuatro las que a la postre se aprobaron.
La agenda regulatoria de minas y energía en el primer año del actual Congreso también ha sido intensa. Hoy surten trámite  legislativo más de 46 proyectos que impactan los sectores minero y petrolero desde la perspectiva sectorial pero también desde las órbitas laboral, social, ambiental y tributaria. Se destacan entre ellos un buen número de iniciativas que introducen prohibiciones o modificaciones para preservación, conservación y regeneración de ecosistemas estratégicos, diferentes proyectos orientados a cambiar las reglas de juego para el licenciamiento ambiental, así como iniciativas cuyo reiterado propósito es el de aumentar el government take. Proyectos que buscan crear por ley mecanismos de responsabilidad social empresarial o la expedición de una licencia social por la vía administrativa ya no son extraños y empiezan a despuntar también algunos  que impiden actividades petroleras offshore. El tratamiento del agua y su utilización, así como el establecimiento de restricciones constantes para el aprovechamiento del recurso hídrico por la industria, son una constante. Los debates de control político durante el último año se han incrementado de manera exponencial y el fracking, la autosuficiencia petrolera, el licenciamiento ambiental y los mal llamados “beneficios tributarios”  para el sector han ocupado bastantes sesiones del Congreso. No hay que olvidar que en el marco de las discusiones de la reforma tributaria y el plan de desarrollo se presentaron decenas de proposiciones e intervenciones orientadas a promover el incremento de impuestos o a establecer limitaciones para el desarrollo de la actividad.

NICOLÁS URIBE RUEDA 8 MAYO 2015 – 11:00 PM

Nicolás Uribe Rueda

La reforma de la rama judicial no es un capricho del Gobierno. Son sus propios vicios y desviaciones, acreditados con sobrada dedicación y esmero, los que hacen necesario implementar una urgente reforma al poder en la justicia.

Por ello, tratar de presentar la reforma de equilibrio de poderes como un ataque antidemocrático y un impulso vengativo y revanchista del Congreso contra la justicia, con solicitud de medias cautelares incluidas, no tiene sentido alguno.

Recapitulemos: Los magistrados con frecuencia responden con sus decisiones a las tendencias de su filiación política y esto ocurre desde que son elegidos por cuenta de la milimetría que impone en nuestros días la funesta  gobernabilidad judicial. En ocasiones, algunos resultan tan puesteros y clientelistas como sucede con algún sector de la clase política tradicional. Otros, parecen saltamontes y brincan de cargo en cargo y de Corte en Corte, gracias al famoso “yo te elijo, tú me eliges” que ha permitido crear un mercado negro de favores e introducir el clientelismo judicial.

MAYO 21 – 2015 – 10:25 AM / DURACIÓN: 0:17:02

Comercial Blu Radio       escuchar

Frente a lo debatido este jueves por candidatos a la Alcaldía de Bogotá en un evento organizado por El Espectador, cuyo foco fue tratar el tema de inseguridad en la ciudad y las propuestas de los aspirantes para mitigar el problema, en Blu Radio Andrés Mejía indicó que “sus declaraciones muestran un enfoque ya muy diferente de dos candidatos con respecto al tema de la seguridad y en general al tema del ejercicio de la autoridad en Bogotá” (Lea también: En foro, candidatos a la Alcaldía de Bogotá responden sobre seguridad).

“Este cuento de que a Clara López la atracaron en la Quinta Avenida en Nueva York puede resultar chistoso a la mayoría de gente que sabe que la situación de inseguridad en Bogotá claramente es muy superior en cuanto a gravedad a la de otras metrópolis del mundo. Uno no puede decir que por un hecho que le ocurrió a una persona en una ciudad resulta que la situación en Bogotá es normal, añadió.

Por su parte, Aurelio Suárez apoyó este punto y dijo que “hay encuestas que hablan que el 47% de bogotanos señalan a la inseguridad como su principal sufrimiento pero la discusión es cómo se resuelve el problema. El ejemplo de Clara López no es el fundamento principal sino cómo se corrige el problema, pero además con un sesgo simpático pues se asume que la inseguridad corresponde a los gobernantes que haya. Los gobernantes tienen una influencia innegable, pero también hay una serie de factores políticos, económicos, etc., que influyen en el problema”.

“La cuestión de las raíces sociales de la inseguridad, que además es un motivo de debate académico, se ha vuelto prácticamente una excusa para la inacción y negligencia, sobre todo para la última administración, que parece haber abandonado a la ciudad en ese punto”, expresó Andrés Mejía.

Nicolás Uribe declaró estar de acuerdo en este punto, pero señaló que “no se puede convertir ni a los pobres ni a los migrantes en automáticos delincuentes que tienen azotada a Bogotá y su seguridad. No es un enfoque adecuado, pues la semana pasada vimos la noticia de que una persona se metía con un machete a atracar un bus SITP, y esa es la dimensión de la dificultad que tiene la inseguridad en Bogotá”.

NIcolás Uribe Rueda

Desde este semana, más de ocho millones de estudiantes en todo el territorio nacional no tienen clase por cuenta de la decisión de Fecode de iniciar un paro indefinido de maestros. El Gobierno, a través de la ministra Parody, salió de manera firme a enfrentar la situación y hábilmente extendió la discusión a asuntos que van más allá del pliego de peticiones que generó el cese indefinido de funciones.

Entre los asuntos que puso en la mesa, la ministra planteó la necesidad de discutir sobre la calidad de la educación, los sistemas de evaluación y la deficiente prestación del servicio de salud de los docentes. En materia salarial se dijo que nadie en el Gobierno ponía en duda la necesidad de un aumento y que de hecho en las negociaciones que precedieron el paro había sobre la mesa una oferta para incrementar el 10% durante los próximos cuatro años. Esto es bastante, aunque parezca poco frente a las aspiraciones de los profesores. Ya veremos si en la actual coyuntura económica al Gobierno le dan las cuentas para hacer ofertas superiores a las realizadas cuando llegue el momento de levantar el paro.

Pero las dificultades de la educación en Colombia son mucho más complejas que las reivindicaciones sindicales de Fecode, y resulta por lo menos contradictorio dejar sin clases a millones de niños mientras se dice defender la prestación de un buen servicio. No sólo es correcto privilegiar el derecho de los niños a educarse sobre la protesta de algunos profesores, sino que hace bien el Gobierno en plantear incrementos salariales atados a mejoras en la calidad del servicio. Los recientes índices sintéticos de calidad que publicó el Ministerio son francamente deplorables, pues en todos los niveles educativos hay puntajes inferiores a seis, en una escala de uno a diez. Entendiendo que los maestros no son los únicos responsables y que la calidad de la educación responde a múltiples causas, actores y factores, lo que corresponde en momentos de dificultad no es que Fecode convoque paros, sino que promueva reflexiones que permitan contribuir a dar un salto en la calidad de nuestra educación. Pedir aumento sin condiciones, después de tan decepcionantes resultados en las evaluaciones de calidad, equivale a que un niño pida premio luego de haber perdido el año.

15 – 07:14 AM / DURACIÓN: 0:20:19

Foto: Juan Jacobo Castellanos Blu Radio
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15 – 07:14 AM / DURACIÓN: 0:20:19 ¿Hay que ponerle límites al proceso de paz con las FARC? Foto: Juan Jacobo Castellanos Blu Radio
Luego del ataque de las Farc en Buenos Aires, Cauca, en que el grupo guerrillero asesinó a 11 soldados en la madrugada del pasado miércoles, el presidente Juan Manuel Santos decidió reanudar bombardeos a los campamentos de las Farc; sin embargo, diversos sectores de la sociedad colombiana consideran que la medida no es suficiente pues se debería tomar la determinación de dar un ultimátum al proceso de paz con el grupo guerrillero en La Habana, Cuba. Vea también: Choque entre Martín Santos y Jerónimo Uribe en Twitter por masacre de soldados

Al respecto, Vanesa de la Torre, indicó que esta sería una medida “un poco populista”, pues considera que “en este momento a cualquier persona que le digan que hay que poner límites y ultimátum al proceso de paz, es irrefutable. Es defender el proceso de paz en un momento tan delicado como este es muy complicado, pero la realidad es que los procesos de paz que han tenido éxito en el mundo se han demorado mucho tiempo, no han sido proceso con decisiones tomadas en medio del dolor y fervor”.

Felipe Zuleta señaló que estos ataques se pueden dar en medio del proceso de paz, pues “se entiende que estamos en medio de la guerra, pero la diferencia es que si el Gobierno no toma una decisión sobre esto los colombianos le van a exigir al presidente, incluso pueden pedirle la revocatoria, quién sabe para dónde cojan estas cosas”. Vea también: Soldados gritaban y lloraban: habitante de zona donde asesinaron 11 militares

Néstor Morales, por su parte, dijo que “lo que Vanesa llama populismo, a final de cuentas, se traduce para el Gobierno en respaldo popular a su proceso de paz, y ese proceso es válido en la medida en que sea apoyado”.

Ricardo Ospina, añadió que “la guerrilla de las Farc se ha caracterizado por dilatar siempre las negociaciones y ese es un aprendizaje de otros procesos. Andrés Pastrana hasta último momento intentó salvar el fracaso del Caguán hasta que secuestran un avión con un congresista”. Vea también: Me dijo que les tenían prohibido disparar: madre de soldado muerto en Cauca

Además, Nicolás Uribe opinó que “la historia en Colombia ha demostrado que las Farc no han sido los que han buscado llegar a un acuerdo”.

Juan Lozano apuntó que el “proceso de paz nació con un plazo que el mismo Gobierno se dejó burlar, posición que apoya Aurelio Suárez, pues “las negociaciones tienen una dinámica que van marcando el ritmo del proceso”.

Nicolás Uribe Rueda

CUANDO LOS CONSTITUYENTES del 91 decidieron establecer que la soberanía residía en el pueblo, introdujeron también una serie de normas que le daban contenido.

Entre otras cuestiones, se buscó que el ciudadano participara activamente en la gestión de los asuntos públicos y su participación no se redujera al simple ejercicio de elección de sus representantes.

Los mecanismos de participación son muestra de ello y entre los mismos se destaca el derecho de revocar a los alcaldes y gobernadores que incumplen sus programas de gobierno. El voto programático y la revocatoria del mandato son pues expresión de la democracia participativa y de la voluntad de no desvincular a los elegidos de sus electores una vez concluya el proceso electoral. Con ocasión de este mandato constitucional, se expidieron las leyes 131 y 134 de 1994, en donde se estableció que para revocar a alcaldes y gobernadores era necesario que la votación general de la revocatoria alcanzara al menos el 60% de los votos sufragados en el día de la elección. Luego de 20 años en que ningún proceso de revocatoria tuvo éxito, se redujo al 55% por medio de la ley 741 de 2002 y en 2012 al 40% en proyecto de ley estatutaria que aún no ha sido sancionado por no haber culminado su trámite de control previo de constitucionalidad.

Nicolás Uribe Rueda

Pecan por ingenuos quienes creen que en Colombia no se hace política en las aulas y que la libertad de cátedra no sufre de abusos constantes por parte de quienes confunden deliberadamente el rigor académico con la alfabetización política.

Así ha quedado demostrado en las últimas semanas, cuando varios estudiantes hicieron públicos videos de sus maestros que, posando de intelectuales, trataban de inculcar determinada opción política, quedando muy bien como activistas pero pésimamente como profesores.

Pues sí. Resulta lamentable que en algunas instituciones educativas no se entienda que el papel del profesor y de la universidad no es el de sumar adeptos para determinada causa, sino el de dar herramientas a los estudiantes para que cada cual pueda sacar sus propias conclusiones. Adoctrinar políticamente en las aulas no es la máxima expresión de la autonomía universitaria como algunos han sostenido en estos días, sino su más vil perversión, pues se renuncia al método científico y se rompe de facto con la idea de que la enseñanza debe hacerse de manera desinteresada, objetiva y neutral frente a asuntos controversiales. Permitirlo no sólo no es ético, sino también profundamente antidemocrático: la educación debe servir para brindar a los estudiantes las herramientas para saber cómo pensar, no para decirles qué pensar y mucho menos bajo la arbitraria y latente amenaza de las notas y calificaciones.