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30 ENE 2015 – 11:00 PM
Nicolás Uribe Rueda

Doce años son bastantes para mostrar las bondades de un modelo de gobierno.Una década y algo más de administraciones que tienen una misma línea política es suficiente para construir grandes obras de infraestructura, consolidar la cultura ciudadana y lograr transformaciones sustanciales en las políticas de salud, seguridad, educación y ambiente de cualquier ciudad. En 12 años bien aprovechados se pueden impulsar transformaciones irreversibles que permitan a los ciudadanos acordar su futuro y eludir la tragedia de volver a empezar a diseñar el porvenir como si nada se hubiese hecho en el pasado. En 12 años en los que gobierna el mismo equipo se pueden corregir los errores y aprender de las equivocaciones del pasado y también se logra mejorar la percepción que la ciudadanía tiene del Estado y demostrar que la política es la vía para resolver los problemas cotidianos de los individuos.

En 12 años no hay espejo retrovisor que valga para culpar a terceros de los fracasos ni tampoco quién pueda negar que los logros son la consecuencia del ejercicio acertado del poder.Sin embargo, entre los tres gobiernos del equipo que conforma el “Polo Verde Progresista Alternativo” o cualquiera de sus denominaciones, nada le dejaron a la ciudad más que problemas. Hoy la capital de Colombia está peor que cuando por primera vez la recibieron en el año 2004. Así su alcalde crea que es el sexto mejor del mundo, lo cierto es que la calidad de vida de los bogotanos se ha deteriorado de manera sustancial con las últimas tres administraciones. La inexperiencia, la vagancia, la falta de concentración en las tareas de gobierno y la particular relación que construyeron con la corrupción hicieron de estos años el escenario perfecto para que Bogotá retrasara su progreso en casi todas las materias. Ante la improvisación de los últimos gobernantes y sus recurrentes equivocaciones, los problemas se multiplicaron y el 70% de los bogotanos creen que la ciudad va por mal camino.Por eso, en un escenario electoral en donde no existe la segunda vuelta, los candidatos empiezan a tener el imperativo moral de unirse en caso de que se perfile un nuevo triunfo del equipo gobernante. La ciudad no está para votar a quien quiera ser precandidato presidencial ni a quien pretende cursar en ella el prekínder de la administración pública. Bogotá necesita algo mejor a alguien que quiera convertir el Palacio Liévano en una sede de campaña en favor o en contra del Gobierno, de los militares, del sistema, del capitalismo, o del proceso de paz.

Bogotá necesita un alcalde que gerencie la ciudad y que resuelva sus problemas, empezando por aquellos que crearon las tres últimas administraciones.Por eso la coalición que debe existir para ganar la Alcaldía de la ciudad sobrepasa la filiación política de los candidatos y no debe ser la de todos contra la izquierda o el Centro Democrático. La coalición que requiere Bogotá es la de todos contra el mal gobierno, aquel que representan quienes han participado de los doce últimos años de desastre en el Distrito.

Bogotá no puede premiar de nuevo a quienes ya le han causado tanto daño.

16 ENE 2015 – 9:17 PM

Nicolás Uribe Rueda

Este 2015, que comenzó lleno de noticias, está sin embargo atestado de incertidumbres.

En el escenario político son varios los temas que están sobre la agenda. La suerte del proceso de paz es sin duda el más relevante de todos. El presidente Santos no tiene sino este año para consolidar la negociación y llegar a un acuerdo que debe necesariamente ser refrendado popularmente en octubre, el mismo día de las elecciones regionales. Existen preguntas sobre si las Farc finalmente firmarán un acuerdo, si se hará en medio de un cese al fuego bilateral y en qué terminarán la participación política y la situación judicial de los cabecillas guerrilleros.

2 ENE 2015 – 9:30 PM

NIcolás Uribe Rueda
Es ya insostenible la manera como en Colombia se hacen las cosas para que no se haga nada. Ahora resulta que, después de cuatro meses de intentonas, el contralor general de la Nación no pudo firmar un contrato de arrendamiento por el pavor a correr la misma suerte de su antecesora. Así, tal cual es de poderoso, empezará el año arrimado en un ministerio, rogando por papelería y ocupando prestados los pupitres para los funcionarios que no pudo mandar a vacaciones obligadas. Mientras la corrupción campea, la Contraloría anda de trasteo.

Gramalote, el municipio aquel que por cuenta de la ola invernal de 2010 tuvo que ser deshabitado y cuyas promesas de reubicación se renuevan anualmente, aún no existe. Resulta que no se acaba el proceso de compra de predios, los diseños casi no terminan y el Concejo Municipal estuvo a punto de no aprobar el Esquema de Ordenamiento Territorial. Funcionaron mejor las tretas de particulares en contra del proceso que toda la acción del Estado y sus bienintencionados funcionarios. No sé a otros, pero a mí me resulta sorprendente que el poder Ejecutivo, con todos sus recursos, burocracias, armas y herramientas, resulte maniatado para comprar 100 lotes, poner en marcha una PTAR y hacer 2.000 viviendas para que 6.000 gramaloteros puedan volver a su pueblo. Y así como el Ejecutivo no puede con este tema, ni la Contraloría es capaz con el suyo, ni un connotado exministro logró que en cumplimiento de sus funciones se trasladara un médico a San Andrés, el Estado, en todas sus presentaciones, nacional, departamental o local, tampoco puede resolver miles de problemas diariamente. Ejemplos hay por miles.

Nicolás Uribe Rueda

Dentro de las instituciones evaluadas por Gallup en su reciente encuesta, la medalla de bronce en el campeonato del desprestigio nacional se la lleva el sistema judicial, perdiendo el título por apenas unos puntos con las Farc y empatando con Venezuela, que conquistaron el oro y la plata, respectivamente.

El 83% de los colombianos tienen una imagen desfavorable de la justicia que, vale la pena resaltar, supera en descrédito al Congreso y a los partidos políticos, que suelen concentrar la desconfianza de los ciudadanos. La debacle de credibilidad golpea a la Corte Suprema y a la Fiscalía y ni siquiera la Corte Constitucional se salva de contar con una imagen negativa ampliamente superior a la positiva, la peor en toda su existencia. Y será más grave, pues el paro ilegal no termina y a la fecha sólo se levanta para que los funcionarios judiciales no pierdan la remuneración vacacional. En enero empezarán a incrementarse las escandalosas consecuencias de la negación del servicio de justicia, que hoy completa 71 días, así como los 100 mil millones de pesos en pérdidas, la acumulación de más de 120 mil procesos que nunca se tramitarán, el aplazamiento de 23 mil audiencias, la inhumana congestión en las URIS y la muerte de quién sabe cuántos enfermos que no tuvieron siquiera el derecho de interponer una tutela.

 DICIEMBRE 11 – 2014 – 07:10 AM / DURACIÓN: 0:04:01
 

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Foto: El Espectador

Los panelistas de Mañanas Blu dieron su opinión sobre la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano por los desaparecidos en el holocausto del Palacio de Justicia y si la misma incidirá en el caso del coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años de cárcel por comandar la retoma.

Juan Roberto Vargas afirmó que la ponencia del magistrado de la sala de transacción penal, que proyecta la absolución del coronel por parte de la Corte Suprema de Justicia, se filtró porque “se supone, hay una discusión interna muy grande en esa sala penal y no hay unanimidad en esa decisión”.

“Lo que dice el magistrado Luis Guillermo Salazar en esa ponencia apunta a que el coronel no participó en las desapariciones de esas personas, incluso la condena que hay contra él es por 2 de los desaparecidos no por los 11”, agregó.

Por su parte, Nicolás Uribe opinó que “lo uno es responsabilidad del Estado y lo otro, según establezca la Corte Suprema, es una responsabilidad individual. El fallo de la Corte IDH no necesariamente obliga a condenar al coronel Plazas Vega ni tendría por qué hacerlo”

Agregó que “el debate es que las condenas precedentes del coronel Plazas Vega no han establecido la responsabilidad penal directa de la persona, no lo condenan porque él mandó desaparecer ni porque él desapareció a las personas, sino porque se asume que quienes lo desaparecieron estaban bajo su control y su mando”.

NICOLÁS URIBE RUEDA 5 DIC 2014 – 11:00 PM

Nicolás Uribe Rueda

Una mosca pintada en el lugar adecuado mejora en un 80 por ciento la puntería de los hombres cuando se acercan a los orinales, evitando así las complicaciones sanitarias propias de la falta de tino en los baños públicos.

El orden de los productos de la cafetería puede privilegiar el consumo de alimentos saludables y una regla para que quien no quiera ser donante de órganos sea quien tenga la carga de darse de baja del sistema, logra impactar positivamente el número de donaciones.

DICIEMBRE 02 – 2014 – 07:19 AM / DURACIÓN: 0:22:09

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El pasado lunes, luego de ser liberado por las Farc, el general Rubén Darío Alzate se presentó a una rueda de prensa en compañía de su esposa e hijos y anunció su retiro del servicio activo, a la vez que detalló el momento de su secuestro y dio explicaciones sobre porqué obvió los protocolos de seguridad en la zona.

Alzate dijo que tras haberse reunido con los comandantes de las operaciones en la región, con diferentes departamentos de inteligencia de las Fuerzas Militares, tomó la decisión de desplazarse hacia el corregimiento de Las Mercedes de civil y desarmado, con el fin de hablar con la comunidad sobre un proyecto de energía sostenible.

“Adopté unas medidas de seguridad que incluían desinformación de mi ruta y destino final, el no acompañamiento de mi anillo de seguridad y el manejo de un bajo perfil (…) fui vestido de civil para fortalecer la confianza con una comunidad que merece nuestra atención y acercamiento”, explicó.

El general también explicó que fue esposado y amarrado, y enfatizó que fue utilizado por la guerrilla en lo que llamó “un show mediático” al momento de su liberación, en referencia a las fotos y videos tomados por las Farc, algo que alias ‘Iván Márquez’ calificó como “la imagen de la paz”.

Sectores políticos no creen la versión entregada por el general Alzate y aseguran que el oficial debe entregar mayores detalles sobre su secuestro.

Ante esto, los panelistas de Mañanas BLU debatieron sobre si las explicaciones del general son suficientes, pues sus declaraciones resolvieron algunas dudas pero generaron otras tantas.

Néstor Morales aseguró que lo dicho por el general era previsible y dejó insatisfecho al país pues su explicación “fue a medias e insatisfactoria”.

Sin embargo, Nicolás Uribe expresó que, en su opinión, “el general dijo lo que estaba haciendo: cumplir con su deber”, y que su explicación corresponde a la verdad, pues el general se encontraba de civil porque “lamentablemente, en muchas zonas del territorio colombiano la gente le tema al ejército y a los grupos armados ilegales, así a nosotros no nos guste”.

Este punto es apoyado por Sandra Borda, quien afirmó que “la gente que conoce al general Alzate da fe de un trabajo social serio” y que la discusión debe darse en torno a “cómo va a enfrentar el ejército de Colombia el trabajo social en esas zonas”.

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Luego de que el presidente Juan Manuel Santos manifestara que la liberación de los secuestrados por parte de las Farc “es un paso importante que demuestra la madurez del proceso de paz”, surge el debate en torno a si este gesto realmente aporta a los diálogos que podrían reanudarse en las próximas horas en La Habana.
Para el panelista Héctor Riveros “el proceso está maduro para los dos partes ya que demostraron que tienen el interés de mantenerse en el proceso, además se demostró el respaldo prácticamente unánime de la opinión pública ya que nadie pidió que se acabara por cuenta del secuestro del general Alzate”.
Por su parte Nicolás Uribe señaló que las Farc tienen alma de negociadores perpetuos y su interés, más que firmar la paz, es prolongar las negociaciones lo más posible en Cuba.
Juan Lozano comentó que “madurez en estricto sentido significaría que regresarán todos los secuestrados a la libertad, que no hubiera sucedido lo de Gorgona, que dejaran de reclutar niños, sembrar minas, entre otras cosas. El presidente exageró la nota.
Finalmente, Felipe Zuleta cree que “el presidente no se equivoca del todo con su apreciación porque es la primera vez que los devuelven muy rápido y sin tantos esfuerzos, no hablaron de despejes ni  intercambios humanitarios”.

NIcolás Uribe Rueda

Pasó el incendio y para algunos ello significa que se esfumó el problema.

Se quemaron quién sabe cuántas de las 600.000 llantas apiladas en Fontibón y mientras tanto, en Colombia, se siguen vendiendo 6,5 millones de llantas anualmente. La gran mayoría de ellas, a los 18 o 24 meses, terminarán en botaderos, ríos, esquinas o en las bodegas que, como la incendiada, se quedan cortas en la disposición final de este residuo que la normatividad califica de especial.

Las llantas en desuso, según dice la teoría y corrobora la práctica en algunas latitudes, sirven para hacer autopistas silenciosas, calentar hornos cementeros, hacer canchas sintéticas, hacer nylon para confección, producir impermeabilizantes y hacer fibras para recubrimiento de pisos, entre otras muchas cosas. Por aquí de aquello nada o más bien poco. Sin embargo, mientras entramos en esta onda verde del reciclaje de neumáticos para todos estos usos, sería bueno al menos empezar a pensar en el reencauche como mecanismo eficaz para reducir el ingreso de nuevas llantas a Colombia.

Nicolás Uribe Rueda

De acuerdo con la encuesta de opinión Industrial Conjunta de la Andi, el contrabando está en el cuarto nivel de prioridad entre los asuntos que más preocupan a los empresarios colombianos.

El tema ha pasado de un modesto 5% de participación entre las prioridades empresariales en el año 2000 al 16% en junio de este año, por encima del capital de trabajo, los costos logísticos y apenas un poco por debajo de la tasa de cambio.

Casi sin falta, todos los sectores de la producción nacional sufren las consecuencias negativas del contrabando. Productores e importadores por igual han tenido que destinar recursos y articularse con las instituciones oficiales para, de manera conjunta, buscar disminuir un fenómeno que parece superar la capacidad del Estado para combatirlo. La verdad es que, pese al esfuerzo institucional, es muy poco lo que se avanza y los logros son apenas perceptibles.