Entradas recientes

NIcolás Uribe Rueda

Pasó el incendio y para algunos ello significa que se esfumó el problema.

Se quemaron quién sabe cuántas de las 600.000 llantas apiladas en Fontibón y mientras tanto, en Colombia, se siguen vendiendo 6,5 millones de llantas anualmente. La gran mayoría de ellas, a los 18 o 24 meses, terminarán en botaderos, ríos, esquinas o en las bodegas que, como la incendiada, se quedan cortas en la disposición final de este residuo que la normatividad califica de especial.

Las llantas en desuso, según dice la teoría y corrobora la práctica en algunas latitudes, sirven para hacer autopistas silenciosas, calentar hornos cementeros, hacer canchas sintéticas, hacer nylon para confección, producir impermeabilizantes y hacer fibras para recubrimiento de pisos, entre otras muchas cosas. Por aquí de aquello nada o más bien poco. Sin embargo, mientras entramos en esta onda verde del reciclaje de neumáticos para todos estos usos, sería bueno al menos empezar a pensar en el reencauche como mecanismo eficaz para reducir el ingreso de nuevas llantas a Colombia.

Nicolás Uribe Rueda

De acuerdo con la encuesta de opinión Industrial Conjunta de la Andi, el contrabando está en el cuarto nivel de prioridad entre los asuntos que más preocupan a los empresarios colombianos.

El tema ha pasado de un modesto 5% de participación entre las prioridades empresariales en el año 2000 al 16% en junio de este año, por encima del capital de trabajo, los costos logísticos y apenas un poco por debajo de la tasa de cambio.

Casi sin falta, todos los sectores de la producción nacional sufren las consecuencias negativas del contrabando. Productores e importadores por igual han tenido que destinar recursos y articularse con las instituciones oficiales para, de manera conjunta, buscar disminuir un fenómeno que parece superar la capacidad del Estado para combatirlo. La verdad es que, pese al esfuerzo institucional, es muy poco lo que se avanza y los logros son apenas perceptibles.

131

escuchar

Luego de que en España las autoridades detuvieran a más de diez personas por exaltación de actos terroristas en redes sociales, todos ellos en el País Vasco y Navarra, los panelistas de Mañanas BLU debatieron frente a si se debe o no judicializar a tuiteros que hagan apología al terrorismo o se burlen de actos de lesa humanidad.

Enrique Rodríguez, desde España, señaló que los detenidos son los autores de frases que rebasan el derecho a la libertad de expresión, pero aquellos que replicaron los trinos no serán judicializados.

El caso contrasta con el proceso judicial que enfrentó Nicolás Castro, acusado de amenazar por Facebook en 2011 a Jerónimo Uribe, hijo del expresidenteÁlvaro Uribe. Néstor Morales, indicó que “este fue un caso excepcional, y funcionó porque se metió con el hijo de quien, en ese momento, era el hombre más poderoso del país”.

“El caso de Miguel Ángel Blanco en España es un referente de la crueldad deETA y todos los ciudadanos españoles entienden lo que significó la muerte de este concejal, quien convocó a cientos de marchas multitudinarias”; en ese sentido, en Colombia ocurren casos de magnitud similar como la burla haciaClara Rojas por parte de las Farc, o el poner en duda hechos evidentes como secuestros y asesinatos, señaló María Alejandra Villamizar.

Por su parte, Enrique Rodríguez señaló que la polémica en España surge no sólo por las críticas a los ofensivos mensajes, sino también por quienes critican la razón de judicializar este caso y no otros, como la apología a la dictadura de Francisco Franco.

Finalmente, Nicolás Uribe añadió que este caso sobrepasa el simple debate sobre la libre expresión, pues “aquí lo que hay es una acción reiterada de mensajes que atacan a víctimas de un conflicto por parte de gente que de manera sistemática se convierte en caja de resonancia de mensajes violentos o en favor de actividades terroristas”.

Nicolás Uribe Rueda

Por: Nicolás Uribe Rueda

El concepto del buen vivir ha irrumpido en la vida política colombiana sin que muchos se percaten. No se trata simplemente de un postulado retórico para llamar distinto al bienestar o para referirse a un estado de felicidad. El sumak kawsay (Ecuador) y el suma qamaña (Bolivia), traducidos como “buen vivir” y “vivir bien”, son conceptos de origen indígena que plantean una aproximación particular del hombre con la sociedad, la naturaleza y el mercado. El sumak kawsay hace parte de la cosmovisión indígena sobre el mejoramiento social y se distancia de la idea de la acumulación de bienes materiales como determinante principal del desarrollo, integrando códigos éticos alternativos y criterios como el de la relación del hombre con su entorno.

¿Cumplirá Panamá su compromiso con Colombia?: análisis

Nicolás Uribe considera que el país ganó en su pulso con el istmo en el tema de los paraísos fiscales. Aurelio Suárez cree que aún hay temas pendientes.

 

 

 

Uribe se equivoca en no aceptar invitación del presidente: Aurelio Suárez

El analista de Blu Radio cree que, tarde o temprano, el expresidente tendrá que aceptar que Colombia está en un proceso de paz que requiere su participación.

Nicolás Uribe Rueda

Tal como lo anuncié en anterior columna, hoy presento algunas de mis impresiones sobre el borrador firmado entre el Gobierno y las Farc en materia de participación política.

En primer lugar, vale la pena advertir que, a pesar de su nombre, el acuerdo no aborda la cuestión fundamental sobre la habilitación de los miembros de las Farc para la actividad política. Este tema será tocado cuando se llegue al punto sobre “el fin del conflicto” y es ahí donde se acordarán la suerte y condiciones de jefes y combatientes que quieran dedicarse a la política. En segundo lugar, es necesario mencionar que este acuerdo no tiene como objetivo fundamental abrir espacios formales para la participación de los miembros de las Farc en el Congreso, asambleas o concejos municipales. Salvo la concreta alusión a las circunscripciones transitorias especiales de paz (cuyo número aún no se define), no hay una sola concesión directa a las Farc, para que por derecho propio y sin pasar por las urnas puedan llegar a corporaciones públicas o cargos uninominales de elección popular.

EL SIDEGAP es un servicio de suscripción que busca poner a disposición de nuestros clientes, la información regulatoria de Colombia en una forma inteligente, personalizada y fácil de consultar.

 

Con el SIDEGAP, usted tiene acceso a la siguiente información:

  • Rama Legislativa: Información sobre el Trámite de Proyectos de Ley y Reformas Constitucionales.
  • Rama Ejecutiva: Información sobre Decretos, Circulares y Resoluciones de las entidades que componen la Rama Ejecutiva del Poder Público desde 1 de enero de 2014.
  • Rama Judicial: Información sobre las Sentencias de la Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Consejo Superior de la Judicatura.
  • Organismos de Control y Ministerio Público: Información sobre las decisiones de la Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo.
  • Organización Electoral: Información sobre las decisiones de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral.
  • Normas en Proceso de Consulta Ciudadana de la Rama Ejecutiva del Poder Público: Información sobre circulares, resoluciones y decretos que se ponen a consideración ciudadana para comentarios. por parte del Ministerio de Comercio, Superintendencia de Industria y Comercio, Invima, Ministerio de Salud , Dian y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
  • Concejos Municipales: Información sobre Proyectos de Acuerdo en trámite en los Concejos municipales o Distritales de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. (Esta suscripción tiene un costo mayor de acuerdo con los Concejos seleccionados).
  • Distrito Capital de Bogotá: Información sobre las normas expedidas en el Distrito Capital de Bogotá por parte de todas las entidades que lo componen.

131

escuchar

Los panelistas de Mañanas BLU debatieron acerca de la condición de víctimas tanto para militares como para guerrilleros en medio de la discusión de este punto en los diálogos que se adelantan en La Habana y la reunión de víctimas que se lleva a cabo en Cali.

Para Nicolás Uribe, la posición de las Farc de incluir a los guerrilleros entre las víctimas del conflicto, “es una estrategia para presentar al Estado frente a la ciudadanía, como uno de los culpables”. Según el exrepresentante,  es “inaceptable que se compare a un militar con un guerrillero”.

Por su parte, Héctor Riveros aseguró que en el marco de un conflicto armado “se reconoce que hay combatientes de un lado y otro. Infortunadamente casi que se permite matar, dándose a entender que no son víctimas sino delitos de guerra”.

Sandra Borda considera que las víctimas son “el resultado de violaciones del Derecho Internacional Humanitario, sean de las Farc o sean de las Fuerzas Militares”, aunque certificó que no todos los miembros del grupo subversivo tienen que entrar como mártires.

NIcolás Uribe Rueda

Lo dijo de manera elocuente el negociador De la Calle en reciente columna publicada esta semana: la discusión civilizada sobre el proceso de paz no sólo es inevitable sino conveniente en un momento en el que se toman decisiones verdaderamente dramáticas para el futuro de Colombia.

Ahora bien, publicado el texto de lo acordado hasta el momento, lo natural es que la discusión ciudadana supere la superficialidad del debate “guerra o paz”, y se adentre en el análisis pormenorizado de los puntos acordados. Con este propósito, me permito respetuosamente formular unas preguntas sobre el primero de los acuerdos publicados, aquel que se refiere a una reforma rural integral.

Nicolás Uribe Rueda

Desde el año 91, aquella Constitución que muchos califican como obra maestra de la institucionalidad democrática ha sido reformada 39 veces.

Sumadas todas las reformas, son más de 124 artículos (32% de la Constitución) los que han tenido cambios en apenas 23 años. A la Constitución del 91 sólo le queda el esqueleto y ya no rige como la concibieron sus autores. Fueron los Congresos subsiguientes, motivados principalmente por el Ejecutivo, los que han venido definiendo el marco constitucional que hoy se aplica en Colombia. Y si bien hay que reconocer a la Carta sus aciertos fundamentales, como por ejemplo la acción de tutela, en lo que parece haber consenso en la actualidad es que el modelo institucional diseñado en el 91 está en aprietos.