Junio 3 de 2016

Nicolás Uribe Rueda

Los colombianos vivimos un frenesí noticioso por cuenta de la avalancha de acontecimientos diarios que es necesario registrar. Pasamos de noticia en noticia y de sobresalto en sobresalto. Un tema muere, simplemente cuando irrumpe algo más escandaloso, impactante o degradante.

Vale la pena entonces prepararnos para lo que viene, pues lo que nos espera en el inmediato futuro será de infarto, de definiciones y de profundas transformaciones. Lo que pasa en la política y en el marco regulatorio, lo que vendrá con ocasión de la implementación de los acuerdos de La Habana y lo que implica la nueva realidad de la economía y de la justicia harán de Colombia en el 2017 un país muy distinto al que tenemos. No sé si para bien o para mal, pero no exagero al decir que a la Colombia de hoy sólo le quedan unos meses de existencia.

Para empezar, hay que decir que en breve se iniciará la campaña política por el plebiscito por la paz y la estrategia de resistencia civil para derrotarlo. Con su probable aprobación, habrá modificación de no pocos artículos constitucionales y veremos una avalancha normativaproducto de las facultades legislativas presidenciales y de la creatividad regulatoria del Congreso, que implementará 150 páginas de acuerdos con las Farc. Y por cuenta de la inclusión de los mismos en el bloque de constitucionalidad debemos esperar cientos de tutelas que inundarán los despachos judiciales exigiendo su aplicación concreta e inmediata. ¿Habrá algo más seductor para que la Corte Constitucional asuma de plano su rol de constituyente primario, haga política y derroche en comunicados de prensa toda su sabiduría?

La justicia en 2017 tendrá nuevas caras: la Jurisdicción Especial para la Paz, la jurisdicción agraria y el nuevo fiscal general de la Nación. Habrá también un revolcón institucional y funcional en los meses que se avecinan para cumplir con una nueva política para el campo, una versión actualizada de la política contra las drogas ilícitas y decenas de nuevos escenarios de participación comunitaria, que más temprano que tarde ahogarán los territorios para exigir reivindicaciones que transformarán para siempre la actividad económica y política en pequeños municipios. Las fuerzas del Estado tendrán que lograr que las Farc dejen el narcotráfico y la minería ilegal y que nuevas bandas criminales no hereden sus negocios. Las entidades del sector social tendrán que dejar atrás la incompetencia histórica para llegar con programas sociales y servicios del Estado a donde nunca han ido y de donde saldrán los guerrilleros.

En julio habrá un nuevo Código de Policía y en
enero un nuevo estatuto tributario, así como mayores restricciones por la caída de la producción petrolera. Veremos los necesarios malabarismos del Gobierno para reducir el déficit y el esfuerzo para contener dificultades en la balanza comercial. Habrá pronto un nuevo vicepresidente y nuevos ministros, en reemplazo de aquellos que saldrán pronto a hacer campaña.

Agárrense pues, que se vienen reformas constitucionales y legales, cambios tributarios, nuevas instituciones, nuevas caras, esquemas alternativos de justicia, cambio en políticas públicas y campañas políticas sin restricción. Y todo esto en apenas unos meses.

@NicolasUribe

 

Nicolás Uribe Rueda

Abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en Política Internacional en American University de Washington D.C., y Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Consejero Presidencial 2002-2004 y Representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Consultor en Asuntos Públicos y de Gobierno a través de su firma Valure, fundada en 2011. Panelista de Blu Radio y columnista de El Espectador

Los comentarios están cerrados