22 MAYO 2015 – 11:00 PM

Nicolás Uribe Rueda

DURANTE LOS CUATRO AÑOS DEL pasado Congreso se radicó más de un proyecto cada día y se aprobaron en promedio 1,6 proyectos a la semana. Específicamente de hidrocarburos, minería y energía fueron 33 las iniciativas presentadas y cuatro las que a la postre se aprobaron.
La agenda regulatoria de minas y energía en el primer año del actual Congreso también ha sido intensa. Hoy surten trámite  legislativo más de 46 proyectos que impactan los sectores minero y petrolero desde la perspectiva sectorial pero también desde las órbitas laboral, social, ambiental y tributaria. Se destacan entre ellos un buen número de iniciativas que introducen prohibiciones o modificaciones para preservación, conservación y regeneración de ecosistemas estratégicos, diferentes proyectos orientados a cambiar las reglas de juego para el licenciamiento ambiental, así como iniciativas cuyo reiterado propósito es el de aumentar el government take. Proyectos que buscan crear por ley mecanismos de responsabilidad social empresarial o la expedición de una licencia social por la vía administrativa ya no son extraños y empiezan a despuntar también algunos  que impiden actividades petroleras offshore. El tratamiento del agua y su utilización, así como el establecimiento de restricciones constantes para el aprovechamiento del recurso hídrico por la industria, son una constante. Los debates de control político durante el último año se han incrementado de manera exponencial y el fracking, la autosuficiencia petrolera, el licenciamiento ambiental y los mal llamados “beneficios tributarios”  para el sector han ocupado bastantes sesiones del Congreso. No hay que olvidar que en el marco de las discusiones de la reforma tributaria y el plan de desarrollo se presentaron decenas de proposiciones e intervenciones orientadas a promover el incremento de impuestos o a establecer limitaciones para el desarrollo de la actividad.

No hay duda que el Congreso discute una agenda regulatoria restrictiva, que grava, prohíbe y enreda la actividad extractiva. En Colombia algunos legisladores todavía se preguntan si resulta o no conveniente la explotación de nuestros recursos naturales y si esto es posible en un marco de respeto al medio ambiente y de convivencia con las vocaciones agrícolas o turísticas de algunas de nuestras regiones (seguro nunca han ido a la Catedral de Sal de Zipaquirá, que es una mina). Y esto sucede mientras en el mundo se ofertan bloques (sólo en Canadá son más de 3.000), se licencian proyectos mineros, se hace fracking (30 mil nuevos pozos cada año), se explotan yacimientos costa afuera y se adelantan estrategias políticas para promover la inversión en los sectores extractivos.

Con que se aprobaran tan solo algunos, no todos, de estos proyectos, la actividad petrolera y minera en Colombia sería inviable, pues nadie trabaja para pagar impuestos y comprar problemas cuando hay alternativas más rentables de inversión en un mercado globalizado. Pero el debate es además contradictorio, porque la animadversión a las empresas mineroenergéticas es proporcional al cariño que se le tiene a las regalías que ellas producen y a los niveles con los que participan en los ingresos corrientes de la nación.

Amanecerá y veremos.

 

@NicolasUribe

Nicolás Uribe Rueda

Abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en Política Internacional en American University de Washington D.C., y Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Consejero Presidencial 2002-2004 y Representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Consultor en Asuntos Públicos y de Gobierno a través de su firma Valure, fundada en 2011. Panelista de Blu Radio y columnista de El Espectador

Los comentarios están cerrados