Por: Nicolás Uribe Rueda

Interesante debate político ha tenido el país en las últimas semanas por cuenta de la controversia sobre la posibilidad que asiste al Gobierno de objetar parcial o totalmente la ley estatutaria de la JEP.

Por una parte, están los autores materiales del acuerdo de La Habana, que sostienen que todo cuanto hicieron es perfecto y persisten aún, en contra de toda evidencia, en promover la idea de que Duque y su gobierno están empeñados en hacer trizas los acuerdos que redactaron. Para ellos, nada es perfectible, las opiniones contrarias al acuerdo son perfidia y asuntos como la expansión cocalera y de bandas criminales son menores o simplemente harina de otro costal. Por ello, ven en potenciales modificaciones a la ley estatutaria de la JEP una afrenta a su legado, una aberración jurídica y el regreso a lo que genéricamente denominan guerra.

Por otra parte, están quienes quieren acabar con todo lo que parió el acuerdo de La Habana porque lo consideran la claudicación material del Estado frente al terrorismo. Con o sin argumentos, están dispuestos a renunciar y borrar ese patrimonio común y revertir las consecuencias que para bien o para mal ha tenido y sigue teniendo el acuerdo con las Farc. El único camino posible para ellos es el borrón y la única solución es devolver (quién sabe de qué manera) al país al estado de preacuerdo.

Pero también, quizás menos activos y vociferantes, estamos quienes, independientemente de si votamos afirmativa o negativamente a los acuerdos, creemos que debemos avanzar sobre el legado de quienes gobernaron en el pasado, lo cual necesariamente implica corregir sus errores, profundizar sus aciertos y buscar fórmulas que incentiven mejores oportunidades para todos. Sin abandonar nuestras convicciones y creencias respecto del acuerdo, entendemos que es igual de inconveniente para el país pasarle la aplanadora al proceso de paz, como también ignorar los graves entuertos que han surgido con ocasión del mismo.

La JEP, con toda franqueza, y deberían reconocerlo todos porque es cierto, tiene un déficit enorme de credibilidad; situación ganada a pulso por sus desviaciones y propias decisiones (como, por ejemplo, denominar secuestro político al secuestro). En su haber cuenta a la fecha con más escándalos que resultados y sus salidas en falso explican la prevención que sus actuaciones suscitan entre quienes hoy proponen delimitar cuidadosamente sus competencias para evitar el desborde que ya se presenta en otras áreas. Desde escándalos administrativos, pasando por interpretaciones que rozan el prevaricato, son parte de la cosecha institucional que la JEP ha producido en estos meses. Justicia, más bien poca.

Por ello, no es impertinente que el Gobierno se tome el tiempo que necesite y estudie con cuidado y en detalle la norma estatutaria de la JEP y sobre sus conclusiones actúe responsablemente, utilizando o no el mecanismo de la objeción presidencial. Su deber no es complacer a quienes firmaron el acuerdo ni tampoco a quienes se oponen radicalmente a su implementación, sino encontrar la forma más pertinente de servir al interés general, que en este caso se concreta en la necesidad de garantizar justicia, verdad y reparación. Objetar por inconveniencia la norma no acaba con la JEP, ni la inmoviliza. Todo lo contrario, podría incluso ayudarle a construir la legitimidad que ha perdido por sus propias equivocaciones.

@NicolasUribe

 

Nicolás Uribe Rueda

Abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en Política Internacional en American University de Washington D.C., y Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Consejero Presidencial 2002-2004 y Representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Consultor en Asuntos Públicos y de Gobierno a través de su firma Valure, fundada en 2011. Panelista de Blu Radio y columnista de El Espectador

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