Nicolás Uribe Rueda

Desde el año 91, aquella Constitución que muchos califican como obra maestra de la institucionalidad democrática ha sido reformada 39 veces.

Sumadas todas las reformas, son más de 124 artículos (32% de la Constitución) los que han tenido cambios en apenas 23 años. A la Constitución del 91 sólo le queda el esqueleto y ya no rige como la concibieron sus autores. Fueron los Congresos subsiguientes, motivados principalmente por el Ejecutivo, los que han venido definiendo el marco constitucional que hoy se aplica en Colombia. Y si bien hay que reconocer a la Carta sus aciertos fundamentales, como por ejemplo la acción de tutela, en lo que parece haber consenso en la actualidad es que el modelo institucional diseñado en el 91 está en aprietos.

Ahora parece configurarse una nueva y real oportunidad para introducir la reforma más ambiciosa a la Constitución del 91, pues se discuten nada más y nada menos que los cambios en las competencias y relaciones de los poderes públicos entre sí, es decir, se busca modificar el famoso sistema de pesos y contrapesos que en teoría es la principal garantía de libertad y la más importante contención al abuso del poder. Pero hay que llamar las cosas por su nombre y reconocer que la sola existencia de tales iniciativas ilustra el desgaste por el que atraviesan las instituciones y su nivel de desprestigio. Por cuenta de fallas en su diseño original, pero principalmente por la ilimitada ambición de muchos de quienes las dirigieron (o dirigen), enfrentamos hoy con urgencia la necesidad de volver a poner a cada cual en su lugar, despojándolo de competencias abusivas.

Tanto la reforma del Gobierno como la del Centro Democrático proponen enfrentamientos estratégicos entre las ambiciones de todos los poderes públicos, para que al final de la batalla cada cual haga lo suyo, ejerza limitadas competencias, controle a otro y todos se controlen entre sí para evitar las tentaciones de abuso de poder. Ello explica por qué la discusión está centrada en temas como las competencias de nombramiento y juzgamiento, la legitimidad y origen de la elección de funcionarios, la duración de los períodos, la responsabilidad política y la autonomía presupuestal.

Valdría la pena, eso sí, que los debates fueran capaces de superar la coyuntura, y la reforma no se limitara a concretar venganzas institucionales. Es sensato impulsar una serie de medidas para repotenciar el papel del Congreso, que se ha convertido en un apéndice del Ejecutivo y un subordinado de las decisiones judiciales sin capacidad real de nombrar o investigar a funcionario alguno. Esta es la oportunidad para reconfigurar la estructura de la organización electoral, la administración y gerencia de la Rama Judicial y limitar los superpoderes de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, en donde cada día hay más arbitrariedad que aciertos.

La reforma que se discute no es menor y la necesidad de aprobar una reconfiguración de los poderes públicos es imperiosa. Ojalá la coincidencia entre el Gobierno y la oposición frente a la necesidad del cambio constitucional sirva para sacar adelante una reforma ponderada, que sirva al país y a la recuperación de la credibilidad en las instituciones.

Nicolás Uribe Rueda

Abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en Política Internacional en American University de Washington D.C., y Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Consejero Presidencial 2002-2004 y Representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Consultor en Asuntos Públicos y de Gobierno a través de su firma Valure, fundada en 2011. Panelista de Blu Radio y columnista de El Espectador

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