Nicolás Uribe Rueda

Desde todos los puntos cardinales de la opinión nacional parece estar madurando la idea de convocar una asamblea nacional constituyente.

Con argumentos y propósitos distintos, e incluso en medio de acusaciones sobre oscuros intereses, los actores políticos más relevantes de la vida nacional empiezan a estar de acuerdo, tal vez sin querer, en que existe un bloqueo institucional que impide las reformas constitucionales que Colombia necesita a través del Congreso. Es un hecho notorio, por ejemplo, que desde el Capitolio Nacional es imposible sacar adelante una buena reforma a la justicia, que sólo será viable si la deliberación es pública y transparente, consensuada políticamente y libre, es decir, en ausencia del temor de los congresistas a las posibles represalias por sus votos.

Pero no sólo ello. Es también evidente el amplio y prolijo debate en torno a muchas otras modificaciones constitucionales que parecen necesarias e inaplazables. El papel de los organismos de control, la revisión de la figura de la reelección en todos sus niveles de gobierno, la siempre pendiente reforma a la política, los choques de trenes y, por supuesto, los acuerdos que emanen de un eventual proceso de paz exitoso en La Habana, son apenas algunos ejemplos de temas que necesariamente requieren reformas a la Carta del 91. No son, pues, ni breves ni escasos los temas pendientes de reforma, como tampoco son pocos quienes están interesados en meterles mano.

Así las cosas, lo más probable es que el Congreso que se elija en dos meses y el presidente que se posesiona en ocho tengan en sus manos la responsabilidad de poner en marcha el proceso constituyente, así como la definición de sus límites y competencias. Habrá que ver cómo se logra que la configuración política que surja de las elecciones, en medio de la polarización en la que nos encontramos, pueda acordar el proceso para poner en marcha las reformas que requiere Colombia en materia de justicia, equilibrio institucional, política y paz. Pero, sobre todo, habremos de observar el cuidado con el que se proceda para mantener un atributo fundamental de nuestra Constitución, y es que ella hace parte del patrimonio colectivo de todos los colombianos, independientemente de su tendencia ideológica y de las mayorías políticas imperantes.

El ánimo de reforma constitucional será expresado por las diferentes fuerzas políticas una vez pasen las elecciones. Lo veremos tan pronto como se instale el Congreso, tan rápido como el presidente legitime su mandato en las urnas o como una de las primeras consecuencias de la presentación de los eventuales acuerdos definitivos con la guerrilla de las Farc. Lo cierto es que la política colombiana transita de forma inatajable hacia la incertidumbre propia de las reformas estructurales, que incluso en este caso puede incluir una terminación anticipada del período del Congreso y un recorte estratégico del mandato presidencial.

Ciertamente, la Constitución del 91 requiere importantes ajustes. Ojalá, eso sí, por cuenta de la pugnacidad política y su impertinencia, no terminemos construyendo soluciones peores que los males que pretendemos corregir.

Nicolás Uribe Rueda

Abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en Política Internacional en American University de Washington D.C., y Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Consejero Presidencial 2002-2004 y Representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Consultor en Asuntos Públicos y de Gobierno a través de su firma Valure, fundada en 2011. Panelista de Blu Radio y columnista de El Espectador

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