Nicolás Uribe Rueda

Dentro de las instituciones evaluadas por Gallup en su reciente encuesta, la medalla de bronce en el campeonato del desprestigio nacional se la lleva el sistema judicial, perdiendo el título por apenas unos puntos con las Farc y empatando con Venezuela, que conquistaron el oro y la plata, respectivamente.

El 83% de los colombianos tienen una imagen desfavorable de la justicia que, vale la pena resaltar, supera en descrédito al Congreso y a los partidos políticos, que suelen concentrar la desconfianza de los ciudadanos. La debacle de credibilidad golpea a la Corte Suprema y a la Fiscalía y ni siquiera la Corte Constitucional se salva de contar con una imagen negativa ampliamente superior a la positiva, la peor en toda su existencia. Y será más grave, pues el paro ilegal no termina y a la fecha sólo se levanta para que los funcionarios judiciales no pierdan la remuneración vacacional. En enero empezarán a incrementarse las escandalosas consecuencias de la negación del servicio de justicia, que hoy completa 71 días, así como los 100 mil millones de pesos en pérdidas, la acumulación de más de 120 mil procesos que nunca se tramitarán, el aplazamiento de 23 mil audiencias, la inhumana congestión en las URIS y la muerte de quién sabe cuántos enfermos que no tuvieron siquiera el derecho de interponer una tutela.

Y es que la crisis del sistema ha llegado a tal nivel, que la única justicia cierta para los colombianos es la justicia divina y el único tribunal de cierre es la corte celestial. Todo lo demás es una quimera, una mera expectativa de resolución de controversias. Aquí nadie va preso por culpable, sino por menso, y pocos logran hacer cumplir a tiempo un contrato gracias a la intervención de un tribunal. La justicia penal parece un reality show que por ahora sólo niega al televidente la opción de elegir si condena o deja en libertad al acusado a través de una llamada. Los casos más sonados terminan en un fiasco y las decisiones casi siempre parecen impregnadas de arbitrariedad. Los jueces de las altas cortes son intocables y por eso se atreven a insultar policías por cuenta de las gracias de sus malcriados hijos, se dejan invitar a cruceros caribeños por sus electores o reciben “botines” de mafiosos sin que ello tenga consecuencias. La necesaria línea divisoria entre la justicia y la política cada día es más porosa y la primera está con frecuencia sometida a la segunda.

Y si bien hay que reconocer el esfuerzo de la judicatura y de miles de jueces que se preocupan por mejorar la productividad y trabajar prácticamente con las uñas para hacer bastante con muy poco, es claro que el resultado general no es satisfactorio ni suficiente. Así lo demuestran los indicadores internacionales de justicia, donde Colombia cae como piedra (WEF). Lo grave, además, es que la justicia ni se reforma ni se imparte.

Por eso y porque este fue un año tristemente célebre para las instituciones judiciales por cuenta de su politización e ineficacia, por las fugas, por sus escándalos, por su pobre contribución a la paz y a la convivencia, por su desafortunada paralización y por su responsabilidad en la pobreza de los colombianos, la justicia, o mejor, la falta de la misma, es mi personaje de 2014.

  @NicolasUribe

Nicolás Uribe Rueda

Abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en Política Internacional en American University de Washington D.C., y Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Consejero Presidencial 2002-2004 y Representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Consultor en Asuntos Públicos y de Gobierno a través de su firma Valure, fundada en 2011. Panelista de Blu Radio y columnista de El Espectador

Los comentarios están cerrados