El debate sobre la posibilidad de que a través de mecanismos de participación ciudadana como las consultas populares se limite la propiedad del Estado sobre los recursos naturales no renovables y se impidan las actividades de exploración o explotación en determinados territorios por cuenta de la decisión de sus habitantes, no sólo debe darse en el escenario jurídico, sino que también debe hacerse con contexto, analizando las consecuencias en la política, la economía y las condiciones de inversión.

 

Desde el punto de vista constitucional, la ilegalidad de las consultas populares para intervenir en estos temas debería haberse decretado con simpleza, apelando a la adecuada interpretación de las normas, a la historia de nuestras instituciones, y al desarrollo normativo y jurisprudencial alrededor del tema. La Carta del 91 claramente establece que el subsuelo es propiedad del Estado (C.N.101, 102, 332, 360) y así ha venido entendiéndolo la legislación concordante. Sin rodeos lo menciona el artículo 5 de la ley 685 de 2011 y también preceptos  de la Hacienda Pública que obligan al gobierno a valorar las reservas mineras de propiedad del Estado con el propósito de que éstas sean incorporadas en el Balance General de la Nación[1]. Comunidades o territorios, por más importantes que ellos sean, no pueden pretender, a través de mecanismos de participación ciudadana, derogar los principios constitucionales de la solidaridad, la unidad territorial y la prevalencia de interés general. Las consultas populares, además, están constitucionalmente restringidas a los asuntos propios de quienes las convocan[2], prohibiéndose que sean usadas para que autoridades municipales o departamentales se inmiscuyan en asuntos que competen al gobierno nacional y viceversa. Y en ello no debería haber ambigüedades. La dirección general de la economía está en cabeza del Estado y éste es quién debe intervenir en la explotación de los recursos naturales[3], “que hacen parte de la riqueza pública de la Nación y del Estado, que deben ser aprovechados en beneficio de la sociedad” [4]. El subsuelo y sus posibilidades son patrimonio de todos los colombianos y no de una parte, dependiendo del lugar donde se encuentran y de quienes viven o trabajan sobre ellos.

Políticamente hablando, convertir las decisiones de explotación de minas y yacimientos en materia de controversia política local raya con lo absurdo, tanto o más, como pudiera ser someter a decisión popular municipal los tributos nacionales. Electoralmente y esto es menester advertirlo, en no pocos municipios las elecciones resultan fraudulentas en tanto que el número de votantes supera el número de habitantes del propio municipio. Para comprobarlo basta comparar el censo electoral con la población certificada por el Dane[5]. Imaginar campañas políticas cada dos años, prometiendo el cierre de yacimientos petroleros y la prohibición de actividades exploratorias en los territorios bendecidos con riquezas naturales es simplemente una situación inconcebible para organizar, explotar y aprovechar las riquezas nacionales. Una situación así, privatiza los recursos del subsuelo que son inalienables, imprescriptibles e inembargables, como bien reza la constitución nacional[6].

Y cómo no mencionar el impacto económico de la proliferación de consultas populares. La inseguridad en la inversión compromete la posibilidad de aumentar nuestras reservas petroleras y garantizar autoabastecimiento en el futuro, así como la necesidad de financiar el presupuesto público y la urgencia de construir infraestructura. A punta de consultas populares contra la política de hidrocarburos no habrá con qué financiar la paz ni como fortalecer los programas sociales que se han convertido en la causa eficiente de importantes reducciones en las condiciones de pobreza. La obstaculización de contratos de exploración y explotación por la vía de las consultas populares, implicará costosas condenas en contra del Estado, dineros que deberán pagarse con los impuestos de todos los colombianos.

Pero es que además, el reconocimiento de la propiedad del Estado sobre el subsuelo no se contrapone con la participación ciudadana que resulta indispensable en consultas previas y veedurías comunitarias; como también es necesaria la vigilancia pública sobre los procesos de exploración y explotación de recursos naturales, tanto para garantizar su destinación adecuada como para verificar la compensación de los daños que en el proceso puedan presentarse. Es claro eso sí, que la participación ciudadana tiene límites, como todo en democracia, y ella no puede significar la atomización de la autoridad y el traslado de las competencias del manejo económico de la Nación a las urnas de las consultas populares. Este escenario sería, sin duda alguna, el que nos conduciría de manera más corta hacia el fracaso, hacia el fracaso de los intereses generales, que en este caso están también alineados con los de la industria minera y petrolera.



[1] Ministerio de Minas Resolución 181783 de 2005

[2] Constitución Nacional. Artículo 105. Ley 134 de 1994 Artículos 51 y 53.

[3] Constitución Nacional. Artículo 334.

[4] Corte Constitucional. Sentencia C-346 de 1995

[5] En el Municipio de Piedras (Tolima) donde se llevó a cabo la primera consulta popular los indicios de trashumancia electoral son evidentes. Mientras que el Censo Electoral establece que 5.115 personas pueden votar, el DANE solo certifica la existencia de 3.504 piedrunos mayores de 18 años. En Tauramena (Casanare), donde se votó el pasado diciembre otra consulta popular, el Censo electoral establece que hay 13.188 votantes, mientras que el DANE certifica que sólo hay 11.667 mayores de 18 años. En municipios como San Cayetano, Ulloa, Guatapé, San Francisco y Piojó, por solo mencionar algunos casos, el número de votantes registrados supera el total de la población del municipio.

[6] Constitución Nacional. Artículo 63.

Nicolás Uribe Rueda

Abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en Política Internacional en American University de Washington D.C., y Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Consejero Presidencial 2002-2004 y Representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Consultor en Asuntos Públicos y de Gobierno a través de su firma Valure, fundada en 2011. Panelista de Blu Radio y columnista de El Espectador

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