Nicolás Uribe Rueda

Nunca he creído en la buena fe de los peores criminales.Como expertos timadores, capaces de los delitos más atroces, poca cosa resulta para ellos decir una cosa y hacer exactamente la contraria, o firmar un acuerdo para luego incumplirlo. Utilizar la negociación para fortalecer sus objetivos delincuenciales y arreciar con sus actividades ilegales es apenas previsible. Por esa razón, confiar en las posibilidades de éxito de un proceso de paz siempre tiene algo de ingenuidad, e independientemente del gobierno que lo lidere, es casi siempre un acto de fe.

Los primeros textos acordados con las Farc tienen contenido político. Abordan políticas públicas y la organización del Estado. Su propósito es montar una paraestatalidad en lo local, que será necesaria para la toma de las decisiones y factor real de poder en el territorio para habilitar actividades empresariales, políticas e institucionales. Las Farc buscarán tomarse estos espacios y, a mi juicio, deben existir grandes preocupaciones sobre el impacto que esto pueda tener en la gobernabilidad de las regiones y en la actividad económica privada.

Ahora bien, el comunicado sobre justicia es un indicador concreto y puntual de la voluntad de las Farc para suscribir su desmovilización y una manifestación real para llegar al fin del proceso a través de un acuerdo de paz. Para incrédulos como yo, tal vez este ha sido el único indicio real de una voluntad de paz que hasta ahora había estado ausente. El contenido del acuerdo, que aún desconocemos en su integridad, parece ajustarse a lo que resulta aceptable para la opinión y a lo que necesariamente se requiere a la luz de la Constitución y los compromisos en materia de derechos humanos suscritos por Colombia. De acuerdo con el texto oficial del comunicado conjunto publicado, habrá penas con restricción de libertad para los máximos responsables, algo de verdad, amnistía para los combatientes rasos e investigación y juzgamiento para quienes participaron en delitos de lesa humanidad. Deberá existir reparación y garantía de no repetición. Una fórmula distinta, pero con elementos comunes, a lo que fue el instrumento utilizado para la entrega y desmonte de los paramilitares hace apenas unos años.

Lo ideal, que en este caso riñe con lo posible, habría sido capturar, juzgar, condenar y encarcelar de por vida a los generadores de pobreza y autores de tanto dolor y destrucción continuada. Pero un acuerdo en los términos de lo expresado en el comunicado es, a mi manera de ver, aceptable para decretar el fin de las Farc y concentrar esfuerzos para combatir la inseguridad ciudadana y las bandas criminales que nacen luego de las desmovilizaciones.

Sin embargo, hay que tener cuidado. Declaraciones subsiguientes realizadas por intérpretes autorizados han servido más para confundir que para aclarar el contenido del acuerdo, y en la práctica algunos han propuesto renunciar a los logros alcanzados en la negociación para evitar que las Farc reconozcan su ADN criminal y asuman algunas de sus consecuencias. Proponer a Colombia como cárcel, convertir la jurisdicción de paz en instrumento de venganza o devolver sin más la posibilidad de hacer política a los autores de crímenes atroces contradice de plano la literalidad del acuerdo presentado en materia de justicia. Los detalles para la implementación de los acuerdos deberán ser honestos y rigurosos con los preceptos que les han dado origen, entre otras cosas, porque las desviaciones seguramente serían castigadas en las urnas.

@NicolasUribe

Nicolás Uribe Rueda

Abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en Política Internacional en American University de Washington D.C., y Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Consejero Presidencial 2002-2004 y Representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Consultor en Asuntos Públicos y de Gobierno a través de su firma Valure, fundada en 2011. Panelista de Blu Radio y columnista de El Espectador

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