Por: Nicolás Uribe Rueda

NIcolás Uribe Rueda

 

Adentrado como estoy en la comprensión de los efectos de las decisiones del Estado en los negocios, he venido estudiando con atención las dimensiones del impacto que las modificaciones en materia regulatoria significan para los diferentes sectores de la economía. McKinsey (Snapshot Quarterly, 2010) por ejemplo, afirma que el valor del riesgo regulatorio en Estados Unidos representa para las empresas cerca de 3.6 trillones de dólares, en donde cerca del 50% del mismo afecta a las aseguradoras y los bancos y el resto está distribuido entre compañías de telecomunicaciones, transporte, farmacéuticas, retailers, prestadores de servicios de salud y de energía.

Colombia, no propiamente se distingue por su estabilidad en las reglas de juego y el constante cambio en las mismas genera preocupación a las empresas que tienen que adecuarse a los súbitos cambios regulatorios. Entre 2012 y 2013, la sola Cámara de Representantes debatió 328 iniciativas entre las cuales están un importante número de normas aprobadas. Pero no sólo es el Congreso. El entorno regulatorio también está determinado por más de 100 entidades de la rama ejecutiva que producen normas y reglamentos específicos de manera constante, así como las restricciones que ahora son comunes principalmente desde las Alcaldías y Concejos Municipales. En Bogotá, para sólo citar un caso, durante el año 2013 fueron radicados 291 proyectos de Acuerdo Distrital, de los cuales se archivaron 257, veinte se aprobaron y catorce aún hoy siguen su trámite. Y no hay que olvidar las decisiones de los Organismos de Control, las Sentencias de las Altas Cortes y las cientos de normas que a cada instante se someten a consulta ciudadana.

Así las cosas, las empresas claramente no solamente se juegan el pellejo lidiando con proveedores, con la competencia, con las tendencias del consumo y con las demás actividades que se desarrollan “dentro del mercado”, sino que también deben atender eventos, factores y actores “fuera del mercado”, que motivan regulación y perturban la posibilidad de alcanzar sus objetivos comerciales. Los tiroteos en los colegios estadounidenses, por ejemplo, significaron no solamente el impulso de legislación específica en favor del control de armas, sino que también activó el debate sobre las restricciones comerciales a los videojuegos a los que se acusaba de contribuir con la cultura de violencia. Grupos de interés, activistas, medios de comunicación y el público en general, son fuerzas externas al mercado con la potencialidad de impulsar regulación y desestabilizar el entorno en favor o en contra de determinadas actividades económicas, generando ventajas o desventajas competitivas que a su vez deben ser abordadas por las estrategias de mercado.

Los chigüiros, últimas víctimas del cambio climático en Colombia, han logrado lo que los ambientalistas no pudieron, y pusieron en primer plano del debate político y regulatorio medidas para proteger el medio ambiente. Medidas que sin duda desde el punto de vista regulatorio tienen a varios sectores de la producción preocupados por el valor en riesgo que estas modificaciones podrán significar en su entorno de negocios.

http://www.elespectador.com/opinion/efecto-chigueiro-columna-486523

Nicolás Uribe Rueda

Abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en Política Internacional en American University de Washington D.C., y Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Consejero Presidencial 2002-2004 y Representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Consultor en Asuntos Públicos y de Gobierno a través de su firma Valure, fundada en 2011. Panelista de Blu Radio y columnista de El Espectador

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