La reforma de la rama judicial no es un capricho del Gobierno. Son sus propios vicios y desviaciones, acreditados con sobrada dedicación y esmero, los que hacen necesario implementar una urgente reforma al poder en la justicia.

Por ello, tratar de presentar la reforma de equilibrio de poderes como un ataque antidemocrático y un impulso vengativo y revanchista del Congreso contra la justicia, con solicitud de medias cautelares incluidas, no tiene sentido alguno.

Recapitulemos: Los magistrados con frecuencia responden con sus decisiones a las tendencias de su filiación política y esto ocurre desde que son elegidos por cuenta de la milimetría que impone en nuestros días la funesta  gobernabilidad judicial. En ocasiones, algunos resultan tan puesteros y clientelistas como sucede con algún sector de la clase política tradicional. Otros, parecen saltamontes y brincan de cargo en cargo y de Corte en Corte, gracias al famoso “yo te elijo, tú me eliges” que ha permitido crear un mercado negro de favores e introducir el clientelismo judicial.

Tampoco faltan los escándalos de corrupción. Magistrados visitan a delincuentes recluidos, graban en secreto conversaciones con sus interlocutores, reciben regalos de personajes de dudosa reputación y aceptan viajes en chárter, planchón o crucero por parte de quienes tienen interés en sus decisiones electorales o judiciales. Sin darnos cuenta, los jueces se olvidaron de los derechos de los pobres y convirtieron la tutela en tercera instancia para dirimir los contratos y disputas de los ricos. Las denuncias de los magistrados entre sí, por supuestamente favorecer decisiones a cambio de prebendas, son de público conocimiento. Las Cortes además, se han opuesto de manera sistemática a todas las reformas judiciales del pasado y se sienten vulneradas cuando se plantean mecanismos de control tanto de sus actos como de sus decisiones. Son pocos los que aún creen en la majestad de la justicia.

Por eso y por mucho más, Colombia no sólo requiere acciones que mejoren la calidad y acceso a la justicia, sino también una reforma que se ocupe de la manera como se ejerce el poder en la justicia. Y para ello, es necesario preguntarse al menos quién elige magistrados y quién los juzga, dónde está el presupuesto de la Rama y cómo y con qué mecanismos secontrola a las demás. Estas pues, no son preguntas obscenas o irrespetuosas, sino la médula de cualquier discusión sobre equilibrio de poderes. Un equilibrio que debe ser reestablecido.

Por eso, y a pesar de algunas desviaciones que se pueden corregir sobre la marcha, el proyecto del Gobierno avanza adecuadamente en el objetivo de despolitizar la justicia e introducir un juez natural que tenga la capacidad de actuar frente a la corrupción y los abusos de poder. La reforma no es una afrenta, sino apenas uno de muchos cambios necesarios para que el sistema judicial salga del sótano de las encuestas y se convierta en la institución en donde los colombianos encuentren los fundamentos para la garantía de los derechos y las bases para la convivencia pacífica.