NICOLÁS URIBE RUEDA 27 ENE 2017 – 10:17 PM

NIcolás Uribe Rueda

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, está dando ejemplo nacional a más de un servidor y funcionario público que tiene por costumbre escabullirse de la escena de sus obligaciones cuando ve que se aproximan los problemas.

El alcalde no es de esos tipos que se hacen elegir o nombrar para quedarse con el honor y evadir la responsabilidad de su investidura, de esos que aparecen con frecuencia en los medios de comunicación para colgarse medallitas, pero pocas veces se presentan en escena para asumir los riesgos de enfrentar con contundencia los retos que plantea un Estado que se encuentra capturado por la corrupción y frecuentemente acechado por las mafias.

Gutiérrez, en Medellín, decidió jugársela por la seguridad de la ciudad y está asumiendo riesgos importantes para proteger a miles de ciudadanos que desde hace años viven en sus barrios gobernados por actores criminales que ordenan la vida en sociedad por cuenta de la ausencia del Estado. El alcalde se atrevió a rebotar la calma chicha que existía en la relación entre las autoridades y las mafias, inacción que desde hace ya bastantes años les permitía a estas últimas asumir el control físico del territorio y ejercer o coordinar toda clase de actividades ilegales: cobro por venta en el espacio público, extorsión a los comercios y a los distribuidores de víveres y materiales, hurtos, fleteos, microtráfico de droga, prostitución infantil y quién sabe qué más cosas.

Y claro, gobernar para servir tiene sus costos, principalmente si el objetivo prioritario de cada intervención es desterrar un grupo criminal y ponerle fin a una enorme cantidad de rentas y recursos ilegales. Por eso las amenazas personales, por eso la andanada de los delincuentes y por eso los planes desestabilizadores contra la ciudad.

Ahora bien, por muy valeroso y decidido que sea el alcalde y por más liderazgo que le ponga a la materia, es menester advertir que no bastan los recursos limitados de las entidades seccionales. El problema de la seguridad urbana en Medellín, por sus tentáculos, por su alcance, por las armas de las que disponen las Bacrim, es un asunto que compete directamente a la Nación y que requiere también el compromiso y la intervención coordinada de las autoridades nacionales. Basta ver el documental que sobre el tema hizo hace poco el programa Los Informantes, en donde recorre las entrañas de la banda criminal que dirige el comandante Pantera, para entender el tamaño del desafío que estamos enfrentando. Medellín necesita que el ministro de Defensa esté pendiente, que el fiscal general actúe como lo ha hecho con contundencia en otros temas y que la inteligencia policial y militar no la abandonen. Se requiere toda la determinación para acabar con la connivencia entre el Estado y la delincuencia, pero también mayor presencia policial, agilidad en los procedimientos judiciales, priorización en los recursos y respaldo efectivo y decidido a las acciones del alcalde.

Y ciertamente también, aunque Gutiérrez no reclame o no lo pida, se requiere que las autoridades tomen en serio la tarea de protegerle la vida al Alcalde y garanticen de paso la continuidad de una política y el futuro de un político que ha demostrado no tener límite a la hora de cumplir con sus obligaciones.

@NicolasUribe

 

Nicolás Uribe Rueda

Abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en Política Internacional en American University de Washington D.C., y Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Consejero Presidencial 2002-2004 y Representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Consultor en Asuntos Públicos y de Gobierno a través de su firma Valure, fundada en 2011. Panelista de Blu Radio y columnista de El Espectador

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