Por: Nicolás Uribe Rueda

Antes de terminar, el Gobierno Santos debería hacer un corte de cuentas para contarle al país en detalle del estado en que deja la implementación del Acuerdo con las Farc. Supongo que no pasará, porque todo indica que las cosas no van bien, y que desde las impertinencias hasta los abusos de hoy serán utilizados políticamente mañana por la oposición para culpar al Gobierno Duque de estar haciendo trizas el Acuerdo.

Y no hay que interpretar que un corte de cuentas es lo mismo que la instalación del espejo retrovisor. Cada cosa en su lugar. Hay que hacer lo primero, pero no dejarse tentar por lo segundo. Una radiografía honesta del proceso de implementación servirá para que quienes defienden el Acuerdo vean la necesidad de que el nuevo gobierno ponga el acelerador al cumplimiento de muchos temas y así lo exijan; como también sería el punto de partida para la discusión sobre las reformas que deberán introducirse. Es, pues, un gana-gana y la oportunidad de poner en marcha un diálogo abierto sobre lo que conviene al país, partiendo de lo que debe mantenerse y los cambios que hay que hacer.

Y es que no hay que ser un genio para darse cuenta de que lo acordado por el Gobierno con las Farc no anda bien. Los problemas están por todas partes. Basta pensar en lo que para Colombia significa tener más de 200.000 hectáreas de coca y lo que ello implica para los desmovilizados insatisfechos y para miles de campesinos frustrados por la ausencia de presencia institucional que debería haber llegado con ocasión del Acuerdo. Es también urgente saber si es verdad o no que las Farc omiten su deber de contribuir en el desmantelamiento del narcotráfico. No sólo las hectáreas aumentaron durante las negociaciones y uno de sus máximos jefes afronta un proceso de extradición por traficar con posterioridad a la firma, sino que esta semana el embajador de los Estados Unidos sostuvo que “las Farc tenían que proporcionar información de rutas, teléfonos, insumos, para tumbar todas esas organizaciones y eso fue lo que no hicieron”.
Sería bueno contar con información de las disidencias de las Farc y de cuántos desmovilizados las integran, como también tener al detalle un balance autocrítico del resultado de la creación de más de diez entidades involucradas en el proceso de implementación y sus programas territoriales, que no han estado al margen de escándalos de corrupción. Es poco y malo lo que se sabe sobre el proceso de resocialización de combatientes y, la verdad sea dicha, en materia de justicia nada avanza, salvo el desprestigio de la JEP que acumula más escándalos que decisiones en derecho desde que sus magistrados fueron juramentados ya hace algunos meses.

Si el interés del Gobierno actual es el de blindar el proceso hacia el futuro, su principal interés tendría que ser que se mantuviera lo que ha salido bien, pero también contribuir en arreglar aquello que a estas alturas es obvio que está enredado. Sólo ello aportará a que el proceso sea efectivamente irreversible y se cree la legitimidad que se perdió en el plebiscito.

@NicolasUribe

 

Nicolás Uribe Rueda

Abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en Política Internacional en American University de Washington D.C., y Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Consejero Presidencial 2002-2004 y Representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Consultor en Asuntos Públicos y de Gobierno a través de su firma Valure, fundada en 2011. Panelista de Blu Radio y columnista de El Espectador

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