Nicolás Uribe Rueda

De acuerdo con la encuesta de opinión Industrial Conjunta de la Andi, el contrabando está en el cuarto nivel de prioridad entre los asuntos que más preocupan a los empresarios colombianos.

El tema ha pasado de un modesto 5% de participación entre las prioridades empresariales en el año 2000 al 16% en junio de este año, por encima del capital de trabajo, los costos logísticos y apenas un poco por debajo de la tasa de cambio.

Casi sin falta, todos los sectores de la producción nacional sufren las consecuencias negativas del contrabando. Productores e importadores por igual han tenido que destinar recursos y articularse con las instituciones oficiales para, de manera conjunta, buscar disminuir un fenómeno que parece superar la capacidad del Estado para combatirlo. La verdad es que, pese al esfuerzo institucional, es muy poco lo que se avanza y los logros son apenas perceptibles. El contrabando es inexplicable desde una sola perspectiva y su comprensión requiere del análisis de variables sociales, culturales, políticas y económicas. Su existencia es materialmente inevitable en un entorno fronterizo en donde imperan la cultura de la ilegalidad, la corrupción pública y privada, el abandono del Estado y la difícil situación social y económica de miles de habitantes.Para combatir este fenómeno, académicos y políticos están llenos de propuestas y recomendaciones. Debe haber una política pública que oriente recursos y cree responsabilidades institucionales. Se requiere eficacia en la justicia, política de fronteras, tecnología, capacitación para funcionarios, coherencia arancelaria y tributaria, así como voluntad política para transformar una realidad que reciben y heredan uno tras otro los gobiernos.

Sin embargo, la realidad de nuestras limitaciones parece desafiar toda la racionalidad puesta al servicio de la solución de un problema. Basta caminar por las calles de Maicao para ver la dimensión del intercambio comercial de dudosa procedencia o pasear por el puesto de control de Paraguachón. Se trata de un control fronterizo que alberga a no más de seis funcionarios que ocupan instalaciones en pésimas condiciones. A su lado no hay dónde hacer un procedimiento de requisa porque todo está invadido por tenderetes informales o locales comerciales. A escasos 20 metros está un destartalado monumento que ya no tiene cómo izar dignamente una bandera y al frente suyo se encuentran unos cerdos que malviven en un corral, compitiendo con los perros callejeros por la comida que puedan encontrar entre una pila de basura. Al norte, en Puerto Nuevo, corregimiento del municipio de Uribia, existe algo mas insólito. Se trata de un desembarcadero en donde no hay básculas ni grúas ni controles para el ingreso de mercancía. De los barcos pasan directo a los camiones cajas repletas de electrodomésticos, licores, cigarrillos y quién sabe qué más cosas. Todo al hombro, sobre la espalda de indígenas coteros que, dicho sea de paso, están sometidos a esquemas repugnantes de explotación laboral.Mientras esto existe, se discuten penas y estrategias para luchar contra el contrabando en un proyecto de ley que parece también haber sido abandonado a su suerte por la indiferencia del Gobierno. Pero aunque se aprobase, seguramente todo cambiaría para que todo siga igual.

 

Nicolás Uribe Rueda

Abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en Política Internacional en American University de Washington D.C., y Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Consejero Presidencial 2002-2004 y Representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Consultor en Asuntos Públicos y de Gobierno a través de su firma Valure, fundada en 2011. Panelista de Blu Radio y columnista de El Espectador

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