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Nicolás Uribe Rueda

Dentro de las instituciones evaluadas por Gallup en su reciente encuesta, la medalla de bronce en el campeonato del desprestigio nacional se la lleva el sistema judicial, perdiendo el título por apenas unos puntos con las Farc y empatando con Venezuela, que conquistaron el oro y la plata, respectivamente.

El 83% de los colombianos tienen una imagen desfavorable de la justicia que, vale la pena resaltar, supera en descrédito al Congreso y a los partidos políticos, que suelen concentrar la desconfianza de los ciudadanos. La debacle de credibilidad golpea a la Corte Suprema y a la Fiscalía y ni siquiera la Corte Constitucional se salva de contar con una imagen negativa ampliamente superior a la positiva, la peor en toda su existencia. Y será más grave, pues el paro ilegal no termina y a la fecha sólo se levanta para que los funcionarios judiciales no pierdan la remuneración vacacional. En enero empezarán a incrementarse las escandalosas consecuencias de la negación del servicio de justicia, que hoy completa 71 días, así como los 100 mil millones de pesos en pérdidas, la acumulación de más de 120 mil procesos que nunca se tramitarán, el aplazamiento de 23 mil audiencias, la inhumana congestión en las URIS y la muerte de quién sabe cuántos enfermos que no tuvieron siquiera el derecho de interponer una tutela.

Nicolás Uribe Rueda

De acuerdo con la encuesta de opinión Industrial Conjunta de la Andi, el contrabando está en el cuarto nivel de prioridad entre los asuntos que más preocupan a los empresarios colombianos.

El tema ha pasado de un modesto 5% de participación entre las prioridades empresariales en el año 2000 al 16% en junio de este año, por encima del capital de trabajo, los costos logísticos y apenas un poco por debajo de la tasa de cambio.

Casi sin falta, todos los sectores de la producción nacional sufren las consecuencias negativas del contrabando. Productores e importadores por igual han tenido que destinar recursos y articularse con las instituciones oficiales para, de manera conjunta, buscar disminuir un fenómeno que parece superar la capacidad del Estado para combatirlo. La verdad es que, pese al esfuerzo institucional, es muy poco lo que se avanza y los logros son apenas perceptibles.