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Después de la Controversia sobre el tratamiento de la JEP al delito de secuestro, calificándolo como secuestro político, parece que la JEP ha corregido. En publicaciones posteriores parece haber decidido no calificar como político el secuestro. EL DEBATE VALIÓ LA PENA

 

Así empezó todo

En el ejercicio de sus competencias, desde hace algunos meses, la Jurisdicción Especial  para la Paz (JEP) viene desarrollando una serie de audiencias con víctimas del secuestro.

Estos eventos son publicitados por las redes sociales de la JEP de diversas maneras, como entrega de informes, audiencia o comparecencias. Independientemente del tipo de evento, la JEP  decidió denominar como SECUESTRO POLÍTICO el delito sobre el cual deberían rendir sus informes o declaraciones las víctimas del secuestro.

 

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Así por lo menos quedó impreso en varias  publicaciones de la JEP en donde actores políticos fueron invitados a declarar sobre la horrenda experiencia que vivieron ellos o sus familiares, muchos de los cuales fueron luego masacrados por sus secuestradores. Así las cosas, decidí preguntar a la JEP la razón por la cual denominaban así a este crimen de lesa humanidad, en tanto que este tratamiento de SECUESTRO POLÍTICO es sin duda benévolo con quienes cometieron el secuestro. Mi preocupación es que este tratamiento confirma la acusación sobre el sesgo que tiene la JEP respecto de crímenes cometidos por las FARC:

 

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Tratar el secuestro como político lamentablemente construye la idea de que es un instrumento válido de la controversia política y que de alguna manera es simplemente un sacrificio que algunos deberán soportar con el propósito de que todos vivamos mejor. Es claramente la instrumentalización de la dignidad de una persona con fines políticos.

 

La JEP, sin embargo no corrigió y contestó mi reclamo con varios comentarios así, invitándome a leer y recordándome que la Sala de Reconocimiento no juzga y que además ellos no podrían calificar las conductas punibles.

 

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Con esta contestación de la JEP, en donde salen con las respuestas ya aludidas, tuve que seguir en la controversia, recordándole al Tribunal que el Código Penal colombiano no contempla el delito de secuestro político y que es inaceptable para las propias víctimas que se considere el crimen que cometieron como un delito de carácter menor.

 

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Así pues no existió más remedio que hacer público para la JEP dos textos importantes: El artículo 7 del acuerdo de Roma sobre la Corte Penal Internacional y el artículo 169 del Código Penal, en donde por una parte se establece que el secuestro es un delito de lesa humanidad y en ningún caso político y que el secuestro extorsivo, con fines políticos o publicitarios tiene incluso una pena mayor que el secuestro simple.

ESTATUTO DE ROMA

Artículo 7

Crímenes de lesa humanidad

  1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
  2. a) Asesinato;
  3. b) Exterminio;
  4. c) Esclavitud;
  5. d) Deportación o traslado forzoso de población;
  6. e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;
  7. f) Tortura;

 

Código Penal Artículo 169. Secuestro extorsivo

El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuatro (504) meses y multa de dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2.666.66) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

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 5 JUN 2015 – 11:00 PM

Nicolás Uribe Rueda

INTERESANTE DEBATE HA quedado abierto esta semana con ocasión del comunicado conjunto del Gobierno y las Farc en donde relatan un nuevo acuerdo alcanzado en La Habana, esta vez, sobre las reglas, mandato y composición de una Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición.

Y a pesar de que son más de 40 las comisiones de la verdad que se han creado desde los setentas para esclarecer violaciones a los derechos de miles de personas en el mundo entero, es claro que no existe cosa tal como un listado de requisitos indispensables y criterios mágicos para anticipadamente predecir el éxito, legitimidad y aportes de una Comisión al cumplimiento del derecho a la verdad que tienen las víctimas como parte de los compromisos derivados de un acuerdo político de paz.

NICOLÁS URIBE RUEDA 27 FEB 2015 – 11:00 PM

 Nicolás Uribe Rueda

En Colombia hoy el número de conexiones a internet fijo y móvil a nivel nacional puede superar los 11 millones de suscriptores. Un número sin duda importante que permite a las personas acceder a enormes posibilidades económicas, sociales y culturales. Con ello, una cuarta parte de la población de nuestro país queda además habilitada para participar de la creciente tendencia global del consumo colaborativo, una nueva modalidad para “compartir, intercambiar, prestar, alquilar y regalar bienes y servicios” en el marco de las posibilidades que brindan la tecnología y las plataformas virtuales que crean redes sociales de intercambio.

Esto, que en esencia no parece nada nuevo, sin embargo está revolucionando la economía y planteando retos regulatorios y políticos de importantes dimensiones. Conceptualmente, el debate también es relevante, en tanto que permite reflexiones sobre la acumulación de bienes, la necesidad de reducir las implicaciones ambientales del desarrollo y la posibilidad de crear alternativas de ingresos a personas que oferten bienes que conservan con alto grado de inutilización. En Colombia debe haber decenas, pero en el mundo ya son miles las plataformas que facilitan el intercambio y uso colaborativo de bienes y servicios. Lo cierto es que hoy hay esquemas para que aquellos con jardín puedan compartirlo con quien necesita sembrar hortalizas, para dejar el perro en vacaciones, para alquilar un garaje o compartir un carro, para intercambiar libros, videos, ropa y juguetes de niños en desuso. Las aplicaciones disponibles hoy permiten arrendar una habitación residencial (más de 650.000 camas disponibles en 34.000 ciudades de 192 países sólo en la aplicación Airbnb), alquilar un taladro (que poca gente usa más de una hora a lo largo de toda la vida) y por supuesto también para movilizarse gracias al carsharing. Hay aplicaciones que permiten acceso al financiamiento entre vecinos y hasta páginas que ponen en contacto proyectos con inversionistas de capital semilla sin pasar por el sistema financiero.