Columnas EL ESPECTADOR

2 Jun 2017 – 9:00 PM

Programa juan

No en pocas ocasiones hemos abordado en este espacio las necesarias reformas institucionales que requiere la política para dejar de ser el negocio de unos pocos. La ausencia de partidos políticos, el mercenarismo ideológico, el costo de las campañas, la plata sucia que promueve aspiraciones perniciosas, la inconveniencia de la circunscripción nacional y tantas otras cosas son temas de la agenda institucional que Colombia tiene pendiente para hacer que la política vuelva a ser el instrumento que tiene nuestra sociedad para organizar el poder y ponerlo al servicio de las necesidades de la mayoría.

espectador

Programa juan

19 May 2017 – 9:30 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda

Pensando en distanciarme de la pesadumbre del debate político nacional, decidí repasar las Historias de Polibio (libro VI), en donde trata la teoría de la sucesión cíclica de los regímenes políticos: “Con cada una de las constituciones nace una cierta enfermedad que se sigue de ella naturalmente. Con la realeza nace el desmejoramiento llamado tiranía; con la aristocracia, el mal llamado oligarquía, y con la democracia germina el salvajismo de la fuerza bruta”.

La oclocracia, o gobierno de la muchedumbre, es pues la natural desviación de la democracia, en donde una parte del pueblo enfurecido se cree dueña de un poder sin límites, reclama que los gobernantes no están a su altura, se niega a obedecer las normas y busca acabar todo aquello que ponga límite a su voluntad desenfrenada. Se trata pues de una desviación de la voluntad popular, como diría Rousseau, hacia la imposición de la voluntad de la mayoría, generalmente manipulada por intereses particulares y liderada por hombres carismáticos que se apoyan en la indignación, en las mentiras y en la demagogia pura y dura. Todo con el objetivo de obtener o quedarse en el poder.

NIcolás Uribe Rueda

2 Jun 2017 – 9:00 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda

No en pocas ocasiones hemos abordado en este espacio las necesarias reformas institucionales que requiere la política para dejar de ser el negocio de unos pocos. La ausencia de partidos políticos, el mercenarismo ideológico, el costo de las campañas, la plata sucia que promueve aspiraciones perniciosas, la inconveniencia de la circunscripción nacional y tantas otras cosas son temas de la agenda institucional que Colombia tiene pendiente para hacer que la política vuelva a ser el instrumento que tiene nuestra sociedad para organizar el poder y ponerlo al servicio de las necesidades de la mayoría.

Al mismo tiempo, es claro que el capítulo de participación política dentro del Acuerdo con las Farc es piedra angular de la negociación. Permitir la creación del partido de las Farc, darle participación transitoria y automática en el Congreso, brindar apoyo presupuestal, entre otros, es connatural al Acuerdo y son demandas lógicas para lograr la desmovilización y el desarme. El Gobierno, sin embargo, fue más lejos y accedió también a que los criminales de lesa humanidad no tuvieran restricciones para participar en política y que su habilitación para el ejercicio público pudiera incluso concurrir con el cumplimiento de las condenas que estableciera la Jurisdicción Especial para la Paz. Además se creó un sinnúmero de artilugios para promover la intervención de organizaciones sociales en los territorios, a tal punto que algunas voces ya anticipan que este será el instrumento preferido por los “exfarc” para tomarse el poder local y así hacer nugatorio el papel de Concejos y Alcaldías por la vía de una parainstitucionalidad disfrazada de participación legítima. Nadie podrá, pues, acusar al Estado de no querer permitir la participación política de los desmovilizados.

nimbycomic
Foto: http://energyeducation.ca/encyclopedia/Not_in_my_back_yard_syndrome

Hace apenas unos días, un reconocido medio de noticias económicas publicó un breve informe donde describe al menos 21 proyectos minero-energéticos que tendrán que enfrentarse en el futuro a una consulta popular que busca prohibir su realización. A pesar de las diferencias entre cada iniciativa, la razón para la oposición se fundamenta en los mismos argumentos: objeciones ambientales, cambio de la vocación productiva, indeseados efectos sociales y económicos y escasos beneficios para los habitantes, que, dicen, se quedarían con los problemas y sin los beneficios de los proyectos.

Desde los años 80, este fenómeno de rechazo a proyectos locales, que parece despertar con toda fuerza contra la industria minero-energética en Colombia, se denomina en EE. UU. como el fenómeno Nimby, acrónimo de Not In My Back Yard (“No en mi patio trasero”) y se describe como un fenómeno que surge espontáneamente como reacción hostil ante el desarrollo de actividades o instalación de servicios, proyectos o infraestructuras que se perciben como peligrosos, incómodos o desagradables. Los militantes Nimby tienen poco interés por entender argumentos, son insolidarios frente al impacto positivo de los emprendimientos para el conjunto de la sociedad, no plantean alternativas y tienen poca disponibilidad para oír explicaciones independientes sobre su verdadero impacto. El movimiento Nimby tiene audiencias crecientes gracias a las redes sociales, las fake news y la solidaridad que despiertan conflictos definidos como peleas entre David y Goliat.

Programa juan

Desde que tengo memoria cívica he proclamado a diestra y siniestra el valor de la política como vocación y su relevancia como instrumento para resolver los problemas de la sociedad. Durante casi una década, mi actividad principal fue la política y mientras ejercí busqué motivar, principalmente, a los jóvenes a que se vincularan a la deliberación pública y privadamente analizaran las consecuencias de no tener sensibilidad por la política y sus consecuencias. Y lo que para muchos es una actividad inservible, absolutamente prescindible y sobre todo despreciable, para mí encarna las posibilidades reales de nuestra sociedad para salir adelante. Ahora retirado, sigo creyendo en el poder transformador del voto y anhelo la llegada al poder de líderes inspiradores que puedan impulsar la acción del Estado hacia la superación de nuestras dificultades.

Tengo ahora la feliz ocupación de hablar de política todas las mañanas en Blu Radio y gracias a los debates matutinos, en donde se analizan las noticias diarias, sigo activo en la batalla de las ideas, que es una de tantas expresiones de la vocación por la política. Y también, mi actividad profesional tiene relación directa con tomadores de decisión, y desde el sector privado ahora busco impulsar políticas públicas que, alineadas con el interés general, respeten la seguridad jurídica y promuevan el respeto a la iniciativa privada y la libertad de empresa. Me gustan las marchas, los debates, los foros de opinión, la vida partidista, las campañas políticas y el ejercicio público. Llevo, pues, más de la mitad de mi vida dedicada a trabajar, estudiar y comentar sobre políticas públicas y veo por ello con entusiasmo el crecimiento de la apropiación de la política por parte de los ciudadanos que ahora opinan y participan más que de costumbre.

NIcolás Uribe Rueda

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Programa juan

10 Mar 2017 – 9:00 PM

Quería hoy aprovechar estas líneas para describir la extrema dificultad que ha surgido en Colombia para la realización de proyectos de infraestructura, energía, minería y petróleo. Pero la verdad, la lectura de un reciente comunicado de la Corte Constitucional sobre un fallo aún inexistente me obligó a aplazar el tema y a dedicar esta columna a describir el esperpento de decisión política arropada en edición de lujo. A través de la sentencia SU-133/17, con el pretexto de proteger el derecho de mineros artesanales desamparados, la Corte se carga medio Estado de derecho.

Así es la cosa. Gracias a un sesgo antiminero que se ha impuesto como mayoría desde hace algún tiempo en el alto tribunal, ya es evidente que la Corte está empeñada en hacer imposible a la fuerza la minería que la Constitución permite y que la ley debe proteger. En esta oportunidad, el fallo ampara el derecho al trabajo, al mínimo vital y la libertad de oficio de un grupo de personas que se dedican a actividades de explotación ilícita de yacimiento minero (artículo 338, Código Penal) invadiendo tierras o edificaciones con el propósito de obtener provecho ilícito (artículo 263, Código Penal). De no creer.

24 Feb 2017 – 9:00 PM

 NIcolás Uribe Rueda

Se aproxima el período electoral  y con él deberá irse decantando el listado de al menos 20 candidatos que hasta la fecha han manifestado abierta o soterradamente su interés por reemplazar a Santos en el 2018. Las señoras y señores Cárdenas, Córdoba, Cristo, De la Calle, Duque, Fajardo, Galán, Holmes, Iragorri, López Hernández, López Obregón, Ordóñez, Petro, Pinzón, Ramírez, Ramos, Robledo, Vargas, Velasco y Zuluaga, en orden alfabético, se aprestan a iniciar la etapa preelectoral para llegar bien posicionados a la primera vuelta en mayo del año entrante.

10 Feb 2017 – 9:00 PM

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En enero, el presidente Santos instaló la Comisión Electoral Especial, contemplada en los acuerdos, y con sus informes se espera que en breve se presente una nueva reforma a la política, asunto fundamental en el marco de la negociación con las Farc y estructura medular para la buena marcha de nuestra democracia. Esta debe ser una oportunidad para introducir las modificaciones que requiere un sistema político que tiene incentivos perversos para el comportamiento de sus actores. Ojalá que esta comisión no se enrede en los temas orgánicos y no se quede en la presentación de cambios en las estructuras de las entidades que conforman la arquitectura electoral, sino que de fondo se dediquen a estudiar la mentalidad de los operadores políticos y electorales y con base en ello busquen creativas soluciones.

NICOLÁS URIBE RUEDA 27 ENE 2017 – 10:17 PM

NIcolás Uribe Rueda

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, está dando ejemplo nacional a más de un servidor y funcionario público que tiene por costumbre escabullirse de la escena de sus obligaciones cuando ve que se aproximan los problemas.

El alcalde no es de esos tipos que se hacen elegir o nombrar para quedarse con el honor y evadir la responsabilidad de su investidura, de esos que aparecen con frecuencia en los medios de comunicación para colgarse medallitas, pero pocas veces se presentan en escena para asumir los riesgos de enfrentar con contundencia los retos que plantea un Estado que se encuentra capturado por la corrupción y frecuentemente acechado por las mafias.

Gutiérrez, en Medellín, decidió jugársela por la seguridad de la ciudad y está asumiendo riesgos importantes para proteger a miles de ciudadanos que desde hace años viven en sus barrios gobernados por actores criminales que ordenan la vida en sociedad por cuenta de la ausencia del Estado. El alcalde se atrevió a rebotar la calma chicha que existía en la relación entre las autoridades y las mafias, inacción que desde hace ya bastantes años les permitía a estas últimas asumir el control físico del territorio y ejercer o coordinar toda clase de actividades ilegales: cobro por venta en el espacio público, extorsión a los comercios y a los distribuidores de víveres y materiales, hurtos, fleteos, microtráfico de droga, prostitución infantil y quién sabe qué más cosas.