Columnas EL ESPECTADOR

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Iván Duque llegó al Congreso hace 4 años y rápidamente se convirtió en un senador estrella. Deslumbró por su juicio, disciplina y don de gentes. En la opinión pública logró abrirse espacio como vocero de temas económicos y entre los medios de comunicación se volvió fuente calificada para comentar y discutir asuntos de relevancia nacional. Sus colegas lo eligieron en dos oportunidades como el mejor Senador y su partido rápidamente lo catapultó a lugares de privilegio, brindándole la oportunidad para que se luciera en debates, con proyectos de ley e intervenciones. Su papel en la oposición al plebiscito de 2016 lo volvió una figura nacional.

 

Respetuoso en el diálogo político con adversarios ideológicos, así como poco camorrero, decidió no comprar las peleas aquilatadas durante años por su grupo parlamentario, asunto que lo ubicó en el centro del Centro Democrático.

 

Repitió en su precampaña presidencial la metodología de talleres democráticos que llevó a Uribe a la Casa de Nariño en 2002 y superó luego a cinco copartidarios con quienes se midió en casi 40 debates regionales que terminaron con la definición de un candidato único seleccionado a través de un proceso de revisión de encuestas. En marzo, compitió por la candidatura definitiva ante Marta Lucía Ramírez y obtuvo más de 4 millones de votos, convirtiéndose así, en el candidato por fin oficial de una coalición de centro derecha que tenía serias posibilidades de llegar a la presidencia de Colombia.


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Nada más sobre diagnosticado en Colombia que la inequidad e inconveniencia de nuestro sistema tributario. Todo el mundo está de acuerdo en que lo que existe no sirve, y que lo adecuado sería pues una reforma tributaria estructural que convirtiera en progresivo, equitativo y transparente un marco normativo farragoso, disperso y lleno de injusticias y posibilidades de evasión. Como lo demuestran vergonzosamente las cifras, la inequidad en Colombia crece luego del pago de impuestos, indicador inaceptable para un sistema cuya naturaleza es la de redistribuir la riqueza en favor de los más pobres.

 

La carga fiscal está sobrecargada en el impuesto corporativo, haciendo de nuestro país un destino poco competitivo. Algo más de 3 mil quinientas empresas (el 0,35) pagan el 70% del total de los tributos, mientras que las personas naturales aportan el 6% de los ingresos fiscales nacionales, muy por debajo del promedio de América Latina y por supuesto, muy lejos de la OCDE que se acerca al 25% del total. Además, nuestro sistema tributario produce bajísimo recaudo respecto del PIB (menos del 20%) comparado con la OCDE (cerca al 35%) y el promedio latinoamericano (poco menos del 25%), donde sólo México y Perú nos superan por lo bajo.

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Parece inquebrantable la decisión del presidente Duque de jugársela a fondo por refundar las relaciones entre el Gobierno y el Congreso, permitiendo así por fin que los partidos recuperen su importancia, el Congreso su independencia y los parlamentarios el papel de representar a sus regiones. Se acabó la época en la que el legislativo tenía que obedecer las decisiones del gobierno so pena de no ganar o perder los beneficios que traen las dádivas oficiales.  Cada loro en su estaca.

Se extingue pues la aplanadora oficial que se encendía y funcionaba a todo vapor durante el periodo de gobierno, con apenas los trastornos naturales del inconformismo de quienes se sentían maltratados en comparación con sus compañeros de curul. La aplanadora garantizaba las mayorías para las votaciones, definía el orden del día, archivaba proyectos y hasta elaboraba desde los computadores de los Ministerios las ponencias que se firmaban juiciosamente en el Congreso. Por cierto, la mermelada no sólo operaba para garantizar la aprobación de las normas, sino, sobre todo, para perpetuar a la clase política que las recibía, eligiendo primero a sus socios políticos en las elecciones regionales, con cuya mermelada local se garantizaba luego la reelección en el Congreso. Acabar con esta práctica viciosa, el presidente Duque lo tiene claro, es la verdadera reforma a la política.

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Una nueva edición se ha publicado del famoso Doing Business del Banco Mundial. Con este, Colombia ajusta ya tres años de deterioro consecutivo en su posición global y se ubica en el puesto 65 entre 190 economías que se evalúan en el estudio. Nos encontramos en la mitad de la tabla, por debajo de Chile (56) y México (54) y apenas por encima de Costa Rica (67) y Perú (68). Venezuela (188) y Bolivia (156) son ejemplo elocuente de los efectos perversos de una ideología que tiene como principio de la acción política el maltrato a la empresa. Nuestro país, para hablar con franqueza, es un destino poco atractivo para la inversión, pues por encima nuestro se encuentran alternativas más seguras, más confiables y con mejores instituciones.

 

A Colombia le va bien en materia de obtención de créditos (3) y protección de inversionistas minoritarios (15), pero terriblemente mal en materia de cumplimiento de contratos (177) y pago de impuestos (146). Frente al informe del 2017, empeoramos en seis de los diez indicadores y bajamos seis lugares.

 

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Recuperamos sus lectores a Mauricio Rojas, escritor y político chileno, que con alguna frecuencia deleita con sus visitas a quienes participamos de conversatorios sobre la democracia liberal, la economía de mercado y sus virtudes, la amenaza que representa el populismo y demás materias que estudia, domina con habilidad y explica virtuosamente a sus contertulios.

Lo recuperamos para nuestro disfrute intelectual luego de que debiera renunciar al Ministerio de las Culturas y las Artes tan solo 94 horas después de haber llegado al cargo por invitación del presidente Piñera y tras una rápida y feroz embestida orquestada por la izquierda radical chilena que logró caricaturizarlo como un impresentable.

Su pecado fue haberse atrevido a mencionar en años anteriores que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, donde se presentan los abusos y crímenes de la dictadura y se hace un homenaje a sus víctimas, omitía lamentablemente explicar también las razones por las cuales se había llegado al golpe de Estado del 73 que finalmente habría de conducir a tantos abusos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y demás violaciones inaceptables a los derechos humanos. En su último libro, que apenas ha visto la luz hace unos días, Rojas narra precisamente esos momentos de maltrato insoportable, con el cual buscaron cobrarle no tanto sus palabras, que sabían eran manipuladas abusivamente, sino el haberse deslindado y renunciado abierta, pública y elocuentemente de aquella ideología que en Chile, a través de Allende y empujada por desórdenes, apropiaciones de tierras y amenazas a la propiedad privada, pretendió dar el “salto cualitativo” para convertir a ese país en una segunda Cuba.

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La actitud de los ciudadanos frente a los temas públicos está haciendo que gobernar a Colombia con responsabilidad en cualquier nivel territorial sea una tarea impopular y casi imposible. Y la razón es simple. La gente exige con impaciencia derechos sin límite, mientras desconoce el entorno, no oye razones, renuncia a sus obligaciones y pretende incluso que el Estado solucione lo que cada cual, con algo de fuerza de voluntad, sería capaz de resolver.

 

Estamos entrando en una época en la cual nos comportamos como niños, donde se quieren las cosas pero no sus consecuencias y se exige, además, que todo llegue de manera inmediata. Es paradójico: a pesar de que cada día nos demuestra lo contrario, creemos que el Estado es un semidios que todo lo puede, y que su sola voluntad es suficiente para que nuestras realidades cambien y podamos, ahí sí, garantizar el pleno ejercicio de nuestros derechos. Claro está, nuestros niveles de exigencia no tienen relación alguna con nuestras limitaciones fiscales e institucionales, y resulta franca y abiertamente impopular proponer mecanismos para contribuir a superarlas.

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Esta semana finalmente fue publicado el informe de 2017 sobre el monitoreo de cultivos ilícitos adelantado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Su contenido pasó por los medios sin pena ni gloria, seguramente por cuanto ya no es noticia afirmar que nadamos en coca.

 

En todo caso, vale la pena leer el informe, en tanto no sólo contiene los datos sobre el incremento exponencial de la siembra de coca en los últimos años, sino que además está lleno de datos y cifras que en su conjunto son el relato perfecto de la desidia que el gobierno anterior tenía por el tema. El reporte es demoledor con la política oficial, y si no fuera tan diplomáticamente crítico y no estuviera lleno de logos de Naciones Unidas, podría hasta pensarse que tiene origen en cualquier pluma afilada de la oposición.

7 Sep 2018 – 3:20 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda


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Por fin parece estar abriéndose camino un nuevo consenso ante el problema del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia y se vislumbra la posibilidad de regular una actividad que debe tener restricciones con ocasión de su naturaleza y la manera en que llega el producto a las manos de los consumidores. El debate se empieza a sacudir finalmente de todas las mentiras que lo vienen acompañando desde hace lustros, cuando se sostuvo de manera sistemática, por ejemplo, que cualquier opción para controlar la actividad buscaba la penalización por la puerta de atrás y equivaldría a la judicialización y encarcelamiento de adictos y consumidores.

Es también notorio en el ambiente el cambio de actitud ciudadana ante el denominado “derecho al consumo”, y se percibe el cansancio y la reacción de la sociedad frente a quienes pretendieron confundir el libre desarrollo de la personalidad con la promoción de una actividad nociva para la salud, que en no pocas ocasiones fue presentada como liberadora, inocua y bonachona. El abuso en el debate en sus épocas de mayor calentura logró incluso presentar a los no consumidores como retrógrados, morrongos, pacatos y hasta pusilánimes; seres totalitarios imbuidos de creencias religiosas perniciosas cuya misión era imponer una idea de sociedad a la medida de sus preferencias y en contravía de la libertad de todos los demás.

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Es difícil encontrar un etiquetamiento tan burdo, tonto e inútil como el que surgió por cuenta del plebiscito de 2016, en donde se impusieron las categorías de amigos de la paz y de la guerra. Aún estamos viviendo los efectos de tan nefasta división y lo cierto es que se perdió la oportunidad de construir de manera mayoritaria un consenso que nos permitiera a todos sentirnos cómodos con las dosis de justicia, verdad y reparación que todo proceso de paz implica.