Blog

Después de la Controversia sobre el tratamiento de la JEP al delito de secuestro, calificándolo como secuestro político, parece que la JEP ha corregido. En publicaciones posteriores parece haber decidido no calificar como político el secuestro. EL DEBATE VALIÓ LA PENA

 

Así empezó todo

En el ejercicio de sus competencias, desde hace algunos meses, la Jurisdicción Especial  para la Paz (JEP) viene desarrollando una serie de audiencias con víctimas del secuestro.

Estos eventos son publicitados por las redes sociales de la JEP de diversas maneras, como entrega de informes, audiencia o comparecencias. Independientemente del tipo de evento, la JEP  decidió denominar como SECUESTRO POLÍTICO el delito sobre el cual deberían rendir sus informes o declaraciones las víctimas del secuestro.

 

capturasp5

 

Así por lo menos quedó impreso en varias  publicaciones de la JEP en donde actores políticos fueron invitados a declarar sobre la horrenda experiencia que vivieron ellos o sus familiares, muchos de los cuales fueron luego masacrados por sus secuestradores. Así las cosas, decidí preguntar a la JEP la razón por la cual denominaban así a este crimen de lesa humanidad, en tanto que este tratamiento de SECUESTRO POLÍTICO es sin duda benévolo con quienes cometieron el secuestro. Mi preocupación es que este tratamiento confirma la acusación sobre el sesgo que tiene la JEP respecto de crímenes cometidos por las FARC:

 

capturasp1

 

Tratar el secuestro como político lamentablemente construye la idea de que es un instrumento válido de la controversia política y que de alguna manera es simplemente un sacrificio que algunos deberán soportar con el propósito de que todos vivamos mejor. Es claramente la instrumentalización de la dignidad de una persona con fines políticos.

 

La JEP, sin embargo no corrigió y contestó mi reclamo con varios comentarios así, invitándome a leer y recordándome que la Sala de Reconocimiento no juzga y que además ellos no podrían calificar las conductas punibles.

 

capturasp2

 

Con esta contestación de la JEP, en donde salen con las respuestas ya aludidas, tuve que seguir en la controversia, recordándole al Tribunal que el Código Penal colombiano no contempla el delito de secuestro político y que es inaceptable para las propias víctimas que se considere el crimen que cometieron como un delito de carácter menor.

 

capturasp4

 

Así pues no existió más remedio que hacer público para la JEP dos textos importantes: El artículo 7 del acuerdo de Roma sobre la Corte Penal Internacional y el artículo 169 del Código Penal, en donde por una parte se establece que el secuestro es un delito de lesa humanidad y en ningún caso político y que el secuestro extorsivo, con fines políticos o publicitarios tiene incluso una pena mayor que el secuestro simple.

ESTATUTO DE ROMA

Artículo 7

Crímenes de lesa humanidad

  1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
  2. a) Asesinato;
  3. b) Exterminio;
  4. c) Esclavitud;
  5. d) Deportación o traslado forzoso de población;
  6. e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;
  7. f) Tortura;

 

Código Penal Artículo 169. Secuestro extorsivo

El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuatro (504) meses y multa de dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2.666.66) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

Este artículo fue elaborado para hacer parte de las Memorias del XII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional que se realizó en la ciudad de Pasto en Septiembre de 2017. En este encuentro Nicolás Uribe participó como Moderador de Panel sobre Participación Ciudadana

participacion2

 

Por:

Nicolas Uribe.

 

 

La constitución del año 91 estableció un nuevo paradigma institucional en muchos frentes al consagrar que Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de república unitaria, participativa y pluralista (art 1). Fue contundente en afirmar que la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación hace parte de los fines esenciales del Estado y no deja duda sobre la importancia del individuo, al mencionar que la soberanía reside en el pueblo y que son los ciudadanos quienes la ejercen de manera directa o indirecta a través de los mecanismos que define la constitución (art 3.)

Esta nueva concepción constitucional se materializa en su artículo 40 al establecer el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (voto, partidos políticos, acciones públicas, iniciativa normativa, entre otros), y en el Título IV dentro del cual se desarrolla el marco general de la participación democrática. Particularmente, el artículo 103 consagró los mecanismos de participación al servicio del ciudadano y la materialización de sus derechos: El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.

La voluntad del constituyente quiso que Colombia hiciera el tránsito de una democracia puramente representativa a una participativa, en el marco de la cual los individuos fueran actores constantes y visibles en la definición de las tareas públicas, su ejecución y vigilancia, de modo tal que se superara la idea de que la participación iniciaba y terminaba con el voto, con el derecho a elegir y a ser elegido[1].

Desde entonces, la Corte Constitucional ha venido desarrollando jurisprudencia y doctrina alrededor del principio de la participación en la constitución, y en numerosas sentencias se ha referido a los mecanismos de participación en abstracto y en concreto, casi siempre poniendo énfasis en la relevancia de estos instrumentos y su valor para la configuración de una nación democrática en donde los ciudadanos son activos determinadores de su destino común[2]. En este sentido ha sostenido que la democracia participativa no sólo es bondadosa para el ciudadano, sino que también tiene un efecto favorable para el sistema político, el cual puede alcanzar niveles mayores de eficiencia, pues “un Estado en el que los ciudadanos cuentan con el derecho de tomar parte de forma directa en las decisiones a adoptar, de controlar los poderes públicos, de calificar los resultados obtenidos para exigir responsabilidad política, es un Estado en el que probablemente se logrará satisfacer en más alto grado las necesidades de sus asociados[3]

Como es natural, la Corte ha sido fiel escudera de la participación y ha favorecido su profundización buscando extender sus alcances a temas y asuntos que incluso los constituyentes nunca tuvieron presentes. La Corte a lo largo de estos años advierte que “el principio democrático debe ampliarse progresivamente a nuevos ámbitos y hacerse cada vez más vigente, lo cual exige la construcción de una nueva cultura que debe paulatinamente implementarse en la sociedad política. Se trata pues de una maximización progresiva de los mecanismos que permiten el acceso al poder político, y el ejercicio y control del mismo, así como la injerencia en la toma de decisiones. Desde este punto de vista, la tendencia expansiva de la democracia participativa proscribe los obstáculos y trabas que impiden la efectiva realización de la democracia, y el excesivo formalismo de las normas que regulan el ejercicio de los derechos políticos”.[4]

De acuerdo con el compromiso realizado el viernes, aquí publico la votación real obtenida por los Partidos y la comparación con mis proyecciones.

En dos partidos acerté (Cambio Radica y Verde), en tres Partidos me equivoqué por una curul (Partido de la U, Centro Democrático y Polo); en dos Partidos me equivoqué en dos curules (Partido Liberal  y Opción Colombia). Mi mayor equivocación se presentó con el Partido Conservador que superó en 3 curules las proyecciones que realicé el viernes por la tarde.

PARTIDO CURULES Curules 10 de Marzo Diferencia Curules
PARTIDO DE LA U 20 21 +1
PARTIDO CONSERVADOR 16 19 +3
PARTIDO LIBERAL 19 17 -2
CAMBIO RADICAL 9 9 =
OPCIÓN CIUDADANA 7 5 -2
VERDE 5 5 =
POLO 4 5 +1
CENTRO DEMOCRÁTICO 20 19 -1
TOTAL 100 100  

A continuación publico el pronóstico que he realizado sobre la cantidad de Curules que obtendrán los partidos políticos este Domingo.

El Lunes, cuando tengamos las cifras reales, publicaré la comparación de resultados.

PARTIDO

CURULES

VOTOS (aprox.)

PARTIDO DE LA U 20 2.400.000
PARTIDO CONSERVADOR 16 1.920.000
PARTIDO LIBERAL 19 2.280.000
CAMBIO RADICAL 9 1.080.000
OPCIÓN CIUDADANA 7 840.000
VERDE 5 600.000
POLO 4 480.000
CENTRO DEMOCRÁTICO 20 2.400.000

TOTAL

100

12.000.000

 

Lo anterior implica que la cifra repartidora para Senado estará en aproximadamente 120.000 votos y el número de votos válidos superará los 12 millones. Algo más o menos de esta cifra, será lo que entre en juego para la repartición de curules una vez se excluyan las organizaciones políticas que no lleguen al umbral.

El partido Mira, de acuerdo con mis pronósticos no alcanzará el umbral y el Polo Democrático está en el límite.