Nicolás Uribe Rueda

Por: Nicolás Uribe Rueda

El concepto del buen vivir ha irrumpido en la vida política colombiana sin que muchos se percaten. No se trata simplemente de un postulado retórico para llamar distinto al bienestar o para referirse a un estado de felicidad. El sumak kawsay (Ecuador) y el suma qamaña (Bolivia), traducidos como “buen vivir” y “vivir bien”, son conceptos de origen indígena que plantean una aproximación particular del hombre con la sociedad, la naturaleza y el mercado. El sumak kawsay hace parte de la cosmovisión indígena sobre el mejoramiento social y se distancia de la idea de la acumulación de bienes materiales como determinante principal del desarrollo, integrando códigos éticos alternativos y criterios como el de la relación del hombre con su entorno.
Ahora bien, desde hace unos años para acá, y particularmente desde que Ecuador y Bolivia incorporaron este concepto en sus constituciones, se ha incrementado el debate sobre las implicaciones políticas y prácticas, ya no simplemente culturales, del buen vivir. Y si bien la literatura es extensa y diversa, uno podría mencionar que el sumak kawsay es un concepto que se opone al modelo de desarrollo capitalista, al que califica de antiético y destructivo. El buen vivir plantea debates al desarrollo humano, sosteniendo, por ejemplo, que el progreso no debe medirse en términos de PIB sino en virtud de indicadores que den cuenta de la satisfacción de las necesidades de las personas. El Plan Nacional de Desarrollo ecuatoriano, “para el Buen Vivir”, afirma por ejemplo que alcanzar la vida plena (sumak kawsay) consiste en “llegar a un grado de armonía total con la comunidad y con el cosmos”. Boaventura de Sousa Santos, al prologar un libro de Alberto Acosta, reconocido dirigente de izquierda que presidió la Asamblea Nacional Constituyente ecuatoriana, menciona que la consagración de este principio constitucional surge cuando el Ecuador “emergía de la pesadilla de la noche neoliberal”. Muchos otros hablan del buen vivir como una reacción al neoliberalismo, al capitalismo, al extractivismo y a la explotación de recursos naturales y a la industrialización del campo, a los cuales consideran como la causa de los más importantes desvíos de la humanidad y origen de las desigualdades sociales. Así las cosas, es claro que si se tratara de ubicar al buen vivir en el espectro ideológico tradicional, está claramente a la izquierda.
¿Y qué tiene que ver esto con el contexto político colombiano? Pues aún no lo sabemos con certeza, pero comprendemos que no hay que dejarlo pasar por alto desde que el buen vivir fue incluido como principio en la discusión rural entre el Gobierno y las Farc en Cuba y así aparece en varios de los borradores publicados. Y para ser leales en la discusión, vale la pena reconocer que en la redacción más relevante del principio del “bienestar y buen vivir” en los acuerdos, su alcance parece estar principalmente ligado a la reafirmación de la carta de derechos que ya existe en la Constitución del 91. Sin embargo, dudas quedan por cuenta de la ambigüedad del concepto en cuanto a sus alcances y, por ello, no sobra precisar qué dimensión tiene este tema en los acuerdos y concretamente qué transformaciones pretende introducir desde el punto de vista institucional, económico y social con ocasión de la posible firma y refrendación de los acuerdos de La Habana.

Nicolás Uribe Rueda

Abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en Política Internacional en American University de Washington D.C., y Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Consejero Presidencial 2002-2004 y Representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Consultor en Asuntos Públicos y de Gobierno a través de su firma Valure, fundada en 2011. Panelista de Blu Radio y columnista de El Espectador

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